\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N.\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP14621-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 107257 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0279 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., veintid\u00f3s (22) de octubre de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Corte la impugnaci\u00f3n presentada por el apoderado judicial \u00a0de YELEIDIS PEDROZA RAM\u00cdREZ contra la sentencia de tutela \u00a0proferida el 27 de agosto de 2019 por la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 el amparo de \u00a0sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la Sala \u00a0Laboral del Tribunal Superior de Pereira. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes dentro \u00a0del proceso ordinario laboral 2016-00287-00. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se establece de la actuaci\u00f3n, YELEIDIS PEDROZA RAM\u00cdREZ \u00a0instaur\u00f3 \u00a0demanda ordinaria laboral contra el \u00a0Fondo de Pensiones Protecci\u00f3n S.A., \u00a0con el fin de que se le reconociera y pagara pensi\u00f3n de \u00a0invalidez, en raz\u00f3n a que la Junta Regional de Calificaci\u00f3n \u00a0de Invalidez de Pereira le determin\u00f3 una p\u00e9rdida de \u00a0capacidad laboral del 62.01% con fecha de estructuraci\u00f3n del \u00a018 de mayo de 2013, por enfermedad de origen com\u00fan. Agreg\u00f3 \u00a0que, cotiz\u00f3 47.34 semanas al momento de la configuraci\u00f3n \u00a0de la enfermedad. \u00a0<\/p>\n
Mediante \u00a0sentencia del 26 de mayo de 2017, el Juzgado 5\u00b0 Laboral del \u00a0Circuito de Pereira accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda \u00a0pues en su sentir, era aplicable la condici\u00f3n m\u00e1s \u00a0beneficiosa y a la luz de la normativa Ley 100 de 1993, reun\u00eda \u00a0los requisitos para alcanzar la prestaci\u00f3n social en comento. \u00a0<\/p>\n
Inconforme \u00a0con la determinaci\u00f3n, el Fondo de Pensiones apel\u00f3. El \u00a026 de junio de 2018 la Sala accionada resolvi\u00f3 revocar el \u00a0fallo de primera instancia, para en su lugar, absolver a la demandada \u00a0de todas las pretensiones formuladas por YELEIDIS PEDROZA RAM\u00cdREZ. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0criterio de la parte actora, la sentencia emitida en segunda \u00a0instancia desconoci\u00f3 \u00a0el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, \u00a0por cuanto no dieron aplicaci\u00f3n \u00a0al art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993, \u00a0raz\u00f3n por la cual, resalt\u00f3 que tiene derecho a dicha \u00a0pensi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tal motivo, acudi\u00f3 ante la jurisdicci\u00f3n constitucional \u00a0en procura del amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad \u00a0social, el m\u00ednimo vital y a la vida en condiciones dignas. En \u00a0consecuencia, solicit\u00f3 que tras dejar sin efectos la referida \u00a0determinaci\u00f3n, se ordene el reconocimiento y pago de la \u00a0aludida prestaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0EN PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Luego \u00a0de subsanarse la demanda, por auto del 14 de agosto de 2019, \u00a0la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral admiti\u00f3 la acci\u00f3n de \u00a0tutela y notific\u00f3 la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite a \u00a0las autoridades judiciales mencionadas. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Fondo de Pensiones Protecci\u00f3n S.A. se limit\u00f3 a relatar \u00a0los hechos que motivaron el proceso ordinario laboral, el tr\u00e1mite \u00a0surtido ante las instancias y solicit\u00f3 se le desvincule de la \u00a0acci\u00f3n de tutela, por cuanto no ha vulnerado ning\u00fan \u00a0derecho fundamental a la demandante. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se remiti\u00f3 a la \u00a0actuaci\u00f3n surtida en el proceso con radicado 2016-00287-01. \u00a0Acto seguido, solicit\u00f3 se declare improcedente la acci\u00f3n, \u00a0ya que la accionante no agot\u00f3 los medios extraordinarios para \u00a0la protecci\u00f3n de sus derechos. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral neg\u00f3 el amparo solicitado. \u00a0Indic\u00f3 que la solicitud de protecci\u00f3n constitucional no \u00a0cumple con el requisito de subsidiariedad, por cuanto la demandante \u00a0no hizo uso del recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la \u00a0sentencia de segunda instancia y tampoco el de inmediatez, pues la \u00a0parte actora acudi\u00f3 a la tutela luego de 1 a\u00f1o de \u00a0haberse proferido la decisi\u00f3n atacada. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0actora impugn\u00f3 la sentencia. Reiter\u00f3 \u00a0los argumentos de la demanda. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0al art\u00edculo \u00a01\u00ba del Acuerdo n\u00famero 001 del 15 de marzo de 2002 emitido \u00a0por la Sala Plena de la Corte, en armon\u00eda con el canon 32 del \u00a0Decreto 2591 de 1991, \u00a0la Sala es competente para pronunciarse respecto de la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta contra la decisi\u00f3n adoptada por la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Laboral. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0primer lugar se dir\u00e1 que la \u00a0accionante pudo \u00a0controvertir el \u00a0fallo del Tribunal \u00a0Superior de Pereira, \u00a0a trav\u00e9s \u00a0del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, \u00a0aduciendo \u00a0argumentos similares a los expuestos en la demanda de tutela. \u00a0No \u00a0obstante, opt\u00f3 por renunciar a ese mecanismo y acudir a esta \u00a0v\u00eda excepcional. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, la solicitud de amparo se torna improcedente \u2013numeral \u00a01\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991-, tal \u00a0como lo ha reconocido la Corte Constitucional \u2013Sentencia T \u2013 \u00a01217 de 2003-. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, resulta evidente que el descuido puesto de presente \u00a0permiti\u00f3 que la decisi\u00f3n de segunda instancia cobrara \u00a0firmeza, situaci\u00f3n que no puede modificarse a trav\u00e9s de \u00a0la v\u00eda constitucional, ni siquiera como mecanismo transitorio, \u00a0pues para acceder al amparo bajo esa modalidad es necesario que el \u00a0interesado haya hecho uso adecuado de todos los medios ordinarios \u00a0dispuestos por el legislador (Sentencia SU \u2013 111 de 1997). \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0todo, advierte la Sala que en el presente asunto los \u00a0razonamientos planteados en la decisi\u00f3n cuestionada se ofrecen \u00a0ajustados a derecho, en \u00a0tanto se encuentran fundamentados en las disposiciones aplicables y \u00a0la jurisprudencia pertinente. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, la Sala Laboral \u00a0del Tribunal Superior de Pereira \u00a0precis\u00f3 que el derecho a la prestaci\u00f3n pensional \u00a0reclamada debe ser dirimido por la norma que se encuentra vigente al \u00a0momento de la estructuraci\u00f3n de la condici\u00f3n de \u00a0invalidez, en este caso tal suceso ocurri\u00f3 el 18 de mayo de \u00a02013 y, por ello, la norma llamada a regir es el art\u00edculo 1\u00ba \u00a0de la Ley 860 de 2003. Sin embargo, aclar\u00f3 que la demandante \u00a0no cumpli\u00f3 los requisitos establecidos en dicha normativa, \u00a0pues no se demostr\u00f3 que haya efectuado cotizaciones durante \u00a0los tres a\u00f1os anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n \u00a0de la p\u00e9rdida \u00a0de capacidad laboral de 50% o m\u00e1s. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, indic\u00f3 que no es viable aplicar el principio de la \u00a0condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa bajo el contenido del \u00a0art\u00edculo 6 del Acuerdo 049 de 1990, pues no puede fallarse \u00a0extrapetita desconociendo el principio de congruencia consagrado en \u00a0el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, cuando \u00a0ello no fue reclamado en la demanda, por tanto, no le era dable al \u00a0juez hacer una b\u00fasqueda de legislaciones anteriores a fin de \u00a0determinar cu\u00e1l se ajusta a las condiciones particulares de la \u00a0peticionaria o cu\u00e1l resulta ser m\u00e1s favorable, pues con \u00a0ello se viol\u00f3 el derecho de defensa y debido proceso a la \u00a0parte demandada. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0ende, reiter\u00f3 que lo pedido en la demanda fue el \u00a0reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez desde el 18 de mayo \u00a0de 2013 en virtud de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. La \u00a0defensa se pronunci\u00f3 sobre ese hecho y \u00fanica \u00a0pretensi\u00f3n, sin que mediara petici\u00f3n adicional o \u00a0modificaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que \u00a0permitiera a la juez cambiar la fecha de estructuraci\u00f3n del \u00a0estado invalidante como as\u00ed lo hizo en la sentencia de primer \u00a0grado. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0\u00faltimo, destac\u00f3 que la Juez 5\u00aa Laboral del \u00a0Circuito desenfoc\u00f3 el objeto del litigio, cuando le bastaba \u00a0pronunciarse acerca de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, lo \u00a0que impon\u00eda negar la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica \u00a0pretendida al comprobar que la actora no cumpli\u00f3 con las \u00a0exigencias del art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993 \u00a0por cuanto su \u00faltimo aporte al sistema pensional lo realiz\u00f3 \u00a0en mayo de 2013. As\u00ed \u00a0mismo, debi\u00f3 indicar que YELEIDIS \u00a0PEDROZA RAM\u00cdREZ no reun\u00eda el n\u00famero de semanas \u00a0necesarias para el acceso a la pensi\u00f3n de invalidez contenidas \u00a0en el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 860 de 2003. \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0manifiesto que la decisi\u00f3n reprochada se aprecia razonable y \u00a0debidamente motivada, por lo que no se estructura ninguno de los \u00a0defectos que hace procedente la acci\u00f3n de tutela contra \u00a0decisiones judiciales. \u00a0<\/p>\n
Ante \u00a0tal panorama, el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n \u00a0jurisdiccional (art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica), \u00a0impide al juez de tutela inmiscuirse en providencias como las \u00a0controvertidas s\u00f3lo porque el impugnante no las comparte o \u00a0tiene una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en dichos \u00a0pronunciamientos, sustentados con criterio razonable a partir de los \u00a0hechos probados y la interpretaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n \u00a0pertinente. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0confirmar\u00e1, por ende, la decisi\u00f3n impugnada. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0n.\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0el \u00a0fallo del 27 \u00a0de agosto de 2019 proferido \u00a0por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de \u00a0Justicia que neg\u00f3 por improcedente la acci\u00f3n de tutela \u00a0interpuesta por el \u00a0apoderado judicial de YELEIDIS PEDROZA RAM\u00cdREZ. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0este \u00a0prove\u00eddo conforme al art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de \u00a01991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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