\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP11076-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 106092 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0203 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., trece (13) de agosto de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por L\u00c1CIDES \u00a0ANTONIO RUIZ ARIZA en procura del amparo de sus derechos \u00a0fundamentales, presuntamente vulnerados por la \u00a0Sala de Descongesti\u00f3n 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u00a0de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia y del \u00a0Derecho. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado 9\u00ba Laboral del \u00a0Circuito de Barranquilla en Descongesti\u00f3n, la Sala 2\u00aa de \u00a0Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior de la misma ciudad y las \u00a0partes e intervinientes reconocidas al interior del proceso ordinario \u00a0laboral 2010-00201 seguido por el accionante contra Aluminio Reynolds \u00a0Santodomingo S.A. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se establece de la actuaci\u00f3n, en el a\u00f1o 2010 L\u00c1CIDES \u00a0ANTONIO RUIZ ARIZA promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral contra \u00a0la sociedad Aluminio \u00a0Reynolds Santodomingo S.A. \u2013 Reynolds S.A., \u00a0con el prop\u00f3sito de obtener el reconocimiento de la pensi\u00f3n \u00a0de jubilaci\u00f3n convencional desde el 4 de febrero de 1985, de \u00a0conformidad con los Acuerdos \u00a0029 de 1985 y 049 de 1990 -aprobados por los Decretos 2879 y 758 del \u00a0mismo a\u00f1o-. \u00a0<\/p>\n
Cumplido \u00a0el tr\u00e1mite de rigor, el 22 de julio de 2011 el Juzgado 9\u00ba \u00a0Laboral del Circuito de Barranquilla absolvi\u00f3 a la demandada \u00a0de todas las pretensiones. \u00a0<\/p>\n
Inconforme \u00a0con la anterior determinaci\u00f3n, el apoderado del accionante la \u00a0apel\u00f3 y la Sala Segunda de Descongesti\u00f3n Laboral del \u00a0Tribunal Superior de ese distrito judicial la revoc\u00f3 el 30 de \u00a0noviembre de 2012. En su lugar, declar\u00f3 la compatibilidad \u00a0entre la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional a cargo de \u00a0Reynolds S.A. y la de vejez reconocida por el extinto Instituto de \u00a0los Seguros Sociales. Conden\u00f3, por ende, a Reynolds S.A. a \u00a0seguir pagando al peticionario la pensi\u00f3n convencional a \u00a0partir de abril de 2007. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0desacuerdo, Reynolds S.A. recurri\u00f3 el fallo de segunda \u00a0instancia en casaci\u00f3n. El 28 de mayo de 2019, la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte no cas\u00f3 la sentencia \u00a0impugnada (SL1990-2019). \u00a0<\/p>\n
Pese \u00a0a las decisiones favorables a sus intereses, denunci\u00f3 L\u00c1CIDES \u00a0ANTONIO RUIZ ARIZA que el lapso transcurrido desde la presentaci\u00f3n \u00a0de la demanda ordinaria laboral hasta su definici\u00f3n en sede de \u00a0casaci\u00f3n \u00abvolvi\u00f3 \u00a0ilusorio\u00bb \u00a0el derecho prestacional reconocido, en raz\u00f3n a que la sociedad \u00a0Reynolds S.A. qued\u00f3 liquidada el 10 de octubre de 2018. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tal motivo, acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela y, por esta \u00a0v\u00eda, solicit\u00f3 al juez constitucional que declare al \u00a0Ministerio de Justicia y del Derecho responsable administrativa, \u00a0extracontractual y patrimonialmente de los perjuicios materiales, \u00a0econ\u00f3micos y antijur\u00eddicos causados con la mora por \u00a0parte de las autoridades judiciales en la resoluci\u00f3n del \u00a0litigio promovido desde el a\u00f1o 2010 en cuant\u00eda de \u00a0$260.854.650, correspondiente a las 315 mesadas pensionales dejadas \u00a0de percibir. \u00a0<\/p>\n
Igualmente, \u00a0pidi\u00f3 al juez de tutela que tase las sumas correspondientes a \u00a0la indemnizaci\u00f3n por lucro cesante, da\u00f1o emergente y \u00a0da\u00f1os morales, conforme con el art\u00edculo 25 del Decreto \u00a02591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
Argument\u00f3 \u00a0el accionante que el medio de control de reparaci\u00f3n directa no \u00a0resulta id\u00f3neo para precaver la vulneraci\u00f3n de sus \u00a0derechos fundamentales por dos razones fundamentales: lo prolongado \u00a0de su resoluci\u00f3n y su condici\u00f3n de persona de la \u00a0tercera edad (82 a\u00f1os). \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0\u00faltimo, detall\u00f3 la precariedad econ\u00f3mica en la \u00a0que se encuentra, la insuficiencia de la mesada pensional que recibe \u00a0para sufragar sus gastos b\u00e1sicos ($828.116) y la afectaci\u00f3n \u00a0de su patrimonio personal con la hipoteca que se vio obligado a \u00a0constituir sobre su vivienda. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0auto del 30 de julio de 2019, la Sala admiti\u00f3 la demanda y \u00a0corri\u00f3 el traslado correspondiente a las entidades accionadas. \u00a0Mediante \u00a0informe del 2 de agosto siguiente la Secretar\u00eda de la Sala dio \u00a0a conocer que notific\u00f3 dicha determinaci\u00f3n a las \u00a0autoridades involucradas. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Despacho 9\u00ba de la Sala Laboral del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Barranquilla se opuso a la prosperidad de la \u00a0presente solicitud de protecci\u00f3n constitucional. Para el \u00a0efecto, resalt\u00f3 el incumplimiento del presupuesto de \u00a0subsidiariedad. A la par, indic\u00f3 que la acci\u00f3n de \u00a0tutela resulta improcedente para demandar el reconocimiento y pago de \u00a0prestaciones econ\u00f3micas. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su parte, el ex liquidador de la sociedad Reynolds S.A. precis\u00f3 \u00a0que, por auto del 31 de mayo de 2018, la Superintendencia de Sociedad \u00a0culmin\u00f3 el proceso de liquidaci\u00f3n judicial de la \u00a0mencionada persona jur\u00eddica y orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n \u00a0de su RUT, raz\u00f3n por la cual ya no es sujeto de derechos u \u00a0obligaciones. \u00a0<\/p>\n
Igualmente, \u00a0detall\u00f3 el proceso de normalizaci\u00f3n del pasivo \u00a0pensional cumplido acorde con el Decreto 1260 de 2000 y asegur\u00f3 \u00a0que por virtud de dicho tr\u00e1mite la sociedad liquidada dej\u00f3 \u00a0de tener pensionados a cargo. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 1382 de 2000 y el Acuerdo \u00a0006 de 2002, es competente la Sala para tramitar y decidir la acci\u00f3n \u00a0de tutela, por cuanto el procedimiento involucra a la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y el \u00a0Ministerio de Justicia y del Derecho. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Jurisprudencia Constitucional tiene establecido que la acci\u00f3n \u00a0de tutela es improcedente para dirimir conflictos de naturaleza \u00a0econ\u00f3mica que no tengan trascendencia en los derechos \u00a0fundamentales, pues la finalidad del amparo constitucional es servir \u00a0de instrumento de salvaguarda de estos, no lograr el pago de sumas de \u00a0dinero. (Sentencias T-304 de 2009 y T-903 de 2014, reiterada en \u00a0m\u00faltiples pronunciamientos posteriores). \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra parte, advierte la Sala que en el presente asunto no se acredit\u00f3 \u00a0la afectaci\u00f3n de ning\u00fan de derecho de rango \u00a0fundamental, pues lo cierto es que el m\u00ednimo vital de L\u00c1CIDES \u00a0ANTONIO RUIZ ARIZA se encuentra garantizado con la pensi\u00f3n de \u00a0vejez a cargo de Colpensiones, la que, seg\u00fan el mismo \u00a0acredit\u00f3, asciende a $844.652. \u00a0<\/p>\n
Sumado \u00a0a lo anterior, es manifiesto que para obtener la reparaci\u00f3n \u00a0econ\u00f3mica perseguida, el peticionario puede \u00a0acudir al medio de control de reparaci\u00f3n directa (Art. \u00a0140 de la Ley 1437 de 2011 \u2013C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-), \u00a0cuya caducidad es de 2 a\u00f1os (Art. 164-i, ib\u00eddem). \u00a0<\/p>\n
La \u00a0existencia de medios \u00a0de defensa \u00a0judiciales \u00a0mediante \u00a0los cuales puede exponerse la inconformidad que se ha puesto de \u00a0presente, redunda en la improcedencia de esta \u00a0solicitud de tutela, al tenor de lo previsto en el numeral 1\u00ba \u00a0del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, principalmente \u00a0cuando, \u00a0como qued\u00f3 expuesto, \u00a0no est\u00e1 \u00a0acreditada (ni la avizora la Sala) \u00a0una evidente situaci\u00f3n de perjuicio irremediable que haga \u00a0forzosa la intervenci\u00f3n transitoria del juez constitucional, \u00a0pues no se acredit\u00f3 la \u00a0existencia de una situaci\u00f3n apremiante y grave que \u00a0requiera medidas urgentes e impostergables para su soluci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, se negar\u00e1 el amparo pretendido. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NEGAR \u00a0la \u00a0acci\u00f3n de tutela instaurada por L\u00c1CIDES \u00a0ANTONIO RUIZ ARIZA contra \u00a0la \u00a0Sala de Descongesti\u00f3n 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u00a0de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia y del \u00a0Derecho. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De \u00a0no ser impugnada esta decisi\u00f3n, REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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