\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
STP12416-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 106494 \u00a0<\/p>\n
(Aprobaci\u00f3n \u00a0Acta No. 224) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., tres (3) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) \u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Resuelve la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisi\u00f3n de \u00a0Tutelas, la acci\u00f3n promovida por Junior Santiago Miranda \u00a0contra el Juzgado Diecis\u00e9is de Ejecuci\u00f3n de Penas y \u00a0Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 y la Sala Penal del Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n \u00a0de las decisiones mediante las cuales le fue denegado el beneficio \u00a0administrativo de permiso hasta de setenta y dos (72) horas. \u00a0<\/p>\n
El Consejo de Evaluaci\u00f3n y \u00a0Tratamiento, el \u00e1rea jur\u00eddica y la Direcci\u00f3n del \u00a0Complejo Penitenciario y Carcelario \u201cLa Picota\u201d de \u00a0Bogot\u00e1, fueron vinculados como terceros con inter\u00e9s \u00a0leg\u00edtimo en el presente asunto. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
Y \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Junior Santiago Miranda solicita el \u00a0amparo de su derecho fundamental de resocializaci\u00f3n con \u00a0ocasi\u00f3n de las decisiones mediante las cuales le fue denegado \u00a0el beneficio administrativo de permiso hasta de setenta y dos (72) \u00a0horas, aduciendo que no ha redimido pena desde que ingres\u00f3 al \u00a0establecimiento carcelario. \u00a0<\/p>\n
Interpuso recurso de reposici\u00f3n \u00a0y en subsidio de apelaci\u00f3n, indicando que s\u00ed ha \u00a0redimido pena conforme a los certificados emitidos por el \u00a0Establecimiento Penitenciario. \u00a0<\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, \u00a0solicit\u00f3 se ampare su derecho a la resocializaci\u00f3n y en \u00a0consecuencia se ordene conceder el beneficio administrativo de \u00a0permiso de hasta por 72 horas. \u00a0<\/p>\n
RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. La Magistrada Ponente de la Sala Penal del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, inform\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el tr\u00e1mite seguido respecto del proceso radicado No. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a011001600001920120362701 indicando que mediante prove\u00eddo de 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de agosto de la presente anualidad resolvi\u00f3 el recurso de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0apelaci\u00f3n interpuesto en contra de la decisi\u00f3n emitida \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por el Juzgado 16 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Seguridad de Bogot\u00e1, confirm\u00e1ndola pues consider\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que el condenado no cumpl\u00eda con los requisitos establecidos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en el art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993 en concordancia con \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 232 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01998, concretamente \u201cque no haya trabajado, estudiado o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ense\u00f1ado durante todo el tiempo de reclusi\u00f3n\u201d \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0pues no figuraba dentro del plenario certificaci\u00f3n alguna \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sobre el particular. \u00a0<\/p>\n
En virtud de lo anterior, solicit\u00f3 se deniegue \u00a0el amparo invocado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. El Juzgado Diecis\u00e9is de Ejecuci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 y el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Establecimiento Penitenciario y Carcelario \u201cLa Picota\u201d \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de Bogot\u00e1, guardaron silencio. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA SALA \u00a0<\/p>\n
De conformidad con \u00a0lo previsto en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5 del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo \u00a01 del Decreto 1983 de 2017, esta Sala es \u00a0competente para resolver la acci\u00f3n de tutela interpuesta por \u00a0Junior Santiago Miranda, contra el \u00a0Juzgado Diecis\u00e9is de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad Bogot\u00e1 y la Sala Penal del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Bogot\u00e1 con ocasi\u00f3n de las \u00a0decisiones mediante las cuales le fue denegado el beneficio \u00a0administrativo de permiso hasta de setenta y dos (72) horas. \u00a0<\/p>\n
Al respecto, el \u00a0problema jur\u00eddico que convoca a la Sala consiste en determinar \u00a0si contra las decisiones mediante las cuales le fue denegado \u00a0al accionante el beneficio administrativo de permiso hasta de setenta \u00a0y dos (72) horas, se configuran los \u00a0requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra \u00a0providencias judiciales, y por ende debe concederse el amparo \u00a0invocado. \u00a0<\/p>\n
Requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n \u00a0de tutela contra decisiones judiciales. \u00a0<\/p>\n
Como ha sido recurrentemente \u00a0recordado por esta Sala, la acci\u00f3n constitucional de tutela es \u00a0un mecanismo de protecci\u00f3n excepcional frente a providencias \u00a0judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos \u00a0requisitos de procedibilidad que implican una carga para el \u00a0accionante, tanto en su planteamiento como en su demostraci\u00f3n, \u00a0como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional. \u00a0<\/p>\n
Por este motivo, y como ha sido \u00a0desarrollado por la Doctrina constitucional, la acci\u00f3n de \u00a0tutela contra providencias judiciales exige: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a. Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de evidente relevancia constitucional. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
b. Que hayan sido agotados todos los medios \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0-ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de un perjuicio iusfundamental irremediable. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0vulneraci\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0determinante en la sentencia que se impugna y que ata\u00f1e a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los derechos fundamentales del accionante. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
e. Que el accionante identifique de manera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
f. Que la decisi\u00f3n judicial contra la cual \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se formula la acci\u00f3n de tutela no se corresponda con \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencias de tutela. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Los anteriores requisitos, no pueden \u00a0quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte \u00a0Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las \u00a0decisiones T-332, T-212 y T-780 de 2006, reforzando lo dicho en la \u00a0primera de las mencionadas providencias, en el sentido que, cuando se \u00a0trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las \u00a0mismas solo pueden tener cabida \u00ab\u2026si \u00a0se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro \u00a0de estos pueden distinguirse unos de car\u00e1cter general, que \u00a0habilitan la interposici\u00f3n de la tutela, y otros de car\u00e1cter \u00a0espec\u00edfico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una \u00a0vez interpuesta\u00bb. \u00a0<\/p>\n
En punto de las \u00a0exigencias espec\u00edficas, como fue recogido en la sentencia \u00a0C-590 de 2005, han sido establecidas las que a \u00a0continuaci\u00f3n se relacionan: \u00a0<\/p>\n
a. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Defecto \u00a0org\u00e1nico, que se presenta cuando el funcionario judicial que \u00a0profiri\u00f3 la providencia impugnada carece absolutamente de \u00a0competencia para ello. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuando el juez actu\u00f3 completamente al margen del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procedimiento establecido.<\/p>\n
c. Defecto f\u00e1ctico, el cual surge cuando el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del supuesto legal en el que se sustenta la decisi\u00f3n.<\/p>\n
d. Defecto material o sustantivo, como son los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0casos en que se decide con base en normas inexistentes o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0inconstitucionales1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los fundamentos y la decisi\u00f3n;<\/p>\n
e. Error inducido, el cual surge cuando el juez o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tribunal fue v\u00edctima de un enga\u00f1o por parte de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0terceros y ese enga\u00f1o lo condujo a la toma de una decisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que afecta derechos fundamentales.<\/p>\n
f. Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0explicitar los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de sus \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0reposa la legitimidad de su \u00f3rbita funcional.<\/p>\n
g. Desconocimiento del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por ejemplo, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0[2].<\/p>\n
h. Violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Queda entonces claro que en \u00a0atenci\u00f3n a la fuerza normativa de la cosa juzgada y al respeto \u00a0de la autonom\u00eda judicial, la acci\u00f3n consagrada en el \u00a0art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando se \u00a0dirige a cuestionar una decisi\u00f3n judicial, tiene car\u00e1cter \u00a0excepcional, y su prosperidad est\u00e1 atada a que se cumplan los \u00a0requisitos de procedibilidad anteriormente enunciados. De manera que \u00a0quien acude a ella tiene la carga no s\u00f3lo respecto de su \u00a0planteamiento, sino de su demostraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Sobre el fin resocializador de la pena y la \u00a0concesi\u00f3n de beneficios administrativos. Reiteraci\u00f3n de \u00a0jurisprudencia. \u00a0<\/p>\n
Como fue puesto de \u00a0presente por esta Sala en la decisi\u00f3n STP864-2017 proferida el \u00a024 de enero de 2017 dentro del radicado 89755, una de las \u00a0funciones de la pena es la prevenci\u00f3n especial positiva que \u00a0consiste en buscar la resocializaci\u00f3n del condenado, \u00a0respetando su autonom\u00eda y dignidad humana, pues el objeto del \u00a0derecho penal no es excluir al infractor de la sociedad, sino \u00a0promover la reinserci\u00f3n de este, ofreci\u00e9ndole \u00a0todos los medios razonables encaminados a alcanzarla. \u00a0<\/p>\n
Con tal fin, el C\u00f3digo \u00a0Penitenciario y Carcelario prev\u00e9 unos mecanismos \u00a0terap\u00e9uticos mediante los cuales se pretende potenciar las \u00a0cualidades de los penados y prepararlos para la vida en libertad, y \u00a0unos beneficios administrativos que pueden implicar reducci\u00f3n \u00a0del tiempo de privaci\u00f3n de \u00e9sta. \u00a0<\/p>\n
An\u00e1lisis del caso concreto \u00a0<\/p>\n
En el caso del accionante, se \u00a0evidencia que las autoridades accionadas le denegaron el beneficio \u00a0administrativo de permiso hasta de setenta y dos (72) horas porque no \u00a0cumple con el requisito previsto en el numeral 6 del art\u00edculo \u00a0147 del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario, el cual establece \u00a0que el condenado debe haber trabajado, estudiado o ense\u00f1ado \u00a0durante la reclusi\u00f3n: \u00a0<\/p>\n
ART\u00cdCULO 147. PERMISO HASTA DE SETENTA Y DOS \u00a0HORAS. La Direcci\u00f3n del Instituto Penitenciario y Carcelario \u00a0podr\u00e1 conceder permisos con la regularidad que se establecer\u00e1 \u00a0al respecto, hasta de setenta y dos horas, para salir del \u00a0establecimiento, sin vigilancia, a los condenados que re\u00fanan \u00a0los siguientes requisitos: \u00a0<\/p>\n
1. Estar en la fase de mediana seguridad. \u00a0<\/p>\n
2. Haber descontado una tercera parte de la pena \u00a0impuesta. \u00a0<\/p>\n
3. No tener requerimientos de ninguna autoridad \u00a0judicial. \u00a0<\/p>\n
4. No registrar fuga ni tentativa de ella, durante el \u00a0desarrollo del proceso ni la ejecuci\u00f3n de la sentencia \u00a0condenatoria. \u00a0<\/p>\n
5. [Modificado por el art\u00edculo 29 de la Ley \u00a0504 de 1999] Haber descontado el setenta por ciento (70%) de la \u00a0pena impuesta, trat\u00e1ndose de condenados por los delitos de \u00a0competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados. \u00a0<\/p>\n
6. Haber trabajado, estudiado o ense\u00f1ado \u00a0durante la reclusi\u00f3n y observado buena conducta, certificada \u00a0por el Consejo de Disciplina. (Resaltado fuera del texto \u00a0original). \u00a0<\/p>\n
En el caso del Juzgado \u00a0Diecis\u00e9is de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0de Bogot\u00e1, se observa que de acuerdo a lo consignado en la \u00a0decisi\u00f3n de segunda instancia, \u00e9ste encontr\u00f3 \u00a0insatisfecho el referido requisito. \u00a0<\/p>\n
Por este motivo, el accionante interpuso recurso de \u00a0apelaci\u00f3n, censurando que le fue concedida redenci\u00f3n de \u00a0pena mediante prove\u00eddos de 18 de mayo de 2016, 21 de junio de \u00a02017 y 16 de agosto de 2018. \u00a0<\/p>\n
Al respecto, debe \u00a0recordarse que el acto de impugnar las providencias judiciales es la \u00a0manera mediante la cual la parte que se siente perjudicada busca la \u00a0invalidaci\u00f3n del acto presuntamente irregular, y su raz\u00f3n \u00a0de ser reposa en la falibilidad de los funcionarios judiciales, \u00a0quienes como seres humanos se equivocan en algunas ocasiones y ese \u00a0derecho que a la postre es una garant\u00eda reconocida \u00a0constitucionalmente, pretende el m\u00e1s alto grado de certeza en \u00a0las decisiones judiciales, que a la vez se traduce en una mayor \u00a0seguridad jur\u00eddica. \u00a0<\/p>\n
En el presente \u00a0caso, se constata que esta garant\u00eda del debido proceso se \u00a0materializ\u00f3, pues la Sala Penal del Tribunal Superior \u00a0del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 procedi\u00f3 a revisar su \u00a0caso desde un espectro m\u00e1s amplio que se corresponde con el \u00a0marco jur\u00eddico vigente. \u00a0<\/p>\n
Si bien esta autoridad accionada \u00a0decidi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n adoptada por la primera \u00a0instancia, se evidencia que su determinaci\u00f3n est\u00e1 \u00a0basada en consideraciones razonables, seg\u00fan las cuales es al \u00a0INPEC a quien le corresponde expedir la certificaci\u00f3n de \u00a0actividades realizadas por el penado y remitirlas al juzgado \u00a0vigilante de la pena. \u00a0<\/p>\n
Si bien las \u00a0decisiones adoptadas en el marco de los procedimientos pueden \u00a0resultar contrarias a los intereses de alguno de los sujetos \u00a0procesales, la Ley estableci\u00f3 diversos mecanismos para \u00a0cuestionarlas. \u00a0<\/p>\n
La simple \u00a0discrepancia o desacuerdo con el contenido de una decisi\u00f3n no \u00a0habilita la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, \u00a0porque este mecanismo excepcional no fue dise\u00f1ado como una \u00a0instancia adicional. \u00a0<\/p>\n
Dentro de la \u00a0autonom\u00eda que se garantiza y reconoce a los funcionarios \u00a0judiciales, est\u00e1 la de interpretar las normas para resolver el \u00a0caso concreto, y esa labor permite que la comprensi\u00f3n que \u00a0lleguen a tener distintos jueces sobre una misma norma sea diversa, y \u00a0que unas interpretaciones sean mejor recibidas que otras. De manera \u00a0que la razonabilidad de la argumentaci\u00f3n \u00a0presentada \u00a0resulta relevante al momento de hacer la valoraci\u00f3n \u00a0respectiva. \u00a0<\/p>\n
Dado que en el presente asunto se \u00a0evidencia que la decisi\u00f3n adoptada por la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 se \u00a0corresponde con el marco jur\u00eddico aplicable, y \u00a0que el accionante puede volver a solicitar el beneficio \u00a0administrativo de permiso hasta de setenta y dos (72) horas \u00a0cuando considere que cumple con los criterios que esa autoridad \u00a0razonablemente le fij\u00f3, lo procedente es denegar el amparo \u00a0invocado porque no se evidencia que se configure alguno \u00a0de los requisitos espec\u00edficos de procedibilidad de la acci\u00f3n \u00a0de tutela contra decisiones judiciales. \u00a0<\/p>\n
Por lo expuesto, \u00a0la CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u2013 EN SALA DE \u00a0DECISI\u00d3N DE ACCIONES DE TUTELA N\u00b0 1, administrando \u00a0justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. DENEGAR el amparo invocado por Junior Santiago \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Miranda, contra el Juzgado Diecis\u00e9is de Ejecuci\u00f3n de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 y la Sala Penal del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, por las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0razones anotadas en precedencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. NOTIFICAR a los sujetos procesales por el medio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0m\u00e1s expedito el presente fallo, inform\u00e1ndoles que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0puede ser impugnado dentro de los tres d\u00edas siguientes, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0contados a partir de su notificaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. Si no fuere impugnado, env\u00edese la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0revisi\u00f3n, dentro del t\u00e9rmino indicado en el art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a031 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00cddem. Sentencia T-522 de 2001. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00abCfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencias T-462 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02003 ; SU-1184 de 2001 ; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001.\u00bb \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 STP12416-2019 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 106494 \u00a0 (Aprobaci\u00f3n \u00a0Acta No. 224) \u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., tres (3) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) \u00a0 VISTOS \u00a0 Resuelve la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisi\u00f3n de \u00a0Tutelas, la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-45469","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-28"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45469","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=45469"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45469\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=45469"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=45469"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=45469"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}