\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
AP4470-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0N\u00b0 56093 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 254) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., dos (02) de octubre de dos mil diecinueve (2019) \u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala define la autoridad competente para conocer \u00a0del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la providencia \u00a0mediante la cual el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y \u00a0Medidas de Seguridad de Neiva revoc\u00f3 el beneficio de la \u00a0suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena a \u00a0Mario Ren\u00e9 M\u00e9ndez, \u00a0quien fue condenado por el delito de abuso de confianza. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1.- \u00a0El 23 de marzo de 2018, el Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal \u00a0de Timan\u00e1 (Huila) declar\u00f3 penalmente responsable a \u00a0Mario \u00a0Ren\u00e9 M\u00e9ndez, \u00a0como \u00a0autor de la conducta punible de abuso \u00a0de confianza, \u00a0raz\u00f3n por la cual le impuso 12 meses de prisi\u00f3n, multa \u00a0de medio salario m\u00ednimo legal mensual vigente e inhabilitaci\u00f3n \u00a0para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el \u00a0mismo t\u00e9rmino de la pena principal. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0sentenciado se le otorg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de \u00a0la ejecuci\u00f3n de la pena.1 \u00a0<\/p>\n
2.- \u00a0Actualmente, \u00a0la \u00a0vigilancia de la pena fue asignada al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n \u00a0de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva (Huila) que, mediante auto \u00a0del 5 de abril de 2019, revoc\u00f3 la suspensi\u00f3n \u00a0condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena, ante el incumplimiento \u00a0del pago de perjuicios.2 \u00a0<\/p>\n
4.- \u00a0El sentenciado impugn\u00f3 tal determinaci\u00f3n,3 \u00a0por lo que luego de confirmar el auto en comento al desatar el \u00a0recurso de reposici\u00f3n, el juez ejecutor concedi\u00f3 la \u00a0alzada ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial \u00a0de Neiva.4 \u00a0<\/p>\n
5.- \u00a0Una vez arrib\u00f3 el expediente, la citada autoridad, mediante \u00a0auto del 17 de julio de 2019, rehus\u00f3 la competencia para \u00a0resolver la apelaci\u00f3n, con \u00a0base en el siguiente argumento: \u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante, deber\u00eda esta Sala decidir de fondo el asunto \u00a0esbozado por el apelante, de no ser porque se advierte la \u00a0incompetencia para pronunciarse de fondo sobre el recurso planteado, \u00a0conforme a lo dispuesto en el Art. 478 \u00a0del C.P.P. \u2013Ley 906 de \u00a02004. \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
Desde \u00a0esta \u00f3ptica, el art\u00edculo 478 de la Ley 906 de 2004 \u00a0precept\u00faa una excepci\u00f3n al factor \u00a0funcional de competencia de los tribunales \u00a0en lo que tiene que ver con los recursos de apelaci\u00f3n contra \u00a0las decisiones del juez de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de \u00a0seguridad relativas a los mecanismos sustitutivos de la pena \u00a0privativa de la libertad y la rehabilitaci\u00f3n.5 \u00a0<\/p>\n
6.- \u00a0Por lo anterior, remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n a la Corte para \u00a0que se defina el asunto, conforme el art\u00edculo 54 de la Ley 906 \u00a0de 2004. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1.- \u00a0La Corte es competente para resolver la problem\u00e1tica propuesta \u00a0por ser la superior de la Sala Penal del Tribunal de Neiva, autoridad \u00a0que se declar\u00f3 incompetente -art\u00edculo \u00a032-4 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal-. \u00a0<\/p>\n
2.- \u00a0En \u00a0torno a la controversia planteada resulta necesario destacar que la \u00a0actuaci\u00f3n seguida contra el hoy condenado se adelant\u00f3 \u00a0bajo las previsiones normativas de la Ley 906 de 2004 y en atenci\u00f3n \u00a0a que se discute la competencia para conocer de la apelaci\u00f3n \u00a0formulada contra la providencia a trav\u00e9s de la cual el Juzgado \u00a0Primero \u00a0de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva revoc\u00f3 \u00a0la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena, \u00a0otorgada en dicha fase a Mario \u00a0Ren\u00e9 M\u00e9ndez, \u00a0quien fue condenado por el delito de abuso de confianza, \u00a0resulta conveniente recordar lo que la jurisprudencia de la Sala ha \u00a0precisado respecto de la aparente incompatibilidad de los art\u00edculos \u00a034, numeral 6, y 478 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal: \u00a0<\/p>\n
\u2026El \u00a0art\u00edculo 34.6 ib\u00eddem asigna a las salas penales de los \u00a0tribunales superiores el conocimiento del recurso de apelaci\u00f3n \u00a0interpuesto contra la decisi\u00f3n del juez de ejecuci\u00f3n de \u00a0penas. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0extremo distinto, el art\u00edculo 478 del mismo cuerpo normativo \u00a0establece que cuando las decisiones que adopte el juez de ejecuci\u00f3n \u00a0de penas y medidas de seguridad, en \u00a0relaci\u00f3n con mecanismos sustitutivos de la pena privativa de \u00a0la libertad \u00a0son apelables ante el juez que profiri\u00f3 la condena en primera \u00a0o \u00fanica instancia. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0resoluci\u00f3n del aparente conflicto normativo reclama la \u00a0atenci\u00f3n hacia los criterios generales de interpretaci\u00f3n \u00a0de las normas procesales. \u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0el particular, la Ley 57 de 1887 ense\u00f1a: \u00a0<\/p>\n
\u2018Art\u00edculo \u00a05\u00b0. \u00a0Cuando haya incompatibilidad entre una disposici\u00f3n \u00a0constitucional y una legal, preferir\u00e1 aquella. \u00a0<\/p>\n
\u2018Si \u00a0en los c\u00f3digos que se adopten se hallaren algunas \u00a0disposiciones incompatibles entre s\u00ed, se observar\u00e1n en \u00a0su aplicaci\u00f3n las reglas siguientes: \u00a0<\/p>\n
\u20181. \u00a0 La disposici\u00f3n relativa a un asunto especial prefiere a la \u00a0que tenga car\u00e1cter general. \u00a0<\/p>\n
\u20182. \u00a0Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad, \u00a0y se hallen en un mismo c\u00f3digo, preferir\u00e1 la \u00a0disposici\u00f3n consignada en el art\u00edculo posterior\u2026\u2019. \u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0art\u00edculo 34.6 consagra la regla general de competencia de los \u00a0tribunales para conocer de los recursos de apelaci\u00f3n contra \u00a0las decisiones de los jueces de ejecuci\u00f3n de penas; \u00a0no \u00a0obstante, el art\u00edculo 478, norma posterior dentro del mismo \u00a0c\u00f3digo, contiene una circunstancia de concreci\u00f3n y \u00a0exactitud \u00a0referida a las decisiones que adoptan estas mismas \u00a0autoridades, pero sobre mecanismos sustitutivos de la pena privativa \u00a0de la libertad, en cuyo caso se aplica la regla de competencia \u00a0especial para los sentenciadores de primera o \u00fanica \u00a0 instancia. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo 478 de la Ley 906 de 2004 precept\u00faa una \u00a0excepci\u00f3n al \u00a0factor funcional de competencia de los tribunales en \u00a0lo que tiene que ver con los recursos de apelaci\u00f3n contra las \u00a0decisiones del juez de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de \u00a0seguridad relativas a los mecanismos sustitutivos de la pena \u00a0privativa de la libertad y la rehabilitaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0controversia se dirime por el principio de especialidad de la norma \u00a0procesal, a la que auxilia el criterio del precepto posterior, porque \u00a0el art\u00edculo 478 ejusdem que se revisa hace parte del Libro IV, \u00a0que desarrolla \u00fanica y espec\u00edficamente la tem\u00e1tica \u00a0de la ejecuci\u00f3n de la sentencia. \u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, \u00a0la norma examinada en concreto escinde de la multiplicidad de \u00a0materias de las que conocen los jueces de ejecuci\u00f3n de penas \u00a0-redenci\u00f3n de penas, acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de \u00a0penas, aplicaci\u00f3n de penas accesorias, libertad vigilada, \u00a0extinci\u00f3n de la condena, entre otras- aquellas que deciden \u00a0sobre los mecanismos sustitutivos privativos de la libertad; lo que \u00a0devela que por excepci\u00f3n y especialidad, estos temas son del \u00a0conocimiento del juez que profiri\u00f3 la condena. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0asunto por resolver no puede definirse con categor\u00edas de \u00a0conveniencia o funcionalidad, como lo expone el Juez que profiri\u00f3 \u00a0el fallo, porque la competencia es una categor\u00eda procesal que \u00a0se corresponde con el principio de la legalidad. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0pena y su r\u00e9gimen de ejecuci\u00f3n y vigilancia no son \u00a0ajenos a este principio, el cual comprende, tambi\u00e9n, al juez \u00a0natural de estos asuntos, con fundamento en la preceptiva superior \u00a0(art\u00edculo 29, Inc.3\u00b0). Entonces, a menos que se trate de \u00a0un supuesto de hecho que obligue a aplicar la excepci\u00f3n de \u00a0legalidad del art\u00edculo 6\u00b0, no podr\u00e1 invocarse ley \u00a0procesal distinta a la vigente al tiempo de la actuaci\u00f3n \u00a0procesal. \u00a0<\/p>\n
Conclusi\u00f3n: \u00a0respecto de las decisiones que adoptan los jueces de ejecuci\u00f3n \u00a0de penas y medidas de seguridad en relaci\u00f3n con mecanismos \u00a0sustitutivos de la pena privativa de la libertad, \u00a0el competente, por mandato expreso, concreto y posterior de la Ley \u00a0906 de 2004, es el juez que profiri\u00f3 la condena en primera o \u00a0\u00fanica instancia, siempre \u00a0y cuando \u00a0la actuaci\u00f3n se haya iniciado y adelantando, en \u00a0su integridad, \u00a0con el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal\u2026\u201d.6 \u00a0<\/p>\n
De \u00a0 conformidad con lo anterior, ha de concluirse que los recursos de \u00a0apelaci\u00f3n interpuestos contra las decisiones adoptadas por los \u00a0Jueces de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0relacionadas con los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de \u00a0la libertad, deben ser decididos por el Juez que profiri\u00f3 la \u00a0sentencia en primera o \u00fanica instancia. \u00a0<\/p>\n
3.- \u00a0Bajo esa perspectiva, el competente para conocer de la alzada \u00a0propuesta por el condenado contra el auto proferido por el \u00a0Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0de Neiva, \u00a0es el Juzgado \u00a0\u00fanico Promiscuo Municipal de Timan\u00e1, \u00a0al cual se remitir\u00e1 la actuaci\u00f3n para los fines legales \u00a0pertinentes. \u00a0<\/p>\n
Ello, \u00a0por cuanto el pronunciamiento relacionado con la revocatoria de la \u00a0suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena, \u00a0surge del previo otorgamiento de tal beneficio, catalogado como \u00a0sustituto por el \u00a0art\u00edculo 63 del C\u00f3digo Penal, por consiguiente se est\u00e1 \u00a0ante una de las hip\u00f3tesis \u00a0del art\u00edculo 478 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, \u00a0preceptiva que fija en el juez que profiri\u00f3 el fallo de \u00a0primera instancia la competencia para desatar dicha impugnaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Ese \u00a0criterio ha servido para definir asuntos similares al presente, \u00a0verbigracia, en providencias CSJ AP273-2017, Rad. 49567, AP 680-2014, \u00a0Rad. 43199, AP1188-2014, Rad. 43365 y AP3412-2019, Rad. 55670. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la \u00a0Corte Suprema de Justicia, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
1\u00b0. \u00a0DECLARAR \u00a0que \u00a0la competencia para conocer de la del \u00a0recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la decisi\u00f3n del \u00a0Juzgado \u00a0Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, \u00a0mediante la cual le fue revocada \u00a0la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena a \u00a0Mario \u00a0Ren\u00e9 M\u00e9ndez, \u00a0radica en el Juzgado \u00a0Promiscuo Municipal de Timan\u00e1 (Huila), \u00a0al cual se remitir\u00e1 la actuaci\u00f3n para los fines \u00a0pertinentes. \u00a0<\/p>\n
2\u00b0. \u00a0Inf\u00f3rmese \u00a0de esta decisi\u00f3n a la Sala Penal del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Neiva. \u00a0<\/p>\n
3\u00b0. \u00a0Contra \u00a0esta providencia no procede recurso alguno. \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
EYDER \u00a0PATI\u00d1O CABRERA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
JAIME \u00a0HUMBERTO MORENO ACERO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0GUILLERMO SALAZAR OTERO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02 al 5 del Cuaderno n\u00famero 1 correspondiente a ejecuci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de penas. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a042 a 44 ib\u00eddem. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a047 a 49 ib\u00eddem. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a059 a 60 ib\u00eddem. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a04 y 5 del cuaderno original 2. \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Definici\u00f3n de competencia 27612, auto del 13 de junio de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02007. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0 Magistrado \u00a0ponente \u00a0 AP4470-2019 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0N\u00b0 56093 \u00a0 (Aprobado \u00a0Acta No. 254) \u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., dos (02) de octubre de dos mil diecinueve (2019) \u00a0 VISTOS \u00a0 La \u00a0Sala define la autoridad competente para conocer \u00a0del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la providencia \u00a0mediante la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-43013","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-28"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43013","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=43013"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43013\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=43013"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=43013"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=43013"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}