\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP9961-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 99712 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 246) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., dos (2) de agosto de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta por el apoderado judicial \u00a0de AM\u00cdN V\u00c1SQUEZ PERDOMO y HERNANDO Y\u00c1\u00d1EZ \u00a0NARV\u00c1EZ, contra la sentencia de tutela proferida el 4 de mayo \u00a0de 2018 por la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior \u00a0del Distrito Judicial de Neiva, que neg\u00f3 el amparo de sus \u00a0derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por la empresa \u00a0Hernando Falla Duque, la Fiscal\u00eda 35 Especializada de \u00a0Extinci\u00f3n de Dominio y la Sociedad Activos Especiales S.A.S. \u00a0(SAE). \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fue vinculado el ciudadano Hern\u00e1n Ram\u00f3n \u00a0Gonz\u00e1lez Pardo, en su calidad de depositario provisional de la \u00a0S.A.E. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se establece de la demanda, el 2 de octubre de 1991 y el 27 de \u00a0octubre de 1993, respectivamente, AM\u00cdN \u00a0V\u00c1SQUEZ PERDOMO y HERNANDO Y\u00c1\u00d1EZ NARV\u00c1EZ \u00a0suscribieron contrato verbal de trabajo con la empresa Hernando Falla \u00a0Duque para desempe\u00f1ar los cargos de auxiliares en oficios \u00a0varios en la Hacienda La Paz, ubicada en el municipio de Tello \u00a0-Huila- e identificada con M.I. \u00a0200-25842. \u00a0<\/p>\n
Posteriormente, \u00a0la Fiscal\u00eda 35 \u00a0Especializada inici\u00f3 proceso \u00a0de extinci\u00f3n de dominio en \u00a0el que dispuso el embargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder \u00a0dispositivo del referido inmueble. En consecuencia, la \u00a0propiedad fue dejada a disposici\u00f3n de la SAE, \u00a0la cual mediante oficio 00427-200-25842-24 del 29 de noviembre de \u00a02017, procedi\u00f3 al despido injustificado de los accionantes. \u00a0<\/p>\n
Afirm\u00f3 \u00a0la parte actora que solicit\u00f3 ante la SAE el reintegro laboral, \u00a0as\u00ed como el reconocimiento y pago de algunos salarios \u00a0adeudados. No obstante, mediante oficio del 28 de febrero de la \u00a0presente anualidad, dicha entidad les inform\u00f3 que no existe \u00a0v\u00ednculo laboral entre ellos y, por ende, no es procedente \u00a0acceder a ese requerimiento. A la par, se\u00f1al\u00f3 que dicho \u00a0pedimento deben promoverlo ante su antiguo empleador. \u00a0<\/p>\n
Afirmaron \u00a0que carecen de capacitaci\u00f3n para ejercer otros cargos, sus \u00a0familias dependen exclusivamente de sus ingresos. Sumado a ello, la \u00a0edad 571 \u00a0y 602 \u00a0respectivamente, y estado de salud, de cada uno, no s\u00f3lo les \u00a0impide desempe\u00f1ar trabajos en otras actividades laborales sino \u00a0que los incluye en el rango de sujetos de especial protecci\u00f3n \u00a0constitucional. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior, demandaron la protecci\u00f3n de sus derechos \u00a0fundamentales al m\u00ednimo vital, dignidad humana y seguridad \u00a0social. Consecuente con ello, solicitaron que se ordene a las \u00a0accionadas reintegrarlos a los cargos que \u00a0ven\u00edan ocupando y, adem\u00e1s, se les efectu\u00e9 el \u00a0pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 24 de abril de 2018, el Tribunal admiti\u00f3 la demanda y \u00a0corri\u00f3 el traslado correspondiente a las entidades accionadas. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Fiscal\u00eda 35 Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio aleg\u00f3 \u00a0su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, resalt\u00f3 \u00a0que el debate gira en torno a derechos laborales derivados de un \u00a0contrato de trabajo, relacionado con un inmueble objeto de extinci\u00f3n \u00a0de dominio. Por ende, indic\u00f3 que es la S.A.E. la llamada a \u00a0atender dicha controversia. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sociedad de Activos Especiales S.A.S, solicit\u00f3 \u00a0negar la protecci\u00f3n constitucional reclamada. Indic\u00f3 \u00a0que se incumple el presupuesto de subsidiariedad, toda vez que no se \u00a0han agotado los medios ordinarios de defensa dispuestos por el \u00a0legislador. Adem\u00e1s, no se acredit\u00f3 la concurrencia de \u00a0un perjuicio irremediable. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0la par, destac\u00f3 que en cumplimiento de las facultades \u00a0conferidas por la Ley 1709 de 2014, su intervenci\u00f3n se limita \u00a0a administrar los bienes a trav\u00e9s de un depositario \u00a0provisional. Igualmente manifest\u00f3 que dicha entidad nunca \u00a0suscribi\u00f3 contrato de trabajo con los demandantes y, por ende, \u00a0no puede acceder al pago de las prestaciones derivadas de una \u00a0relaci\u00f3n laboral con \u00e9stos. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Tribunal neg\u00f3 el amparo. Advirti\u00f3 que la pretensi\u00f3n \u00a0del accionante no puede resolverse en sede constitucional, sino \u00a0mediante los mecanismos ordinarios pertinentes. Resalt\u00f3 que no \u00a0est\u00e1 demostrado el perjuicio irremediable que haga procedente \u00a0la protecci\u00f3n pretendida. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0apoderado judicial de los accionantes impugn\u00f3 el fallo. \u00a0Reiter\u00f3 los planteamientos expuestos en la demanda. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad con el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la \u00a0Sala es competente para desatar la segunda instancia respecto de la \u00a0sentencia adoptada por un tribunal superior del distrito judicial. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0car\u00e1cter subsidiario y excepcional de la acci\u00f3n de \u00a0tutela, implica que \u00e9sta s\u00f3lo puede ser ejercida ante \u00a0la violaci\u00f3n o amenaza de un derecho fundamental, cuando no se \u00a0disponga de otro mecanismo de defensa judicial o, en el evento en que \u00a0aun existiendo otro medio de protecci\u00f3n ordinario, sea \u00a0necesario decretar el amparo en forma transitoria para evitar que se \u00a0produzca un perjuicio irremediable, el cual debe estar debidamente \u00a0acreditado en el proceso respectivo. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el caso bajo estudio, tal y como fue se\u00f1alado por la primera \u00a0instancia, la \u00a0controversia planteada por AM\u00cdN \u00a0V\u00c1SQUEZ PERDOMO y HERNANDO Y\u00c1\u00d1EZ NARV\u00c1EZ, \u00a0no \u00a0debe ser resuelta por la jurisdicci\u00f3n constitucional, dado que \u00a0\u00e9stos cuentan \u00a0con otro mecanismo de defensa judicial. Esto es, acudir \u00a0al proceso ordinario laboral para obtener la declaratoria del \u00a0contrato realidad, as\u00ed como el pago de los emolumentos dejados \u00a0de percibir y las prestaciones sociales debidamente indexadas. \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0all\u00ed, donde los accionantes deben plantear \u00a0las irregularidades que denuncian. Por ende, no es dable activar este \u00a0mecanismo constitucional como si se tratara de una v\u00eda alterna \u00a0a las consagradas por el legislador. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0existencia de \u00a0un \u00a0medio \u00a0de defensa \u00a0judicial mediante \u00a0el cual la parte actora puede exponer la inconformidad que aqu\u00ed \u00a0ha puesto de presente, torna \u00a0improcedente esta \u00a0solicitud de tutela, al tenor de lo previsto en el numeral 1\u00ba \u00a0del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991 \u00a0(Sentencia T \u2013 578 de 2010). \u00a0<\/p>\n
Tampoco \u00a0es viable conceder el amparo como mecanismo transitorio, pues no se \u00a0demostr\u00f3 en este preciso caso la existencia de un perjuicio \u00a0con el car\u00e1cter de irremediable que as\u00ed lo justifique. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, la parte actora no acredit\u00f3, ni lo avizora la Corte, \u00a0las condiciones de inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad \u00a0(Sentencia T \u2013 081 de 2013) que caracterizan el perjuicio \u00a0irremediable, as\u00ed como tampoco, la afectaci\u00f3n de su \u00a0m\u00ednimo vital y, por tanto, no es posible soslayar el ejercicio \u00a0de los mecanismos legales de defensa con que cuenta para conceder el \u00a0amparo como mecanismo transitorio. \u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0anterior, por cuanto se \u00a0estableci\u00f3 durante el tr\u00e1mite que los accionantes \u00a0perciben ingresos que les permite efectuar el pago de las \u00a0cotizaciones al sistema de seguridad social en el r\u00e9gimen \u00a0contributivo. Tal situaci\u00f3n desvirt\u00faa lo afirmado por \u00a0estos, respecto de que su condici\u00f3n m\u00e9dica les impide \u00a0desarrollar una actividad laboral. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0otro lado, conforme los \u00a0indicadores de mortalidad vigentes expedidos por el DANE, la \u00a0expectativa de vida para hombres est\u00e1 en 72,1 a\u00f1os. En \u00a0ese orden, V\u00c1SQUEZ PERDOMO3, \u00a0y Y\u00c1\u00d1EZ NARVAEZ4 \u00a0no \u00a0est\u00e1n en el rango de edad para ser considerados sujetos de \u00a0especial protecci\u00f3n constitucional (Cfr. CSJ STP15194-2016). \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. CONFIRMAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fallo de 4 de mayo de 2018 proferido por la Sala de Decisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Penal del Tribunal Superior de Neiva, que neg\u00f3 el amparo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0solicitado por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0AM\u00cdN V\u00c1SQUEZ PERDOMO y HERNANDO Y\u00c1\u00d1EZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NARV\u00c1EZ. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0este \u00a0prove\u00eddo \u00a0conforme al art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0AM\u00cdN V\u00c1SQUEZ PERDOMO. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0HERNANDO Y\u00c1\u00d1EZ NARV\u00c1EZ. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a057 a\u00f1os. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a060 a\u00f1os. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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