\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP14246-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 106939 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0273 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., quince (15) de octubre de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Corte la impugnaci\u00f3n presentada por el apoderado de JUAN \u00a0DAVID MORALES ACOSTA respecto de la sentencia proferida el 14 de \u00a0agosto de 2019 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte \u00a0Suprema de Justicia, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela \u00a0interpuesta contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Barranquilla. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes \u00a0reconocidas al interior del proceso ordinario laboral radicado \u00a02017-00024, seguido por el demandante contra la Administradora \u00a0Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones-. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
JUAN \u00a0DAVID MORALES ACOSTA demand\u00f3 ante la jurisdicci\u00f3n \u00a0ordinaria laboral a Colpensiones con el prop\u00f3sito de obtener \u00a0el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez, acorde con las \u00a0previsiones del art\u00edculo 36 de la Ley 100 1993. \u00a0<\/p>\n
Agotado \u00a0el tr\u00e1mite correspondiente, el 26 de octubre de 2018 el \u00a0Juzgado 10\u00ba Laboral del Circuito de Barranquilla accedi\u00f3 \u00a0a las pretensiones formuladas por el actor, pero reconoci\u00f3 la \u00a0prestaci\u00f3n bajo el amparo de la Ley 33 de 1985 y no por ser \u00a0beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Inconforme \u00a0con esa postura el apoderado del peticionario la apel\u00f3. \u00a0Mediante fallo del 28 de febrero de 2019, la Sala Laboral del \u00a0Tribunal Superior de la misma ciudad revoc\u00f3 la providencia, \u00a0para \u00a0en su lugar, precisar que JUAN DAVID MORALES ACOSTA no reun\u00eda \u00a0los requisitos necesarios para beneficiarse con el r\u00e9gimen de \u00a0transici\u00f3n de la Ley 100 de 1993 (1\u00ba Abr 1994) y, tampoco \u00a0le era aplicable la Ley 33 de 1985 en atenci\u00f3n al monto de \u00a0semanas cotizadas. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0criterio de la parte accionante, la decisi\u00f3n de segunda \u00a0instancia debe ser modificada, en raz\u00f3n a que desconoci\u00f3 \u00a0que hizo aportes en diferentes entidades p\u00fablicas a partir de \u00a01988 y cumpl\u00eda con las exigencias normativas para alcanzar la \u00a0pensi\u00f3n de vejez. Adem\u00e1s, ignor\u00f3 el contenido de \u00a0la sentencia T-105 de 2012 de la Corte Constitucional. \u00a0<\/p>\n
Tras \u00a0estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida digna, \u00a0igualdad, m\u00ednimo vital y seguridad social acudi\u00f3 ante \u00a0la jurisdicci\u00f3n constitucional para solicitar que se invalide \u00a0el fallo cuestionado y se ordene al Tribunal Superior de Barranquilla \u00a0emitir una nueva providencia, esta vez favorable a sus intereses. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0EN PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 2 de agosto de 2019, \u00a0la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte admiti\u00f3 la demanda \u00a0y dispuso notificar la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite a los \u00a0sujetos pasivos. \u00a0<\/p>\n
Colpensiones \u00a0se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n por cuanto JUAN DAVID \u00a0MORALES ACOSTA pretende se declare que tiene derecho al \u00a0reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez, de conformidad \u00a0con la Ley 71 de 1988, consider\u00e1ndose beneficiario del r\u00e9gimen \u00a0de transici\u00f3n sin contar con las 1.029 semanas de cotizaci\u00f3n \u00a0necesarias para ello. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral neg\u00f3 el amparo solicitado. \u00a0Encontr\u00f3 incumplido el presupuesto de subsidiariedad, por \u00a0cuanto el demandante no hizo uso del recurso extraordinario de \u00a0casaci\u00f3n contra la sentencia de segunda instancia. A la par, \u00a0resalt\u00f3 que la determinaci\u00f3n controvertida se ofrece \u00a0razonable y ajustada a derecho. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0apoderado del accionante manifest\u00f3 su inconformidad con la \u00a0decisi\u00f3n de primera instancia. Para ello, justific\u00f3 su \u00a0omisi\u00f3n de recurrir en casaci\u00f3n la sentencia del \u00a0Tribunal en tanto no fue notificado de la diligencia de lectura de la \u00a0decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 la alzada. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0al art\u00edculo \u00a01\u00ba del Acuerdo n\u00famero 001 del 15 de marzo de 2002 emitido \u00a0por la Sala Plena de la Corte, en armon\u00eda con el canon 32 del \u00a0Decreto 2591 de 1991, \u00a0la Sala es competente para pronunciarse respecto de la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta contra la decisi\u00f3n adoptada por la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Laboral. \u00a0<\/p>\n
Encuentra \u00a0la Corte que el demandante pudo controvertir el fallo de segunda \u00a0instancia a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. \u00a0No obstante, la parte actora en la impugnaci\u00f3n, intent\u00f3 \u00a0justificar su omisi\u00f3n enunciando un hecho nuevo: no haber sido \u00a0notificado de la diligencia de lectura del fallo de segunda \u00a0instancia. \u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, ese hecho no puede ser analizado en esta sede, pues \u00a0ello atentar\u00eda contra el principio de doble instancia y los \u00a0derechos a la contradicci\u00f3n y defensa de la autoridad \u00a0accionada, que no tuvo la posibilidad de controvertir esa afirmaci\u00f3n \u00a0en el tr\u00e1mite de primera instancia. (Cfr. CSJ STP, 02 Oct \u00a02014, Rad. 76181). \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, resulta evidente que el descuido puesto de presente \u00a0permiti\u00f3 que el fallo de segunda instancia cobrara firmeza, \u00a0situaci\u00f3n que no puede modificarse a trav\u00e9s de la v\u00eda \u00a0constitucional, ni siquiera como mecanismo transitorio, pues para \u00a0acceder al amparo bajo esa modalidad es necesario que el interesado \u00a0haya hecho uso adecuado de todos los medios ordinarios dispuestos por \u00a0el legislador. (Cfr. Sentencia SU \u2013 111 de 1997). \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0todo, la Corte advierte que la sentencia emitida por el Tribunal \u00a0Superior de Barranquilla, efectu\u00f3 un an\u00e1lisis serio y \u00a0ponderado del asunto puesto a su consideraci\u00f3n. En efecto, \u00a0explic\u00f3 al demandante que no tiene derecho al reconocimiento \u00a0de la pensi\u00f3n de vejez acorde con las previsiones del Acuerdo \u00a0049 de 1990 y la Ley 100 de 1993, pues incumple los requisitos para \u00a0ser beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n contenido en \u00a0el art\u00edculo 36 de la \u00faltima normatividad. \u00a0<\/p>\n
Ello, \u00a0indic\u00f3, porque para el 1\u00ba de abril de 1994, fecha de \u00a0entrada en vigencia de ese cuerpo normativo, no demostr\u00f3 tener \u00a0la expectativa de pensionarse a m\u00e1s tardar el 31 de diciembre \u00a0de 1995, como exige la reglamentaci\u00f3n en cita. \u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0anterior, seg\u00fan tiene establecido la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral, constituye un requisito ineludible para el reconocimiento \u00a0pensional, pues el r\u00e9gimen de transici\u00f3n est\u00e1 \u00a0previsto precisamente para proteger y garantizar los derechos \u00a0previamente adquiridos. (CSJ SL, 14 Jun 2011, Rad. 43181). \u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, se estableci\u00f3 que JUAN DAVID MORALES ACOSTA al 1\u00ba \u00a0de abril de 1994 contaba con 47 a\u00f1os de edad y cotiz\u00f3 \u00a0479 semanas, pero, en todo caso, en el periodo comprendido entre el \u00a01\u00ba de julio de 1995 al 13 de octubre de 1996, no aparece el pago \u00a0de cotizaci\u00f3n al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, de \u00a0ah\u00ed que, el Tribunal sostuvo la falta de expectativa del actor \u00a0para pensionarse. \u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0la Sala Laboral del Tribunal aclar\u00f3 que el \u00abr\u00e9gimen \u00a0al cual se encuentra afiliado\u00bb \u00a0debe entenderse como aquel que tenga la virtualidad de habilitar la \u00a0acreditaci\u00f3n de requisitos para acceder a la pensi\u00f3n \u00a0reclamada. Lo cual, como qued\u00f3 visto, no ocurre en el caso \u00a0examinado, dado que el demandante solo ha cotizado 479 semanas o 9.31 \u00a0a\u00f1os y, si en gracia de discusi\u00f3n se admitiera el \u00a0tiempo laborado entre 1995 y 1996, tampoco lograr\u00eda la \u00a0sumatoria m\u00ednima exigida en la Ley 33 de 1985 o en la Ley 71 \u00a0de 1988. \u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, asegura el accionante que el fallo de segunda instancia \u00a0desconoci\u00f3 la sentencia T-105 de 2012. \u00a0No obstante, advierte la Sala que dicha determinaci\u00f3n abord\u00f3 \u00a0un asunto diferente al planteado por el actor. \u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, \u00a0respecto del alegado desconocimiento del precedente jurisprudencial \u00a0contenido en la sentencia T-105 de 2012, aclara la Sala que, seg\u00fan \u00a0ha reconocido la Corte Constitucional, las decisiones proferidas en \u00a0sede de revisi\u00f3n de tutela s\u00f3lo tienen efectos entre \u00a0las partes: \u00a0<\/p>\n
\u00abPor \u00a0regla general, y de conformidad con el art\u00edculo 36 del Decreto \u00a02591 de 1991, las sentencias en que se revise una decisi\u00f3n de \u00a0tutela s\u00f3lo surtir\u00e1n efectos en el caso concreto, es \u00a0decir efectos inter \u00a0partes, \u00a0a menos que el Tribunal Constitucional decida modular los efectos de \u00a0sus providencias con el prop\u00f3sito de guardar la integridad y \u00a0supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n y de proteger derechos \u00a0fundamentales como el derecho a la igualdad\u00bb (CC \u00a0AT, 15 Jul 2005, Rad. A144). \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, es manifiesto que la determinaci\u00f3n judicial \u00a0cuestionada no se torna caprichosa ni carente de justificaci\u00f3n. \u00a0Por el contrario, est\u00e1 fundamentada en la normativa pertinente \u00a0y la jurisprudencia aplicable. \u00a0<\/p>\n
Ante \u00a0este panorama, no es factible atribuirle a la autoridad judicial que \u00a0constituye el extremo pasivo de esta acci\u00f3n, ninguna actuaci\u00f3n \u00a0u omisi\u00f3n vulneradora de garant\u00edas fundamentales, pues \u00a0resulta claro que en todo momento respetaron el derecho al debido \u00a0proceso y defensa del demandante, as\u00ed como la normativa \u00a0pertinente y la jurisprudencia aplicable. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0confirmara, por tanto, el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0la \u00a0sentencia del 14 \u00a0de agosto de 2019, \u00a0mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta \u00a0Corporaci\u00f3n le neg\u00f3 \u00a0la acci\u00f3n de tutela a JUAN \u00a0DAVID MORALES ACOSTA. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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