\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
AP356-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0N\u00b0 54322 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No.31) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., \u00a0seis (06) de febrero de dos mil diecinueve (2019) \u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala define la autoridad competente para conocer \u00a0del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la providencia \u00a0mediante la cual el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y \u00a0Medidas de Seguridad de Neiva declar\u00f3 la extinci\u00f3n de \u00a0la condena impuesta a Alejandro \u00a0Castro Castellanos, \u00a0por el delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de \u00a0estupefacientes. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1.- \u00a0El 8 de agosto de 2016, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Neiva \u00a0declar\u00f3 penalmente responsable a \u00a0Alejandro \u00a0Castro Castellanos, \u00a0como \u00a0autor de la conducta punible de tr\u00e1fico, \u00a0fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes, \u00a0raz\u00f3n por la cual le impuso 32 meses de prisi\u00f3n, multa \u00a0de un salario m\u00ednimo legal mensual vigente e inhabilitaci\u00f3n \u00a0para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el \u00a0mismo t\u00e9rmino de la sanci\u00f3n principal. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0sentenciado no se le otorg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional \u00a0de la ejecuci\u00f3n de la pena ni el sustituto de la prisi\u00f3n \u00a0domiciliaria. \u00a0<\/p>\n
2.- \u00a0La \u00a0vigilancia de la sanci\u00f3n fue asignada al Juzgado Cuarto de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva que, \u00a0mediante auto del 5 de septiembre de 2017, concedi\u00f3 al \u00a0mencionado la libertad condicional. \u00a0<\/p>\n
3.- \u00a0Ante el cumplimiento de las obligaciones contra\u00eddas y \u00a0transcurrido el periodo de prueba correspondiente, el despacho, a \u00a0trav\u00e9s de auto del 19 de octubre de 2018, declar\u00f3 \u00aba \u00a0favor de ALEJANDRO CASTRO CASTELLANOS, la extinci\u00f3n de la pena \u00a0principal y las accesorias impuestas\u2026\u00bb, \u00a0con base en el art\u00edculo 67 del C\u00f3digo Penal.1 \u00a0<\/p>\n
4.- \u00a0Inconforme con la anterior decisi\u00f3n, el Procurador 268 \u00a0Judicial I Penal interpuso recurso de apelaci\u00f3n,2 \u00a0el cual fue concedido ante la Sala Penal del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Neiva. \u00a0<\/p>\n
5.- \u00a0Una vez arrib\u00f3 el expediente, la citada Corporaci\u00f3n, \u00a0mediante auto del 22 de noviembre de 2018, rehus\u00f3 la \u00a0competencia para resolver el citado medio de impugnaci\u00f3n, con \u00a0el argumento de que \u00absi \u00a0bien, el recurrente expresa desacuerdo con la determinaci\u00f3n \u00a0que declar\u00f3 la extinci\u00f3n de la pena, la misma [es] \u00a0producto de declarar sin efectos la decisi\u00f3n que le revoc\u00f3 \u00a0el beneficio de la libertad condicional\u00bb, \u00a0raz\u00f3n por la cual asegur\u00f3 que, en virtud del art\u00edculo \u00a0478 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, el llamado a desatar la \u00a0alzada es el Juzgado Tercero Penal del Circuito Neiva, en tanto fue \u00a0el que profiri\u00f3 la condena contra el sentenciado. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior, remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n a la Corte para \u00a0que se defina la competencia, conforme el art\u00edculo 54 de la \u00a0Ley 906 de 2004. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1.- \u00a0La Corte debe definir la competencia para conocer del recurso de \u00a0apelaci\u00f3n promovido contra el auto que declar\u00f3 \u00aba \u00a0favor de ALEJANDRO CASTRO CASTELLANOS, la extinci\u00f3n de la pena \u00a0principal y las accesorias impuestas en el presente asunto\u00bb, \u00a0por ser la superior de la Sala Penal del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Neiva que se declar\u00f3 incompetente \u00a0-art\u00edculo 32-4 de la Ley 906 de 2004-. \u00a0<\/p>\n
2.- \u00a0En \u00a0torno a la controversia propuesta resulta necesario destacar que la \u00a0actuaci\u00f3n seguida contra el hoy condenado se adelant\u00f3 \u00a0bajo las previsiones normativas de la Ley 906 de 2004, y en atenci\u00f3n \u00a0a que se discute la competencia para conocer de la apelaci\u00f3n \u00a0formulada contra la providencia a trav\u00e9s de la cual el Juzgado \u00a0Cuarto \u00a0de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva declar\u00f3 \u00a0la extinci\u00f3n de la condena impuesta a Alejandro \u00a0Castro Castellanos, \u00a0por el delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de \u00a0estupefacientes, \u00a0resulta conveniente recordar lo que la jurisprudencia de la Corte ha \u00a0precisado respecto de la aparente incompatibilidad de los art\u00edculos \u00a034, numeral 6\u00b0, y 478 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, se ha precisado: \u00a0<\/p>\n
\u2026El \u00a0art\u00edculo 34.6 ib\u00eddem asigna a las salas penales de los \u00a0tribunales superiores el conocimiento del recurso de apelaci\u00f3n \u00a0interpuesto contra la decisi\u00f3n del juez de ejecuci\u00f3n de \u00a0penas. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0extremo distinto, el art\u00edculo 478 del mismo cuerpo normativo \u00a0establece que cuando las decisiones que adopte el juez de ejecuci\u00f3n \u00a0de penas y medidas de seguridad, en \u00a0relaci\u00f3n con mecanismos sustitutivos de la pena privativa de \u00a0la libertad \u00a0son apelables ante el juez que profiri\u00f3 la condena en primera \u00a0o \u00fanica instancia. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0resoluci\u00f3n del aparente conflicto normativo reclama la \u00a0atenci\u00f3n hacia los criterios generales de interpretaci\u00f3n \u00a0de las normas procesales. \u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0el particular, la Ley 57 de 1887 ense\u00f1a: \u00a0<\/p>\n
\u2018Art\u00edculo \u00a05\u00b0. \u00a0Cuando haya incompatibilidad entre una disposici\u00f3n \u00a0constitucional y una legal, preferir\u00e1 aquella. \u00a0<\/p>\n
\u2018Si \u00a0en los c\u00f3digos que se adopten se hallaren algunas \u00a0disposiciones incompatibles entre s\u00ed, se observar\u00e1n en \u00a0su aplicaci\u00f3n las reglas siguientes: \u00a0<\/p>\n
\u20181. \u00a0 La disposici\u00f3n relativa a un asunto especial prefiere a la \u00a0que tenga car\u00e1cter general. \u00a0<\/p>\n
\u20182. \u00a0Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad, \u00a0y se hallen en un mismo c\u00f3digo, preferir\u00e1 la \u00a0disposici\u00f3n consignada en el art\u00edculo posterior\u2026\u2019. \u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0art\u00edculo 34.6 consagra la regla general de competencia de los \u00a0tribunales para conocer de los recursos de apelaci\u00f3n contra \u00a0las decisiones de los jueces de ejecuci\u00f3n de penas; \u00a0no \u00a0obstante, el art\u00edculo 478, norma posterior dentro del mismo \u00a0c\u00f3digo, contiene una circunstancia de concreci\u00f3n y \u00a0exactitud \u00a0referida a las decisiones que adoptan estas mismas \u00a0autoridades, pero sobre mecanismos sustitutivos de la pena privativa \u00a0de la libertad, en cuyo caso se aplica la regla de competencia \u00a0especial para los sentenciadores de primera o \u00fanica \u00a0 instancia. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo 478 de la ley 906 de 2004 precept\u00faa una \u00a0excepci\u00f3n al \u00a0factor funcional de competencia de los tribunales en \u00a0lo que tiene que ver con los recursos de apelaci\u00f3n contra las \u00a0decisiones del juez de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de \u00a0seguridad relativas a los mecanismos sustitutivos de la pena \u00a0privativa de la libertad y la rehabilitaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0controversia se dirime por el principio de especialidad de la norma \u00a0procesal, a la que auxilia el criterio del precepto posterior, porque \u00a0el art\u00edculo 478 ejusdem que se revisa hace parte del Libro IV, \u00a0que desarrolla \u00fanica y espec\u00edficamente la tem\u00e1tica \u00a0de la ejecuci\u00f3n de la sentencia. \u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, \u00a0la norma examinada en concreto escinde de la multiplicidad de \u00a0materias de las que conocen los jueces de ejecuci\u00f3n de penas \u00a0-redenci\u00f3n de penas, acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de \u00a0penas, aplicaci\u00f3n de penas accesorias, libertad vigilada, \u00a0extinci\u00f3n de la condena, entre otras- aquellas que deciden \u00a0sobre los mecanismos sustitutivos privativos de la libertad; lo que \u00a0devela que por excepci\u00f3n y especialidad, estos temas son del \u00a0conocimiento del juez que profiri\u00f3 la condena. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0asunto por resolver no puede definirse con categor\u00edas de \u00a0conveniencia o funcionalidad, como lo expone el Juez que profiri\u00f3 \u00a0el fallo, porque la competencia es una categor\u00eda procesal que \u00a0se corresponde con el principio de la legalidad. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0pena y su r\u00e9gimen de ejecuci\u00f3n y vigilancia no son \u00a0ajenos a este principio, el cual comprende, tambi\u00e9n, al juez \u00a0natural de estos asuntos, con fundamento en la preceptiva superior \u00a0(art\u00edculo 29, Inc.3\u00b0). Entonces, a menos que se trate de \u00a0un supuesto de hecho que obligue a aplicar la excepci\u00f3n de \u00a0legalidad del art\u00edculo 6\u00b0, no podr\u00e1 invocarse ley \u00a0procesal distinta a la vigente al tiempo de la actuaci\u00f3n \u00a0procesal. \u00a0<\/p>\n
Conclusi\u00f3n: \u00a0respecto de las decisiones que adoptan los jueces de ejecuci\u00f3n \u00a0de penas y medidas de seguridad en relaci\u00f3n con mecanismos \u00a0sustitutivos de la pena privativa de la libertad, \u00a0el competente, por mandato expreso, concreto y posterior de la Ley \u00a0906 de 2004, es el juez que profiri\u00f3 la condena en primera o \u00a0\u00fanica instancia, siempre \u00a0y cuando \u00a0la actuaci\u00f3n se haya iniciado y adelantando, en \u00a0su integridad, \u00a0con el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal\u2026\u201d.3 \u00a0<\/p>\n
De \u00a0 conformidad con \u00a0lo anterior, ha de concluirse que los recursos de apelaci\u00f3n \u00a0interpuestos contra las decisiones adoptadas por los Jueces de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad relacionadas con los \u00a0mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, deben \u00a0ser decididos por el Juez que profiri\u00f3 la sentencia en primera \u00a0o \u00fanica instancia, mientras que las impugnaciones propuestas \u00a0contra aquellas determinaciones que no se relacionan con estos \u00a0aspectos, corresponden al Tribunal Superior del Distrito Judicial \u00a0respectivo. \u00a0<\/p>\n
3.- \u00a0Bajo esa perspectiva, el competente para conocer de la alzada \u00a0propuesta por el representante del Ministerio P\u00fablico contra \u00a0el auto proferido el 19 \u00a0de octubre de 2018, es el \u00a0Juzgado Tercero Penal del Circuito Neiva, \u00a0por cuanto el pronunciamiento relacionado con la extinci\u00f3n de \u00a0las penas, principal y accesoria, impuestas a Alejandro \u00a0Castro Castellanos, \u00a0surge del previo otorgamiento de la libertad condicional, hip\u00f3tesis \u00a0que se ajusta a las previsiones del art\u00edculo 478 del C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Penal. \u00a0<\/p>\n
Ello, \u00a0por cuanto el \u00a0art\u00edculo 67 de la Ley 599 de 2000 dispone que \u00a0una \u00a0vez transcurrido el periodo de prueba sin que el sentenciado viole \u00a0cualquiera de las obligaciones fijadas al momento de conceder alguno \u00a0de los mecanismos sustitutivos, bien la suspensi\u00f3n condicional \u00a0de la ejecuci\u00f3n de la pena, ora la libertad condicional, la \u00a0\u00abcondena \u00a0queda extinguida\u00bb. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0tal manera, declarar que ha operado el fen\u00f3meno jur\u00eddico \u00a0de la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n, cuando \u00e9sta se ha \u00a0producido en el marco del otorgamiento de la libertad condicional, \u00a0impone al funcionario judicial verificar el acatamiento de los \u00a0compromisos adquiridos a la luz del art\u00edculo 65 ib\u00eddem \u00a0para el goce del sustituto, \u00a0lo \u00a0cual significa que, en este caso espec\u00edfico, la extinci\u00f3n \u00a0de la sanci\u00f3n se encuentra inescindiblemente vinculada al \u00a0\u00e1mbito de ejecuci\u00f3n del beneficio, pues una vez \u00a0constatado su cabal cumplimiento deviene la \u00abextinci\u00f3n \u00a0y liberaci\u00f3n\u00bb \u00a0definitiva. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, \u00a0se insiste en que el recurso vertical interpuesto contra la \u00a0providencia dictada por el \u00a0Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de \u00a0Neiva, \u00a0es regulado por el art\u00edculo 478 de la Ley 906 de 2004, \u00a0preceptiva que fija en el juez que profiri\u00f3 el fallo de \u00a0primera o \u00fanica instancia la competencia para desatar dicha \u00a0impugnaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, el \u00a0llamado a conocer de la referida apelaci\u00f3n es el Juzgado \u00a0Tercero Penal del Circuito Neiva, \u00a0al cual se remitir\u00e1 la actuaci\u00f3n para los fines legales \u00a0pertinentes. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la \u00a0Corte Suprema de Justicia, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
1\u00b0. \u00a0DECLARAR \u00a0que \u00a0la competencia para conocer de la del \u00a0recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la decisi\u00f3n del \u00a0Juzgado \u00a0Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, \u00a0mediante la cual se \u00a0declar\u00f3 la extinci\u00f3n de las penas principal y accesoria \u00a0impuestas a Alejandro \u00a0Castro Castellanos, \u00a0radica en el Juzgado \u00a0Tercero Penal del Circuito Neiva, \u00a0al cual se remitir\u00e1 la actuaci\u00f3n para los fines \u00a0pertinentes. \u00a0<\/p>\n
2\u00b0. \u00a0Inf\u00f3rmese \u00a0de esta decisi\u00f3n a la Sala Penal del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Neiva. \u00a0<\/p>\n
3\u00b0. \u00a0Contra \u00a0esta providencia no procede recurso alguno. \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
EYDER PATI\u00d1O \u00a0CABRERA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
LUIS GUILLERMO \u00a0SALAZAR OTERO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fls.92-94. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fls.97-99. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Definici\u00f3n de competencia 27612, auto del 13 de junio de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02003. \u00a0<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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