\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP11047-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 106099 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0203 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., trece (13) de agosto de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la acci\u00f3n de tutela interpuesta por CARLOS ALBERTO \u00a0V\u00c9LEZ FRANCO contra \u00a0la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 y el \u00a0Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0de la misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fue vinculado el \u00a0Juzgado \u00danico Penal del Circuito Especializado de Pereira, as\u00ed \u00a0como a las partes e intervinientes del proceso penal seguido contra \u00a0la accionante. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
De \u00a0la actuaci\u00f3n se establece que el 27 de febrero de 2015, el \u00a0Juzgado \u00danico Penal del Circuito Especializado de Pereira \u00a0conden\u00f3 a CARLOS ALBERTO V\u00c9LEZ FRANCO a la pena \u00a0principal de 151 meses y 23 d\u00edas de prisi\u00f3n, tras ser \u00a0declarado penalmente responsable de los delitos de concierto para \u00a0delinquir agravado con fines de lavado de activos y enriquecimiento \u00a0il\u00edcito en concurso heterog\u00e9neo con los delitos de \u00a0falsedad ideol\u00f3gica en documento privado, peculado por \u00a0apropiaci\u00f3n, tentativa de peculado por apropiaci\u00f3n, \u00a0enriquecimiento il\u00edcito de particulares a t\u00edtulo de \u00a0autor y en provecho suyo y de terceros y lavado de activos. Le fue \u00a0negada la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la \u00a0pena y la prisi\u00f3n domiciliaria. \u00a0<\/p>\n
Inform\u00f3 \u00a0el peticionario que mediante auto del 28 de enero de 2019, el Juzgado \u00a01\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9 \u00a0le neg\u00f3 el beneficio administrativo de hasta 72 horas de \u00a0permiso, luego de verificar el incumplimiento del requisito objetivo \u00a0previsto en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 147 de la Ley 65 \u00a0de 1993: haber descontado el 70% de la sanci\u00f3n impuesta, en \u00a0raz\u00f3n a que la condena fue proferida por la justicia \u00a0especializada. \u00a0<\/p>\n
Inconforme \u00a0con tal postura el peticionario interpuso el recurso de apelaci\u00f3n \u00a0y el 7 \u00a0de mayo de 2019 la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 la confirm\u00f3. \u00a0Para el efecto, insisti\u00f3 en el incumplimiento del mencionado \u00a0presupuesto normativo. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0criterio del accionante, dichas providencias vulneran sus derechos \u00a0fundamentales a la igualdad, debido proceso y libertad. En lo \u00a0esencial, argument\u00f3 que la Ley 65 de 1993 fue derogada con la \u00a0expedici\u00f3n de la Ley 504 de 1999, raz\u00f3n por la cual \u00a0resulta inaplicable su art\u00edculo 147. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, advirti\u00f3 que otros internos en sus mismas condiciones \u00a0han sido favorecidos con el aludido permiso. Por tal motivo, solicit\u00f3 \u00a0al juez constitucional que se le otorgue el beneficio pedido. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA \u00a0INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto \u00a0del \u00a031 \u00a0de julio de 2019, esta \u00a0Sala asumi\u00f3 el conocimiento de \u00a0la demanda de tutela \u00a0y corri\u00f3 el respectivo traslado a los sujetos pasivos \u00a0mencionados. Sin embargo, dentro del t\u00e9rmino conferido para \u00a0ello, los accionados y vinculados guardaron silencio. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tenor de lo normado en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo \u00a01\u00ba del Decreto 1983 de 2017, la Sala es competente para resolver \u00a0este asunto en primera instancia, por cuanto el procedimiento \u00a0involucra un tribunal superior de distrito judicial. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el asunto examinado, se observa que los razonamientos planteados en \u00a0las decisiones cuestionadas son ajustados a derecho, pues se \u00a0encuentran fundamentados en las disposiciones legales y la \u00a0jurisprudencia sobre la materia. El contraste de ese marco jur\u00eddico \u00a0con el caso concreto permite a la Sala alcanzar la misma conclusi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Tras \u00a0brindar una amplia explicaci\u00f3n sobre las condiciones \u00a0requeridas para acceder al beneficio administrativo de hasta 72 horas \u00a0de permiso de cara a la Ley 65 de 1993 (modificada por el art\u00edculo \u00a029 de la Ley 504 de 1999), el Juzgado accionado destac\u00f3 que \u00a0dicha normativa demanda para su autorizaci\u00f3n que el condenado \u00a0por delitos de competencia de los jueces especializados haya \u00a0descontado el 70% de la pena impuesta. Adem\u00e1s, aclar\u00f3 \u00a0que tal disposici\u00f3n se encuentra vigente. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tal motivo, previa verificaci\u00f3n del incumplimiento de dicho \u00a0requisito por parte de \u00a0CARLOS ALBERTO V\u00c9LEZ FRANCO neg\u00f3 \u00a0el beneficio pretendido. \u00a0Explic\u00f3 que el accionante cumple sanci\u00f3n de 151 meses y \u00a023 d\u00edas de prisi\u00f3n, lo que significa que el 70% de la \u00a0pena acumulada corresponde a 8 a\u00f1os, 7 meses y 10 d\u00edas \u00a0de prisi\u00f3n, de los cuales ha descontado f\u00edsicamente 5 \u00a0a\u00f1os, 2 meses y 24 d\u00edas. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 confirm\u00f3 la \u00a0anterior providencia. En primer lugar, abord\u00f3 el estudio de la \u00a0derogatoria de la Ley 65 de 1993 planteada por el actor y, con \u00a0fundamento en sentencias de tutela proferidas por la Corte, explic\u00f3 \u00a0que el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993 \u00a0se encuentra vigente y actualizado en el art\u00edculo 2.2.1.7.1.1. \u00a0del Decreto 1069 de 2010 \u2013\u00danico Reglamentario del Sector \u00a0Justicia y Derecho-. \u00a0<\/p>\n
Sumado \u00a0a lo anterior, destac\u00f3 que en sentencia C-392 del 6 de abril \u00a0de 2000, la Corte Constitucional declar\u00f3 exequible el art\u00edculo \u00a029 de la Ley 504 de 1999, que modific\u00f3 el numeral 5\u00ba del \u00a0art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993. Por tanto, concluy\u00f3 \u00a0que adem\u00e1s de mantener su vigencia, el presupuesto exigido \u00a0para la concesi\u00f3n del permiso administrativo de hasta 72 horas \u00a0de permiso en aquellos eventos en que la pena haya sido impuesta por \u00a0la justicia especializada, se encuentra ajustado a la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0segundo t\u00e9rmino, verific\u00f3 que el actor no ha descontado \u00a0el 70% de la pena que le fue impuesta, pues entre el tiempo f\u00edsico \u00a0y aquel tenido en cuenta a modo de redenci\u00f3n, s\u00f3lo ha \u00a0cumplido 5 \u00a0a\u00f1os, 2 meses y 24 d\u00edas, \u00a0quantum inferior al requerido, es decir, 8 a\u00f1os, 7 meses y 10 \u00a0d\u00edas. \u00a0<\/p>\n
Ante \u00a0tal panorama, el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n \u00a0jurisdiccional (art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica) \u00a0impide al juez de tutela inmiscuirse en providencias como las \u00a0controvertidas s\u00f3lo porque el impugnante no las comparte o \u00a0tiene una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en dichos \u00a0pronunciamientos, sustentados con criterio razonable a partir de los \u00a0hechos probados y la interpretaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n \u00a0pertinente. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0\u00faltimo, respecto de la alegada violaci\u00f3n del art\u00edculo \u00a013 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en tanto varias \u00a0personas en condiciones similares fueron favorecidas con el beneficio \u00a0administrativo pretendido, se advierte que la concesi\u00f3n o no \u00a0de \u00e9ste depende de las circunstancias particulares del \u00a0interesado en relaci\u00f3n con la actuaci\u00f3n que se sigue en \u00a0su contra. En ese orden, no es acertado, por regla general, demandar \u00a0que la decisi\u00f3n que favoreci\u00f3 a otros reclusos deba \u00a0extenderse a los dem\u00e1s en virtud del principio de igualdad. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, ante la ausencia de vulneraci\u00f3n o amenaza de \u00a0garant\u00edas fundamentales del actor, no procede la protecci\u00f3n \u00a0constitucional que reclama. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. NEGAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CARLOS \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ALBERTO P\u00c9REZ FRANCO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0contra \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 y el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De \u00a0no ser impugnada REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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