\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP9079-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 99381 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 228) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la \u00a0impugnaci\u00f3n presentada por el Centro de Servicios \u00a0Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y \u00a0Medidas de Seguridad de la Dorada (Caldas), contra la sentencia de \u00a0tutela proferida el 13 de junio de 2018 por la Sala de Decisi\u00f3n \u00a0Penal del Tribunal Superior de Cartagena, que ampar\u00f3 el \u00a0derecho fundamental de petici\u00f3n en favor de WILSON RAFAEL \u00a0MARTINEZ PITRE, vulnerado por dicha dependencia. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculados los Juzgados 1\u00ba y 3\u00ba de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
De \u00a0la demanda de tutela y sus anexos se desprende que WILSON RAFAEL \u00a0MARTINEZ PITRE fue condenado por los delitos de homicidio en grado de \u00a0tentativa y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de \u00a0armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La vigilancia de la \u00a0pena correspondi\u00f3 al Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de \u00a0Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena. \u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante, debido a que fue trasladado al Establecimiento \u00a0Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de La Dorada, solicit\u00f3 \u00a0-sin indicar la fecha- que a trav\u00e9s del Centro de Servicios \u00a0Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y \u00a0Medidas de Seguridad de esa ciudad, se requiera al Juzgado 1\u00ba de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas de Cartagena, efectos de que env\u00ede \u00a0el asunto a tal circuito judicial. Sin embargo, no obtuvo respuesta a \u00a0su requerimiento. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tal motivo, acudi\u00f3 ante el juez constitucional y demand\u00f3 \u00a0que se ordene al Juzgado accionado remitir la actuaci\u00f3n \u00a0radicada 2012-056634 al Centro de Servicios Administrativos de los \u00a0Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de La \u00a0Dorada. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 29 de mayo de 2018, el Tribunal admiti\u00f3 la tutela y \u00a0corri\u00f3 el traslado correspondiente a las autoridades \u00a0accionadas. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0de Cartagena, inform\u00f3 que si bien tuvo a su cargo el radicado \u00a02012-056634, con ocasi\u00f3n del Acuerdo 0153 del 4 de noviembre \u00a0emitido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar, \u00a0la actuaci\u00f3n fue remitida a su hom\u00f3logo 3\u00ba para \u00a0que continuara con la vigilancia de la ejecuci\u00f3n de la \u00a0condena. \u00a0<\/p>\n
Aclar\u00f3 \u00a0que s\u00f3lo en una oportunidad, la Oficina Jur\u00eddica del \u00a0Establecimiento Carcelario de La Dorada se comunic\u00f3 v\u00eda \u00a0telef\u00f3nica con ese despacho, para establecer si ten\u00eda \u00a0el proceso referido, por lo cual le inform\u00f3 lo ya expuesto. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su parte, el Juzgado 3\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas \u00a0de Seguridad de Cartagena, comunic\u00f3 que desde el 25 de abril \u00a0del a\u00f1o que avanza envi\u00f3 el proceso al Centro de \u00a0Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de \u00a0Penas y Medidas de Seguridad de la Dorada. Solicit\u00f3 se niegue \u00a0la demanda. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0su turno, el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de \u00a0Ejecuci\u00f3n de la Dorada sostuvo que el 21 de mayo de 2018, \u00a0remiti\u00f3 el expediente al Juzgado 2\u00ba de Ejecuci\u00f3n \u00a0de Penas y Medidas de Seguridad de la Dorada. A la par, inform\u00f3 \u00a0que dicha actuaci\u00f3n fue comunicada a la parte actora mediante \u00a0oficio BM 2042 del 22 de mayo siguiente. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena ampar\u00f3 el \u00a0derecho de petici\u00f3n a favor de WILSON RAFAEL MART\u00cdNEZ \u00a0PITRE. Lo anterior, tras establecer que si bien el Centro \u00a0Administrativo de \u00a0los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de \u00a0la Dorada le inform\u00f3 al accionante el recibo de las \u00a0diligencias en ese circuito judicial, no alleg\u00f3 copia alguna \u00a0del oficio y, como tal, no existe prueba que al actor se le haya \u00a0comunicado la respuesta emitida en relaci\u00f3n a su solicitud. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Centro Administrativo de \u00a0los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de \u00a0la Dorada impugn\u00f3 \u00a0el fallo, expuso que desde el 22 de mayo de 2018 el oficio BM 2042 \u00a0fue debidamente notificado al interno MARTINEZ PITRE. En sustento de \u00a0su afirmaci\u00f3n, anex\u00f3 copia del acta de notificaci\u00f3n \u00a0y del referido oficio. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0con el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es \u00a0competente para desatar la alzada, por cuanto la decisi\u00f3n \u00a0sobre la que recae fue proferida por un tribunal superior de distrito \u00a0judicial. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el caso bajo estudio, \u00a0la parte demandante present\u00f3 \u00a0acci\u00f3n \u00a0de tutela \u00a0con \u00a0el objetivo de que \u00a0el Juzgado \u00a01\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de \u00a0Cartagena, procediera \u00a0a remitir el expediente 2012-056634 \u00a0al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n \u00a0de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada. Lo anterior, a \u00a0fin de que tal dependencia efect\u00fae el reparto del asunto en \u00a0dicho circuito judicial. \u00a0<\/p>\n
Acorde \u00a0con los medios de convicci\u00f3n allegados al diligenciamiento, \u00a0durante la impugnaci\u00f3n, se acredit\u00f3 que mediante \u00a0oficio BM-1976 del 11 de mayo de 2018, el Centro \u00a0de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de \u00a0Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada respondi\u00f3 y comunic\u00f3 \u00a0la respuesta a la petici\u00f3n radicada el 9 de mayo de la \u00a0presente anualidad por el demandante. Le explic\u00f3, que en \u00a0oficio 1975 de esa misma fecha, requiri\u00f3 al Juzgado 1\u00ba de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena el \u00a0env\u00edo del asunto a ese Centro de Servicios. \u00a0<\/p>\n
Entra \u00a0tanto, el 25 de abril de 2018, el Juzgado 3\u00ba de Ejecuci\u00f3n \u00a0de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena envi\u00f3 el asunto \u00a0al circuito judicial de la Dorada Caldas. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, el 22 de mayo de 2018 el Centro de Servicios judiciales \u00a0accionado radic\u00f3 el proceso, el cual correspondi\u00f3 por \u00a0reparto al Juzgado 2\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad de la Dorada. Tal situaci\u00f3n fue comunicada al \u00a0accionante en oficio BM-2042 \u00a0de la misma fecha y \u00a0notificada personalmente. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0eventos como el presente, la competencia del juez de tutela se agota \u00a0al verificar la satisfacci\u00f3n de los derechos fundamentales que \u00a0se estimaron violentados. Si ello es as\u00ed, resulta claro que \u00a0durante el tr\u00e1mite de amparo las autoridades involucradas \u00a0hicieron que cesara la posible violaci\u00f3n de garant\u00edas \u00a0fundamentales que podr\u00eda haber tenido lugar anteriormente. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, se revocar\u00e1 el amparo demandado y, en su lugar, \u00a0se negar\u00e1 la solicitud de protecci\u00f3n constitucional. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. REVOCAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencia de tutela proferida el 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de junio de 2018 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, para, en su \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0lugar, NEGAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el amparo solicitado por WILSON \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RAFAEL MARTINEZ PITRE. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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