\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
STP15340-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 107530 \u00a0<\/p>\n
(Aprobaci\u00f3n \u00a0Acta No.300) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de noviembre de dos \u00a0mil diecinueve (2019) \u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Decide \u00a0la Sala el recurso de impugnaci\u00f3n interpuesto por Jossy \u00a0Sneider Moreno Ar\u00e9valo, mediante \u00a0apoderado judicial, contra el fallo de tutela proferido por la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el \u00a023 de septiembre de 2019, que deneg\u00f3 por improcedente el \u00a0amparo formulado contra el Juzgado Penal \u00a0del Circuito de Zipaquir\u00e1. \u00a0<\/p>\n
Las dem\u00e1s partes e \u00a0intervinientes del proceso penal de radicado 258996101217201880121 \u00a0fueron vinculadas como terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo en \u00a0el presente asunto. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
Y \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Fueron recogidos \u00a0en el fallo de tutela de primera instancia en los siguientes \u00a0t\u00e9rminos:1 \u00a0<\/p>\n
Manifiesta el \u00a0apoderado del actor, que este \u00faltimo fue condenado por parte \u00a0del Juzgado Penal del Circuito de Zipaquir\u00e1 \u2013 \u00a0Cundinamarca mediante sentencia proferida el 25 de julio de 2018, \u00a0como autor de los punibles de Hurto calificado y agravado y \u00a0Fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de arma de \u00a0fuego, accesorios, partes o municiones, en virtud de la aceptaci\u00f3n \u00a0de cargos llevada a cabo por el indiciado en la audiencia de \u00a0formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Argumenta la \u00a0parte actora que la violaci\u00f3n a sus derechos fundamentales, \u00a0radica en la omisi\u00f3n de dicha autoridad de haber realizado el \u00a0descuento del 50% por la aceptaci\u00f3n de cargos, en aplicaci\u00f3n \u00a0favorable de lo dispuesto en la Ley 1826 de 2017, pues dada la \u00a0captura en flagrancia que dio lugar a la condena, durante el proceso \u00a0de dosificaci\u00f3n punitiva la disminuci\u00f3n de la pena por \u00a0aceptaci\u00f3n de cargos fue tan solo del 12.5%. \u00a0<\/p>\n
Acorde con lo \u00a0anterior y dado en su entender la aplicaci\u00f3n del principio de \u00a0favorabilidad que le asist\u00eda, solicita el amparo a su derecho \u00a0fundamental al debido proceso, ordenado [sic] modificar la pena \u00a0impuesta por el juzgado accionado, aplicando un descuento de la misma \u00a0de hasta el 50%. (Textual). \u00a0<\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
El 23 de \u00a0septiembre de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Cundinamarca deneg\u00f3 por improcedente la solicitud \u00a0de amparo constitucional incoada por Jossy \u00a0Sneider Moreno Ar\u00e9valo, mediante \u00a0apoderado judicial, puesto que no se evidenciaba \u00a0en el fallo censurado arbitrariedad o desobediencia a la normativa y \u00a0jurisprudencia aplicable. \u00a0<\/p>\n
Estableci\u00f3 \u00a0que no es aplicable el beneficio previsto en el art\u00edculo 539 \u00a0del C\u00f3digo Penal, adicionado por el art\u00edculo 15 de la \u00a0Ley 1826 de 2017, teniendo en cuenta que en este caso en particular \u00a0el accionante fue condenado, entre otros, por el delito de \u00a0\u00abfabricaci\u00f3n, \u00a0tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego\u00bb, \u00a0el cual no se encuentra dentro de los delitos que pueden ser \u00a0adelantados por el procedimiento penal abreviado.2 \u00a0<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
El 30 de \u00a0septiembre de 2019, Jossy Sneider Moreno \u00a0Ar\u00e9valo, mediante apoderado \u00a0judicial, interpuso recurso de impugnaci\u00f3n \u00a0censurando que el Juez de tutela de primera instancia haya \u00a0inadvertido que respecto del delito de hurto calificado y agravado s\u00ed \u00a0se le pod\u00eda aplicar la Ley 1826 de 2017. \u00a0<\/p>\n
Insiste sobre que \u00a0si bien el delito de \u00abfabricaci\u00f3n, \u00a0tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego\u00bb \u00a0es un tipo penal que debe ser procesado por la Ley 906 de 2004, esto \u00a0no impide que se aplique el beneficio del art\u00edculo 539 \u00a0respecto del delito de \u00abhurto \u00a0calificado y agravado\u00bb.3 \u00a0<\/p>\n
actuaciones en segunda \u00a0instancia \u00a0<\/p>\n
Mediante auto de 6 \u00a0de noviembre, se dispuso oficiar al Juzgado Segundo de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de \u00a0Zipaquir\u00e1 y al Juzgado Penal del Circuito de Zipaquir\u00e1 \u00a0con Funci\u00f3n de Conocimiento, para que remitieran copia del \u00a0audio de la audiencia de individualizaci\u00f3n de pena y sentencia \u00a0llevada a cabo el 25 de julio de 2018 dentro de proceso penal \u00a025899610121720188018100,4 \u00a0el cual fue recibido al d\u00eda siguiente.5 \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA SALA \u00a0<\/p>\n
De conformidad con \u00a0lo previsto en el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta \u00a0Sala es competente para resolver el recurso de impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesto por Jossy Sneider Moreno \u00a0Ar\u00e9valo, mediante apoderado \u00a0judicial, contra la decisi\u00f3n proferida por la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. \u00a0<\/p>\n
Sobre el particular, el \u00a0problema jur\u00eddico que convoca a la Sala consiste en establecer \u00a0si contra la sentencia proferida contra el accionante el 25 de julio \u00a0de 2018 por el Juzgado Penal del Circuito \u00a0de Zipaquir\u00e1 se configuran los \u00a0requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra \u00a0decisiones judiciales y, en consecuencia, debe revocarse el fallo de \u00a0tutela de primera instancia y concederse el amparo invocado. \u00a0<\/p>\n
Requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n \u00a0de tutela contra decisiones judiciales. \u00a0<\/p>\n
Como ha sido recurrentemente \u00a0recordado por esta Sala, la acci\u00f3n constitucional de tutela es \u00a0un mecanismo de protecci\u00f3n excepcional frente a providencias \u00a0judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos \u00a0requisitos de procedibilidad que implican una carga para la \u00a0parte accionante, tanto en su planteamiento como en su demostraci\u00f3n, \u00a0como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional. \u00a0<\/p>\n
Por este motivo, y como ha sido \u00a0desarrollado por la Doctrina constitucional, la acci\u00f3n de \u00a0tutela contra providencias judiciales exige: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a. Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de evidente relevancia constitucional. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
b. Que hayan sido agotados todos los medios \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0-ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de un perjuicio iusfundamental irremediable. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0vulneraci\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0determinante en la sentencia que se impugna y que ata\u00f1e a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los derechos fundamentales de la parte accionante. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
e. Que la parte accionante identifique de manera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
f. Que la decisi\u00f3n judicial contra la cual \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se formula la acci\u00f3n de tutela no se corresponda con \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencias de tutela. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Los anteriores requisitos, no pueden \u00a0quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte \u00a0Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las \u00a0decisiones T-332, T-212 y T-780 de 2006, reforzando lo dicho en la \u00a0primera de las mencionadas providencias, en el sentido que, cuando se \u00a0trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las \u00a0mismas solo pueden tener cabida \u00ab\u2026si \u00a0se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro \u00a0de estos pueden distinguirse unos de car\u00e1cter general, que \u00a0habilitan la interposici\u00f3n de la tutela, y otros de car\u00e1cter \u00a0espec\u00edfico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una \u00a0vez interpuesta\u00bb. \u00a0<\/p>\n
En punto de las \u00a0exigencias espec\u00edficas, como fue recogido en la sentencia \u00a0C-590 de 2005, han sido establecidas las que a \u00a0continuaci\u00f3n se relacionan: \u00a0<\/p>\n
a. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Defecto \u00a0org\u00e1nico, que se presenta cuando el funcionario judicial que \u00a0profiri\u00f3 la providencia impugnada carece absolutamente de \u00a0competencia para ello. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
b. Defecto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procedimental absoluto, que se origina cuando el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0juez actu\u00f3 completamente al margen del procedimiento \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0establecido.<\/p>\n
c. Defecto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0f\u00e1ctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que se sustenta la decisi\u00f3n.<\/p>\n
d. Defecto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en normas inexistentes o inconstitucionales6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los fundamentos y la decisi\u00f3n;<\/p>\n
e. Error \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fundamentales.<\/p>\n
f. Decisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sin motivaci\u00f3n, que implica el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de sus decisiones, en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el entendido que precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0legitimidad de su \u00f3rbita funcional.<\/p>\n
g. Desconocimiento \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0[7].<\/p>\n
h. Violaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0directa de la Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Queda entonces claro que en \u00a0atenci\u00f3n a la fuerza normativa de la cosa juzgada y al respeto \u00a0de la autonom\u00eda judicial, la acci\u00f3n consagrada en el \u00a0art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando se \u00a0dirige a cuestionar una decisi\u00f3n judicial, tiene car\u00e1cter \u00a0excepcional, y su prosperidad est\u00e1 atada a que se cumplan los \u00a0requisitos de procedibilidad anteriormente enunciados. De manera que \u00a0quien acude a ella tiene la carga no s\u00f3lo respecto de su \u00a0planteamiento, sino de su demostraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
An\u00e1lisis del caso concreto. \u00a0<\/p>\n
Al respecto, la Sala encuentra que \u00a0debe confirmarse el fallo de tutela de primera instancia, pero por \u00a0una raz\u00f3n distinta a las invocadas, esto es, que no se \u00a0cumple con el requisito \u00abQue \u00a0hayan sido agotados todos los medios -ordinarios y extraordinarios- \u00a0de defensa judicial al alcance de la persona afectada\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Al momento de revisar las pruebas \u00a0obrantes en el expediente se puede evidenciar que el accionante no \u00a0interpuso oportunamente el recurso de apelaci\u00f3n, que era el \u00a0mecanismo id\u00f3neo para resolver las presuntas falencias de la \u00a0sentencia de 25 de julio de 2018. \u00a0<\/p>\n
Las alegaciones presentadas en sede \u00a0de tutela para justificar esta tardanza son insuficientes porque al \u00a0revisar el registro de la audiencia se advierte que el accionante \u00a0tambi\u00e9n tuvo la oportunidad de interponer ese mecanismo de \u00a0defensa y no lo hizo.8 \u00a0<\/p>\n
Debe recordarse que la acci\u00f3n \u00a0de tutela no es un mecanismo para suplir la inactividad por \u00a0negligencia o incuria de los sujetos procesales, la cual tiene \u00a0efectos claros en materia de intereses leg\u00edtimos de terceros \u00a0que el ordenamiento jur\u00eddico no puede simplemente desatender. \u00a0<\/p>\n
Por ende, no es posible revivir \u00a0oportunidades jur\u00eddicas ya precluidas, de las que el \u00a0accionante no hizo uso por su propio descuido, esto es, la omisi\u00f3n \u00a0de comparecer e interponer los recursos ordinarios previstos, dentro \u00a0de los t\u00e9rminos legalmente establecidos. \u00a0<\/p>\n
Independientemente \u00a0de esto, la Sala advierte que, aunque hubiese interpuesto el recurso \u00a0correspondiente, esto no hubiera cambiado la determinaci\u00f3n \u00a0asumida en primera instancia puesto que los delitos por los cuales \u00a0fue condenado no se encuentran dentro del listado fijado en el \u00a0art\u00edculo 534 de la Ley 599 de 2000 que fue adicionado por la \u00a0Ley 1826 de 2017. \u00a0<\/p>\n
El delito de hurto \u00a0calificado y agravado se encuentra dentro de los punibles que deben \u00a0ser tramitados por el proceso penal abreviado cuando se configuran \u00a0las causales previstas entre los numerales 1 y 10 del art\u00edculo \u00a0241 de la Ley 599 de 2000. \u00a0<\/p>\n
En el caso del \u00a0accionante, al revisar el registro de la audiencia de \u00a0individualizaci\u00f3n de pena y sentencia,9 \u00a0la Sala evidenci\u00f3 que como la conducta que realiz\u00f3 fue \u00a0cometida en un medio de transporte p\u00fablico, qued\u00f3 \u00a0agravada por el numeral 11 de la normativa en cita, por lo cual, no \u00a0se le pod\u00eda aplicar las normas del proceso penal abreviado y, \u00a0mucho menos, el beneficio por aceptaci\u00f3n de cargos incluido en \u00a0el art\u00edculo 539 del C\u00f3digo Penal. \u00a0<\/p>\n
Por estos motivos, \u00a0lo pertinente es confirmar el fallo de primera instancia pero \u00a0aclarando el sentido, pues denegar y declarar improcedente son \u00a0determinaciones diferentes, conforme fue explicado por la Corte \u00a0Constitucional mediante la sentencia T-883 de 2008: \u00a0<\/p>\n
Denegar la acci\u00f3n \u00a0implica un an\u00e1lisis de fondo, mientras que la improcedencia \u00a0supone la ausencia de los requisitos procesales indispensables para \u00a0que se constituya regularmente la relaci\u00f3n procesal o proceso \u00a0y el juez pueda tomar una decisi\u00f3n de fondo sobre el asunto \u00a0sometido a su consideraci\u00f3n. En este orden de ideas, ante la \u00a0ausencia de un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico esencial para \u00a0que la relaci\u00f3n procesal pudiera constituirse, el juez de \u00a0instancia debi\u00f3 haber declarado improcedente la acci\u00f3n\u2026 \u00a0(Textual). \u00a0<\/p>\n
En este caso el amparo debe \u00a0declararse improcedente porque no se cumplen los requisitos generales \u00a0de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones \u00a0judiciales. \u00a0<\/p>\n
Por lo expuesto, \u00a0la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N PENAL \u2013 EN SALA DE DECISI\u00d3N DE ACCIONES \u00a0DE TUTELA N\u00b0 1, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica \u00a0y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. CONFIRMAR el fallo de tutela \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0impugnado, por las razones mencionadas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. NOTIFICAR a los sujetos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procesales el presente fallo, por el medio m\u00e1s expedito. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. Enviar la presente actuaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, dentro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del t\u00e9rmino indicado en el art\u00edculo 31 del Decreto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 61 y 62, cuaderno 1. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 61 a 76, cuaderno 1. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 83 a 90, cuaderno 1. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 3, cuaderno 2. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Disco compacto, cuaderno 2. \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CC T-522 de 2001. \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00abCfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencias T-462 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02003 ; SU-1184 de 2001 ; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001.\u00bb \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Disco compacto, cuaderno 2. \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Disco compacto, cuaderno 2. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 STP15340-2019 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 107530 \u00a0 (Aprobaci\u00f3n \u00a0Acta No.300) \u00a0 Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de noviembre de dos \u00a0mil diecinueve (2019) \u00a0 VISTOS \u00a0 Decide \u00a0la Sala el recurso de impugnaci\u00f3n interpuesto por Jossy \u00a0Sneider Moreno Ar\u00e9valo, mediante \u00a0apoderado judicial, contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-46372","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-28"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46372","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=46372"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46372\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=46372"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=46372"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=46372"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}