\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
STP11657-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 106002 \u00a0<\/p>\n
(Aprobaci\u00f3n \u00a0Acta No. 210) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinte (20) de agosto de dos \u00a0mil diecinueve (2019) \u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Decide \u00a0la Sala el recurso de impugnaci\u00f3n interpuesto por Nidya \u00a0Astrid Guti\u00e9rrez Reina, contra el \u00a0fallo de tutela proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 10 de julio de 2019, mediante \u00a0el cual deneg\u00f3 el amparo invocado contra la Fiscal\u00eda \u00a0Treinta y Dos delegada ante los Jueces Penales del Circuito de \u00a0Bogot\u00e1. \u00a0<\/p>\n
Fueron vinculados \u00a0como terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo en el asunto la \u00a0Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Inspecci\u00f3n \u00a0de Polic\u00eda de Cachipay (Cundinamarca) y las dem\u00e1s \u00a0partes e intervinientes en la indagaci\u00f3n preliminar \u00a011001600050201845127. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
Y \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Fueron \u00a0recogidos en el fallo de tutela de primera instancia en los \u00a0siguientes t\u00e9rminos:1 \u00a0<\/p>\n
La demandante acude a la acci\u00f3n de tutela, \u00a0tras considerar que la autoridad judicial accionada le vulner\u00f3 \u00a0los derechos de petici\u00f3n, debido proceso y acceso efectivo a \u00a0la administraci\u00f3n de justicia, al no resolver de fondo sus \u00a0solicitudes relacionadas con la realizaci\u00f3n de la inspecci\u00f3n \u00a0judicial al predio denominado \u201ccamino al agua\u201d ubicado en \u00a0el municipio de Cachipay (Cundinamarca), dentro del proceso de \u00a0radicado 110016000050201845127, en donde figura como v\u00edctima. \u00a0<\/p>\n
En la misma demanda, invoc\u00f3 medida provisional \u00a0para que el juez constitucional \u201cdecrete medida cautelar por el \u00a0valor de 16.366.082.512, por obstrucci\u00f3n de la realizaci\u00f3n \u00a0de la inspecci\u00f3n judicial. (Textual). \u00a0<\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
El \u00a010 de julio de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 el amparo invocado por Nidya \u00a0Astrid Guti\u00e9rrez Reina, pues el \u00a018 de junio de 2019 la Fiscal\u00eda \u00a0Treinta y Dos delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogot\u00e1 \u00a0resolvi\u00f3 archivar la indagaci\u00f3n \u00a0preliminar 11001600050201845127 por atipicidad de la conducta, \u00a0y contra esa decisi\u00f3n la accionante no ha solicitado el \u00a0desarchivo. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Tribunal precis\u00f3 que la procedencia de la solicitud de \u00a0inspecci\u00f3n judicial a su predio, por corresponderse con un \u00a0procedimiento reglado, debe determinarse en el marco del \u00a0procedimiento, pues es una manifestaci\u00f3n del derecho de \u00a0postulaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0advirti\u00f3 que con ocasi\u00f3n de la presunta perturbaci\u00f3n \u00a0de su propiedad, la accionante ha podido promover una querella ante \u00a0las autoridades de Polic\u00eda.2 \u00a0<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
El 15 de julio de \u00a02019, la accionante interpuso recurso de impugnaci\u00f3n, a partir \u00a0del cual se infiere que insiste en la obligatoriedad de la \u00abprueba \u00a0anticipada\u00bb, esto es, la \u00a0inspecci\u00f3n al predio \u00abCamino \u00a0De Agua\u00bb que solicit\u00f3, \u00a0en el deber de indemnizar en caso de adquisici\u00f3n de \u00a0servidumbres en materia de servicios p\u00fablicos y la obligaci\u00f3n \u00a0de denunciar e investigar la comisi\u00f3n de posibles delitos.3 \u00a0<\/p>\n
Posteriormente, \u00a0Nidya Astrid Guti\u00e9rrez Reina \u00a0present\u00f3 cinco memoriales, a partir de los cuales es posible \u00a0inferir que lo que pretende es que se revoque el fallo de tutela de \u00a0primera instancia y se conceda tanto la medida provisional como el \u00a0amparo que solicit\u00f3, pues considera que la decisi\u00f3n de \u00a0archivo emitida por la Fiscal\u00eda \u00a0Treinta y Dos delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogot\u00e1 \u00a0es arbitraria e injusta. \u00a0<\/p>\n
La accionante \u00a0critica que no se le haya corrido traslado de la respuesta brindada \u00a0por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda \u00a0de Cachipay (Cundinamarca), en relaci\u00f3n con quien tambi\u00e9n \u00a0cuestiona la respuesta que le brind\u00f3 a \u00a0la solicitud que le formul\u00f3 v\u00eda electr\u00f3nica el \u00a0pasado 19 de julio, mediante la cual le inform\u00f3 que no puede \u00a0adelantar querella policiva y que tampoco ha sido vinculada a la \u00a0indagaci\u00f3n preliminar 11001600050201845127. \u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0solicita que esta Sala haga uso de los poderes correccionales con los \u00a0que est\u00e1 revestida, y en consecuencia sancione a la Fiscal\u00eda \u00a0Treinta y Dos delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogot\u00e1 \u00a0por no haber vinculado a la Inspecci\u00f3n \u00a0de Polic\u00eda de Cachipay (Cundinamarca) a la indagaci\u00f3n \u00a0preliminar 11001600050201845127.4 \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA SALA \u00a0<\/p>\n
De conformidad con \u00a0lo previsto en el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta \u00a0Sala es competente para resolver el recurso de impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesto por Nidya Astrid Guti\u00e9rrez \u00a0Reina, contra la decisi\u00f3n proferida \u00a0por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Bogot\u00e1. \u00a0<\/p>\n
Cuesti\u00f3n preliminar. \u00a0<\/p>\n
En sus diferentes \u00a0memoriales la accionante ha cuestionado que los jueces que han \u00a0conocido la presente solicitud de amparo no corrieron traslado de las \u00a0respuestas e informes rendidos por las autoridades accionadas y \u00a0vinculadas al presente tr\u00e1mite. Considera que esa omisi\u00f3n \u00a0amerita que se decrete la nulidad de lo actuado. \u00a0<\/p>\n
Al respecto, la \u00a0Sala debe recordar que la acci\u00f3n constitucional de tutela es \u00a0un procedimiento excepcional y expedito para garantizar la protecci\u00f3n \u00a0de derechos fundamentales y evitar la configuraci\u00f3n de un \u00a0perjuicio irremediable frente a los mismos. \u00a0<\/p>\n
Por ello, en el \u00a0procedimiento establecido mediante el Decreto 2591 de 1991, el \u00a0Legislador no previ\u00f3 que deba correrse traslado de cada una de \u00a0las solicitudes o respuestas que las partes y vinculados allegan, \u00a0sino que estableci\u00f3 que las mismas se constituyen en informes \u00a0y medios de prueba para que el juez de tutela determine si funda su \u00a0decisi\u00f3n en los mismos. \u00a0<\/p>\n
De ah\u00ed que \u00a0en el presente tr\u00e1mite de tutela no se advierte que se haya \u00a0presentado alguna irregularidad que vicie de nulidad las actuaciones \u00a0adelantadas, pues el juez de tutela integr\u00f3 adecuadamente el \u00a0contradictorio, decret\u00f3 las pruebas que consider\u00f3 \u00a0pertinentes y valor\u00f3 las que la accionante aport\u00f3. \u00a0<\/p>\n
Problema jur\u00eddico. \u00a0<\/p>\n
Precisado lo \u00a0anterior, el problema jur\u00eddico que convoca a la Sala consiste \u00a0en establecer si en relaci\u00f3n con la resoluci\u00f3n de 18 de \u00a0junio de 2019, mediante la cual se resolvi\u00f3 archivar la \u00a0indagaci\u00f3n preliminar 11001600050201845127, \u00a0se configuraron los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n \u00a0de tutela contra providencias judiciales y, en consecuencia, lo \u00a0procedente es revocar el fallo de tutela de primera instancia y \u00a0conceder el amparo invocado. \u00a0<\/p>\n
Requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n \u00a0de tutela contra decisiones judiciales. \u00a0<\/p>\n
Como ha sido recurrentemente \u00a0recordado por esta Sala, la acci\u00f3n constitucional de tutela es \u00a0un mecanismo de protecci\u00f3n excepcional frente a providencias \u00a0judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos \u00a0requisitos de procedibilidad que implican una carga para la \u00a0accionante, tanto en su planteamiento como en su demostraci\u00f3n, \u00a0como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional. \u00a0<\/p>\n
Por este motivo, y como ha sido \u00a0desarrollado por la Doctrina constitucional, la acci\u00f3n de \u00a0tutela contra providencias judiciales exige: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a. Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de evidente relevancia constitucional. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
b. Que hayan sido agotados todos los medios \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0-ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de un perjuicio iusfundamental irremediable. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0vulneraci\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0determinante en la sentencia que se impugna y que ata\u00f1e a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los derechos fundamentales de la accionante. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
e. Que la accionante identifique de manera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
f. Que la decisi\u00f3n judicial contra la cual \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se formula la acci\u00f3n de tutela no se corresponda con \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencias de tutela. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Los anteriores requisitos, no pueden \u00a0quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte \u00a0Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las \u00a0decisiones T-332, T-212 y T-780 de 2006, reforzando lo dicho en la \u00a0primera de las mencionadas providencias, en el sentido que, cuando se \u00a0trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las \u00a0mismas solo pueden tener cabida \u00ab\u2026si \u00a0se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro \u00a0de estos pueden distinguirse unos de car\u00e1cter general, que \u00a0habilitan la interposici\u00f3n de la tutela, y otros de car\u00e1cter \u00a0espec\u00edfico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una \u00a0vez interpuesta\u00bb. \u00a0<\/p>\n
En punto de las \u00a0exigencias espec\u00edficas, como fue recogido en la sentencia \u00a0C-590 de 2005, han sido establecidas las que a \u00a0continuaci\u00f3n se relacionan: \u00a0<\/p>\n
a. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Defecto \u00a0org\u00e1nico, que se presenta cuando el funcionario judicial que \u00a0profiri\u00f3 la providencia impugnada carece absolutamente de \u00a0competencia para ello. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0completamente al margen del procedimiento establecido.<\/p>\n
c. Defecto f\u00e1ctico, el cual surge cuando el juez carece del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en el que se sustenta la decisi\u00f3n.<\/p>\n
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0con base en normas inexistentes o inconstitucionales5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los fundamentos y la decisi\u00f3n;<\/p>\n
e. Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fundamentales.<\/p>\n
f. Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que implica el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de sus decisiones, en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el entendido que precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0legitimidad de su \u00f3rbita funcional.<\/p>\n
g. Desconocimiento del precedente, hip\u00f3tesis \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0jur\u00eddica del contenido constitucionalmente vinculante del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0derecho fundamental vulnerado [6].<\/p>\n
h. Violaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0directa de la Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Queda entonces claro que en \u00a0atenci\u00f3n a la fuerza normativa de la cosa juzgada y al respeto \u00a0de la autonom\u00eda judicial, la acci\u00f3n consagrada en el \u00a0art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando se \u00a0dirige a cuestionar una decisi\u00f3n judicial, tiene car\u00e1cter \u00a0excepcional, y su prosperidad est\u00e1 atada a que se cumplan los \u00a0requisitos de procedibilidad anteriormente enunciados. De manera que \u00a0quien acude a ella tiene la carga no s\u00f3lo respecto de su \u00a0planteamiento, sino de su demostraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
An\u00e1lisis del caso \u00a0concreto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. La Sala que confirmar\u00e1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la determinaci\u00f3n de no conceder el amparo invocado por la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0accionante, porque a partir de las pruebas aportadas se constata que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Nidya Astrid Guti\u00e9rrez Reina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0voluntariamente ha resuelto no comparecer en la Fiscal\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Treinta y Dos delegada ante los Jueces Penales del Circuito de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1 para notificarse de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0resoluci\u00f3n de archivo de la indagaci\u00f3n preliminar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a011001600050201845127 proferida el pasado 18 de junio de 2019, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ni solicitar el desarchivo ante esa autoridad judicial. \u00a0<\/p>\n
A partir de sus alegaciones, es \u00a0posible inferir que, para la accionante, las presuntas \u00a0irregularidades que se han presentado en el tr\u00e1mite de la \u00a0denuncia que formul\u00f3 son suficientes para que el juez \u00a0constitucional de tutela intervenga en su caso y determine la \u00a0viabilidad de decretar unas pruebas, ordenar unas indemnizaciones, \u00a0as\u00ed como vincular a autoridades que presuntamente tienen un \u00a0inter\u00e9s leg\u00edtimo en el asunto. \u00a0<\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que la \u00a0acci\u00f3n de tutela no es una instancia adicional o paralela para \u00a0discutir aspectos que deben revisarse mediante el procedimiento \u00a0ordinario. \u00a0<\/p>\n
En este caso, lo \u00a0que corresponde es que los argumentos presentados por Nidya \u00a0Astrid Guti\u00e9rrez Reina para \u00a0continuar con la indagaci\u00f3n preliminar 11001600050201845127 \u00a0sean valorados por la propia autoridad accionada y \u00a0de ser el caso, por el juez con Funci\u00f3n de Control de \u00a0Garant\u00edas, pues es el procedimiento que para tal efecto \u00a0estableci\u00f3 el Legislador en ejercicio de su libertad de \u00a0configuraci\u00f3n normativa.7 \u00a0<\/p>\n
As\u00ed, acoger \u00a0las pretensiones formuladas por la accionante en su recurso de \u00a0impugnaci\u00f3n, para que en sede de tutela sea revisado el \u00a0tr\u00e1mite adelantado en el marco de la indagaci\u00f3n \u00a0preliminar 11001600050201845127, cuando \u00a0esta es una funci\u00f3n por Ley concedida a la Fiscal\u00eda \u00a0Treinta y Dos delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogot\u00e1 \u00a0y eventualmente al juez con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas, \u00a0que s\u00f3lo se habilita con la solicitud de desarchivo, \u00a0implicar\u00eda el desconocimiento de esta acci\u00f3n \u00a0constitucional como mecanismo excepcional, pues se constituir\u00eda \u00a0en una v\u00eda m\u00e1s expedita que el procedimiento \u00a0establecido en la Ley 906 de 2004, desconociendo entonces el tr\u00e1mite \u00a0establecido para verificar que las decisiones judiciales sean \u00a0ajustadas a derecho. \u00a0<\/p>\n
Esa situaci\u00f3n \u00a0adem\u00e1s implicar\u00eda brindar un trato desigual \u00a0injustificado a la accionante frente a los dem\u00e1s \u00a0administrados, que encontr\u00e1ndose en sus mismas condiciones, s\u00ed \u00a0han agotado los mecanismos ordinarios de defensa. \u00a0<\/p>\n
Por estos motivos \u00a0lo procedente es confirmar el fallo de tutela de primera instancia y \u00a0lo decidido frente a la medida provisional solicitada por Nidya \u00a0Astrid Guti\u00e9rrez Reina. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Tampoco es posible \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0pronunciarse sobre la respuesta que la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de Cachipay (Cundinamarca) le brind\u00f3 a la accionante, con \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ocasi\u00f3n de la petici\u00f3n que le formul\u00f3 v\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0electr\u00f3nica el pasado 19 de julio, pues se trata de un hecho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0nuevo, diferente al que origin\u00f3 el presente tr\u00e1mite. \u00a0<\/p>\n
Por lo expuesto, \u00a0la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N PENAL \u2013 EN SALA DE DECISI\u00d3N DE ACCIONES \u00a0DE TUTELA N\u00b0 1, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica \u00a0y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. CONFIRMAR el fallo de tutela \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0impugnado, por las razones anotadas en precedencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. NOTIFICAR a los sujetos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procesales el presente fallo, por el medio m\u00e1s expedito. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. Enviar la presente actuaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, dentro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del t\u00e9rmino indicado en el art\u00edculo 31 del Decreto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 76 a 77, cuaderno 1. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 76 a 83, cuaderno 1. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 93 a 107, cuaderno 1. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 3 a 32, cuaderno 2. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Corte Constitucional, sentencia T-522 de 2001. \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00ab Cfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencias T-462 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02003 ; SU-1184 de 2001 ; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001. \u00bb \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. Ley 906 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02004, inciso 2, art\u00edculo 79 en concordancia con los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0art\u00edculos 39 y 153 de esa misma normativa, y lo se\u00f1alado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-1154 de 2011. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 STP11657-2019 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 106002 \u00a0 (Aprobaci\u00f3n \u00a0Acta No. 210) \u00a0 Bogot\u00e1 D.C., veinte (20) de agosto de dos \u00a0mil diecinueve (2019) \u00a0 VISTOS \u00a0 Decide \u00a0la Sala el recurso de impugnaci\u00f3n interpuesto por Nidya \u00a0Astrid Guti\u00e9rrez Reina, contra el \u00a0fallo de tutela […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-45239","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-28"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45239","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=45239"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45239\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=45239"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=45239"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=45239"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}