\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Eyder \u00a0Pati\u00f1o Cabrera \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
STP1113-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a0102503 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta n.\u00b0 24) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0resuelve la acci\u00f3n de tutela presentada por Jaime \u00a0Hever P\u00e9rez S\u00e1nchez contra \u00a0la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales y el Juzgado \u00a0Promiscuo del Circuito de Puerto Boyac\u00e1, por la presunta \u00a0vulneraci\u00f3n de \u00a0sus derechos al debido proceso y a la defensa. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0presente tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes \u00a0dentro del proceso penal identificado con el n.\u00b0 \u00a015572-60-00-029-2007-00036-02. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Hechos \u00a0y fundamentos de la acci\u00f3n \u00a0<\/p>\n
1.1. \u00a0De acuerdo con la informaci\u00f3n obrante en el expediente, se \u00a0extrae que el 15 de noviembre de 20111 \u00a0el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Boyac\u00e1 conden\u00f3 \u00a0a Jaime \u00a0Hever P\u00e9rez S\u00e1nchez a \u00a0194,66 meses de prisi\u00f3n por el delito de acceso carnal \u00a0violento en concurso homog\u00e9neo y sucesivo. Asimismo, le neg\u00f3 \u00a0la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y \u00a0la prisi\u00f3n domiciliaria. \u00a0<\/p>\n
1.2. \u00a0Contra esa determinaci\u00f3n la defensa del sentenciado interpuso \u00a0recurso de apelaci\u00f3n y el 19 de febrero de 20142 \u00a0la Sala de Descongesti\u00f3n Penal del Tribunal Superior de \u00a0Manizales la ratific\u00f3. \u00a0<\/p>\n
1.3. \u00a0Inconforme \u00a0con lo anterior, P\u00e9rez \u00a0S\u00e1nchez present\u00f3 \u00a0tutela en contra de los referidos despachos judiciales por la \u00a0vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00a0a la defensa. \u00a0<\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00a0los demandados dejaron de practicar las pruebas necesarias para \u00a0esclarecer los hechos objeto de investigaci\u00f3n y as\u00ed \u00a0demostrar la ausencia de responsabilidad penal. \u00a0<\/p>\n
Solicit\u00f3 \u00a0declarar la nulidad de las referidas diligencias. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Las respuestas \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Boyac\u00e1 \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Juez resumi\u00f3 las principales actuaciones e indic\u00f3 que \u00a0contra el fallo de segundo grado no se interpuso recurso de casaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0Fiscal\u00eda 2\u00aa Seccional de Puerto Boyac\u00e1 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0titular refiri\u00f3 que no se vulneraron los derechos \u00a0fundamentales del accionante, toda vez que al interior de la causa \u00a0penal adelantada en contra del actor por el delito de acceso carnal \u00a0violento agravado se respetaron todas las garant\u00edas de las \u00a0partes y se surtieron las fases del proceso hasta llegar al fallo de \u00a0segundo grado emitido por el Tribunal Superior de Manizales, el cual \u00a0no fue recurrido en casaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Problema \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0jur\u00eddico \u00a0<\/p>\n
Corresponde \u00a0a la Sala determinar si las autoridades judiciales accionadas \u00a0vulneraron los derechos al \u00a0debido proceso y a la defensa del interesado, dentro del proceso \u00a0penal adelantado en su contra por el delito de acceso carnal violento \u00a0agravado. \u00a0<\/p>\n
Para \u00a0resolver, previamente se verificar\u00e1 si se satisfacen los \u00a0principios de subsidiariedad e inmediatez que rigen el ejercicio de \u00a0la acci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Improcedencia de la tutela por ruptura de los principios de \u00a0subsidiariedad e inmediatez \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en el art\u00edculo 86, \u00a0estableci\u00f3 la tutela como un mecanismo extraordinario, \u00a0preferente, subsidiario y residual que tiene por objeto la protecci\u00f3n \u00a0de manera efectiva e inmediata de los derechos constitucionales \u00a0fundamentales, ante su vulneraci\u00f3n o amenaza, proveniente de \u00a0la acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades \u00a0p\u00fablicas o de los particulares, en \u00a0los casos que la ley regula, siempre que el interesado no cuente con \u00a0otros medios de defensa judicial. \u00a0<\/p>\n
De su naturaleza \u00a0se infiere que cuando el ordenamiento jur\u00eddico establece otro \u00a0mecanismo judicial efectivo de protecci\u00f3n, el interesado debe \u00a0acreditar que acudi\u00f3 en forma oportuna a aqu\u00e9l para \u00a0ventilar ante el juez ordinario la posible violaci\u00f3n de sus \u00a0derechos constitucionales fundamentales. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo tanto, se constituye en presupuesto de procedibilidad, el \u00a0agotamiento de todos los medios ordinarios y extraordinarios de \u00a0defensa judicial3. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0En el presente asunto, Jaime \u00a0Hever P\u00e9rez S\u00e1nchez estima \u00a0vulnerados sus derechos al \u00a0debido proceso y a la defensa, \u00a0al ser sentenciado a 194,66 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00a0acceso carnal violento agravado. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, la Sala considera que el accionante debi\u00f3 exponer \u00a0sus planteamientos al \u00a0interior del proceso penal, esto es, a trav\u00e9s del recurso \u00a0extraordinario de casaci\u00f3n, del cual no hizo uso, por \u00a0lo que desech\u00f3 la herramienta jur\u00eddica su alcance y \u00a0perdi\u00f3 la oportunidad procesal id\u00f3nea para discutir lo \u00a0pretendido. \u00a0<\/p>\n
Entonces, \u00a0como quiera que la acci\u00f3n de tutela no tiene por objeto \u00a0suplantar los mecanismos de defensa judicial del actor y s\u00f3lo \u00a0puede ser pedida una vez agotados todos ellos, es claro que no est\u00e1 \u00a0cumplido el principio de subsidiariedad que la rige y, por ende, es \u00a0improcedente. \u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0De \u00a0igual forma, a pesar de que no existe un t\u00e9rmino de caducidad \u00a0establecido para acceder a la acci\u00f3n, lo cierto es que ella \u00a0debe ser utilizada oportuna, razonable, prudencial y adecuadamente, \u00a0en el sentido de que una vez amenazado o vulnerado el derecho, el \u00a0ofendido lo exponga y manifieste al juez constitucional en forma \u00a0inmediata o r\u00e1pidamente. \u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0Sala observa que desde la fecha en que se profiri\u00f3 sentencia \u00a0de segunda instancia -19 \u00a0de febrero de 2014-, hasta \u00a0cuando se presenta la demanda -17 de enero de 2019-, ha transcurrido \u00a0m\u00e1s de cuatro (4) a\u00f1os y diez (10) meses, lo cual es \u00a0contrario al principio de inmediatez. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0las anteriores consideraciones el amparo ser\u00e1 negado. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00ba 1 de la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
Primero. \u00a0Negar la \u00a0tutela instaurada por Jaime \u00a0Hever P\u00e9rez S\u00e1nchez. \u00a0<\/p>\n
Segundo. \u00a0Ordenar \u00a0que, si la decisi\u00f3n no es impugnada ante la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil de esta Corporaci\u00f3n, se remita el expediente a la Corte \u00a0Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
Eyder \u00a0Pati\u00f1o Cabrera \u00a0<\/p>\n
Luis \u00a0Guillermo Salazar Otero \u00a0<\/p>\n
Nubia \u00a0Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 93 reverso a 108 \u2013 cuaderno n.\u00b0 1. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 28 a 50 \u2013 ib\u00eddem. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ver Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Constitucional. Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y T-332 del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a04 de mayo de 2006. CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STP Rad. No. 31.781, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a032.327, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a036.728, 38.650, 40.408,41.642, 41.805, 49.752, 50.399, 50.765, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a053.544, 54.762, 57.583, 59.354, 60.917, 61.515, 62.691, 63.252, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a064.107, 65.086, 66.996, 67.145, 68.727, 69.938 y 70.488. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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