\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
STP10885-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 105352 \u00a0<\/p>\n
(Aprobaci\u00f3n \u00a0Acta No. 196) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., seis (06) de agosto de dos mil diecinueve (2019) \u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Decide \u00a0la Sala el recurso de impugnaci\u00f3n interpuesto por el ciudadano \u00a0HUGO MARTIN ESCORCIA NIGRINIS, \u00a0contra el fallo de tutela proferido por la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla \u00a0del 09 de mayo de 2019, que \u00a0deneg\u00f3 por improcedente la solicitud de amparo formulada \u00a0contra el Juzgado 2\u00b0 penal municipal \u00a0con funciones de control de Garant\u00edas de Barranquilla y \u00a0Fiscal\u00eda 39 Unidad de Vida de Barranquilla, con ocasi\u00f3n \u00a0de las decisiones proferidas dentro del proceso \u00a0penal por el delito de homicidio culposo por responsabilidad m\u00e9dica, \u00a0CUI No.2011-10574. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
Y \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Fueron recogidos \u00a0en el fallo de tutela de primera instancia, en los siguientes \u00a0t\u00e9rminos:1 \u00a0<\/p>\n
Manifiesta el apoderado del \u00a0accionante que, la Fiscal 39 Seccional Unidad de Vida de \u00a0Barranquilla, adelanta la investigaci\u00f3n penal en contra de \u00a0Hugo Martin Escorcia Nigrinis por el delito de Homicidio Culposo por \u00a0Responsabilidad Medica, hechos ocurridos el 28 de febrero de 2010, el \u00a0cual se encuentra bajo el radicado 08-001-60-01067-2011-10574-00. \u00a0<\/p>\n
Asevera que su representado, ha \u00a0sido comunicado del acto de imputaci\u00f3n en diferentes fechas; \u00a0sin embargo, por problemas ajenos a su voluntad no asisti\u00f3, no \u00a0obstante, a esto el 26 de febrero del presente a\u00f1o fue \u00a0convocado para la Audiencia de Imputaci\u00f3n de cargos y este no \u00a0problemas de salud, como tampoco el abogado Humberto Jos\u00e9 \u00a0Guerra Romero el cual asiste como defensor \u00a0en el mencionado caso, como se anota en los anexos del expediente. \u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala que, el Juez 2\u00b0 \u00a0de Control de Garant\u00edas, adelant\u00f3 la imputaci\u00f3n \u00a0sin la presencia del se\u00f1or Hugo Martin Escorcia Nigrinis ni de \u00a0su apoderado, llev\u00e1ndola a cabo con un defensor de oficio \u00a0materializando la legalizaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Afirma que accionante se enter\u00f3 \u00a0por sus propios medios, el 12 de abril de 2019 de la realizaci\u00f3n \u00a0de audiencia de imputaci\u00f3n por v\u00eda contumacia, no \u00a0siendo notificado, por lo que considera que debe realizarse \u00a0nuevamente la audiencia de imputaci\u00f3n>> \u00a0(Textual) \u00a0<\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
La Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante \u00a0decisi\u00f3n adoptada el 9 de mayo de 20192, \u00a0deneg\u00f3 por improcedente el amparo invocado, teniendo en cuenta \u00a0que no se satisface el requisito de subsidiariedad de la acci\u00f3n, \u00a0pues tales pretensiones pueden ser alegadas a trav\u00e9s de la \u00a0solicitud de nulidad dentro del proceso penal, ante el Juez con \u00a0Funciones de Conocimiento correspondiente. \u00a0<\/p>\n
Igualmente, \u00a0refiri\u00f3 que fue la renuencia de los investigados a presentarse \u00a0a la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n citada en \u00a0m\u00faltiples oportunidades, lo que conmin\u00f3 al fiscal a \u00a0solicitar audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n con \u00a0declaratoria de contumacia. \u00a0<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
El 17 de mayo de \u00a02019, HUGO MARTIN ESCORCIA NIGRINIS \u00a0se notific\u00f3 del fallo de tutela conocido por La \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Barranquilla e interpuso recurso de \u00a0impugnaci\u00f3n sin sustentarlo. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA SALA \u00a0<\/p>\n
De conformidad con \u00a0lo previsto en el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta \u00a0Sala es competente para resolver el recurso de impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesto por HUGO MART\u00cdN ESCORCIA \u00a0NIGRINIS contra el fallo de tutela de \u00a0primera instancia proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior \u00a0del Distrito Judicial de Barranquilla. \u00a0<\/p>\n
Al respecto, el \u00a0problema jur\u00eddico que convoca a la Sala consiste en establecer \u00a0si contra las decisiones \u00a0proferidas dentro del proceso penal que se adelanta en contra del \u00a0accionante, concretamente la declaratoria de \u00a0contumacia y posterior formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n \u00a0llevada a cabo por el Juzgado 2\u00b0 Penal Municipal con Funciones de \u00a0Control de Garant\u00edas, solicitadas por la Fiscal\u00eda 38 \u00a0Seccional de Barranquilla, se cumplen los \u00a0requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra \u00a0decisiones judiciales y, en consecuencia, es procedente revocar el \u00a0fallo de tutela de primera instancia y conceder el amparo invocado. \u00a0<\/p>\n
Requisitos de procedibilidad de la \u00a0acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales. \u00a0<\/p>\n
Como ha sido \u00a0recurrentemente recordado por esta Sala, la acci\u00f3n \u00a0constitucional de tutela es un mecanismo de protecci\u00f3n \u00a0excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va \u00a0ligada al cumplimiento de estrictos requisitos \u00a0de procedibilidad que implican una \u00a0carga para la parte accionante, tanto en su planteamiento como en su \u00a0demostraci\u00f3n, como lo ha expuesto la propia Corte \u00a0Constitucional.3 \u00a0<\/p>\n
Por este motivo, y \u00a0como ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional, la \u00a0acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales exige: \u00a0<\/p>\n
a. Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte \u00a0de evidente relevancia constitucional. \u00a0<\/p>\n
b. Que hayan sido agotados todos los medios \u00a0-ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la \u00a0persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n \u00a0de un perjuicio iusfundamental irremediable. \u00a0<\/p>\n
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es \u00a0decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino \u00a0razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la \u00a0vulneraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00a0debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o \u00a0determinante en la sentencia que se impugna y que ata\u00f1e a los \u00a0derechos fundamentales de la parte accionante. \u00a0<\/p>\n
e. Que la parte accionante identifique de manera \u00a0razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como \u00a0los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n \u00a0en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible. \u00a0<\/p>\n
f. Que la decisi\u00f3n judicial contra la cual \u00a0se formula la acci\u00f3n de tutela no se corresponda con \u00a0sentencias de tutela. \u00a0<\/p>\n
Los anteriores \u00a0requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido \u00a0reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 \u00a0de 2005, luego en las decisiones T-332, T-212 y T-780 de 2006, \u00a0reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en \u00a0el sentido que, cuando se trata de acciones \u00a0de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden \u00a0tener cabida \u00ab\u2026si \u00a0se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro \u00a0de estos pueden distinguirse unos de car\u00e1cter general, que \u00a0habilitan la interposici\u00f3n de la tutela, y otros de car\u00e1cter \u00a0espec\u00edfico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una \u00a0vez interpuesta\u00bb. \u00a0<\/p>\n
En punto de las \u00a0exigencias espec\u00edficas, como fue recogido en la sentencia \u00a0C-590 de 2005, han sido establecidas las que a continuaci\u00f3n se \u00a0relacionan: \u00a0<\/p>\n
a. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Defecto \u00a0org\u00e1nico, que se presenta cuando el funcionario judicial que \u00a0profiri\u00f3 la providencia impugnada carece absolutamente de \u00a0competencia para ello. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
b. Defecto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0completamente al margen del procedimiento establecido.<\/p>\n
c. Defecto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0f\u00e1ctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que se sustenta la decisi\u00f3n.<\/p>\n
d. Defecto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en normas inexistentes o inconstitucionales4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los fundamentos y la decisi\u00f3n;<\/p>\n
e. Error \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fundamentales.<\/p>\n
f. Decisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sin motivaci\u00f3n, que implica el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de sus decisiones, en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el entendido que precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0legitimidad de su \u00f3rbita funcional.<\/p>\n
g. Desconocimiento \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por ejemplo, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0[5].<\/p>\n
h. Violaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0directa de la Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Queda entonces claro que en \u00a0atenci\u00f3n a la fuerza normativa de la cosa juzgada y al respeto \u00a0de la autonom\u00eda judicial, la acci\u00f3n consagrada en el \u00a0art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando se \u00a0dirige a cuestionar una decisi\u00f3n judicial, tiene car\u00e1cter \u00a0excepcional, y su prosperidad est\u00e1 atada a que se cumplan los \u00a0requisitos de procedibilidad anteriormente enunciados. De manera que \u00a0quien acude a ella tiene la carga no s\u00f3lo respecto de su \u00a0planteamiento, sino de su demostraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
An\u00e1lisis \u00a0del caso concreto. \u00a0<\/p>\n
En el presente \u00a0caso, desde ya ha de anunciarse que la Sala encuentra que debe \u00a0confirmar el fallo de tutela de primera instancia, pues en relaci\u00f3n \u00a0con el referido proceso penal que se adelanta en contra del \u00a0accionante, no se cumple con el requisito general de subsidiariedad \u00a0porque \u00e9ste no ha concluido, por tanto, las inconformidades \u00a0que se generen con ocasi\u00f3n de las actuaciones que all\u00ed \u00a0se adelanten, deben presentarse y discutirse mediante los recursos \u00a0ordinarios previstos para tal fin. \u00a0<\/p>\n
Concretamente, en el caso de las \u00a0inconformidades relacionadas con la declaratoria en contumacia y la \u00a0formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n que se adelant\u00f3 a \u00a0partir de la misma, la Sala resalta que, se trata de actuaciones que \u00a0pueden revisarse en la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, \u00a0en la sentencia, y de ser el caso, mediante los recursos de apelaci\u00f3n \u00a0y extraordinario de casaci\u00f3n.6 \u00a0<\/p>\n
Entonces, la existencia de estos \u00a0mecanismos descarta que en el presente caso pueda configurarse un \u00a0perjuicio irremediable. \u00a0<\/p>\n
En este orden de ideas, la Sala debe \u00a0insistir sobre el car\u00e1cter excepcional y residual de la acci\u00f3n \u00a0constitucional de tutela, as\u00ed como sobre que \u00e9sta no \u00a0puede constituirse en una instancia adicional o paralela y mucho \u00a0menos en un instrumento para generar retrasos que afecten el derecho \u00a0fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia. \u00a0<\/p>\n
Si bien las decisiones adoptadas en \u00a0el marco de los procedimientos pueden resultar contrarias a los \u00a0intereses de alguno de los sujetos procesales, la Ley estableci\u00f3 \u00a0diversos mecanismos para cuestionarlas y lograr que el superior \u00a0funcional estudie y eval\u00fae el asunto. \u00a0<\/p>\n
La simple discrepancia o desacuerdo \u00a0con el contenido de una decisi\u00f3n no habilita la interposici\u00f3n \u00a0de la acci\u00f3n de tutela, porque este mecanismo es subsidiario y \u00a0residual. \u00a0<\/p>\n
A m\u00e1s de lo anterior, no puede \u00a0soslayarse que HUGO MAR\u00cdN ESCORCIA NIGRINIS, tampoco acredit\u00f3 \u00a0perjuicio irremediable que permita que haga indispensable la \u00a0intervenci\u00f3n del juez constitucional para proteger los \u00a0derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n invoca. \u00a0<\/p>\n
Corolario de lo anterior, en tanto se \u00a0constata que no se cumple con los requisitos de procedibilidad de la \u00a0acci\u00f3n de tutela, la Sala confirmar\u00e1 la providencia de \u00a0primera instancia dada la improcedencia del amparo invocado. \u00a0<\/p>\n
Por lo expuesto, \u00a0la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u2013 \u00a0EN SALA DE DECISI\u00d3N DE ACCIONES DE TUTELA N\u00b0 1, \u00a0administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. CONFIRMAR el fallo de tutela \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0impugnado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. NOTIFICAR a los sujetos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procesales el presente fallo, por el medio m\u00e1s expedito. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. Env\u00edese la actuaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, dentro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del t\u00e9rmino indicado en el art\u00edculo 31 del Decreto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 82 y 83, cuaderno 1. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 82 a 93, cuaderno 1. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-332 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02006. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00cddem. Sentencia T-522 de 2001. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00abCfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencias T-462 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02003 ; SU-1184 de 2001 ; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001.\u00bb \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ-SP, 23 sep. 2015 AP5518-2015, rad. 46489. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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