\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP11640-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0106371 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No.218) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Corte la \u00a0acci\u00f3n de tutela interpuesta por el apoderado especial de LUZ \u00a0DARY GARC\u00cdA C\u00d3RDOBA, \u00a0contra el Juzgado 2\u00ba Promiscuo del Circuito de Puerto As\u00eds \u00a0y la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Distrito Judicial de \u00a0Mocoa por la presunta vulneraci\u00f3n a sus derechos \u00a0fundamentales. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron \u00a0vinculadas las \u00a0autoridades, partes e intervinientes reconocidos al interior del \u00a0proceso penal rad. 26568-31-89-002-2016-00143-00 seguido contra la \u00a0accionante. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE \u00a0LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
El \u00a028 de junio de 2017, el Juzgado 2\u00ba Promiscuo de Puerto As\u00eds \u00a0conden\u00f3 a LUZ \u00a0DARY GARC\u00cdA C\u00d3RDOBA \u00a0a la pena de 86 meses de prisi\u00f3n, tras declararla penalmente \u00a0responsable de la conducta punible de peculado por apropiaci\u00f3n, \u00a0conforme al allanamiento a cargos efectuado en la formulaci\u00f3n \u00a0de imputaci\u00f3n. As\u00ed mismo, le neg\u00f3 la suspensi\u00f3n \u00a0condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n \u00a0domiciliaria. \u00a0<\/p>\n
Contra \u00a0esa determinaci\u00f3n se interpuso recurso de apelaci\u00f3n y \u00a0el 12 de julio de 2019, la Sala \u00danica del Tribunal Superior de \u00a0Mocoa la confirm\u00f3 al evidenciar que no existi\u00f3 la falta \u00a0de claridad respecto de la pena a imponer a la procesada en la \u00a0formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n al momento de aceptar los \u00a0cargos, se acredit\u00f3 que la dosificaci\u00f3n fue ajustada a \u00a0los par\u00e1metros legales y no fue probada la calidad de madre \u00a0cabeza de familia ni la afectaci\u00f3n de los menores por ordenar \u00a0el cumplimiento de la pena en establecimiento de reclusi\u00f3n, \u00a0para lo que dispuso emitir la correspondiente orden de captura. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0juicio del representante de la accionante, la negativa al \u00a0reconocimiento de la prisi\u00f3n domiciliaria por su calidad de \u00a0madre cabeza de familia vulnera los derechos fundamentales de sus \u00a0menores hijos, toda vez que los abuelos maternos y paternos son \u00a0personas de la tercera edad y no est\u00e1n en capacidad de hacerse \u00a0cargo de sus nietos y su padre por las ocupaciones laborales no \u00a0dispone del tiempo necesario para los mismos. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior, el apoderado de GARC\u00cdA CORDOBA acudi\u00f3 a la \u00a0acci\u00f3n constitucional en procura del amparo a los derechos \u00a0fundamentales a la vida, salud, debido proceso e igualdad tanto de \u00a0los ni\u00f1os como de su representada. En consecuencia, solicit\u00f3 \u00a0revocar la decisi\u00f3n adoptada por el tribunal y en su lugar, \u00a0concederle la prisi\u00f3n domiciliaria con permiso de salidas a \u00a0consultas m\u00e9dicas para sus descendientes. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 14 \u00a0de agosto de 2019, la Sala admiti\u00f3 la demanda y corri\u00f3 \u00a0el traslado respectivo a los sujetos pasivos. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Presidente del Tribunal \u00a0Superior de Distrito Judicial de Mocoa, luego de realizar un recuento \u00a0de las actuaciones surtidas por esa Corporaci\u00f3n, inform\u00f3 \u00a0que contra la sentencia de segunda instancia cuestionada en la \u00a0presente acci\u00f3n constitucional, se interpuso recurso de \u00a0 casaci\u00f3n estando en t\u00e9rminos para presentar la demanda, \u00a0raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 declarar improcedente el \u00a0amparo invocado. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Juzgado 2\u00ba Promiscuo de Puerto As\u00eds defendi\u00f3 la \u00a0legalidad de las actuaciones desplegadas \u00a0en la primera instancia y destac\u00f3 que no se cumplen los \u00a0presupuestos jurisprudenciales de procedencia de la tutela contra \u00a0decisiones judiciales, por lo que pidi\u00f3 declarar su \u00a0improcedencia. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Fiscal\u00eda 41 Seccional de Putumayo se opuso a las pretensiones \u00a0al considerar que el tr\u00e1mite procesal estuvo ajustado a la \u00a0normatividad \u00a0que la rige, por lo que no fueron conculcados los derechos reclamados \u00a0por la demandante. \u00a0<\/p>\n
Finalmente, la \u00a0Procuradur\u00eda 99 Judicial II Penal inform\u00f3 que no actu\u00f3 \u00a0en las diligencias objeto de reproche, ya que ante el despacho de \u00a0primera instancia act\u00faa el Personero Municipal como \u00a0representante del Ministerio P\u00fablico. \u00a0<\/p>\n
Los \u00a0dem\u00e1s vinculados \u00a0guardaron silencio dentro del t\u00e9rmino conferido. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Al tenor de lo \u00a0normado en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del \u00a0Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del \u00a0Decreto 1983 de 2017, la Sala es competente para resolver este asunto \u00a0en primera instancia, por cuanto el procedimiento involucra un \u00a0tribunal superior de distrito judicial. \u00a0<\/p>\n
Pretende \u00a0la accionante someter las providencias emitidas en primera y segunda \u00a0instancia en el proceso penal seguido en su contra, a un nuevo \u00a0control por parte del juez constitucional. Adem\u00e1s, se anticipa \u00a0a censurar la eventual decisi\u00f3n que pueda adoptar la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en el evento de \u00a0resolver el recurso de casaci\u00f3n del que est\u00e1 pendiente \u00a0la presentaci\u00f3n de la demanda. \u00a0<\/p>\n
No obstante, la \u00a0acci\u00f3n de tutela, dado su car\u00e1cter residual y \u00a0subsidiario, no es el mecanismo indicado para estudiar y resolver la \u00a0inconformidad planteada, pues corresponde a un asunto que debe \u00a0alegarse y definirse al interior del proceso, mediante la aplicaci\u00f3n \u00a0e interpretaci\u00f3n normativa de competencia exclusiva del juez \u00a0natural. \u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0Sala ha reiterado \u00a0que no es procedente acudir a la solicitud de protecci\u00f3n \u00a0constitucional para intervenir dentro de procesos \u00a0en curso, \u00a0no s\u00f3lo porque ello desconoce la independencia y la autonom\u00eda \u00a0de que est\u00e1n revestidas las autoridades judiciales para \u00a0tramitar y resolver los asuntos de su competencia, sino porque tal \u00a0proceder desnaturaliza la filosof\u00eda que inspir\u00f3 la \u00a0acci\u00f3n de tutela como mecanismo residual de protecci\u00f3n \u00a0de los derechos superiores, mas no para su declaraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Las cr\u00edticas \u00a0puestas de presente constituyen un aspecto ajeno al \u00e1mbito de \u00a0injerencia del juez de tutela, que se limita a ejercer un control \u00a0constitucional, pero de ninguna manera extensivo al acierto de las \u00a0instancias, pues la acci\u00f3n de amparo ha sido instituida para \u00a0garantizar la defensa de los derechos fundamentales, pero no \u00a0constituye una instancia adicional o paralela a la de las autoridades \u00a0competentes. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el asunto bajo examen, la actuaci\u00f3n se encuentra en tr\u00e1mite, \u00a0espec\u00edficamente, \u00a0est\u00e1 corriendo el t\u00e9rmino para la presentaci\u00f3n \u00a0 de la demanda de casaci\u00f3n, que fue promovida ante el Tribunal \u00a0accionado. \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0en ese estadio procesal, ante \u00a0el funcionario competente, donde \u00a0debe la demandante presentar \u00a0las peticiones y argumentos encaminados a remediar cualquier \u00a0situaci\u00f3n que estime desconocedora de sus garant\u00edas, \u00a0tal y como lo viene haciendo. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, al existir un escenario natural de discusi\u00f3n sobre \u00a0el asunto sometido al conocimiento del juez constitucional, la tutela \u00a0demandada se torna improcedente, en los t\u00e9rminos previstos por \u00a0el \u00a0art\u00edculo 6-1 del Decreto 2591 de 1991 \u00a0(Corte Constitucional, Sentencia T \u2013 418 de 2003). \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0\u00faltimo, impera precisar que la parte actora no acredit\u00f3, \u00a0ni lo avizora la Corte, las condiciones de \u00abinminencia, \u00a0urgencia, gravedad e impostergabilidad\u00bb \u00a0(Sentencia T \u2013 081 de 2013) que caracterizan el perjuicio \u00a0irremediable \u00a0y, por tanto, no es posible soslayar el ejercicio de los mecanismos \u00a0legales de defensa con que cuenta. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, se \u00a0negar\u00e1 el amparo demandado. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00b0 2 de la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NEGAR \u00a0la acci\u00f3n de tutela presentada por el apoderado especial de \u00a0LUZ \u00a0DARY GARC\u00cdA C\u00d3RDOBA, \u00a0contra el Juzgado 2\u00ba Promiscuo del Circuito de Puerto As\u00eds \u00a0y la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Distrito Judicial de \u00a0Mocoa. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De \u00a0no ser impugnada esta decisi\u00f3n REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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