\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
STP14009-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0N\u00ba 106951 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0No. 262 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., ocho (8) de octubre de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0pronuncia la Sala acerca de la impugnaci\u00f3n formulada por JULIO \u00a0C\u00c9SAR MENA CANTILLO, \u00a0contra el fallo de 12 de agosto de 2019, a trav\u00e9s del cual la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta le neg\u00f3 el \u00a0amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, \u00a0presuntamente \u00a0vulnerados por \u00a0la Fiscal\u00eda 3\u00aa Delegada ante el Tribunal Superior de \u00a0Santa Marta al interior del proceso penal con radicaci\u00f3n 93689 \u00a0en el que funge como denunciante. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0la actuaci\u00f3n fueron vinculados como terceros con inter\u00e9s \u00a0la Fiscal\u00eda 34 Seccional Delegada ante Jueces Penales del \u00a0Circuito de Santa Marta, los se\u00f1ores \u00c9dgar Vargas \u00a0Pinz\u00f3n, Ricardo Carrillo L\u00f3pez y Alfonso Murgas Mu\u00f1oz. \u00a0<\/p>\n
PROBLEMA \u00a0JUR\u00cdDICO A RESOLVER \u00a0<\/p>\n
Determinar \u00a0si contra la resoluci\u00f3n de preclusi\u00f3n de 6 de febrero \u00a0de 2019 emitida por la Fiscal\u00eda 3\u00aa \u00a0Delegada ante el Tribunal Superior de Santa Marta en la investigaci\u00f3n \u00a093689 a favor de \u00c9dgar Vargas Pinz\u00f3n y Ricardo Carrillo \u00a0L\u00f3pez, se \u00a0configuran los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de \u00a0tutela contra providencias judiciales y, en consecuencia, es \u00a0procedente ordenar su revisi\u00f3n conforme lo solicita el \u00a0accionante JULIO \u00a0C\u00c9SAR MENA CANTILLO. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0PROCESALES \u00a0<\/p>\n
Mediante \u00a0auto de 30 de julio de 2019 la Sala Penal \u00a0del Tribunal Superior de Santa Marta avoc\u00f3 \u00a0conocimiento de la acci\u00f3n de tutela y orden\u00f3 correr \u00a0traslado a las autoridades accionadas y vinculadas, a fin de \u00a0garantizarles su derecho de defensa y contradicci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
RESULTADOS \u00a0PROBATORIOS \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La Fiscal\u00eda 3\u00aa \u00a0Delegada ante el Tribunal Superior de Santa Marta se\u00f1al\u00f3 \u00a0que lo pretendido por el actor es controvertir por este medio \u00a0excepcional de tutela, un asunto que ya fue zanjado en la \u00a0jurisdicci\u00f3n competente. \u00a0<\/p>\n
Adicional \u00a0a lo anterior manifest\u00f3 que el demandante aun cuenta con la \u00a0acci\u00f3n de revisi\u00f3n para hacer valer sus derechos, lo \u00a0que reafirmaba la improcedencia de la tutela. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0\u00c9dgar Vargas Pinz\u00f3n hizo un recuento del tr\u00e1mite \u00a0surtido en el proceso penal y sostuvo que la decisi\u00f3n del \u00a0Fiscal de segunda instancia que precluy\u00f3 la investigaci\u00f3n \u00a0se sustent\u00f3 en las pruebas allegadas a la actuaci\u00f3n, \u00a0as\u00ed como en argumentos normativos y jurisprudenciales. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Conviene \u00a0necesario precisar a \u00a0instancia de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil se \u00a0alleg\u00f3 Registro Civil de Defunci\u00f3n del \u00a0ciudadano Alfonso Murgas Mu\u00f1oz con el que se acredita que \u00a0falleci\u00f3 con anterioridad incluso de la presentaci\u00f3n de \u00a0la demanda. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Los \u00a0dem\u00e1s accionados y vinculados guardaron. \u00a0<\/p>\n
FALLO \u00a0IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
Mediante \u00a0decisi\u00f3n de 12 de agosto de 2019, la Sala Penal del Tribunal \u00a0Superior de Santa Marta neg\u00f3 el amparo constitucional \u00a0deprecado al no evidenciar la configuraci\u00f3n de por lo menos \u00a0uno de los requisitos espec\u00edficos de procedibilidad de la \u00a0acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. \u00a0<\/p>\n
Precis\u00f3 \u00a0adem\u00e1s que la acci\u00f3n de tutela no constituye una \u00a0tercera instancia a la cual puedan acudir las partes para reabir \u00a0debates concluidos, o un medio adicional a los ordinarios que le \u00a0permita a quien formula el reproche controvertir aqu\u00e9llas \u00a0decisiones que resulten contrarias a sus intereses. \u00a0<\/p>\n
LA \u00a0IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Notificado \u00a0del contenido del fallo el accionante lo impugn\u00f3 argumentando \u00a0que la Fiscal\u00eda 3\u00aa Delegada incurri\u00f3 en un defecto \u00a0f\u00e1ctico por no valorar en debida forma las pruebas allegadas \u00a0al proceso. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0De conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 \u00a0del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba \u00a0del Decreto 1983 de 2017, en armon\u00eda con el art\u00edculo 32 \u00a0del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para pronunciarse \u00a0sobre la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la decisi\u00f3n \u00a0adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta, del \u00a0cual es su superior funcional. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La \u00a0Sala, a fin de resolver el problema jur\u00eddico planteado, \u00a0atender\u00e1 la l\u00ednea jurisprudencial que ha establecido \u00a0esta Corporaci\u00f3n1, \u00a0en lo relacionado con lo equivocado \u00a0que resulta tomar la acci\u00f3n de tutela como mecanismo para \u00a0controvertir las actuaciones y decisiones judiciales, pues no puede \u00a0entenderse como un recurso m\u00e1s de libre escogencia por parte \u00a0del interesado y en cualquier tiempo, sino que debe preservarse la \u00a0necesidad de comprender que el legislador circunscribi\u00f3 y \u00a0previ\u00f3 las oportunidades para formular las quejas o \u00a0cuestionamientos que se consideren necesarios. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Como ha sido recurrentemente recordado por esta Sala, la acci\u00f3n \u00a0constitucional de tutela es un mecanismo de protecci\u00f3n \u00a0excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va \u00a0ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que \u00a0implican una carga para la parte accionante, tanto en su \u00a0planteamiento como en su demostraci\u00f3n, conforme lo ha expuesto \u00a0la propia Corte Constitucional. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0este motivo, y como ha sido desarrollado por la jurisprudencia \u00a0constitucional, la acci\u00f3n de tutela contra providencias \u00a0judiciales exige: \u00a0<\/p>\n
a. \u00a0Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia \u00a0constitucional. \u00a0<\/p>\n
b. \u00a0Que hayan sido agotados todos los medios -ordinarios y \u00a0extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona \u00a0afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un \u00a0perjuicio iusfundamental irremediable. \u00a0<\/p>\n
c. \u00a0Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela \u00a0se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado \u00a0a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
d. \u00a0Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que \u00a0la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que \u00a0se impugna y que ata\u00f1e a los derechos fundamentales de la \u00a0parte accionante. \u00a0<\/p>\n
e. \u00a0Que la parte accionante identifique de manera razonable tanto los \u00a0hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos \u00a0vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso \u00a0judicial, siempre que esto hubiere sido posible. \u00a0<\/p>\n
f. \u00a0Que la decisi\u00f3n judicial contra la cual se formula la acci\u00f3n \u00a0de tutela no se corresponda con sentencias de tutela. \u00a0<\/p>\n
Los \u00a0anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues \u00a0han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la \u00a0sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-212 y T-780 \u00a0de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas \u00a0providencias, en el sentido que, cuando se trata de acciones de \u00a0tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener \u00a0cabida \u00ab(\u2026) \u00a0si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. \u00a0Dentro de estos pueden distinguirse unos de car\u00e1cter general, \u00a0que habilitan la interposici\u00f3n de la tutela, y otros de \u00a0car\u00e1cter espec\u00edfico, que tocan con la procedencia misma \u00a0del amparo, una vez interpuesta\u00bb. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0punto de las exigencias espec\u00edficas, como fue recogido en la \u00a0sentencia C-590 de 2005, han sido establecidas las que a continuaci\u00f3n \u00a0se relacionan: \u00a0<\/p>\n
\u00aba. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Defecto \u00a0org\u00e1nico, que se presenta cuando el funcionario judicial que \u00a0profiri\u00f3 la providencia impugnada carece absolutamente de \u00a0competencia para ello. \u00a0<\/p>\n
b. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Defecto \u00a0procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu\u00f3 \u00a0completamente al margen del procedimiento establecido. \u00a0<\/p>\n
c. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Defecto \u00a0f\u00e1ctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo \u00a0probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el \u00a0que se sustenta la decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
d. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Defecto \u00a0material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base \u00a0en normas inexistentes o inconstitucionales \u00a0o que presentan una \u00a0evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la \u00a0decisi\u00f3n; \u00a0<\/p>\n
e. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Error \u00a0inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima \u00a0de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo \u00a0condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos \u00a0fundamentales. \u00a0<\/p>\n
f. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Decisi\u00f3n \u00a0sin motivaci\u00f3n, que implica el incumplimiento de los \u00a0funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos f\u00e1cticos \u00a0y jur\u00eddicos de sus decisiones, en el entendido que \u00a0precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la legitimidad de su \u00a0\u00f3rbita funcional. \u00a0<\/p>\n
g. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Desconocimiento \u00a0del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por ejemplo, cuando \u00a0la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho \u00a0fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando \u00a0sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como \u00a0mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido \u00a0constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado [2]. \u00a0<\/p>\n
h. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Violaci\u00f3n \u00a0directa de la Constituci\u00f3n\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Queda \u00a0entonces claro que en atenci\u00f3n a la fuerza normativa de la \u00a0cosa juzgada y al respeto de la autonom\u00eda judicial, la acci\u00f3n \u00a0consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n \u00a0Nacional, cuando se dirige a cuestionar una decisi\u00f3n judicial, \u00a0tiene car\u00e1cter excepcional, y su prosperidad est\u00e1 atada \u00a0a que se cumplan los requisitos de procedibilidad anteriormente \u00a0enunciados. De manera que quien acude a ella tiene la carga no s\u00f3lo \u00a0respecto de su planteamiento, sino de su demostraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0An\u00e1lisis del caso concreto \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el presente asunto el actor reprocha la resoluci\u00f3n de 6 de \u00a0febrero de 2019 por medio de la cual la Fiscal\u00eda 3\u00aa \u00a0Delegada ante el Tribunal Superior de Santa Marta revoc\u00f3 la \u00a0Resoluci\u00f3n de Acusaci\u00f3n proferida en contra de \u00c9dgar \u00a0Vargas Pinz\u00f3n y Ricardo Alfonso Carrillo L\u00f3pez, para en \u00a0su lugar precluir la investigaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Para \u00a0el actor la citada decisi\u00f3n no hizo un an\u00e1lisis \u00a0sustancial de las pruebas allegadas y que demostraban en efecto que \u00a0existi\u00f3 una irregularidad en los negocios jur\u00eddicos \u00a0celebrados por los investigados en los que modificaron los linderos \u00a0de un predio, afectando deliberadamente la proporci\u00f3n del \u00a0suyo. \u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante lo anterior, no precis\u00f3 en qu\u00e9 consisti\u00f3 \u00a0esa ausencia de valoraci\u00f3n probatoria que le atribuye a la \u00a0autoridad accionada, por el contrario, observa la Sala que la \u00a0decisi\u00f3n se sustent\u00f3 en las pruebas y documentos \u00a0obrantes en la actuaci\u00f3n como los emanados del Instituto \u00a0Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi. \u00a0<\/p>\n
Y \u00a0es que con fundamento en esas pruebas la Fiscal\u00eda adem\u00e1s \u00a0esclarecer la situaci\u00f3n real del predio logr\u00f3 \u00a0determinar que exist\u00edan contradicciones entre lo reportado por \u00a0el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi y el informe \u00a0reportado por el perito del CTI; que no estaba claro si el accionante \u00a0JULIO \u00a0C\u00c9SAR MENA CANTILLO era \u00a0realmente propietario del bien en litigio y dudas en cuanto a la \u00a0comisi\u00f3n de las conductas punibles imputadas a los \u00a0denunciados, incertidumbre que decidi\u00f3 resolver a su favor \u00a0conforme a los lineamientos del art\u00edculo 399 de la Ley 600 de \u00a02000. \u00a0<\/p>\n
Como \u00a0viene de verse, contrario a lo sostenido por el accionante, no es que \u00a0en la decisi\u00f3n refutada la Fiscal\u00eda Delegada no se \u00a0hubiere pronunciado sobre las pruebas aportadas, \u00a0sino que al estudiarlas en conjunto no fueron suficientes para \u00a0desvirtuar la duda generada frente a la ilicitud de la conducta y por \u00a0tanto \u00e9sta debi\u00f3 ser resuelta a favor de los \u00a0investigados. \u00a0<\/p>\n
Independientemente \u00a0de la interpretaci\u00f3n particular que al respecto tiene el \u00a0demandante sobre el tema, no ve la Sala que la decisi\u00f3n que se \u00a0pone en tela de juicio est\u00e9 alejada del ordenamiento jur\u00eddico \u00a0ni comprometa derechos fundamentales que hagan necesaria su \u00a0intervenci\u00f3n excepcional como juez de tutela. \u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Fluye entonces evidente que la autoridad judicial accionada \u00a0sustent\u00f3 su decisi\u00f3n soportada en las pruebas y \u00a0elementos de juicio allegados a la actuaci\u00f3n, as\u00ed como \u00a0las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarroll\u00f3 \u00a0la litis, sin que, contrario a lo que se aduce por el actor, lo \u00a0resuelto en tal determinaci\u00f3n hubiese sido el producto de un \u00a0juicio irracional, ya que se encuentra amparada en la independencia y \u00a0autonom\u00eda judicial, que tambi\u00e9n son protegidas por la \u00a0Carta Pol\u00edtica, y que al estar desprovista de subjetividad, no \u00a0puede ser menguada por este mecanismo extraordinario. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0mera disparidad de criterios, no habilita al juez constitucional a \u00a0conceder lo pedido, m\u00e1s a\u00fan cuando la providencia \u00a0atacada goza de autonom\u00eda e independencia, como en el presente \u00a0caso. En \u00a0ese orden de ideas, contrario al parecer del accionante, no est\u00e1 \u00a0a su arbitrio acudir a la acci\u00f3n constitucional para exponer \u00a0su tesis y obtener un resultado favorable. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0sede de acci\u00f3n de tutela no es posible efectuar una nueva \u00a0valoraci\u00f3n sobre el asunto rese\u00f1ado como si dicho \u00a0mecanismo fuera el escenario natural para intentar imponer un \u00a0criterio particular. As\u00ed lo ha sostenido la Corte \u00a0Constitucional T-336 de 2002 al establecer que: \u00a0<\/p>\n
\u00abEl \u00a0juez de tutela no puede entrar a valorar los medios de prueba que \u00a0fueron objeto de an\u00e1lisis dentro de los procesos ordinarios \u00a0pues solamente le corresponde verificar si, en la decisi\u00f3n del \u00a0juez de instancia se hace evidente una irregularidad protuberante, el \u00a0juez de tutela debe emitir las \u00f3rdenes sobre los par\u00e1metros \u00a0constitucionales necesarios para que el juez natural pueda corregir \u00a0su error. En conclusi\u00f3n, los jueces de la Rep\u00fablica \u00a0gozan de autonom\u00eda en sus decisiones y sus providencias no \u00a0podr\u00e1n ser desconocidas ni revaluadas por el juez \u00a0constitucional, pues este \u00faltimo se debe limitar a determinar \u00a0si existi\u00f3 o no una vulneraci\u00f3n a los derechos \u00a0fundamentales de los asociados y s\u00f3lo en esos casos podr\u00e1 \u00a0emitir las ordenes al juez natural que permitan enmendar ese \u00a0defecto.\u00bb \u00a0<\/p>\n
7. \u00a0Por \u00a0lo anterior, no puede pretenderse que por v\u00eda de tutela se \u00a0disponga la anulaci\u00f3n del proceso y se repitan las actuaciones \u00a0ya cumplidas, salvo ante la existencia de v\u00edas de hecho que, \u00a0como se explic\u00f3 en precedencia, no fueron acreditadas por el \u00a0censor. \u00a0<\/p>\n
Insiste \u00a0la Corte, la acci\u00f3n p\u00fablica no constituye un mecanismo \u00a0adicional ni alternativo a los consagrados en la legislaci\u00f3n \u00a0ordinaria; por el contrario, se trata de un instrumento residual, \u00a0preferente y sumario para la protecci\u00f3n inmediata de los \u00a0derechos constitucionales fundamentales ante su menoscabo actual o \u00a0una amenaza inminente por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n \u00a0antijur\u00eddica de cualquier autoridad p\u00fablica o de los \u00a0particulares en los casos previstos en la ley; y en este orden de \u00a0ideas, procede cuando el afectado no dispone de otro medio eficaz de \u00a0defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar \u00a0un perjuicio irremediable, conjunto de hip\u00f3tesis que en el \u00a0caso que se examina no convergen. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anteriormente expuesto se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la \u00a0Corte Suprema de Justicia, en Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. \u00a01, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Confirmar \u00a0el \u00a0fallo recurrido, por los argumentos expuestos en la parte motiva de \u00a0esta decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Enviar \u00a0copia de la presente decisi\u00f3n a la investigaci\u00f3n penal \u00a0objeto de reproche. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Notificar \u00a0a las partes de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 30 del \u00a0Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Remitir \u00a0el expediente a \u00a0la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, una vez \u00a0ejecutoriado el presente prove\u00eddo. \u00a0<\/p>\n
C\u00famplase \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ver entre otras, STP-5074-2018, 17 abr. 2018, rad. 96314, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STP1635-2018, 06 feb. 2018, rad. 96794 y STP787-2018, rad. 96314. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00abCfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-462 de 2003 ; SU-1184 de 2001 ; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001.\u00bb \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 STP14009-2019 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0N\u00ba 106951 \u00a0 Acta \u00a0No. 262 \u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., ocho (8) de octubre de dos mil diecinueve (2019). \u00a0 ASUNTO \u00a0 Se \u00a0pronuncia la Sala acerca de la impugnaci\u00f3n formulada por JULIO \u00a0C\u00c9SAR MENA CANTILLO, \u00a0contra el fallo de 12 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-45961","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-28"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45961","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=45961"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45961\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=45961"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=45961"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=45961"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}