\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP14269-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 107295 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0273 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., quince (15) de octubre de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la impugnaci\u00f3n presentada por el apoderado de la \u00a0MARGARITA RICO ROBAYO, en su calidad de guardadora general leg\u00edtima \u00a0de RUB\u00c9N ROBAYO MEDINA, contra la sentencia \u00a0proferida \u00a0el 11 de septiembre de 2019 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de \u00a0esta Corporaci\u00f3n, que neg\u00f3 el amparo de sus derechos \u00a0fundamentales, presuntamente vulnerados por la \u00a0Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Bucaramanga y el Juzgado 1\u00ba Laboral del Circuito de \u00a0Descongesti\u00f3n de Pamplona. \u00a0<\/p>\n
Al tr\u00e1mite \u00a0fueron vinculadas las partes e intervinientes reconocidas al interior \u00a0del proceso ordinario laboral descrito en la demanda de tutela. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se establece de la demanda y sus anexos, Luis \u00a0Alfredo Roncancio D\u00edaz \u00a0promovi\u00f3 una demanda ordinaria laboral contra RUB\u00c9N \u00a0ROBAYO MEDINA, Luz Elvira Cruz, Carlos Alberto Hern\u00e1ndez P\u00e1ez, \u00a0Ricardo Rueda, Melva Cecilia Hern\u00e1ndez Corzo e Hip\u00f3lito \u00a0Guar\u00edn, con el prop\u00f3sito de que se declarara la \u00a0existencia de un contrato de trabajo entre las partes desde el 1\u00ba \u00a0de diciembre de 1998 hasta el 17 de febrero de 2004, as\u00ed como \u00a0el consecuente pago de las prestaciones sociales derivadas de \u00e9ste, \u00a0incluida la sanci\u00f3n por el no pago oportuno de cesant\u00edas. \u00a0<\/p>\n
Surtido \u00a0el tr\u00e1mite de rigor, por fallo del 29 de abril de 2008 el \u00a0Juzgado 1\u00ba Laboral del Circuito de Descongesti\u00f3n de \u00a0Pamplona declar\u00f3 la existencia del contrato de trabajo verbal \u00a0a t\u00e9rmino indefinido en los referidos extremos temporales. A \u00a0la par, el numeral segundo, literal G de dicha providencia dispuso el \u00a0pago de $11.933 \u00aba \u00a0partir del 17 de febrero de 2004 hasta que se cancelen las sumas \u00a0adeudadas\u00bb, \u00a0correspondientes a la sanci\u00f3n por no consignaci\u00f3n de \u00a0cesant\u00edas. \u00a0<\/p>\n
Inconforme \u00a0con la anterior determinaci\u00f3n el apoderado del mencionado \u00a0ciudadano la impugn\u00f3. As\u00ed mismo, los demandados Luz \u00a0Elvira Cruz, Carlos Alberto Hern\u00e1ndez P\u00e1ez, Ricardo \u00a0Rueda, Melva Cecilia Hern\u00e1ndez Corzo e Hip\u00f3lito Guar\u00edn \u00a0la recurrieron a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n. Por \u00a0sentencia del 6 de septiembre de 2011 la Sala Laboral \u00a0del Tribunal Superior de Bucaramanga aclar\u00f3 que el valor de la \u00a0sanci\u00f3n moratoria prevista en el art\u00edculo 99 de la Ley \u00a050 de 1990 corresponde al valor del salario diario legal vigente para \u00a0los a\u00f1os 2002 a 2004. \u00a0<\/p>\n
Respecto \u00a0de los a\u00f1os subsiguientes, hasta tanto se verifique el pago \u00a0total de las sumas adeudadas, orden\u00f3 que la liquidaci\u00f3n \u00a0debe efectuarse con fundamento en el salario m\u00ednimo diario \u00a0vigente para el 2004. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0criterio de la parte actora, la decisi\u00f3n del Tribunal \u00a0constituye v\u00eda de hecho por defecto sustantivo, toda vez que \u00a0desborda las previsiones del art\u00edculo 99 de la Ley 50 de 1990, \u00a0por cuanto la sanci\u00f3n moratoria no puede causarse con \u00a0posterioridad al 17 de febrero de 2004, momento en que termin\u00f3 \u00a0la relaci\u00f3n laboral. \u00a0<\/p>\n
Precis\u00f3, \u00a0adem\u00e1s, que la liquidaci\u00f3n de la condena impuesta al \u00a0d\u00eda de presentaci\u00f3n de la demanda de tutela (3 Sep \u00a02019) asciende a $74\u2019900.000, tal y como se desprende del \u00a0proceso ejecutivo ordinario promovido en su contra. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra parte, la guardadora \u00a0general leg\u00edtima de RUB\u00c9N ROBAYO MEDINA inform\u00f3 \u00a0que \u00e9ste intervino en el proceso ordinario laboral a trav\u00e9s \u00a0del curador \u00a0ad litem designado, \u00a0quien se abstuvo de agotar los recursos ordinarios de que dispon\u00eda. \u00a0As\u00ed mismo, asegur\u00f3 que s\u00f3lo tuvo conocimiento \u00a0del proceso ejecutivo laboral adelantado por Luis Alfredo Roncancio \u00a0D\u00edaz hasta el 14 de junio de 2019. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, solicit\u00f3 que se dejen sin efectos las \u00a0providencias controvertidas en lo tocante a la mencionada sanci\u00f3n \u00a0moratoria. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por auto \u00a0del \u00a04 \u00a0de septiembre de 2019, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral admiti\u00f3 \u00a0la demanda y corri\u00f3 traslado de ella a los sujetos pasivos de \u00a0la acci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Juzgado 1\u00ba Laboral del Circuito de Pamplona y la Sala Laboral \u00a0del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga relataron \u00a0el transcurso de la actuaci\u00f3n y defendieron la legalidad de \u00a0sus decisiones, remiti\u00e9ndose a los fundamentos del prove\u00eddo \u00a0criticado. \u00c9sta \u00faltima, adem\u00e1s, advirti\u00f3 \u00a0el incumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0primera instancia neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional \u00a0invocada. Expuso que la acci\u00f3n excepcional de tutela se torna \u00a0improcedente porque fue promovida m\u00e1s de 7 a\u00f1os despu\u00e9s \u00a0de la expedici\u00f3n de la sentencia de segunda instancia \u00a0cuestionada. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0parte accionante impugn\u00f3 \u00a0el fallo. Reiter\u00f3 los fundamentos de la demanda de tutela. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0al art\u00edculo \u00a01\u00ba del Acuerdo n\u00famero 001 del 15 de marzo de 2002 emitido \u00a0por la Sala Plena de la Corte, \u00a0en armon\u00eda con el canon 32 del Decreto 2591 de 1991, \u00a0la Sala es competente para pronunciarse respecto de la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta en contra de la decisi\u00f3n adoptada por la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Laboral. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0advierte, en primer lugar, que la censura se produce m\u00e1s de 7 \u00a0a\u00f1os despu\u00e9s de la fecha en que se expidi\u00f3 la \u00a0\u00faltima providencia mencionada, lapso excesivo y \u00a0desproporcionado. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0principio de inmediatez, que constituye requisito de procedencia de \u00a0la acci\u00f3n de tutela, exige que quien sienta lesionados o \u00a0amenazados sus derechos fundamentales, la interponga en un t\u00e9rmino \u00a0razonable. De lo contrario, no se explicar\u00eda la necesidad de \u00a0acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n urgente. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0margen de lo anterior, es manifiesto que la accionante no agot\u00f3 \u00a0los mecanismos de defensa de que dispon\u00eda, pues si estaba \u00a0interesada en reprochar el quebranto de los derechos fundamentales \u00a0supuestamente irrespetados, tuvo la posibilidad de acudir \u00a0directamente al proceso e instaurar el recurso ordinario de \u00a0apelaci\u00f3n, y de obtener una decisi\u00f3n desfavorable, el \u00a0extraordinario de casaci\u00f3n, aduciendo argumentos similares a \u00a0los expuestos en la demanda de tutela. \u00a0<\/p>\n
Como \u00a0omiti\u00f3 hacerlo permiti\u00f3 que la sentencia objeto de \u00a0censura quedara en firme. Ello redunda en la improcedencia de la \u00a0solicitud de amparo \u2013numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba \u00a0del Decreto 2591 de 1991-, tal como lo ha reconocido la Corte \u00a0Constitucional \u2013Sentencia T \u2013 1217 de 2003-. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, resulta evidente que el descuido puesto de presente \u00a0permiti\u00f3 que los fallos accionados cobraran firmeza, situaci\u00f3n \u00a0que no puede modificarse a trav\u00e9s de la v\u00eda \u00a0constitucional, ni siquiera como mecanismo transitorio, pues para \u00a0acceder al amparo bajo esa modalidad es necesario que el interesado \u00a0haya hecho uso adecuado de todos los medios ordinarios dispuestos por \u00a0el legislador (Cfr. Sentencia SU \u2013 111 de 1997). \u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, con el prop\u00f3sito de justificar su descuido, la parte \u00a0demandante indic\u00f3 que no acudi\u00f3 directamente al proceso \u00a0judicial sino a trav\u00e9s de curador ad \u00a0litem. \u00a0Sobre el particular, la Corte Constitucional tiene establecido que el \u00a0nombramiento de curador ad \u00a0litem \u00a0para el desarrollo de un proceso judicial no constituye violaci\u00f3n \u00a0del derecho de defensa, en la medida en que esa figura responde a la \u00a0necesidad de garantizar, precisamente, dicha prerrogativa en cabeza \u00a0de las personas ausentes en los procesos judiciales. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, ha sostenido que la presencia del curador propende por la \u00a0efectividad del derecho de defensa de quien no puede acudir \u00a0personalmente a la actuaci\u00f3n. (CC C-250 de 1994 y T-088 de \u00a02006). En otras palabras, esta figura responde a la necesidad de \u00a0imprimirle celeridad a los tr\u00e1mites, garantizando el ejercicio \u00a0pleno de los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de las \u00a0partes. \u00a0<\/p>\n
Sumado \u00a0a ello, es manifiesto que el funcionario judicial actu\u00f3 \u00a0conforme a derecho, lo cual reafirma la imposibilidad de atribuirle \u00a0la violaci\u00f3n de los derechos invocados por la actora. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0primer lugar, m\u00edrese que la sanci\u00f3n por no pago \u00a0oportuno de cesant\u00edas no se extingue, como argumenta la \u00a0accionante, con la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo sino \u00a0que permanece en el tiempo hasta que, como es intr\u00ednseco a su \u00a0naturaleza, se materialice el pago de dicha prestaci\u00f3n social. \u00a0Por \u00a0ello, los cuestionamientos efectuados en esta sede por la parte \u00a0actora no son de recibo. \u00a0<\/p>\n
Ante \u00a0tal panorama, el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n \u00a0jurisdiccional (Art. 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), \u00a0impide al juez de tutela inmiscuirse en providencias como la \u00a0controvertida s\u00f3lo porque el impugnante no la comparte o tiene \u00a0una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en dicho \u00a0pronunciamiento, sustentado con criterio razonable a partir de los \u00a0hechos probados y la interpretaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n \u00a0pertinente. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0la \u00a0sentencia de 11 de septiembre de 2019, mediante la cual la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 \u00a0la acci\u00f3n de tutela interpuesta por el apoderado de la \u00a0MARGARITA RICO ROBAYO, en su calidad de guardadora general leg\u00edtima \u00a0DE RUB\u00c9N ROBAYO MEDINA. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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