\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
ATP861-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 104490 \u00a0<\/p>\n
Acta No. 133 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D. \u00a0C., junio cuatro (4) de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Se pronuncia la \u00a0Sala sobre la existencia de una causal de nulidad en el tr\u00e1mite \u00a0de tutela promovido por \u00a0WILLIAM OLIVEROS PE\u00d1A, \u00a0contra el Juzgado 4\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad de Ibagu\u00e9, por la presunta vulneraci\u00f3n de sus \u00a0derechos fundamentales al debido proceso, vida en condiciones dignas, \u00a0igualdad y libertad personal. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
1. Para lo que \u00a0compete resolver en el presente asunto, del escrito de tutela y los \u00a0documentos allegados al plenario, la Sala destaca los siguientes \u00a0hechos jur\u00eddicamente relevantes: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
i. Que a trav\u00e9s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de sentencia del 15 de marzo de 2018, WILLIAM \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0OLIVEROS PE\u00d1A \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fue condenado por el Juzgado 1\u00ba Penal Municipal de Ibagu\u00e9, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a la pena de 72 meses de prisi\u00f3n por el delito de violencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0intrafamiliar agravada.<\/p>\n
ii. Que el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentenciado tiene 60 a\u00f1os de edad y padece un s\u00edndrome \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0coronario agudo, el cual le ha generado varios infartos desde el a\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02015.<\/p>\n
iii. Que teniendo en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuenta esa afectaci\u00f3n en sus condiciones de salud, solicit\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0al Juzgado 4\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Seguridad de Ibagu\u00e9 el otorgamiento de prisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0domiciliaria por enfermedad grave, petici\u00f3n que le fue negada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0mediante prove\u00eddo del 21 de noviembre de 2018.<\/p>\n
iv. Que seg\u00fan \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el accionante, en la Penitenciaria de Picale\u00f1a donde se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0encuentra recluido, no recibe la atenci\u00f3n m\u00e9dica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0adecuada y no le ha sido practicado un cateterismo y radiograf\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cerebral que le fueron ordenados en el Hospital Federico Lleras \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Acosta. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Por lo anterior, el accionante acude ante el Juez Constitucional para \u00a0que proteja sus garant\u00edas fundamentales invocadas y, como \u00a0consecuencia de ello, intervenga \u00a0dentro del proceso penal con radicado 73001600128720140082200 \u00a0y \u00a0ordene \u00a0al Juzgado 4\u00ba Ejecutor accionado concederle la prisi\u00f3n \u00a0domiciliaria que reclama y practicarle todos los ex\u00e1menes \u00a0m\u00e9dicos que requiere. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0EN PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 19 de marzo de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 admiti\u00f3 la demanda de \u00a0tutela y corri\u00f3 el traslado correspondiente a la autoridad \u00a0accionada. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Tribunal a \u00a0quo, \u00a0a trav\u00e9s de fallo del 29 de marzo siguiente, neg\u00f3 el \u00a0amparo constitucional deprecado, por considerar que en el caso \u00a0concreto el accionante no agot\u00f3 los recursos ordinarios que \u00a0proced\u00edan contra la providencia fechada 21 de noviembre de \u00a02018, ante lo cual la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente. \u00a0<\/p>\n
Inconforme \u00a0con el fallo de primera instancia, la parte actora lo impugn\u00f3, \u00a0aduciendo que no es responsable de la decisi\u00f3n de su defensor, \u00a0al haber desistido del recurso de apelaci\u00f3n propuesto contra \u00a0la providencia que le fue adversa. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
De conformidad con \u00a0el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente \u00a0para desatar la segunda instancia respecto de la sentencia adoptada \u00a0por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9. Sin \u00a0embargo, ello no es posible dado que durante \u00a0el presente tr\u00e1mite se incurri\u00f3 en irregularidad \u00a0sustancial que afecta de nulidad la actuaci\u00f3n surtida. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte Constitucional ha se\u00f1alado que solo en aquellos eventos \u00a0en que conste de manera expresa o se desprenda del expediente la \u00a0existencia de alg\u00fan tercero con inter\u00e9s, puede \u00a0afirmarse que el juez de tutela tiene la obligaci\u00f3n de \u00a0comunicarle la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite. Una actuaci\u00f3n \u00a0en contrario constituir\u00eda una carga desproporcionada e \u00a0irrazonable para los funcionarios judiciales (CC \u00a0A344-06). \u00a0<\/p>\n
Ahora, \u00a0el numeral \u00a08\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso \u00a0dispone que el proceso es nulo cuando no se practica en legal forma \u00a0la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas \u00a0determinadas o el emplazamiento de otras aunque sean indeterminadas. \u00a0Dicha \u00a0norma es aplicable por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00ba \u00a0del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
En este caso \u00a0espec\u00edfico, de la lectura de los antecedentes f\u00e1cticos, \u00a0es evidente que resultaba imperioso vincular al tr\u00e1mite \u00a0constitucional a la \u00a0Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios \u2013 USPEC-, al \u00a0Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n en Salud PPL-2017 y al Complejo \u00a0Carcelario y Penitenciario de Ibagu\u00e9\u00a0PICALE\u00d1A\u00a0– \u00a0COIBA, \u00a0por guardar relaci\u00f3n con la controversia e inconformidad \u00a0planteada por WILLIAM \u00a0OLIVEROS PE\u00d1A. \u00a0<\/p>\n
Si \u00a0bien es cierto dentro de las funciones de la USPEC no est\u00e1 \u00a0se\u00f1alada de manera taxativa la prestaci\u00f3n directa del \u00a0servicio de salud a la poblaci\u00f3n privada de la libertad, \u00a0tambi\u00e9n lo es que una de sus obligaciones es la supervisi\u00f3n \u00a0de cualquier tipo de contrato que se suscriba; por su parte el \u00a0Consorcio PPL 2017 suscribe la contrataci\u00f3n de la prestaci\u00f3n \u00a0de los servicios de salud de la poblaci\u00f3n privada de la \u00a0libertad previamente instruida por la Unidad de Servicios \u00a0Penitenciarios y Carcelarios USPEC, lo que deja m\u00e1s que claro \u00a0que estas entidades de manera conjunta y arm\u00f3nica, son \u00a0responsables de la prestaci\u00f3n de los servicios m\u00e9dicos \u00a0y asistenciales a la poblaci\u00f3n reclusa, entre la cual se \u00a0encuentra WILLIAM \u00a0OLIVEROS PE\u00d1A, \u00a0quien, seg\u00fan se afirma en las diligencias, padece un s\u00edndrome \u00a0coronario agudo, respecto del cual no est\u00e1 recibiendo ning\u00fan \u00a0tipo de tratamiento en la C\u00e1rcel de Picale\u00f1a, donde se \u00a0encuentra recluido. \u00a0<\/p>\n
Por manera que \u00a0resulta evidente el desconocimiento al debido proceso en la actuaci\u00f3n \u00a0que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, no solo en detrimento de la \u00a0autoridad accionada, sino de la propia parte actora, en tanto la \u00a0omisi\u00f3n de integrar en debida forma el contradictorio, \u00a0constituye una irregularidad insubsanable que tan solo se puede \u00a0enmendar con la declaratoria de invalidez. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, el vicio detectado constituye causal de invalidez desde el \u00a0auto admisorio del \u00a019 \u00a0de marzo de 2019, inclusive, \u00a0y as\u00ed lo decretar\u00e1 la Sala, \u00a0para \u00a0que se rehaga la actuaci\u00f3n, llamando al tr\u00e1mite a las \u00a0entidades que deben comparecer. Se \u00a0aclara que las pruebas recaudadas conservan pleno valor. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, LA \u00a0SALA DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 DE LA SALA DE CASACI\u00d3N \u00a0PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DECRETAR \u00a0la \u00a0NULIDAD \u00a0de la presente actuaci\u00f3n a \u00a0partir del \u00a0auto admisorio del \u00a019 \u00a0de marzo de 2019, inclusive, emitido por la Sala Penal del Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, de acuerdo con lo \u00a0se\u00f1alado en precedencia. \u00a0Las pruebas recaudadas conservan plena validez. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DEVOLVER \u00a0las \u00a0diligencias al Tribunal mencionado, para lo de su cargo. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0este \u00a0prove\u00eddo conforme al art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de \u00a01991. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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