\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP13517-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 107067 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0252 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., primero (1\u00ba) de octubre de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta por el apoderado judicial \u00a0de ROC\u00cdO RINC\u00d3N TORRES contra la sentencia de tutela \u00a0proferida el 18 de julio de 2019 por la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 el amparo de \u00a0sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la Sala \u00a0Laboral del Tribunal Superior de C\u00facuta. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fue vinculado el Juzgado \u00a0Civil del Circuito de Los Patios (Norte de Santander), as\u00ed \u00a0como las partes e intervinientes del proceso ordinario laboral n\u00famero \u00a02012-0238-00. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
ROC\u00cdO \u00a0RINC\u00d3N TORRES promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral contra \u00a0la Asociaci\u00f3n del Menor Rudencindo Soto, la Gobernaci\u00f3n \u00a0del Norte de Santander, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u00a0y la Beneficencia del Norte de Santander. Ello, con el prop\u00f3sito \u00a0de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo entre las \u00a0partes durante el per\u00edodo comprendido entre el 28 de agosto de \u00a01996 y el 30 de agosto de 2012. As\u00ed mismo, solicit\u00f3 el \u00a0pago de los salarios, prestaciones sociales, vacaciones, aportes al \u00a0Sistema General de Seguridad Social y dem\u00e1s emolumentos \u00a0laborales derivados de dicho v\u00ednculo. \u00a0<\/p>\n
Inform\u00f3 \u00a0que pese a que la demanda fue asignada por reparto al Juzgado Civil \u00a0del Circuito de Los Patios, en la oportunidad correspondiente, fue \u00a0propuesta la excepci\u00f3n previa de \u00abfalta \u00a0de jurisdicci\u00f3n\u00bb, \u00a0pues las entidades demandadas estimaron que el competente para avocar \u00a0el conocimiento del asunto era la contenciosa administrativa. \u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, el juzgado resolvi\u00f3 desfavorablemente dicho medio \u00a0exceptivo y en auto del 14 de noviembre de 2014, la Sala Laboral del \u00a0Tribunal Superior de C\u00facuta la confirm\u00f3, tras estimar \u00a0que el litigio deb\u00eda resolverse ante la justicia ordinaria \u00a0laboral. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, el 22 de abril de 2014 el Juzgado Civil del Circuito de \u00a0Los Patios declar\u00f3 probada la existencia de un contrato de \u00a0trabajo entre ella y las demandadas y, como tal, accedi\u00f3 a las \u00a0pretensiones de la demanda. \u00a0<\/p>\n
Apelada \u00a0esa decisi\u00f3n por las entidades demandadas, en prove\u00eddo \u00a0del 30 de abril de 2019 la Sala Laboral del Tribunal Superior de \u00a0C\u00facuta declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado. En \u00a0concreto, se\u00f1al\u00f3 que la jurisdicci\u00f3n ordinaria \u00a0laboral no era la competente para impartirle tr\u00e1mite al asunto \u00a0y, al amparo de tal premisa, lo remiti\u00f3 a los juzgados \u00a0administrativos de la ciudad de C\u00facuta, a los que s\u00ed \u00a0estim\u00f3 competentes para tal efecto. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0criterio de la parte actora, el Tribunal accionado incurri\u00f3 en \u00a0una \u00abinterpretaci\u00f3n \u00a0incorrecta del sistema normativo referente a la naturaleza jur\u00eddica \u00a0de las asociaciones de participaci\u00f3n mixta sin \u00e1nimo de \u00a0lucro\u00bb \u00a0y, como tal, desconoci\u00f3 su propia decisi\u00f3n en la que \u00a0hab\u00eda determinado que la justicia ordinaria laboral s\u00ed \u00a0ostentaba competencia para definir el litigio. \u00a0<\/p>\n
Acudi\u00f3 \u00a0ante el juez constitucional en busca del amparo de sus derechos al \u00a0debido proceso, acceso efectivo a la administraci\u00f3n de \u00a0justicia y seguridad jur\u00eddica. En consecuencia, solicit\u00f3 \u00a0que se deje sin efecto la decisi\u00f3n del 30 de abril de 2019 y, \u00a0en su lugar, se ordene a la Corporaci\u00f3n judicial accionada \u00a0emitir decisi\u00f3n de fondo \u00abcon \u00a0estricto sometimiento a las normas aplicables a las asociaciones de \u00a0participaci\u00f3n mixta, sin \u00e1nimo de lucro\u00bb. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 10 de julio de 2019, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u00a0admiti\u00f3 la demanda de tutela y corri\u00f3 el traslado \u00a0correspondiente a los sujetos pasivos aludidos. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0SENA solicit\u00f3 que se declare la improcedencia de la demanda, \u00a0tras estimar que es \u00abinconducente \u00a0e impertinente\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su parte el ICBF defendi\u00f3 la legalidad de la decisi\u00f3n \u00a0emitida por el Tribunal y solicit\u00f3 se niegue la demanda. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral neg\u00f3 el amparo. Encontr\u00f3 \u00a0que el asunto sometido a su consideraci\u00f3n se encuentra en \u00a0tr\u00e1mite y, \u00a0por ello, no es procedente acudir a la acci\u00f3n constitucional \u00a0por cuanto existe un mecanismo judicial para resolver la \u00a0controversia. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0parte actora impugn\u00f3 el fallo. Reiter\u00f3 los argumentos \u00a0expuestos en la demanda de tutela. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0con lo establecido en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, en armon\u00eda con el \u00a0art\u00edculo 1\u00ba del Acuerdo 001 de 2002, la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal es competente para \u00a0tramitar y decidir la impugnaci\u00f3n de la tutela, por cuanto el \u00a0procedimiento involucra a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la \u00a0Corte Suprema de Justicia. \u00a0<\/p>\n
Ha \u00a0sido criterio definido y reiterado de la Sala que no es procedente \u00a0acudir a la solicitud de protecci\u00f3n constitucional para \u00a0intervenir dentro de procesos en curso, no s\u00f3lo porque ello \u00a0desconoce la independencia de que est\u00e1n revestidas las \u00a0autoridades judiciales para tramitar y resolver los asuntos de su \u00a0competencia, sino porque tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda \u00a0que inspir\u00f3 la acci\u00f3n de amparo como mecanismo residual \u00a0de defensa de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el presente asunto, la actuaci\u00f3n se encuentra pendiente \u00a0de que la \u00a0jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa se pronuncie respecto \u00a0de la admisi\u00f3n de la demanda, tal como se advierte del sistema \u00a0de consulta Siglo XXI. Ello, en raz\u00f3n a que las etapas, \u00a0recursos y procedimientos que conforman un proceso son el primer \u00a0espacio de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los \u00a0asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garant\u00edas \u00a0del debido proceso. \u00a0<\/p>\n
Asumir \u00a0una posici\u00f3n como la pretendida por la \u00a0demandante implicar\u00eda desconocer las decisiones que en \u00a0ejercicio de sus funciones emiten las autoridades competentes en el \u00a0tr\u00e1mite de los procesos todav\u00eda en curso, adelantados \u00a0conforme la normativa aplicable en cada caso, m\u00e1xime cuando no \u00a0est\u00e1 acreditada (ni lo avizora la Sala) una evidente situaci\u00f3n \u00a0de perjuicio irremediable que haga forzosa la intervenci\u00f3n \u00a0transitoria del juez constitucional. \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0todo, advierte \u00a0la Sala que acorde con el contenido de los art\u00edculos 256 de la \u00a0Carta Pol\u00edtica y 112 \u00a0de la Ley 270 de 1996, \u00a0el llamado a resolver el conflicto que ocurra entre diferentes \u00a0jurisdicciones es el Consejo Superior de la Judicatura, \u00a0a trav\u00e9s de su Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Sin embargo, \u00a0los medios de convicci\u00f3n allegados al presente tr\u00e1mite \u00a0revelan que tal mecanismo no ha sido agotado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0tal virtud, el amparo demandado se torna improcedente al tenor de lo \u00a0previsto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del \u00a0Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, se \u00a0impone confirmar el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0la \u00a0sentencia de 18 de julio de 2019, mediante la cual la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 \u00a0la acci\u00f3n de tutela interpuesta por \u00a0ROC\u00cdO RINC\u00d3N TORRES. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0est\u00e1 \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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