\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP9420-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a099582 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 242) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0pronuncia la Sala respecto de la impugnaci\u00f3n interpuesta por \u00a0LUIS \u00a0FABI\u00c1N TOVAR ORTIZ \u00a0contra la sentencia proferida el 26 de junio de 2018 por la Sala \u00a0Segunda de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Neiva, que neg\u00f3 el amparo de sus derechos \u00a0fundamentales presuntamente vulnerados \u00a0por \u00a0el Juzgado 2\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad de Neiva. Al tr\u00e1mite fue vinculado el Juzgado 2\u00ba \u00a0Promiscuo del Circuito de La Plata (Huila) con Funci\u00f3n de \u00a0Conocimiento. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE \u00a0LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
De la actuaci\u00f3n \u00a0se establece que LUIS FABI\u00c1N TOVAR ORTIZ se encuentra recluido \u00a0en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario \u00a0de La Plata, descontando la pena de 64 meses de prisi\u00f3n \u00a0impuesta el 6 de julio de 2015 por el Juzgado 2\u00ba Promiscuo del \u00a0Circuito de La Plata con Funci\u00f3n de Conocimiento, tras \u00a0declararlo penalmente responsable del delito de tr\u00e1fico, \u00a0fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes. El \u00a0despacho no \u00a0le concedi\u00f3 la condena de ejecuci\u00f3n condicional ni la \u00a0prisi\u00f3n domiciliaria. \u00a0<\/p>\n
Mediante auto del \u00a015 de junio de 2017 el Juzgado 2\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y \u00a0Medidas de Seguridad de Neiva le neg\u00f3 la libertad condicional \u00a0que requiri\u00f3, previa valoraci\u00f3n de la conducta por la \u00a0que fue condenado. Inconforme con la anterior determinaci\u00f3n, \u00a0el accionante la impugn\u00f3 a trav\u00e9s del recurso de \u00a0reposici\u00f3n. Mediante auto del 26 de septiembre siguiente, el \u00a0Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas resolvi\u00f3 no reponer su \u00a0providencia. \u00a0<\/p>\n
El 25 de enero de \u00a02018, y ante una nueva petici\u00f3n de libertad condicional, el \u00a0Juzgado 2\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0de Neiva resolvi\u00f3 estarse a lo resuelto en la providencia del \u00a015 de junio de 2017, por cuanto la situaci\u00f3n jur\u00eddica \u00a0del peticionario no ha variado desde que \u00e9sta fue proferida. \u00a0<\/p>\n
Por la misma raz\u00f3n \u00a0se abstuvo de emitir pronunciamiento respecto de la prisi\u00f3n \u00a0domiciliaria demandada. Destac\u00f3 que el 11 de noviembre de 2016 \u00a0examin\u00f3 tal requerimiento, y concluy\u00f3 que resulta \u00a0improcedente acorde con el art\u00edculo 28 de la Ley 1709 de 2014 \u00a0que adicion\u00f3 el art\u00edculo 38G a la Ley 599 de 2000. \u00a0<\/p>\n
Denunci\u00f3 el \u00a0demandante que contra esta providencia promovi\u00f3 los recursos \u00a0de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n. El primero fue resuelto \u00a0desfavorablemente el 13 de abril de 2018 y, el segundo, no fue \u00a0concedido por improcedente. \u00a0<\/p>\n
Por tal motivo, \u00a0acudi\u00f3 ante el juez de tutela para reclamar el amparo de sus \u00a0derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n \u00a0de justicia e igualdad. Consecuente con ello, requiri\u00f3 que se \u00a0conceda la alzada propuesta contra la \u00faltima de las referidas \u00a0providencias y se conceda a su favor la libertad condicional. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA \u00a0INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0auto del \u00a013 \u00a0de junio de 2018, la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva \u00a0admiti\u00f3 la demanda y corri\u00f3 el traslado respectivo a la \u00a0autoridad judicial aludida. \u00a0<\/p>\n
El Juzgado 2\u00ba \u00a0de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma \u00a0ciudad relat\u00f3 el trascurso \u00a0de la actuaci\u00f3n y defendi\u00f3 la legalidad de sus \u00a0decisiones. As\u00ed mismo, se opuso a la prosperidad de la \u00a0solicitud de protecci\u00f3n constitucional invocada, en raz\u00f3n \u00a0a que no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor. \u00a0<\/p>\n
A su vez, el \u00a0Juzgado 2\u00ba Promiscuo del Circuito de La Plata advirti\u00f3 \u00a0que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por cuanto \u00a0la decisi\u00f3n judicial cuestionada fue proferida en sede de \u00a0ejecuci\u00f3n de penas. \u00a0<\/p>\n
La Corporaci\u00f3n \u00a0judicial de primera instancia neg\u00f3 \u00a0el amparo. Se\u00f1al\u00f3 que el \u00a0auto censurado se ofrece razonable y ajustado a la jurisprudencia y \u00a0normativa aplicable. \u00a0<\/p>\n
El \u00a027 de junio de 2018 LUIS FABI\u00c1N TOVAR ORTIZ manifest\u00f3 \u00a0su intenci\u00f3n de impugnar el fallo, al plasmar \u00abapelo\u00bb \u00a0junto a su firma, durante la diligencia de notificaci\u00f3n \u00a0personal cumplida en el Establecimiento Penitenciario de Mediana \u00a0Seguridad y Carcelario de La Plata. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme con el \u00a0art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente \u00a0para pronunciarse en segunda instancia respecto de la decisi\u00f3n \u00a0adoptada por un \u00a0tribunal superior de distrito \u00a0judicial. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0decisi\u00f3n de la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva ser\u00e1 \u00a0confirmada. Las razones son las siguientes: \u00a0<\/p>\n
El \u00a0demandante pudo controvertir el auto que deneg\u00f3 el recurso de \u00a0apelaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino de su ejecutoria a trav\u00e9s \u00a0del recurso de queja, pero no lo hizo (Art. 179B de la Ley 906 de \u00a02004). Como no agot\u00f3 ese medio de defensa, la solicitud de \u00a0amparo se torna improcedente (Art. 6-1 del Decreto 2591 de 1991 y \u00a0Sentencia T-1217 de 2003). \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0manifiesto, entonces, que el descuido puesto de presente permiti\u00f3 \u00a0que el auto del Juzgado accionado cobrara firmeza, situaci\u00f3n \u00a0que no puede modificarse a trav\u00e9s de la v\u00eda \u00a0constitucional, ni siquiera como mecanismo transitorio, pues para \u00a0acceder al amparo bajo esa modalidad es necesario que el interesado \u00a0haya hecho uso adecuado de todos los medios ordinarios dispuestos por \u00a0el legislador (Cfr. Sentencia SU \u2013 111 de 1997). \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0margen de lo anterior, encuentra la Sala que la decisi\u00f3n \u00a0cuestionada estuvo precedida del an\u00e1lisis serio y ponderado de \u00a0la normativa aplicable, por cuanto, acorde con los art\u00edculos \u00a0176 y 177 de la Ley 906 de 2004, la determinaci\u00f3n de estarse a \u00a0lo resuelto en auto del 15 de junio de 2017 solo es susceptible del \u00a0recurso de reposici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0\u00faltimo, advierte la Sala que el juzgado accionado ya emiti\u00f3 \u00a0una decisi\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria y a cuyos \u00a0razonamientos era viable remitirse, en la medida en que las \u00a0condiciones f\u00e1cticas o jur\u00eddicas no cambiaron, en raz\u00f3n \u00a0a que, se insiste, el demandante no aport\u00f3 nuevos elementos \u00a0que conllevaran a estudiar una vez m\u00e1s el asunto. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, advierte la Sala que aunque el acceso a la administraci\u00f3n \u00a0de justicia constituye un derecho fundamental que implica la \u00a0resoluci\u00f3n de fondo, pronta y oportuna de los asuntos puestos \u00a0a consideraci\u00f3n de los \u00f3rganos jurisdiccionales, tal \u00a0premisa no implica el deber de las autoridades de ejecuci\u00f3n de \u00a0penas y medidas de seguridad de pronunciarse sustancialmente respecto \u00a0de asuntos previamente definidos en providencias ejecutoriadas. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0bajo tal entendimiento, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado \u00a0que es deber de los jueces de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de \u00a0seguridad ce\u00f1irse a lo resuelto en cuestiones previamente \u00a0examinadas, pues no es viable debatir reiteradamente asuntos \u00a0jur\u00eddicamente consolidados, en particular cuando sobre las \u00a0tem\u00e1ticas decididas se insiste sin introducir variante alguna, \u00a0pues ello implicar\u00eda no solamente una limitaci\u00f3n \u00a0injustificada de la seguridad jur\u00eddica sino un desgaste \u00a0inoficioso de la administraci\u00f3n de justicia. (CSJ SPT, 15 de \u00a0julio de 2008, Rad. 37.488, reiterado en STP 14864-2014). \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0confirmar\u00e1, por tanto, el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00b0 2 de la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0la \u00a0sentencia del 26 de junio de 2018, mediante la cual la \u00a0Sala Segunda de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Neiva \u00a0neg\u00f3 el amparo solicitado por LUIS FABI\u00c1N TOVAR ORTIZ. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR las \u00a0diligencias a la Sala Pernal del Tribunal Superior de Riohacha, para \u00a0lo de su cargo. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR a \u00a0los interesados en la forma prevista en el art\u00edculo 30 del \u00a0Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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