\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP14268-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 107341 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0273 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., quince (15) de octubre de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la impugnaci\u00f3n presentada por CARLOS \u00a0AUGUSTO AGUILERA MOUTHON \u00a0contra la sentencia de tutela proferida el 20 de agosto de 2019 por \u00a0la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0que neg\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente \u00a0vulnerados por la \u00a0Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculados el Consejo Seccional de la \u00a0Judicatura de Bol\u00edvar, as\u00ed como las partes e \u00a0intervinientes reconocidas al interior del proceso disciplinario \u00a0descrito en la demanda de tutela. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se advierte de la demanda y sus anexos, el 7 de febrero de 2012 Mar\u00eda \u00a0Cecilia Piedrahita y Ana Mar\u00eda Piedrahita Salom presentaron \u00a0queja disciplinaria contra el Fiscal Seccional 47 de Cartagena CARLOS \u00a0AUGUSTO AGUILERA MOUTHON, con ocasi\u00f3n de las presuntas \u00a0irregularidades en que incurri\u00f3 al decretar medidas \u00a0preventivas dentro del radicado 2011-2224, seguido contra Isabel \u00a0Cristina Piedrahita Salom por los delitos de falsedad en documento, \u00a0fraude procesal y otros, sin agotar la solicitud previa ante los \u00a0juzgados con funci\u00f3n de control de garant\u00edas \u00a0competentes. \u00a0<\/p>\n
Culminado \u00a0el tr\u00e1mite de rigor, el 29 de septiembre de 2017 el Consejo \u00a0Seccional de Judicatura de Bol\u00edvar sancion\u00f3 al \u00a0demandante con suspensi\u00f3n en el ejercicio del cargo por seis \u00a0meses. Para el efecto, determin\u00f3 que incurri\u00f3 en una \u00a0falta grave por incumplimiento del deber previsto en el numeral 1\u00ba \u00a0del art\u00edculo 153 de la Ley 270 de 1996 a t\u00edtulo de \u00a0dolo: \u00abRespetar, \u00a0cumplir y, dentro de la \u00f3rbita de su competencia, hacer \u00a0cumplir la Constituci\u00f3n, las leyes y los reglamentos\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Inconforme \u00a0con la anterior determinaci\u00f3n, el funcionario la apel\u00f3 \u00a0y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la \u00a0Judicatura la confirm\u00f3 el 24 de octubre de 2018. Sin embargo, \u00a0asegur\u00f3 que s\u00f3lo le fue notificada el pasado 4 de \u00a0julio. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0criterio de la parte actora, esta \u00faltima determinaci\u00f3n \u00a0vulner\u00f3 su derecho fundamental al debido proceso e incurri\u00f3 \u00a0en v\u00edas de hecho por defecto f\u00e1ctico e indebida \u00a0motivaci\u00f3n. El primero, porque no valor\u00f3 los descargos \u00a0rendidos oportunamente y, el segundo, por lo que considera una \u00a0evidente ausencia de sustento argumentativo. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tales motivos, solicit\u00f3 que se revoque la referida sanci\u00f3n \u00a0y, en su lugar, se le absuelva de los cargos disciplinarios \u00a0formulados en su contra. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA \u00a0INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0auto del \u00a013 \u00a0de agosto de 2019, la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral admiti\u00f3 la demanda y corri\u00f3 \u00a0el traslado correspondiente a los sujetos pasivos aludidos. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Secretar\u00eda Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria \u00a0del Consejo Superior de la Judicatura solicit\u00f3 su \u00a0desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, dada su falta de \u00a0legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. Indic\u00f3 que \u00a0notific\u00f3 el fallo de segunda instancia por estado 217 del 19 \u00a0de diciembre de 2018, conforme con las previsiones del art\u00edculo \u00a0206 de la Ley 734 de 2002, ante la renuencia del sancionado de acudir \u00a0a notificarse personalmente. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su parte, la Presidencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del \u00a0Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar y la Sala \u00a0Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura \u00a0relataron el trascurso de la actuaci\u00f3n y defendieron su \u00a0legalidad y la de las decisiones proferidas al interior de \u00e9sta. \u00a0Para el efecto, se remitieron a los argumentos vertidos en los fallos \u00a0de primera y segunda instancia. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0su turno, la Procuradur\u00eda 82 Judicial II Penal se opuso a la \u00a0prosperidad del amparo pretendido. Se\u00f1al\u00f3 que las \u00a0autoridades disciplinarias accionadas respetaron el debido proceso \u00a0del peticionario. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u00a0neg\u00f3 el amparo. Expuso \u00a0que la acci\u00f3n excepcional de tutela se torna improcedente, en \u00a0raz\u00f3n a que incumple el requisito de inmediatez, porque fue \u00a0promovida m\u00e1s de seis meses despu\u00e9s de la expedici\u00f3n \u00a0de la providencia de segunda instancia controvertida. Explic\u00f3, \u00a0adem\u00e1s, que las sentencias sancionatorias realizaron una \u00a0adecuada valoraci\u00f3n de las pruebas aportadas. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Fiscal CARLOS AUGUSTO AGUILERA MOUTHON impugn\u00f3 el fallo. Para \u00a0el efecto, insisti\u00f3 en los fundamentos de hecho y de derecho \u00a0consignados en la demanda de tutela. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0al art\u00edculo 1\u00ba del Acuerdo n\u00famero 001 del 15 de \u00a0marzo de 2002 emitido por la Sala Plena de la Corte, en armon\u00eda \u00a0con el canon 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para \u00a0pronunciarse respecto de la impugnaci\u00f3n interpuesta contra de \u00a0la decisi\u00f3n adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que para establecer \u00a0la falta disciplinaria deben estudiarse los elementos de tipicidad, \u00a0antijuridicidad y culpabilidad. As\u00ed mismo, ha indicado que tal \u00a0actuaci\u00f3n deber\u00e1 ajustarse a las reglas del debido \u00a0proceso, es decir, demostrar que la conducta por la que se acusa a \u00a0una persona est\u00e1 establecida como falta disciplinaria, que la \u00a0ocurrencia de la misma se encuentra efectivamente probada y, por \u00a0\u00faltimo, que la autor\u00eda y responsabilidad se encuentra \u00a0en cabeza del sujeto pasivo de la acci\u00f3n disciplinaria. \u00a0<\/p>\n
Superado \u00a0lo anterior, la presunci\u00f3n de inocencia queda desvirtuada, \u00a0como expresi\u00f3n de las garant\u00edas m\u00ednimas dentro \u00a0de un Estado Constitucional. De ah\u00ed que se hable de la \u00a0estructura bipartita de la falta disciplinaria: tipicidad-ilicitud \u00a0sustancial y culpabilidad. (Cfr.CC T-969 de 2009). \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su parte, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior \u00a0de la Judicatura ha clasificado los tipos sancionatorios conforme con \u00a0las circunstancias modales y temporales en que se presentan, en las \u00a0siguientes categor\u00edas: de mera \u00a0conducta, \u00a0cuando el comportamiento se adec\u00faa al incumplimiento simple y \u00a0llano de la norma; de \u00a0resultado \u00a0si necesariamente se presenta un resultado o efecto natural\u00edstico; \u00a0instant\u00e1neas, \u00a0cuando la realizaci\u00f3n del comportamiento descrito como il\u00edcito \u00a0se agota en un solo momento, es decir, cuando se exterioriza la \u00a0acci\u00f3n o la omisi\u00f3n; y permanente \u00a0o \u00a0continuada, \u00a0cuando el comportamiento se prolonga en el tiempo, de manera que la \u00a0consumaci\u00f3n de la falta se extiende o perdura entre tanto dure \u00a0la conducta. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el asunto bajo estudio, se acredit\u00f3 que el funcionario \u00a0accionante \u00abincumpli\u00f3 \u00a0el deber previsto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 153 de la \u00a0Ley 270 de 1996, as\u00ed mismo lo previsto en el art\u00edculo \u00a0250 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia numeral 3\u00ba, \u00a0y lo preceptuado en los art\u00edculos 22, 85 y 114 numeral 12\u00ba \u00a0de la Ley 906 de 2004\u00bb, \u00a0por cuanto desconoci\u00f3 la normativa pertinente y el precedente \u00a0aplicable a la imposici\u00f3n de medidas preventivas en el marco \u00a0del sistema penal acusatorio. \u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0anterior, seg\u00fan se advierte del fallo de segunda instancia, \u00a0porque el 9 de noviembre de 2011 orden\u00f3 a la C\u00e1mara de \u00a0Comercio de Cartagena que se abstuviera de expedir certificaciones \u00a0que hicieran referencia a la representaci\u00f3n legal de la \u00a0sociedad Empresas Inversiones Cicam S.A.S., por virtud de la \u00a0investigaci\u00f3n seguida por la presunta falsedad en la obtenci\u00f3n \u00a0de su representaci\u00f3n por parte de Isabel Cristina Piedrahita \u00a0Salom, con lo cual desconoci\u00f3 que ello correspond\u00eda a \u00a0los jueces con funci\u00f3n de control de garant\u00edas. \u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0anterior, continu\u00f3 argumentando la Sala Jurisdiccional \u00a0Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, porque el \u00a0art\u00edculo 85 de la Ley 906 de 2004 prev\u00e9, sin lugar a \u00a0equ\u00edvocos, que las medidas preventivas relacionadas con la \u00a0suspensi\u00f3n del poder dispositivo de los bienes y recursos \u00a0ata\u00f1en a los funcionarios de control de garant\u00edas. \u00a0<\/p>\n
Para \u00a0arribar a tal conclusi\u00f3n, contrario a lo asegurado por CARLOS \u00a0ARTURO AGUILERA MOUTHON, los jueces disciplinarios desecharon las \u00a0argumentaciones defensivas expuestas con el prop\u00f3sito de \u00a0justificar su actuaci\u00f3n, como se pasa a explicar: \u00a0<\/p>\n
En \u00a0primer lugar, se\u00f1alaron que la alegada ausencia de prueba \u00a0respecto de la consciencia \u00a0y conocimiento \u00a0de que su conducta constituir\u00eda una falta disciplinaria no es \u00a0de recibo, en raz\u00f3n a que la incorrecci\u00f3n que se le \u00a0atribuye se deriva del desconocimiento deliberado del procedimiento \u00a0penal vigente. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0segundo t\u00e9rmino, advirtieron que la limitaci\u00f3n impuesta \u00a0a la expedici\u00f3n de certificados de existencia y representaci\u00f3n \u00a0s\u00ed tiene la virtualidad de restringir las actuaciones de las \u00a0sociedades comerciales, debido a que \u00e9ste es requerido para \u00a0viabilizar cualquier intervenci\u00f3n ante las autoridades \u00a0p\u00fablicas o privadas. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0misma suerte corrieron los requerimientos dirigidos a que se \u00a0declarara la ausencia de dolo y a la aplicaci\u00f3n del principio \u00a0pro \u00a0homine. \u00a0Lo primero, porque con su accionar desconoci\u00f3 que sus \u00a0decisiones est\u00e1n sujetas al imperio de la Ley (Art. 130 de la \u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica) y, lo segundo, porque el \u00a0an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n concreta no soporta dos o m\u00e1s \u00a0interpretaciones, dada la claridad de la norma inadvertida por CARLOS \u00a0ARTURO AGUILERA MOUTHON. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior, resulta palmaria la improcedencia de las pretensiones \u00a0formuladas por el actor. En consecuencia, se confirmar\u00e1 el \u00a0fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. CONFIRMAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencia de 20 de agosto de 2019 mediante la cual la Sala de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la acci\u00f3n de tutela interpuesta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por CARLOS \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0AUGUSTO AGUILERA MOUTHON. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. NOTIFICAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0esta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente \u00a0a \u00a0la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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