\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP9957-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a099770 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 254) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., dos (2) de agosto de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0pronuncia la Sala sobre la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00a0CARLOS \u00a0JULIO MONTA\u00d1A AYA, \u00a0en procura del amparo de sus derechos fundamentales presuntamente \u00a0vulnerados por la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 y el Sistema \u00a0Nacional de Defensor\u00eda P\u00fablica -Oficina \u00a0Especial de Apoyo-. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculados la Secretar\u00eda de esa \u00a0Corporaci\u00f3n judicial, el \u00a0defensor p\u00fablico Luis Carlos Hoyos Quimbayo y el Juzgado Penal \u00a0del Circuito de Guamo Tolima. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se extrae de la demanda, mediante sentencia del 31 de agosto de 2010, \u00a0el Juzgado Penal del Circuito del Guamo -Tolima- conden\u00f3 a \u00a0CARLOS JULIO MONTA\u00d1A AYA a la pena de 16 a\u00f1os de \u00a0prisi\u00f3n como autor del delito de acceso carnal violento \u00a0agravado por tratarse de una v\u00edctima menor de 14 a\u00f1os. \u00a0<\/p>\n
Afirm\u00f3 \u00a0el accionante que el 2 de febrero de 2018 el apoderado judicial \u00a0asignado por el Sistema Nacional de Defensor\u00eda P\u00fablica \u00a0promovi\u00f3 a su favor acci\u00f3n de revisi\u00f3n ante la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9. Sin embargo, a la \u00a0fecha desconoce el tr\u00e1mite dado al asunto. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra parte, hizo alusi\u00f3n a una petici\u00f3n que present\u00f3 \u00a0sin indicar la fecha, motivo y la autoridad ante la cual fue \u00a0radicada. Acudi\u00f3 \u00a0ante la jurisdicci\u00f3n constitucional en busca del amparo de su \u00a0derecho al debido proceso, petici\u00f3n y acceso a la \u00a0administraci\u00f3n de justicia. Consecuente con ello, solicit\u00f3 \u00a0que la Corporaci\u00f3n judicial accionada emita pronunciamiento al \u00a0respecto. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0auto del \u00a024 \u00a0de julio de 2018, \u00a0la \u00a0Sala admiti\u00f3 la demanda y corri\u00f3 el traslado \u00a0respectivo. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Grupo de Control, Vigilancia de Gesti\u00f3n y Estad\u00edstica \u00a0de la Direcci\u00f3n Nacional de Defensor\u00eda P\u00fablica, \u00a0inform\u00f3 que el accionante solicit\u00f3 ante esa entidad la \u00a0designaci\u00f3n de defensor p\u00fablico para que en su nombre y \u00a0representaci\u00f3n, radicara acci\u00f3n de revisi\u00f3n. En \u00a0tal virtud, el asunto fue asignado al abogado Luis Carlos Hoyos \u00a0Quimbayo, adscrito a la Oficina Especial de Apoyo, quien el 31 de \u00a0enero del a\u00f1o que avanza emiti\u00f3 concepto negativo. Tal \u00a0respuesta fue comunicada al accionante el \u00a02 de febrero de 2018, a trav\u00e9s del servicio de mensajer\u00eda \u00a0472 y, adem\u00e1s, le fue notificada personalmente. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su parte, la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 \u00a0solicit\u00f3 \u00a0que se niegue el amparo demandado, dada la ausencia de vulneraci\u00f3n \u00a0de los derechos fundamentales invocados. Se\u00f1al\u00f3 que \u00a0tras revisar el \u00a0Sistema de Gesti\u00f3n de Informaci\u00f3n Siglo XXI, no \u00a0encontr\u00f3 registro de alguna petici\u00f3n pendiente por \u00a0responder relacionada con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica descrita \u00a0en la demanda. Resalt\u00f3 que la \u00faltima solicitud radicada \u00a0por el peticionario fue en julio de 2017, a trav\u00e9s de la cual \u00a0requiri\u00f3 copias del expediente. \u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0anterior fue reiterado por la Secretar\u00eda de la Sala Penal de \u00a0esa Corporaci\u00f3n judicial en el informe rendido durante este \u00a0tr\u00e1mite. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad con el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 del 30 de \u00a0noviembre de 2017, por el cual se modific\u00f3 el art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, la Sala es competente para \u00a0tramitar y decidir la acci\u00f3n de tutela, por cuanto el \u00a0procedimiento involucra a un Tribunal Superior del Distrito Judicial. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0primer t\u00e9rmino, advierte la Sala que el demandante no acredit\u00f3 \u00a0en debida forma que su petici\u00f3n fue entregada ante la \u00a0autoridad judicial accionada. A la par, durante el presente tr\u00e1mite \u00a0tanto la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 como su \u00a0Secretar\u00eda aseguraron que \u00a0en dicha Corporaci\u00f3n judicial no se adelanta acci\u00f3n de \u00a0revisi\u00f3n a favor del accionante. As\u00ed lo certificaron, \u00a0tras el ingreso del radicado aportado por el actor en el Sistema \u00a0de Gesti\u00f3n de Informaci\u00f3n Siglo XXI. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0contraste, destacaron que \u00a0el 7 julio de 2017 accedieron a la solicitud de copias promovida por \u00a0MONTA\u00d1A AYA, sin que a la fecha existan otros requerimientos \u00a0pendientes \u00a0de resolver, raz\u00f3n por la cual ning\u00fan cuestionamiento \u00a0puede hacerse respecto de esa Sala. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0efecto, recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 \u00a0instituida como un mecanismo preferente y sumario de protecci\u00f3n \u00a0de derechos fundamentales, cuando \u00e9stos son amenazados por la \u00a0acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y \u00a0en algunos casos, de los particulares. En tal virtud, no procede \u00a0frente a hipot\u00e9ticos peligros que no sean actuales o -al \u00a0menos- inminentes, pues solo en tal medida se justifica su protecci\u00f3n \u00a0inmediata por la v\u00eda constitucional. \u00a0<\/p>\n
Sumado \u00a0a lo anterior, el \u00a0Grupo de Control, Vigilancia de Gesti\u00f3n y Estad\u00edstica \u00a0de la Direcci\u00f3n Nacional de Defensor\u00eda P\u00fablica, \u00a0se\u00f1al\u00f3 \u00a0que el 31 de enero de 2018 el defensor p\u00fablico adscrito a la \u00a0Oficina Especial de Apoyo emiti\u00f3 concepto desfavorable \u00a0respecto de la viabilidad de promover acci\u00f3n de revisi\u00f3n \u00a0a favor del demandante. \u00a0<\/p>\n
Explic\u00f3 \u00a0que la pretensi\u00f3n del accionante est\u00e1 orientada a \u00a0acreditar que, mediante sentencias CSJ SP, 27 Feb 2013, Rad. 33254 y \u00a0Rad. \u00a037761 \u00a0del 2015, la Corte cambi\u00f3 favorablemente el criterio jur\u00eddico \u00a0que sirvi\u00f3 para sustentar la sentencia condenatoria emitida en \u00a0su contra, con lo cual, a su parecer, se configura la causal 7\u00aa \u00a0de revisi\u00f3n prevista en el art\u00edculo 192 de la Ley 906 \u00a0de 2004. Ello, en raz\u00f3n a que en \u00e9stas se resolvi\u00f3 \u00a0inaplicar los incrementos punitivos de la Ley 890 de 2004, en \u00a0aquellos casos donde el procesado se allan\u00f3 a cargos o celebr\u00f3 \u00a0preacuerdo respecto de delitos que tienen prohibici\u00f3n legal de \u00a0rebaja de penas. \u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, aclar\u00f3 que tal criterio no es aplicable en los casos \u00a0de lesiones personales dolosas y todos aquellos delitos que conforman \u00a0el cap\u00edtulo de las conductas contra la libertad, integridad y \u00a0formaci\u00f3n sexuales. Lo anterior, por cuanto en estos, la pena \u00a0no se incrementa con motivo del art\u00edculo 14 de la Ley 890 de \u00a02004, sino por razones de pol\u00edtica criminal que buscan una \u00a0mejor protecci\u00f3n de dicho bien jur\u00eddico cuando su \u00a0titular es menor de edad. \u00a0<\/p>\n
Concluy\u00f3 \u00a0entonces que el tratamiento dado por la jurisprudencia no cobija a \u00a0MONTA\u00d1A AYA, pues en su caso, el incremento punitivo fue con \u00a0ocasi\u00f3n de la aplicaci\u00f3n de la Ley 1236 del 23 de julio \u00a0de 2008 y no de la Ley 890 de 2004. Tal comunicaci\u00f3n fue \u00a0notificada personalmente al actor, como lo demuestra el acta \u00a0respectiva. \u00a0<\/p>\n
Ante \u00a0este panorama, no es factible atribuirles a las autoridades \u00a0judiciales que constituyen el extremo pasivo de esta acci\u00f3n, \u00a0ninguna actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n vulneradora de garant\u00edas \u00a0fundamentales, pues resulta claro que en todo momento respetaron las \u00a0garant\u00edas fundamentales del accionante. Por ende, es \u00a0manifiesta \u00a0la ausencia de vulneraci\u00f3n o amenaza de garant\u00edas \u00a0constitucionales en el presente caso. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0negar\u00e1, por tanto, el amparo pretendido. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NEGAR \u00a0la acci\u00f3n de tutela presentada por CARLOS JULIO MONTA\u00d1A \u00a0AYA contra la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 y el Sistema \u00a0Nacional de Defensor\u00eda P\u00fablica -Oficina \u00a0Especial de Apoyo-. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De \u00a0no ser impugnada REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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