\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP9419-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a099594 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 242) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la impugnaci\u00f3n presentada por el apoderado judicial de \u00a0JOS\u00c9 SANTIAGO PORRAS NAVARRETE y DIANA NASSIF DE RIMA, contra \u00a0la sentencia de tutela proferida el 28 de junio de 2018 por la Sala \u00a0de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que \u00a0neg\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente \u00a0vulnerados por el Juzgado 35 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 con \u00a0Funci\u00f3n de Conocimiento. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculados el Centro de Servicios Judiciales \u00a0del Sistema Penal Acusatorio de Paloquemao, as\u00ed como las \u00a0partes e intervinientes del proceso penal seguido contra los \u00a0accionantes. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE \u00a0LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se establece de la actuaci\u00f3n, contra JOS\u00c9 SANTIAGO \u00a0PORRAS NAVARRETE y DIANA NASSIF DE RIMA se adelanta un proceso penal \u00a0bajo el tr\u00e1mite de la Ley 906 de 2004, como presuntos \u00a0coautores de los delitos de fraude procesal y falsedad ideol\u00f3gica \u00a0en documento privado, actualmente a cargo del Juzgado 35 Penal del \u00a0Circuito de Bogot\u00e1 con Funci\u00f3n de Conocimiento. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0pasado 5 de junio, el apoderado judicial de los demandantes solicit\u00f3 \u00a0ante el Juzgado accionado fijar fecha y hora para adelantar audiencia \u00a0de preclusi\u00f3n, con fundamento en el numeral 1\u00ba del \u00a0art\u00edculo 332 de la Ley 906 de 2004, petici\u00f3n que \u00a0reiter\u00f3 el 14 de junio siguiente, por cuanto no obtuvo \u00a0respuesta. \u00a0<\/p>\n
Ante \u00a0dicha omisi\u00f3n acudi\u00f3 al despacho judicial, oportunidad \u00a0en la cual le fue comunicado verbalmente que tal requerimiento pod\u00eda \u00a0formularlo durante el traslado para alegar de conclusi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0criterio de la parte actora, el Juzgado 35 Penal del Circuito de \u00a0Bogot\u00e1 con Funci\u00f3n de Conocimiento vulner\u00f3 los \u00a0derechos al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n \u00a0de justicia de sus representados. Destac\u00f3 que el legislador \u00a0dispuso de un procedimiento especial, contenido en el art\u00edculo \u00a0333 de la Ley 906 de 2004, para desarrollar la audiencia de \u00a0preclusi\u00f3n en la etapa del juicio. Sin embargo, la autoridad \u00a0judicial accionada lo desconoci\u00f3. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, solicit\u00f3 que se ordene al referido funcionario \u00a0judicial, adelantar la audiencia de preclusi\u00f3n, por haber \u00a0operado el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n \u00a0penal. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0EN \u00a0PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0auto del \u00a020 \u00a0de junio de 2018, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u00a0admiti\u00f3 la demanda y corri\u00f3 el traslado respectivo. \u00a0<\/p>\n
El Juzgado 35 \u00a0Penal del Circuito de Bogot\u00e1 con Funci\u00f3n de \u00a0Conocimiento se\u00f1al\u00f3 \u00a0que ofreci\u00f3 respuesta verbal al accionante respecto de la \u00a0solicitud de preclusi\u00f3n que promovi\u00f3. No obstante, \u00a0debido a que reiter\u00f3 tal pedimento, mediante oficio 656 del 20 \u00a0de junio de 2018 le record\u00f3 al peticionario que el 29 de junio \u00a0de 2018 continuar\u00eda el juicio oral con la terminaci\u00f3n \u00a0de la etapa probatoria de la defensa y, en consecuencia, se dar\u00eda \u00a0paso a los alegatos de conclusi\u00f3n, oportunidad en la cual \u00a0podr\u00eda proponer la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal \u00a0por prescripci\u00f3n, asunto cuya definici\u00f3n se diferir\u00eda \u00a0a la sentencia. \u00a0<\/p>\n
Afirm\u00f3 \u00a0que esa determinaci\u00f3n obedeci\u00f3 a que el proceso est\u00e1 \u00a0por prescribir y, adem\u00e1s, para garantizar los derechos de las \u00a0v\u00edctimas. Solicit\u00f3 \u00a0que se rechace por improcedente el amparo. \u00a0<\/p>\n
El apoderado de \u00a0las v\u00edctimas manifest\u00f3 que la tutela es una maniobra \u00a0dilatoria que pretende entorpecer el proceso penal y evitar que se \u00a0emita la sentencia de primera instancia. Requiri\u00f3 se niegue la \u00a0demanda. \u00a0<\/p>\n
Tras considerar que la autoridad judicial accionada no \u00a0vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por el \u00a0peticionario, la Sala Penal \u00a0del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0apoderado judicial de los accionantes impugn\u00f3 el fallo. \u00a0Insisti\u00f3 en los argumentos planteados en la demanda de tutela. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme con el \u00a0art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente \u00a0para desatar la segunda instancia respecto de la decisi\u00f3n \u00a0adoptada por un Tribunal Superior de Distrito Judicial. \u00a0<\/p>\n
Advierte \u00a0la Sala que en raz\u00f3n al car\u00e1cter residual y subsidiario \u00a0de la acci\u00f3n de tutela, la controversia formulada no puede ser \u00a0resuelta mediante el ejercicio de este mecanismo excepcional. Los \u00a0reproches deben alegarse y definirse dentro de la actuaci\u00f3n \u00a0adelantada contra los demandantes. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0lo ha se\u00f1alado esta Corte y ahora lo reitera, dado que no es \u00a0procedente acudir a la solicitud de protecci\u00f3n constitucional \u00a0para intervenir dentro de procesos en curso. Aceptar tal injerencia \u00a0equivaldr\u00eda a desconocer la independencia de que est\u00e1n \u00a0revestidas las autoridades judiciales para tramitar y resolver los \u00a0asuntos de su competencia. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0este caso, la actuaci\u00f3n penal se encuentra culminando la etapa \u00a0probatoria de la defensa y ad portas de dar inicio a la fase de \u00a0alegatos conclusivos, escenario en el cual la defensa est\u00e1 \u00a0facultada para exponer las \u00a0razones por las cuales considera que debe absolverse a sus \u00a0protegidos, as\u00ed como para deprecar el decaimiento de la \u00a0facultad de persecuci\u00f3n penal o cualquier otra \u00a0circunstancia que considere violatoria de sus derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
Tal \u00a0proceder no constituye irregularidad alguna de la autoridad judicial. \u00a0Nada impide que difiera la resoluci\u00f3n de dicha pretensi\u00f3n \u00a0al momento de resolver de fondo el asunto pues, en todo caso, de \u00a0consolidarse la causal alegada, no le quedar\u00e1 camino distinto \u00a0a la judicatura que as\u00ed reconocerlo en el fallo respectivo y, \u00a0de obtener una decisi\u00f3n adversa a sus intereses, tiene la \u00a0posibilidad de promover el recurso de apelaci\u00f3n sobre este \u00a0espec\u00edfico t\u00f3pico. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, en virtud de la existencia de mecanismos ordinarios de \u00a0defensa, la tutela demandada se torna improcedente, en los t\u00e9rminos \u00a0previstos por el art\u00edculo 6-1 del Decreto 2591 de 1991. (CC, \u00a0Sentencia T \u2013 418 de 2003). \u00a0<\/p>\n
M\u00e1s \u00a0all\u00e1 de lo anterior, es patente que, acorde con el contenido \u00a0del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 139 de la Ley 906 de 2004, es \u00a0deber espec\u00edfico del juez evitar maniobras dilatorias que \u00a0afecten el normal desarrollo de la actuaci\u00f3n, en especial, en \u00a0detrimento de los intereses de las v\u00edctimas. En ese orden, la \u00a0Sala no puede pasar por alto que uno de los delitos por los cuales \u00a0est\u00e1n siendo juzgados los procesados ya prescribi\u00f3 y el \u00a0restante, es decir, el fraude procesal, correr\u00e1 la misma \u00a0suerte en diciembre del a\u00f1o que avanza. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, en el presente asunto no es factible atribuir a la \u00a0autoridad convocada al tr\u00e1mite ninguna actuaci\u00f3n u \u00a0omisi\u00f3n violatoria de garant\u00edas constitucionales, \u00a0cuando \u00a0lo que se evidencia es el \u00e1nimo de preservar las garant\u00edas \u00a0fundamentales evitando maniobras dilatorias que sin duda afectar\u00edan \u00a0los derechos de las v\u00edctimas de la conducta punible. \u00a0<\/p>\n
Se confirmar\u00e1, \u00a0en consecuencia, la decisi\u00f3n impugnada. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0la \u00a0sentencia del 28 de junio de 2018, mediante la cual la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 \u00a0el amparo solicitado el \u00a0apoderado judicial de JOS\u00c9 SANTIAGO PORRAS NAVARRETE y DIANA \u00a0NASSIF DE RIMA. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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