\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
STP15132-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 107497 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 294) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1. \u00a0D.C., cinco (05) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas, la acci\u00f3n interpuesta por \u00a0LUIS \u00a0FERNANDO RODRIGUEZ MORALES, \u00a0contra el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cali y \u00a0el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad. \u00a0Actuaci\u00f3n a la cual se vincul\u00f3 a todas las partes e \u00a0intervinientes dentro del proceso penal cuestionado. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
Y \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE \u00a0LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
El \u00a0demandante indic\u00f3 que fue condenado por el Juzgado Primero \u00a0Penal del Circuito Especializado de Cali, a las penas principales de \u00a0sesenta (60) meses de prisi\u00f3n y multa de mil trescientos \u00a0setenta (1.370) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, \u00a0como c\u00f3mplice de los punibles de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n \u00a0 o porte de estupefacientes agravado en concurso homog\u00e9neo y \u00a0sucesivo \u00a0en la modalidad de vender y en concurso heterog\u00e9neo \u00a0con concierto para delinquir agravado para los fines de tr\u00e1fico \u00a0de drogas \u00a0t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias sicotr\u00f3picas. \u00a0<\/p>\n
Manifiesta \u00a0que el Juzgado accionado concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n \u00a0sin su consentimiento. \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0base en lo anterior, pidi\u00f3 que se amparen sus prerrogativas \u00a0fundamentales y se \u201cdisuelva \u00a0la apelaci\u00f3n que se hizo (sic)\u201d.1 \u00a0<\/p>\n
RESPUESTAS \u00a0DE LA AUTORIDAD ACCIONADA \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Juez titular del Juzgado S\u00e9ptimo de Ejecuci\u00f3n de Penas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y Medidas de Seguridad de Cali, manifest\u00f3 que el objeto de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0presente acci\u00f3n constitucional, es el recurso de apelaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0concedido en contra de la sentencia proferida en su contra. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia solicita se declare improcedente y se desvincule de la \u00a0misma. 2 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Juez titular del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cali, solicita \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0declare improcedente la acci\u00f3n de tutela invocada por el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se\u00f1or LUIS FERNANDO RODR\u00cdGUEZ MORALES; principalmente, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0i) porque sus manifestaciones resultan contrarias a la realidad \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procesal del expediente 76-001-60-00000-2018-00627-01, en el cual \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0existe una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, cuya \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0vigilancia se encuentra bajo el conocimiento del Juzgado 7 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Santiago de Cali \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(Valle del Cauca) y ii) esta situaci\u00f3n no ha resultado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0extra\u00f1a para el accionante, pues al consultarse el estado de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la poblaci\u00f3n carcelaria del INPEC en su p\u00e1gina web, se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0registra estado de \u201ccondenado\u201d bajo el nombre del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0accionante.3 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Magistrado Ponente de la Sala Penal del Tribunal Superior del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Distrito Judicial de Cali, guardo silencio.4 \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA SALA \u00a0<\/p>\n
Requisitos \u00a0de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0tutela es un mecanismo de protecci\u00f3n excepcional frente a \u00a0providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de \u00a0estrictos requisitos \u00a0de \u00a0procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su \u00a0planteamiento como en su demostraci\u00f3n, como lo ha expuesto la \u00a0propia Corte Constitucional5. \u00a0<\/p>\n
La acci\u00f3n \u00a0de tutela contra providencias judiciales, exige: \u00a0<\/p>\n
a. \u00a0Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia \u00a0constitucional. \u00a0<\/p>\n
b. Que se hayan \u00a0agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- \u00a0de defensa \u00a0judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de \u00a0evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental \u00a0irremediable. \u00a0<\/p>\n
c. \u00a0Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela \u00a0se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado \u00a0a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
d. Cuando se trate \u00a0de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene \u00a0un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y \u00a0que ata\u00f1e a los derechos fundamentales del accionante. \u00a0<\/p>\n
e. \u00a0Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos \u00a0que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y \u00a0que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial \u00a0siempre que esto hubiere sido posible.6 \u00a0<\/p>\n
f. \u00a0Que no se trate de sentencias de tutela. \u00a0<\/p>\n
Mientras que, en \u00a0punto de las exigencias espec\u00edficas, se han establecido las \u00a0que a continuaci\u00f3n se relacionan: \u00a0<\/p>\n
i) \u00a0 Defecto org\u00e1nico, que se presenta cuando el funcionario \u00a0judicial que profiri\u00f3 la providencia impugnada carece \u00a0absolutamente de competencia para ello. \u00a0<\/p>\n
ii) \u00a0Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu\u00f3 \u00a0completamente al margen del procedimiento establecido. \u00a0<\/p>\n
iii) \u00a0Defecto f\u00e1ctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo \u00a0probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el \u00a0que se sustenta la decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
iv) \u00a0Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide \u00a0con base en normas inexistentes o inconstitucionales7 \u00a0o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los \u00a0fundamentos y la decisi\u00f3n; \u00a0<\/p>\n
v) \u00a0Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima \u00a0de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo \u00a0condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos \u00a0fundamentales. \u00a0<\/p>\n
vi) \u00a0Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que implica el incumplimiento \u00a0de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos f\u00e1cticos \u00a0y jur\u00eddicos de sus decisiones, en el entendido que \u00a0precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la legitimidad de su \u00a0\u00f3rbita funcional. \u00a0<\/p>\n
vii) \u00a0Desconocimiento del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, \u00a0por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de \u00a0un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando \u00a0sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como \u00a0mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido \u00a0constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado8. \u00a0<\/p>\n
viii) \u00a0Violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Los \u00a0anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues \u00a0han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la \u00a0sentencia C-590 \u00a0de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, \u00a0reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en \u00a0el sentido de que, cuando se trata \u00a0de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo \u00a0pueden tener cabida \u00ab\u2026 \u00a0si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. \u00a0 Dentro de estos pueden distinguirse unos de car\u00e1cter general, \u00a0que habilitan la interposici\u00f3n de la tutela, y otros de \u00a0car\u00e1cter espec\u00edfico, que tocan con la procedencia misma \u00a0del amparo, una vez interpuesta\u00bb. \u00a0-C-590 de 2005-. \u00a0<\/p>\n
An\u00e1lisis \u00a0del caso concreto \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El demandante censura la decisi\u00f3n del Juzgado \u00a0Primero Penal del Circuito Especializado de Cali, \u00a0de conceder el \u00a0recurso de apelaci\u00f3n en contra de la sentencia \u00a0de primera instancia, mediante la cual fue condenado a \u00a0las penas principales de sesenta (60) meses de prisi\u00f3n y multa \u00a0de mil trescientos setenta (1.370) salarios m\u00ednimos legales \u00a0mensuales vigentes, como c\u00f3mplice de los punibles de tr\u00e1fico, \u00a0fabricaci\u00f3n \u00a0o porte de estupefacientes agravado en concurso \u00a0homog\u00e9neo y sucesivo \u00a0en la modalidad de vender y en concurso \u00a0heterog\u00e9neo con concierto para delinquir agravado para los \u00a0fines de tr\u00e1fico de drogas \u00a0t\u00f3xicas, estupefacientes o \u00a0sustancias sicotr\u00f3picas, interpuesto \u00a0por la apoderada de una de las procesadas. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0juicio del accionante \u00abno \u00a0debi\u00f3 el juez de primera instancia conceder el recurso sin su \u00a0consentimiento ni aprobaci\u00f3n\u2026\u00bb \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En \u00a0el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se advierte que \u00a0las supuestas irregularidades puestas de presente, son en realidad \u00a0censuras a la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por \u00a0parte del Juzgado \u00a0Primero Penal del Circuito Especializado de Cali. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, encuentra la Sala que las decisiones cuestionadas no \u00a0resultan arbitrarias ni irracionales, pues las simples diferencias \u00a0que puedan surgir en la resoluci\u00f3n de los asuntos objeto de \u00a0debate, no son susceptibles de ser planteadas en esta sede, en tanto \u00a0la \u00a0revisi\u00f3n constitucional en casos como estos queda limitada a \u00a0detectar la presencia de una causal de procedencia de tutela contra \u00a0sentencias de la que, adem\u00e1s, se derive un perjuicio \u00a0iusfundamental. \u00a0<\/p>\n
Los \u00a0derechos al debido proceso, de acceso a la administraci\u00f3n de \u00a0justicia y a la verdad, no se consideran vulnerados porque se haya \u00a0proferido una decisi\u00f3n judicial contraria a los intereses del \u00a0ahora accionante, cuyo planteamiento no est\u00e1 llamado a \u00a0superponerse a la del funcionario accionado, cuando no se observa que \u00a0en dicha valoraci\u00f3n haya cometido yerros ostensibles. \u00a0<\/p>\n
3. La \u00a0Sala debe recordarle al actor, que siendo la tutela un mecanismo de \u00a0protecci\u00f3n excepcional frente a providencias judiciales, su \u00a0prosperidad va ligada al cumplimiento de \u00abciertos \u00a0y rigurosos\u00bb \u00a0requisitos de procedibilidad que implican una m\u00ednima carga \u00a0para quien reclama el amparo, no solo en su planteamiento sino \u00a0tambi\u00e9n en su demostraci\u00f3n, \u00a0como \u00a0lo ha expuesto la propia Corte Constitucional9, \u00a0pues las sentencias que hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada, gozan \u00a0de la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad que brindan \u00a0seguridad jur\u00eddica a las decisiones judiciales, necesaria para \u00a0la consolidaci\u00f3n del Estado de Derecho. S\u00f3lo por \u00a0vulneraciones constitucionales, relativas a los derechos \u00a0fundamentales, mediante acciones reflejadas en los hechos, oportuna y \u00a0claramente \u00a0planteados \u00a0y demostrados, \u00a0se puede desvirtuar esta doble presunci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
No \u00a0siendo el caso, se \u00a0declarara \u00a0improcedente el amparo solicitado, ante la inexistencia de \u00a0vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo expuesto, \u00a0la \u00a0CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u2013 EN \u00a0SALA DE DECISI\u00d3N DE ACCIONES DE TUTELA 1, \u00a0administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
DECLARAR \u00a0IMPROCEDENTE \u00a0la \u00a0protecci\u00f3n constitucional deprecada. \u00a0<\/p>\n
NOTIFICAR \u00a0esta sentencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto \u00a02591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
REMITIR \u00a0a \u00a0la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n de no ser \u00a0impugnada \u2013Art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991- \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 1 \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a09 \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 11 – 12 \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 38 \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fallos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0C-590 de 2005 y T-332 de 2006 \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ibidem \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencia T-522 de 2001 \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-1031 de 2001 \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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