\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS n.\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado ponente \u00a0<\/p>\n
STP15578-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 107731 \u00a0<\/p>\n
Acta 300 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de noviembre de \u00a0dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve la Sala la acci\u00f3n de tutela \u00a0instaurada por el apoderado judicial de CARLOS ANDR\u00c9S URBUNA \u00a0RUEDA en procura del amparo de su derecho \u00a0fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca y el Juzgado 2\u00ba \u00a0de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Guaduas. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan se establece de la actuaci\u00f3n, \u00a0CARLOS ANDR\u00c9S URBUNA RUEDA se encuentra recluido en el \u00a0Establecimiento Penitenciario La Esperanza de Guaduas descontando la \u00a0pena de 94 meses y 15 d\u00edas de prisi\u00f3n impuesta el 13 de \u00a0septiembre de 2016 por el Juzgado 2\u00ba Promiscuo del Circuito de \u00a0Maicao (La Guajira), tras encontrarlo responsable del delito de \u00a0fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de \u00a0fuego, accesorios, partes o municiones. El \u00a0despacho no le concedi\u00f3 la condena \u00a0de ejecuci\u00f3n condicional ni la prisi\u00f3n domiciliaria. \u00a0<\/p>\n
La vigilancia de la pena est\u00e1 a cargo del \u00a0Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0de Guaduas, ante el cual, por escrito del 28 de agosto de 2018, \u00a0solicit\u00f3 la redosificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n \u00a0impuesta. En concreto, pidi\u00f3 la aplicaci\u00f3n por \u00a0favorabilidad de la Ley 1826 de 2017. \u00a0<\/p>\n
Mediante auto del 5 de abril de 2019, el juzgado \u00a0de ejecuci\u00f3n resolvi\u00f3 desfavorablemente lo pretendido. \u00a0Inconforme con tal postura, el peticionario interpuso el \u00a0recurso de apelaci\u00f3n y la Sala Penal del Tribunal Superior de \u00a0Cundinamarca la confirm\u00f3 el 10 de julio de 2019. \u00a0<\/p>\n
Encontr\u00f3 el Tribunal que no se puede dar aplicabilidad al \u00a0principio de favorabilidad, por cuanto el delito de porte ilegal de \u00a0armas por el cual fue condenado el actor no se encuentra enlistado en \u00a0el art\u00edculo 534 de la Ley 1826 de 2017. \u00a0<\/p>\n
En criterio del accionante, los autos \u00a0interlocutorios rese\u00f1ados parten de una errada interpretaci\u00f3n \u00a0de la Ley 1826 de 2017, pues no hay duda de que cumple los \u00a0presupuestos para que le sea otorgado el beneficio punitivo aludido \u00a0por aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad, en raz\u00f3n \u00a0a que fue capturado en flagrancia y, adem\u00e1s, se allan\u00f3 \u00a0a cargos durante la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, afirm\u00f3 que dichas \u00a0providencias desconocen el precedente contenido en la sentencia de \u00a0tutela CSJ STP14140-2018, Rad. 101256, por \u00a0cuyo medio se ampar\u00f3 el derecho al debido proceso de un \u00a0ciudadano condenado por el mismo delito, luego de establecer que la \u00a0mayor rebaja resultaba favorable a sus intereses. \u00a0<\/p>\n
En consecuencia, tras considerar vulnerados sus \u00a0derechos fundamentales, acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela \u00a0para demandar que se dejen sin efectos las determinaciones censuradas \u00a0y, en su lugar, se redosifique la pena impuesta. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Por auto del 30 de octubre de 2019 la Sala admiti\u00f3 \u00a0la demanda y corri\u00f3 \u00a0el respectivo traslado a los sujetos pasivos aludidos. \u00a0Mediante informe del 1\u00ba de noviembre \u00a0siguiente la Secretar\u00eda de la Sala inform\u00f3 que notific\u00f3 \u00a0dicha determinaci\u00f3n a las autoridades involucradas. \u00a0<\/p>\n
El Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y \u00a0Medidas de Seguridad de Guaduas relat\u00f3 el transcurso de la \u00a0actuaci\u00f3n y defendi\u00f3 su legalidad y la de los autos \u00a0controvertidos. Remiti\u00f3 copia de las decisiones de primera y \u00a0segunda instancia. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Al tenor de lo normado en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo \u00a01\u00ba del Decreto 1983 de 2017, la Sala es competente para resolver \u00a0este asunto en primera instancia, por cuanto el procedimiento \u00a0involucra a un tribunal superior de distrito judicial. \u00a0<\/p>\n
Advierte la Sala que en providencia CSJ \u00a0AP5266-2018, Rad. 52535, se modularon los razonamientos contenidos en \u00a0la sentencia de tutela CSJ STP14140-2018, Rad. 101256, cuya \u00a0aplicaci\u00f3n pretende el accionante, precisando que la mayor \u00a0rebaja conferida a quienes sean capturados en flagrancia y acepten \u00a0cargos durante la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, s\u00f3lo \u00a0resulta aplicable para las conductas enlistadas en el art\u00edculo \u00a0534 de la Ley 906 de 2004, dentro de las cuales no se encuentra el \u00a0delito de porte ilegal de armas de defensa personal por el que fue \u00a0condenado CARLOS ANDR\u00c9S URBUNA \u00a0RUEDA. \u00a0<\/p>\n
M\u00edrese que dicha normativa restringe su \u00a0\u00e1mbito de aplicaci\u00f3n a las siguientes conductas: \u00a0<\/p>\n
\u00abLesiones \u00a0personales a las que hacen referencia los art\u00edculos 111, 112, \u00a0113, 114, 115, 116, 118 y 120 del C\u00f3digo Penal; actos de \u00a0discriminaci\u00f3n (C. P. Art\u00edculo 134A), hostigamiento (C. \u00a0P. Art\u00edculo 134B), actos de discriminaci\u00f3n u \u00a0hostigamiento agravados (C. P. Art\u00edculo 134C), inasistencia \u00a0alimentaria (C. P. art\u00edculo 233) hurto (C. P. art\u00edculo \u00a0239); hurto calificado (C. P. art\u00edculo 240); hurto agravado \u00a0(C. P. art\u00edculo 241), numerales del 1 al 10; estafa (C. P. \u00a0art\u00edculo 246); abuso de confianza (C. P. art\u00edculo 249); \u00a0corrupci\u00f3n privada (C. P. art\u00edculo 250A); \u00a0administraci\u00f3n desleal (C. P. art\u00edculo 250B); abuso de \u00a0condiciones de inferioridad (C. P. art\u00edculo 251); utilizaci\u00f3n \u00a0indebida de informaci\u00f3n privilegiada en particulares (C. P. \u00a0art\u00edculo 258); los delitos contenidos en el T\u00edtulo VII \u00a0Bis, para la protecci\u00f3n de la informaci\u00f3n y los datos, \u00a0excepto los casos en los que la conducta recaiga sobre bienes o \u00a0entidades del Estado; violaci\u00f3n de derechos morales de autor \u00a0(C. P. art\u00edculo 270); violaci\u00f3n de derechos \u00a0patrimoniales de autor y derechos conexos (C. P. art\u00edculo \u00a0271); violaci\u00f3n a los mecanismos de protecci\u00f3n de \u00a0derechos de autor (C. P. art\u00edculo 272); falsedad en documento \u00a0privado (C. P. art\u00edculos 289 y 290); usurpaci\u00f3n de \u00a0derechos de propiedad industrial y de derechos de obtentores de \u00a0variedades vegetales (C. P. art\u00edculo 306); uso ileg\u00edtimo \u00a0de patentes (C. P. art\u00edculo 307); violaci\u00f3n de reserva \u00a0industrial y comercial (C. P. art\u00edculo 308); ejercicio il\u00edcito \u00a0de actividad monopol\u00edstica de arbitrio rent\u00edstico (C. \u00a0P. art\u00edculo 312).\u00bb \u00a0<\/p>\n
En esa oportunidad, se examin\u00f3, adem\u00e1s, \u00a0la posibilidad de extender dicho beneficio a conductas diversas a las \u00a0taxativamente referidas en la norma transcrita y se concluy\u00f3 \u00a0que ello resultaba improcedente, en esencia, por las siguientes \u00a0razones: \u00a0<\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u00a0el procedimiento abreviado previsto en la Ley 1826 de 2017 fue \u00a0dise\u00f1ado excepcionalmente para servir de regulador a la \u00a0investigaci\u00f3n y juzgamiento, de las conductas punibles \u00a0expresamente consagradas en art\u00edculo 5\u00b0, que requieren \u00a0querella para promover la acci\u00f3n penal y las adicionadas en el \u00a0art\u00edculo 10 (534 de la Ley 906 de 2004), determinando \u00a0expresamente que rige aun \u201cpara todos los casos de flagrancia \u00a0de los delitos contemplados en el presente art\u00edculo\u201d, \u00a0como lo indica el par\u00e1grafo de la norma. Por tanto, no es \u00a0correcto sostener que preceptos legales coexistentes, en concreto el \u00a0art\u00edculo 57 de la Ley 1453 de 2011 y la Ley 1826 de 2017, \u00a0regulan los mismos supuestos de hecho, pues, al contrario, es \u00a0inequ\u00edvoco que en esta \u00faltima, fue voluntad del \u00a0legislador extraer del plexo normativo un listado de conductas \u00a0punibles que consider\u00f3 menos lesivas de los bienes jur\u00eddicos, \u00a0para darles un tratamiento razonablemente preferente, diferente del \u00a0que se mantuvo para delitos de mayor gravedad (\u2026). \u00a0<\/p>\n
Por tanto, los motivos expuestos para negar la \u00a0modificaci\u00f3n pretendida respecto de la pena impuesta no se \u00a0ofrecen caprichosos sino ajustados a derecho, fundamentados en las \u00a0disposiciones legales y la jurisprudencia sobre la materia, cuyo \u00a0contraste con el caso concreto solamente permite al juez \u00a0constitucional arribar a la misma conclusi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Ante tal panorama, el principio de autonom\u00eda \u00a0de la funci\u00f3n jurisdiccional (art\u00edculo 228 de la Carta \u00a0Pol\u00edtica) impide al juez de tutela inmiscuirse en providencias \u00a0como las controvertidas s\u00f3lo porque el impugnante no las \u00a0comparte o tiene una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en \u00a0dichos pronunciamientos, sustentados con criterio razonable a partir \u00a0de los hechos probados y la interpretaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n \u00a0pertinente. \u00a0<\/p>\n
Se negar\u00e1, por tanto, el amparo \u00a0constitucional demandado. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de \u00a0Decisi\u00f3n de Tutelas n.\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en \u00a0nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NEGAR \u00a0la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00a0CARLOS ANDR\u00c9S URBUNA RUEDA contra la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca y el Juzgado 2\u00ba \u00a0de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Guaduas. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta providencia de conformidad con el \u00a0art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De no ser \u00a0impugnada esta decisi\u00f3n, REMITIR \u00a0el expediente a la Corte Constitucional \u00a0para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 SALA DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS n.\u00b0 2 \u00a0 LUIS ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0 Magistrado ponente \u00a0 STP15578-2019 \u00a0 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 107731 \u00a0 Acta 300 \u00a0 Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de noviembre de \u00a0dos mil diecinueve (2019). \u00a0 VISTOS: \u00a0 Resuelve la Sala la acci\u00f3n de tutela \u00a0instaurada por el apoderado […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-46425","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-28"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46425","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=46425"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46425\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=46425"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=46425"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=46425"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}