\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS GUILLERMO \u00a0SALAZAR OTERO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
ATP1237-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 106132 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0192 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., cinco \u00a0(5) de agosto de \u00a0dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
Procede \u00a0la Sala a dirimir la colisi\u00f3n negativa de competencia \u00a0suscitada entre los Juzgados Segundo Penal Municipal con Funci\u00f3n \u00a0de Conocimiento de Cartago y Veinticinco Penal Municipal con Funci\u00f3n \u00a0de Control de garant\u00edas de Cali, para asumir el conocimiento \u00a0de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gloria Patricia Castro \u00a0Rodr\u00edguez contra la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n del \u00a0Departamento del Valle del Cauca, por la presunta vulneraci\u00f3n \u00a0del derecho fundamental de petici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Seg\u00fan los elementos allegados, Gloria \u00a0Patricia Castro Rodr\u00edguez radic\u00f3 \u00a0ante los Jueces Municipales de Cartago, tutela en contra de la \u00a0Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n del Departamento del Valle del \u00a0Cauca, por la aparente transgresi\u00f3n del derecho de petici\u00f3n \u00a0al omitir pronunciarse sobre la solicitud de indemnizaci\u00f3n \u00a0moratoria por no pago oportuno de un anticipo de cesant\u00edas. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El conocimiento del amparo correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo \u00a0Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento de Cartago, el \u00a0cual mediante auto del 9 de julio del presente a\u00f1o, dispuso la \u00a0remisi\u00f3n de la misma al Juzgado Penal Municipal \u2013 \u00a0Reparto de Cali, por cuanto consider\u00f3 que all\u00ed es donde \u00a0se est\u00e1 vulnerando el derecho fundamental incoado. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Asignado por reparto el plenario al Juzgado Veinticinco Penal \u00a0Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Cali, \u00a0\u00e9ste se rehus\u00f3 a adelantar el tr\u00e1mite de la \u00a0acci\u00f3n constitucional, al considerar que la libelista radic\u00f3 \u00a0a prevenci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela en busca de la \u00a0protecci\u00f3n de su derecho fundamental en la ciudad de Cartago, \u00a0por ser el lugar donde se producen los efectos de la presunta \u00a0vulneraci\u00f3n y, dispuso la remisi\u00f3n del expediente al \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali \u2013 Reparto, para \u00a0que se imprima el tr\u00e1mite al conflicto de competencia negativo \u00a0elevado por ese despacho. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE \u00a0LA CORTE \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Corresponde a la Sala dirimir la colisi\u00f3n negativa de \u00a0competencia planteada en el presente asunto de conformidad con lo \u00a0dispuesto en el art\u00edculo 18 de la Ley 270 de 1996, en armon\u00eda \u00a0con el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 32 de la Ley 906 de 2004, \u00a0preceptos aplicables al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, \u00a0el cual no tiene norma expresa que regule lo concerniente a los \u00a0incidentes de colisi\u00f3n de competencias; dada la calidad de \u00a0superior jer\u00e1rquico com\u00fan que ostenta la Corte respecto \u00a0de los despachos colisionantes. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Advi\u00e9rtase que la competencia para tramitar y resolver las \u00a0acciones de tutela se encuentra determinada por el art\u00edculo 86 \u00a0de la Carta Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el 37 del Decreto \u00a02591 de 1991 y 1\u00b0 del Decreto 1382 de 2000; preceptos de los que \u00a0se desprende que son los llamados para conocer de la acci\u00f3n de \u00a0tutela, a \u00a0prevenci\u00f3n, \u00a0los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde \u00a0ocurriere la violaci\u00f3n o amenaza para los derechos \u00a0constitucionales fundamentales. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Lo anterior por cuanto trat\u00e1ndose de una acci\u00f3n \u00a0constitucional que tiene por objeto proteger los derechos \u00a0fundamentales, debe considerarse con prelaci\u00f3n el lugar donde \u00a0se proyectan los efectos de las acciones u omisiones que amenazan o \u00a0vulneran tales garant\u00edas. \u00a0<\/p>\n
Sobre el punto \u00a0se\u00f1al\u00f3 esta Sala en auto CSJ ATL del febrero 4 de 2002: \u00a0<\/p>\n
\u201cComo \u00a0se ha venido sosteniendo en reiterados pronunciamientos de la Sala \u00a0mayoritaria de Casaci\u00f3n Penal1, \u00a0la sede de las autoridades demandadas no necesariamente puede \u00a0adoptarse como par\u00e1metro exclusivo e invariable para \u00a0determinar la competencia del funcionario que ha de conocer la acci\u00f3n \u00a0de tutela. \u00a0<\/p>\n
Teniendo \u00a0en cuenta que la acci\u00f3n p\u00fablica tiene como objetivo \u00a0primordial salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, \u00a0deben \u00a0considerarse prevalentemente el lugar donde se materializan los \u00a0efectos de la violaci\u00f3n de las garant\u00edas \u00a0constitucionales y tambi\u00e9n la circunscripci\u00f3n \u00a0judicial escogida por el ciudadano para demandar la tutela de sus \u00a0derechos \u00a0(\u2026)\u201d. (Subrayas \u00a0fuera del texto transcrito) \u00a0<\/p>\n
3.1. \u00a0No de distinta forma se entender\u00eda que la naturaleza y \u00a0finalidad de la acci\u00f3n constitucional se afianza en la \u00a0protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las personas y que \u00a0para su efectividad debe considerarse prioritario el lugar donde se \u00a0materializan los efectos de la afrenta de las garant\u00edas \u00a0constitucionales, para demandar ante el juez constitucional el amparo \u00a0de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
3.2. \u00a0En consecuencia, la competencia a prevenci\u00f3n \u00a0-prevista en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991- se \u00a0determina no s\u00f3lo por el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n \u00a0o la amenaza, sino tambi\u00e9n por aquel en donde nace o se \u00a0origina el acto que se considera lesivo de los derechos \u00a0fundamentales, lo mismo que en el que razonablemente pueda colegirse \u00a0se producen los efectos del mismo, como por ejemplo, el sitio de \u00a0residencia de la parte actora o donde se entera de la determinaci\u00f3n \u00a0o actividad lesiva, o labora o recibe el perjuicio. El \u00a0juez de cualquiera de estos lugares en el cual se formula la demanda \u00a0de tutela deber\u00e1 asumir la acci\u00f3n constitucional sin \u00a0que le sea procedente alegar la incompetencia, pues bajo el criterio \u00a0de prevenci\u00f3n, es viable su conocimiento.2 \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Con fundamento en los anteriores derroteros, ha de tenerse en cuenta \u00a0que en el caso sub \u00a0examine \u00a0concurren las siguientes circunstancias: \u00a0<\/p>\n
(i) \u00a0La acci\u00f3n de tutela fue dirigida contra la Secretar\u00eda \u00a0de Educaci\u00f3n del Departamento del Valle del Cauca. \u00a0<\/p>\n
(ii) \u00a0Los hechos que determinaron el reclamo constitucional tuvieron su \u00a0g\u00e9nesis en la aparente omisi\u00f3n del ente departamental \u00a0de responder las peticiones que le elevara la accionante para obtener \u00a0el pago de la indemnizaci\u00f3n moratoria. \u00a0<\/p>\n
(iii) \u00a0Conforme el auto transcrito3, \u00a0para efectos de determinar la competencia debe considerarse no solo \u00a0el lugar en \u00a0que ocurri\u00f3 la violaci\u00f3n a lo amenaza de los derechos \u00a0sobre los que se depreca el amparo sino adicionalmente la \u00a0circunscripci\u00f3n judicial escogida por el ciudadano para \u00a0demandar dicha tutela de sus derechos, y en el caso sometido a \u00a0estudio evidente es que dicha circunscripci\u00f3n escogida por el \u00a0actor fue la del circuito judicial de Cartago. \u00a0<\/p>\n
4.1. \u00a0Dichos aspectos sin lugar a dudas dan lugar a sostener que el \u00a0conocimiento de la demanda de tutela recae en el Juzgado Segundo \u00a0Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento de Cartago, en \u00a0atenci\u00f3n a la circunscripci\u00f3n \u00a0judicial escogida por la ciudadana para demandar la tutela de sus \u00a0derechos. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0consiguiente, corresponde a dicha c\u00e9lula judicial resolver la \u00a0acci\u00f3n de tutela y decidir sobre las pretensiones impetradas \u00a0respecto de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n accionada y \u00a0partes cuya vinculaci\u00f3n se advierta necesaria como parte \u00a0pasiva dentro del respectivo tr\u00e1mite constitucional, despacho \u00a0a \u00a0donde se remitir\u00e1 la actuaci\u00f3n para lo pertinente. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal, en Sala de Decisi\u00f3n en Tutela, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
Primero: \u00a0DIRIMIR el conflicto negativo de competencias asignando el \u00a0conocimiento de la presente acci\u00f3n de tutela al Juzgado \u00a0Segundo Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento de \u00a0Cartago. \u00a0<\/p>\n
Segundo: \u00a0INFORMAR esta decisi\u00f3n al Juzgado Veinticinco Penal Municipal \u00a0de Control de Garant\u00edas de Cali, y a la accionante por el \u00a0medio m\u00e1s eficaz. \u00a0<\/p>\n
Contra esta \u00a0decisi\u00f3n no procede recurso alguno. \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
LUIS GUILLERMO \u00a0SALAZAR OTERO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
JAIME HUMBERTO \u00a0MORENO ACERO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
EYDER PATI\u00d1O \u00a0CABRERA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
Nubia Yolanda Nova \u00a0Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Autos de julio 11, julio 24 y octubre 13 de 2001, radicados T- 9781, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T- 9848 y T- 10369. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. autos de fechas \u00a022 de mayo de 2001, marzo 6 de 2003. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00cddem \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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