\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
STP1231-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 102473 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0n.\u00ba 32 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., siete (07) de febrero de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la impugnaci\u00f3n presentada por el ciudadano JORGE \u00a0EDUARDO RUBIANO, contra el fallo emitido el 31 de octubre de 2018 por \u00a0la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0que \u00a0neg\u00f3 por improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida \u00a0contra la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la misma Corporaci\u00f3n, \u00a0la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Cartagena, los Juzgados Cuarto, Sexto y S\u00e9ptimo Civiles \u00a0Municipales de la misma ciudad y la se\u00f1ora Carmen Gertrudis \u00a0Iriarte de Arcila. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE \u00a0LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Los hechos y \u00a0pretensiones de la demanda fueron resumidos en el fallo de primera \u00a0instancia de la siguiente manera: \u00a0<\/p>\n
Del escrito de \u00a0tutela y sus anexos se observa que el accionante present\u00f3 \u00a0s\u00faplica constitucional con el fin de que se ordene al Juzgado \u00a0Cuarto Civil Municipal \u00abdictar sentencia dentro de la demanda \u00a0371-2005, en los t\u00e9rminos y con el procedimiento establecido \u00a0en el art\u00edculo 404 y siguientes del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Civil. (El expediente reposa en el Juzgado S\u00e9ptimo \u00a0Civil Municipal de Cartagena remarcado con el n\u00famero \u00a0770-2012)\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Lo anterior, \u00a0con fundamento en que al interior del litigio ejecutivo que la se\u00f1ora \u00a0Carmen Gertrudis Iriarte propuso en su contra \u00abla demanda \u00a0371-2005 fue admitida en forma ilegal, toda vez, que dicha demanda no \u00a0pas\u00f3 por la carrera judicial, sino que el abogado de la parte \u00a0demandante (\u2026), la present\u00f3 directamente al Juzgado \u00a0Cuarto Civil Municipal de Cartagena y la Secretaria del referido \u00a0juzgado (\u2026) la recibi\u00f3 y la radic\u00f3 con el n\u00famero \u00a0371-2005 sin pasar por la Oficina de reparto judicial\u00bb; de otra \u00a0parte que \u00ablos n\u00famero 391-2008 del Juzgado Sexto Civil \u00a0Municipal de Cartagena y 770-2012 del Juzgado S\u00e9ptimo Civil \u00a0Municipal, se los invent\u00f3 la (\u2026) Jefe de la Oficina de \u00a0reparto judicial de Cartagena y se los puso arbitrariamente a la \u00a0mencionada demanda\u00bb, as\u00ed como otras irregularidades \u00a0 procesales que en su criterio violentan sus prerrogativas \u00a0constitucionales deprecadas. \u00a0<\/p>\n
EL FALLO \u00a0IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala de Casacion Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante \u00a0fallo del 31 de octubre del a\u00f1o inmediatamente anterior, neg\u00f3 \u00a0por improcedente el amparo constitucional, al advertir que el \u00a0accionante ha interpuesto contra las mismas autoridades judiciales, \u00a0por similares hechos y con igual pretensi\u00f3n, alrededor de 150 \u00a0acciones de tutela, las que han sido objeto de m\u00faltiples y \u00a0reiterados pronunciamientos, entre otras autoridades, por las \u00a0diferentes Salas de Casaci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n \u00a0judicial. \u00a0<\/p>\n
LA \u00a0IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Inconforme \u00a0con la decisi\u00f3n, el accionante la impugna, \u00a0para lo cual plantea similares argumentos a los que expuso en su \u00a0escrito inicial. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
La \u00a0competencia de la Sala para pronunciarse sobre la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta est\u00e1 determinada por el art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015 \u2013 \u00danico \u00a0Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho \u2013 (Modificado \u00a0por el Decreto 1983 de 2017), en concordancia con el art\u00edculo \u00a044 del reglamento de la Corporaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0establece que toda personas tiene derecho a promover acci\u00f3n de \u00a0tutela ante los jueces con miras a obtener la protecci\u00f3n \u00a0inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando por \u00a0acci\u00f3n u omisi\u00f3n le sean vulnerados o amenazados por \u00a0cualquier autoridad p\u00fablica o particulares en los casos \u00a0previstos de manera expresa en la ley, siempre que no exista otro \u00a0recurso o medio de defensa judicial o, existiendo, cuando la tutela \u00a0se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio de \u00a0car\u00e1cter irremediable. \u00a0<\/p>\n
Cuando \u00a0la persona facultada por la Carta Pol\u00edtica para promover la \u00a0defensa de sus garant\u00edas fundamentales, vali\u00e9ndose de \u00a0la previsi\u00f3n en virtud de la cual el instrumento propicio para \u00a0tal fin puede instaurarse ante cualquier juez de la Rep\u00fablica, \u00a0promueve un n\u00famero plural de acciones de tutela de manera \u00a0concomitante o subsiguiente por una causa id\u00e9ntica, la \u00a0actividad por ella desplegada resulta ser notoriamente temeraria. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0actuaci\u00f3n temeraria se encuentra regulada por el art\u00edculo \u00a038 del decreto 2591 de 1991, que se\u00f1ala: \u00abActuaci\u00f3n \u00a0temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma \u00a0acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su \u00a0representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o \u00a0decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, la temeridad, en sentido estricto, se configura cuando se \u00a0presentan los siguientes elementos:\u00a0(i) \u00a0identidad de partes; (ii) \u00a0identidad de hechos; (iii) \u00a0identidad de pretensiones; y (iv) \u00a0la ausencia de justificaci\u00f3n en la presentaci\u00f3n de la \u00a0nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte \u00a0del libelista1. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el sub \u00a0examine, tal \u00a0como lo advirti\u00f3 la Sala de primera instancia, es patente la \u00a0temeridad. En efecto, los informes rendidos por las autoridades \u00a0vinculadas a esta actuaci\u00f3n constitucional, sumado a la \u00a0consulta realizada al Registro de Actuaciones de esta Corporaci\u00f3n \u00a0evidencia que son numerosas las solicitudes de amparo que el se\u00f1or \u00a0JORGE EDUARDO RUBIANO ha promovido en numerosas y pret\u00e9ritas \u00a0oportunidades contra la misma Corporaci\u00f3n y Juzgados, por \u00a0similares hechos y pretensiones a las aqu\u00ed cuestionadas. \u00a0<\/p>\n
Aun \u00a0cuando pretenda, con nuevos escritos, disfrazar su proceder aduciendo \u00a0circunstancias que en nada cambian la esencia de la causa pretendida, \u00a0que guarda identidad entre los amparos incoados con anterioridad y el \u00a0que concita la atenci\u00f3n de la Corte, su reiterada conducta de \u00a0acudir al Juez Constitucional en procura de la protecci\u00f3n de \u00a0sus garant\u00edas, sin lugar a dudas configura un abuso \u00a0desproporcionado en el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, que \u00a0pugna con su naturaleza. \u00a0<\/p>\n
Sobre este puntal \u00a0aspecto, la Corte Constitucional en sentencia T- 184 de 2005, \u00a0dispuso: \u00a0<\/p>\n
En aras de \u00a0hacer efectivos los principios constitucionales de buena fe y de \u00a0presunci\u00f3n de inocencia previstos en los art\u00edculos 29 y \u00a083 del Texto Superior, esta Corporaci\u00f3n ha determinado que la \u00a0imposici\u00f3n de cualquier sanci\u00f3n pecuniaria debe \u00a0someterse al respeto del derecho de audiencia bilateral y \u00a0contradicci\u00f3n. As\u00ed las cosas, es imprescindible otorgar \u00a0al imputado, en el mismo proceso en que supuestamente se incurri\u00f3 \u00a0en la actuaci\u00f3n temeraria, la oportunidad de ser o\u00eddo \u00a0respecto del comportamiento desleal que se le endilga, de ejercer \u00a0cabalmente su derecho de defensa y de presentar las pruebas que \u00a0corroboren su punto de vista. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA, \u00a0SALA DE CASACI\u00d3N PENAL, Sala Segunda de Decisi\u00f3n de \u00a0Tutelas, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
R E S U E L V \u00a0E: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Confirmar \u00a0el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Notificar \u00a0esta providencia de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo \u00a030 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Rem\u00edtase \u00a0el \u00a0proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese \u00a0y c\u00famplase \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA \u00a0GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ver entre otras, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencias:\u00a0T-568 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 2006 M.P. Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o, T-951 de 2005 M.P. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Humberto Antonio Sierra Porto, T-410 de 2005 M.P. Clara In\u00e9s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Vargas Hern\u00e1ndez. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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