\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
ATP1297 \u00a0– 2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0N\u00b0 106391. \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0N\u00b0 210 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veinte (20) de agosto de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala lo pertinente en relaci\u00f3n con la demanda de tutela \u00a0presentada por PEDRO \u00a0ANTONIO GUTI\u00c9RREZ PI\u00d1ERES \u00a0contra el Tribunal Superior de Valledupar, Sala de Decisi\u00f3n \u00a0Penal, por la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al \u00a0debido proceso del ciudadano WILFREDO \u00a0PIANETA GUEVARA. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0Y FUNDAMENTOS DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
El \u00a0accionante afirma que mediante sentencia del 19 de junio de 2019 el \u00a0Tribunal Superior de Valledupar, Sala de Decisi\u00f3n Penal, \u00a0confirm\u00f3 la providencia emitida por el Juzgado 2\u00b0 Penal \u00a0del Circuito de Conocimiento de aquella capital, que conden\u00f3 a \u00a0PIANETA \u00a0GUEVARA \u00a0a 37 meses de prisi\u00f3n como autor del delito de contrato sin \u00a0cumplimiento de requisitos legales. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0su decisi\u00f3n, asegur\u00f3 el actor, el Tribunal neg\u00f3 \u00a0en favor de WILFREDO \u00a0PIANETA \u00a0la prisi\u00f3n domiciliaria de que trata el art\u00edculo 38 G \u00a0del C\u00f3digo Penal, mecanismo que, en su sentir, resulta \u00a0procedente. El sentenciado fue trasladado a un establecimiento de \u00a0reclusi\u00f3n, donde actualmente purga su condena. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior, PEDRO \u00a0ANTONIO GUTI\u00c9RREZ PI\u00d1EREZ \u00a0acude a la tutela para que se protejan las garant\u00edas \u00a0fundamentales de PIANETA \u00a0GUEVARA. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE \u00a0<\/p>\n
El art\u00edculo \u00a010 del Decreto 2591 de 1991 indica que la tutela puede ser ejercida \u00a0directamente por el titular del derecho fundamental vulnerado o \u00a0amenazado, o por intermedio de apoderado. En tal medida, para que una \u00a0persona diversa al titular de los derechos fundamentales \u00a0presuntamente conculcados pueda interponer esta acci\u00f3n se \u00a0requiere que la ley la faculte o, en su defecto, que se le otorgue \u00a0poder especial para ello, para lo cual debe ostentar la calidad \u00a0abogado. \u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n es \u00a0posible que act\u00fae como agente oficioso, aunque en ese evento \u00a0debe argumentar con suficiencia las razones por las cuales el titular \u00a0del derecho no puede promover la defensa de los mismos, so pena de \u00a0que la demanda sea rechazada. \u00a0<\/p>\n
En criterio de la \u00a0Corte Constitucional (T-244\/2015): \u00a0<\/p>\n
\u00abLa \u00a0agencia oficiosa es, entonces, una herramienta jur\u00eddica que \u00a0permite poner en funcionamiento el aparato judicial sin necesidad de \u00a0que la persona directamente afectada tenga que acudir por s\u00ed \u00a0misma. \u00a0<\/p>\n
No significa lo \u00a0anterior que cualquier persona pueda, en aras de obtener \u00a0pronunciamiento de un juez, comprometer el nombre de un tercero. Por \u00a0ello se exige que se ratifique la actuaci\u00f3n del agente por el \u00a0agenciado cuando est\u00e1 en condiciones de hacerlo. \u00a0Al respecto la Corte Constitucional, en sentencia T-044 de 1996, \u00a0se\u00f1al\u00f3: \u201cLa \u00a0agencia oficiosa no puede llevar a que se comprometa el nombre de \u00a0otro para obtener la actuaci\u00f3n del juez sin manifestaci\u00f3n \u00a0alguna de quien figura como sujeto pasivo de la vulneraci\u00f3n o \u00a0amenaza de los derechos. De all\u00ed que la norma legal exija la \u00a0ratificaci\u00f3n de lo actuado por el agente oficioso como \u00a0requisito de legitimaci\u00f3n dentro del proceso. Tampoco ser\u00eda \u00a0admisible el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela a nombre de otra \u00a0persona cuando en realidad se persigue el propio beneficio o inter\u00e9s. \u00a0Quien alega que la persona a cuyo nombre intenta la acci\u00f3n de \u00a0tutela no puede hacer valer derechos de manera directa, carece de \u00a0facultad para seguir represent\u00e1ndola leg\u00edtimamente \u00a0cuando luego se establece, evaluados los hechos por el juez, que \u00a0aqu\u00e9lla s\u00ed pod\u00eda, por s\u00ed misma, acceder a \u00a0la administraci\u00f3n de justicia, de donde resulta que en tales \u00a0casos, a menos que el verdaderamente interesado ratifique de manera \u00a0expresa su voluntad de continuar con el proceso iniciado y reafirme \u00a0ante el juez la relaci\u00f3n de los hechos que dan lugar a la \u00a0petici\u00f3n de amparo, la actuaci\u00f3n debe culminar con la \u00a0negaci\u00f3n de las pretensiones de la demanda\u00bb \u00a0<\/p>\n
En este caso, la \u00a0raz\u00f3n que aduce PEDRO \u00a0ANTONIO GUTI\u00c9RREZ \u00a0para \u00a0actuar como agente oficioso de WILFREDO \u00a0PIANETA, \u00a0es que este se encuentra privado de la libertad. \u00a0<\/p>\n
En ese contexto, \u00a0conviene precisar que, seg\u00fan la jurisprudencia de la Corte \u00a0Constitucional, los \u00a0derechos de las personas privadas de la libertad se clasifican en \u00a0tres grupos: (i) \u00a0intocables; (ii) \u00a0suspendidos; o, (iii) \u00a0restringidos. Esa Corporaci\u00f3n ha explicado lo siguiente \u00a0(T-213\/2011, \u00a0T-035\/2013, T-149\/2014, T-588A\/2014. Reiteradas en: T-244\/2015): \u00a0<\/p>\n
\u00ab\u2026 \u00a0(i) los derechos intocables, aquellos que son inherentes a la \u00a0naturaleza humana y no pueden suspenderse ni limitarse por el hecho \u00a0de que su titular se encuentre recluido. En este grupo se encuentran \u00a0los derechos a la vida, la dignidad humana, la integridad personal, \u00a0la igualdad, libertad religiosa, debido proceso y petici\u00f3n, \u00a0(ii) los derechos suspendidos, son consecuencia l\u00f3gica y \u00a0directa de la pena impuesta, tales como: la libertad personal, la \u00a0libre locomoci\u00f3n entre otros, (iii) los derechos restringidos, \u00a0son el resultado de la relaci\u00f3n de sujeci\u00f3n del interno \u00a0para con el Estado, dentro de \u00e9stos encontramos los derechos \u00a0al trabajo, a la educaci\u00f3n, a la intimidad personal y \u00a0familiar, de reuni\u00f3n, de asociaci\u00f3n, libre desarrollo \u00a0de la personalidad, libertad de expresi\u00f3n\u2026\u00bb \u00a0<\/p>\n
Como se puede \u00a0observar, el ejercicio de la tutela no se afecta con la supresi\u00f3n \u00a0del derecho a la libertad, de tal manera que la poblaci\u00f3n \u00a0carcelaria no puede alegar tal condici\u00f3n como excusa para no \u00a0acudir \u00a0directamente ante el juez constitucional, m\u00e1xime cuando \u00a0existen en las c\u00e1rceles oficinas de asistencia jur\u00eddica \u00a0que pueden facilitar ese prop\u00f3sito. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed pues, \u00a0es claro que las garant\u00edas superiores presuntamente vulneradas \u00a0son las de WILFREDO \u00a0PIANETA, \u00a0quien pese a estar privado de la libertad, puede defender sus \u00a0intereses directamente o, en su defecto, conferir poder a un \u00a0profesional del derecho para que promueva acciones en su \u00a0representaci\u00f3n, documento que se echa de menos en el escrito \u00a0allegado a esta Corporaci\u00f3n, a lo que se agrega que PEDRO \u00a0GUTI\u00c9RREZ \u00a0no acredit\u00f3 su calidad de abogado. Es m\u00e1s, la solicitud \u00a0de amparo carece de su firma y la nota de presentaci\u00f3n \u00a0personal impuesta por la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n \u00a0Judicial \u2013 Oficina Judicial de Valledupar est\u00e1 \u00a0diligenciada a nombre de otra persona (fol. 6). \u00a0<\/p>\n
En conclusi\u00f3n, \u00a0PEDRO \u00a0ANTONIO GUTI\u00c9RREZ PI\u00d1ERES \u00a0carece de legitimidad para solicitar el amparo, toda vez que, como se \u00a0mencion\u00f3 en precedencia, no demostr\u00f3 satisfactoriamente \u00a0la condici\u00f3n de agente oficioso, por lo que la demanda ha de \u00a0ser rechazada. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la \u00a0CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, \u00a0SALA DE CASACI\u00d3N PENAL, \u00a0Sala \u00a0Primera de Decisi\u00f3n de Tutelas, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Rechazar la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0demanda de tutela interpuesta, por falta de legitimidad del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ciudadano PEDRO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ANTONIO GUTI\u00c9RREZ PI\u00d1ERES, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Notificar \u00a0esta providencia de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo \u00a030 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0De no ser impugnada esta decisi\u00f3n, env\u00edese \u00a0la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual \u00a0revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese \u00a0y c\u00famplase \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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