\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N.\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP1294-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 102847 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a032 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., siete (7) de febrero de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la impugnaci\u00f3n presentada por BERNARDO TEJERA \u00a0CASTILLO, contra la sentencia de tutela proferida el 7 de diciembre \u00a0de 2018 por la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior de \u00a0Monter\u00eda, que neg\u00f3 el amparo de sus derechos \u00a0fundamentales presuntamente vulnerados por los Juzgados 5 Penal del \u00a0Circuito de Cartagena con Funci\u00f3n de Conocimiento y 1\u00ba de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Monter\u00eda. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
De \u00a0la actuaci\u00f3n se establece que, tras ser capturado en \u00a0flagrancia y aceptado los cargos durante la audiencia de imputaci\u00f3n, \u00a0el 9 de febrero de 2015, el Juzgado 5\u00ba Penal del Circuito de \u00a0Cartagena con Funci\u00f3n de Conocimiento conden\u00f3 a \u00a0BERNARDO TEJERA CASTILLO a la pena de 63 meses de prisi\u00f3n, \u00a0como responsable del delito de uso de documento falso. \u00a0La \u00a0anterior determinaci\u00f3n cobr\u00f3 ejecutoria, en raz\u00f3n \u00a0a que no fue recurrida. \u00a0<\/p>\n
Denunci\u00f3 \u00a0el peticionario que, por auto del 22 de agosto de 2018 el Juzgado 1\u00b0 \u00a0de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Monter\u00eda \u00a0le neg\u00f3 la aplicaci\u00f3n favorable de la rebaja \u00a0punitiva contenida \u00a0en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 16 de la Ley 1826 de 2017 y, \u00a0en consecuencia, dispuso mantener la condena impuesta por el Juzgado \u00a0de conocimiento. \u00a0<\/p>\n
Contra \u00a0dicha decisi\u00f3n, promovi\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n \u00a0y en subsidio apelaci\u00f3n, en tal virtud, el 1\u00ba de \u00a0noviembre siguiente, el Juzgado de ejecuci\u00f3n accionado neg\u00f3 \u00a0la reposici\u00f3n y concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n ante la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Monter\u00eda, la cual est\u00e1 \u00a0pendiente de ser desatada. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0criterio del accionante, las decisiones emitidas por las autoridades \u00a0judiciales accionadas vulneraron su derecho al debido proceso, pues \u00a0pese a que acept\u00f3 los cargos y, con ello, evit\u00f3 el \u00a0desgaste del aparato judicial s\u00f3lo le fue reconocido \u00bc \u00a0de beneficio sin tener en cuenta lo establecido en el art\u00edculo \u00a0351 de la Ley 906 de 2004. Destac\u00f3 que \u00abel \u00a0Juzgado de conocimiento tuvo en cuenta un antecedente de una pena que \u00a0ya hab\u00eda prescrito\u00bb. \u00a0En consecuencia, solicit\u00f3 que se rebaje su condena acorde con \u00a0tal normativa. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 3 de diciembre de 2018, el Tribunal admiti\u00f3 la \u00a0demanda y corri\u00f3 el traslado correspondiente a las autoridades \u00a0accionadas. \u00a0<\/p>\n
Los \u00a0Juzgados 5\u00ba Penal del Circuito de Cartagena con Funci\u00f3n \u00a0de Conocimiento y 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad de Monter\u00eda relataron el \u00a0transcurso de la actuaci\u00f3n y defendieron la legalidad de sus \u00a0decisiones. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Tribunal Superior de Monter\u00eda neg\u00f3 el amparo. Se\u00f1al\u00f3 \u00a0que el auto censurado se ofrece razonable, por cuanto se encuentra \u00a0debidamente fundamentado en la jurisprudencia aplicable y normas \u00a0pertinentes. Por lo dem\u00e1s, resalt\u00f3 que en el caso \u00a0concreto se incumple el presupuesto de subsidiariedad, dado que el \u00a0actor no agot\u00f3 los medios de defensa judicial dispuestos por \u00a0el legislador -recurso de apelaci\u00f3n- respecto de la sentencia \u00a0condenatoria. \u00a0<\/p>\n
BERNARDO \u00a0TEJERA CASTILLA impugn\u00f3 el fallo. Reiter\u00f3 los \u00a0argumentos planteados en la demanda de tutela. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tenor de lo normado en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1., del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo \u00a01\u00ba del Decreto 1983 de 2017, la Sala es competente para resolver \u00a0la segunda instancia, respecto \u00a0de la sentencia adoptada por el Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0primer lugar, advierte la Sala que \u00a0la censura respecto de la sentencia condenatoria resulta inoportuna, \u00a0dado que se produce m\u00e1s de 3 a\u00f1os despu\u00e9s de la \u00a0expedici\u00f3n de la sentencia condenatoria controvertida. El \u00a0lapso es excesivo y desproporcionado. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0principio de inmediatez, que constituye requisito de procedencia de \u00a0la acci\u00f3n de tutela, exige que quien sienta lesionados o \u00a0amenazados sus derechos fundamentales, la interponga en un t\u00e9rmino \u00a0razonable. De lo contrario, no se explicar\u00eda la necesidad de \u00a0acudir a este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n. (Sentencia \u00a0SU \u2013 961 de 1999, reiterada entre otras, en la sentencia T \u2013 \u00a0309 de 2013). \u00a0<\/p>\n
En \u00a0segundo t\u00e9rmino, es manifiesto que el \u00a0accionante pudo controvertir la \u00a0determinaci\u00f3n censurada a trav\u00e9s de los medios \u00a0ordinarios y extraordinarios a su alcance pero \u00a0no lo hizo. Como \u00a0no agot\u00f3 esos medios de defensa, la solicitud de amparo se \u00a0torna improcedente \u2013numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba \u00a0del Decreto 2591 de 1991-, tal como lo ha reconocido la Corte \u00a0Constitucional \u2013Sentencia T \u2013 1217 de 2003-. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, es palpable, que el descuido puesto de presente permiti\u00f3 \u00a0que la providencia del Juzgado 5 Penal del Circuito de Cartagena con \u00a0Funci\u00f3n de Conocimiento cobrara firmeza, situaci\u00f3n que \u00a0no puede modificarse a trav\u00e9s de la v\u00eda constitucional, \u00a0ni siquiera como mecanismo transitorio, pues para acceder al amparo \u00a0bajo esa modalidad es necesario que el interesado haya hecho uso \u00a0adecuado de todos los medios ordinarios dispuestos por el legislador \u00a0(Cfr. \u00a0Sentencia SU \u2013 111 de 1997). \u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante, a\u00fan si se pasara por alto el incumplimiento de \u00a0dichos presupuestos, encuentra la Sala que \u00a0la \u00a0decisi\u00f3n cuestionada estuvo precedida del an\u00e1lisis \u00a0serio y ponderado de la normativa aplicable, cuyo \u00a0contraste con el caso concreto permite al juez constitucional llegar \u00a0a la misma conclusi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Para \u00a0efectos de imponer la pena, el Juzgado de Conocimiento se ubic\u00f3 \u00a0en el m\u00e1ximo del cuarto m\u00ednimo teniendo en cuenta los \u00a0par\u00e1metros establecidos en el inciso 3 del art\u00edculo 61 \u00a0del C\u00f3digo Penal, esto es, la gravedad de la conducta, el da\u00f1o \u00a0real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o \u00a0aten\u00faen la punibilidad etc y, como tal, impuso la pena dentro \u00a0del rango permitido en nuestra legislaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, no observa la Sala ninguna vulneraci\u00f3n a la \u00a0garant\u00eda invocada por el accionante, m\u00e1xime cuando el \u00a0demandante pudo controvertir la decisi\u00f3n y omiti\u00f3 \u00a0hacerlo como ya se indic\u00f3. Por ende, la decisi\u00f3n \u00a0reprochada se aprecia razonable y debidamente motivada, por lo que no \u00a0actualiza ninguno de los defectos que hace procedente la acci\u00f3n \u00a0de tutela contra decisiones judiciales. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n jurisdiccional \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 -Art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica- \u00a0impide al juez constitucional inmiscuirse en providencias como la \u00a0controvertida, la cual hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, s\u00f3lo \u00a0porque el demandante no la comparte o tiene una comprensi\u00f3n \u00a0diversa. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0\u00faltimo, en cuanto la censura propuesta contra los autos del 22 \u00a0agosto y 1\u00ba de noviembre de 2018 emitidos por el Juzgado 1\u00ba \u00a0de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Monter\u00eda, \u00a0advierte la Sala la imposibilidad de emitir pronunciamiento al \u00a0respecto, pues el asunto est\u00e1 pendiente de ser resuelto por el \u00a0juez natural, es decir, la Sala Penal del Tribunal de Santa Marta. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, no \u00a0es procedente acudir a la solicitud de protecci\u00f3n \u00a0constitucional para intervenir dentro de procesos \u00a0en curso, \u00a0no solo por cuanto ello desconoce la independencia de que est\u00e1n \u00a0revestidas las autoridades judiciales para tramitar y resolver los \u00a0asuntos de su competencia, sino porque tal proceder desnaturaliza \u00a0este mecanismo excepcional \u00a0(Cfr. CSJ STP, 20 Nov 2014, Rad. 77007, CSJ STP, 05 Feb 2015, Rad. \u00a077836 y CSJ STP, 17 Nov 2016, Rad. 89043, entre muchos otros). \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0confirmar\u00e1, por tanto, el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. CONFIRMAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencia de tutela proferida el 7 de diciembre de 2018 por la Sala \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior de Monter\u00eda, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que neg\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a BERNARDO TEJERA CASTILLO. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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