\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS n.\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
ATP1848-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 107935 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0308 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala el conflicto negativo de competencia suscitado entre el \u00a0Juzgado 1\u00ba Penal del Circuito de Ibagu\u00e9 y la Sala Penal \u00a0del Tribunal Superior de Medell\u00edn, en virtud del cual reh\u00fasan \u00a0el conocimiento de la acci\u00f3n de tutela interpuesta por WILLIAM \u00a0DE JES\u00daS CIRO \u00a0contra la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Refiere \u00a0WILLIAM DE JES\u00daS CIRO, quien se encuentra recluido en la \u00a0C\u00e1rcel Picale\u00f1a de Ibagu\u00e9, que el 19 de \u00a0septiembre del a\u00f1o en curso solicit\u00f3 a la Oficina del \u00a0Alto Comisionado para la Paz su postulaci\u00f3n a la Ley 975 de \u00a02005, por haber pertenecido al Bloque Central Bol\u00edvar de las \u00a0Autodefensas Unidas de Colombia. Sin embargo, fue resuelto \u00a0desfavorablemente, toda vez que la fecha l\u00edmite para acogerse \u00a0a Justicia y Paz fue el 31 de diciembre de 2012, lo que en su sentir \u00a0ri\u00f1e con el derecho a la igualdad, pues hay otros miembros de \u00a0esa organizaci\u00f3n paramilitar que se han acogido entre los a\u00f1os \u00a02013 y 2016. \u00a0<\/p>\n
Adujo \u00a0el accionante que es su voluntad colaborar con la Fiscal\u00eda \u00a0General de la Naci\u00f3n para el esclarecimiento de los hechos en \u00a0los que estuvo involucrado, pero ello no ha sido posible por cuanto \u00a0los procesos en su contra cursan en Medell\u00edn, de manera que \u00a0tiene poca comunicaci\u00f3n con los despachos fiscales de dicha \u00a0ciudad. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tal motivo, acudi\u00f3 al juez constitucional y solicit\u00f3 \u00a0que se ordene al Alto Comisionado para la Paz su postulaci\u00f3n a \u00a0la Ley de Justicia y Paz, as\u00ed como su traslado al patio \u00a0destinado a los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acci\u00f3n de tutela inicialmente le correspondi\u00f3 por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0reparto al Juzgado 1\u00ba Penal del Circuito de Ibagu\u00e9, el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que rehus\u00f3 la competencia para conocer del amparo, al tiempo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que dispuso su remisi\u00f3n a la Sala Penal del Tribunal Superior \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de Medell\u00edn. En sustento, indic\u00f3 que pese a que la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acci\u00f3n constitucional se dirige en contra de la Oficina del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Alto Comisionado para la Paz, se torna imperiosa la vinculaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0al tr\u00e1mite del Juzgado 9\u00ba Penal del Circuito \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Especializado y la Fiscal\u00eda Especializada de esa ciudad, toda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0vez que all\u00ed cursa el proceso penal en contra del accionante, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de manera que le corresponde conocer del amparo constitucional a su \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0superior jer\u00e1rquico. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Repartido \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el asunto al despacho del Magistrado Jos\u00e9 Ignacio S\u00e1nchez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Calle, integrante de la Sala Penal del Tribunal Superior de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Medell\u00edn, con auto del 5 de noviembre de 2019 se abstuvo de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0avocar su conocimiento, propuso conflicto negativo de competencia y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0remiti\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0lo esencial, indic\u00f3 que corresponde al Juzgado 1\u00ba Penal \u00a0del Circuito de Ibagu\u00e9 conocer de la actuaci\u00f3n, a \u00a0prevenci\u00f3n, \u00a0en raz\u00f3n a que el demandante se encuentra privado de la \u00a0libertad en esa capital, la escogi\u00f3 para definir la \u00a0controversia constitucional planteada y le fue en primer lugar \u00a0repartida, adem\u00e1s, la vulneraci\u00f3n de derechos \u00a0fundamentales surte sus efectos en dicha ciudad. \u00a0<\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 \u00a0que no es acertado sostener que resulta imperiosa la vinculaci\u00f3n \u00a0al tr\u00e1mite de las autoridades judiciales de la ciudad de \u00a0Medell\u00edn, toda vez que el libelo anuncia como demandado \u00a0\u00fanicamente al Alto Comisionado para la Paz y ello es lo que \u00a0determina la competencia, m\u00e1s no el an\u00e1lisis de fondo \u00a0de los hechos que lo fundamentan. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 18 de la Ley 270 \u00a0de 1996, la Sala est\u00e1 facultada para resolver la definici\u00f3n \u00a0de competencia cuando involucra autoridades judiciales de diferentes \u00a0distritos judiciales. \u00a0Tal precepto \u00a0resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, \u00a0por cuanto en \u00e9ste no se regula expresamente lo concerniente a \u00a0incidentes de colisi\u00f3n de competencia. \u00a0<\/p>\n
Los \u00a0art\u00edculos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1\u00b0 del Decreto \u00a01382 de 2000 disponen que son competentes para conocer la acci\u00f3n \u00a0de tutela, a \u00a0prevenci\u00f3n, \u00a0los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde \u00a0ocurri\u00f3 la violaci\u00f3n o amenaza de los derechos \u00a0fundamentales. Ahora bien, la Corte tiene establecido que \u00e9ste \u00a0no se refiere de manera exclusiva a aqu\u00e9l en donde se produjo \u00a0la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que origina la solicitud de amparo, \u00a0ni tampoco al domicilio de la entidad accionada, sino que se extiende \u00a0al territorio en donde se proyectan sus efectos. (CSJ \u00a0ATP, 08 May 2001, Rad. 9532; CSJ ATP, 09 Oct 2001, Rad. 10251; CSJ \u00a0ATP, 16 May 2002, Rad. 11043) \u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0ha precisado que en aplicaci\u00f3n de la expresa referencia al \u00a0factor a \u00a0prevenci\u00f3n, \u00a0destacado normativamente como criterio rector para definir la \u00a0competencia en materia de amparo, debe conocerla el funcionario \u00a0judicial ante quien se formula la solicitud de protecci\u00f3n \u00a0constitucional, siempre que, claro est\u00e1, de dicho lugar \u00a0resulte predicable la ocurrencia del quebranto o la de sus efectos. \u00a0(CSJ ATP, 03 Nov 2004, Rad. 18442 y CSJ ATP, 01 Dic 2004, Rad 18793) \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra parte, se ha reconocido que la sede de las autoridades \u00a0demandadas no necesariamente determina la competencia del juez que \u00a0debe conocer la tutela, pues trat\u00e1ndose de una acci\u00f3n \u00a0constitucional que tiene como primordial objetivo salvaguardar los \u00a0derechos fundamentales, debe considerarse con prelaci\u00f3n el \u00a0lugar donde se proyectan los efectos de las acciones u omisiones que \u00a0amenazan o vulneran esas garant\u00edas constitucionales. (CSJ ATP, \u00a005 Feb 2002, Rad. 10746) \u00a0<\/p>\n
Ante \u00a0tal panorama, no ofrece duda alguna que la competencia para avocar y \u00a0resolver la acci\u00f3n de amparo radica en el Juzgado 1\u00ba \u00a0Penal del Circuito de Ibagu\u00e9, pues siendo debatible lo \u00a0anunciado por dicho despacho respecto a la necesaria vinculaci\u00f3n \u00a0de las autoridades judiciales de Medell\u00edn, fue a aqu\u00e9l \u00a0al que correspondi\u00f3 originalmente su conocimiento por reparto \u00a0al haber sido all\u00ed interpuesta en tanto es en dicha ciudad \u00a0donde el accionante permanece privado de la libertad, siendo en \u00a0consecuencia manifiesto que la vulneraci\u00f3n de derechos \u00a0fundamentales denunciada proyecta sus efectos en esa capital. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, se dispone remitir inmediatamente las diligencias a la \u00a0aludida autoridad judicial, para que sin m\u00e1s dilaciones, \u00a0proceda de conformidad a dar curso al procedimiento de amparo. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0presente decisi\u00f3n ser\u00e1 comunicada a la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior de Medell\u00edn y al peticionario. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0n.\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DECLARAR \u00a0que \u00a0la competencia para conocer la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00a0WILLIAM DE JES\u00daS CIRO contra \u00a0la Oficina del Alto Comisionado para la Paz corresponde al Juzgado 1\u00ba \u00a0Penal del Circuito de Ibagu\u00e9, al cual se remitir\u00e1 de \u00a0inmediato el expediente. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Conforme \u00a0con las previsiones del art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991, \u00a0COMUNICAR \u00a0el contenido de la presente decisi\u00f3n a \u00a0la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn y \u00a0al peticionario. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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