\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Eyder Pati\u00f1o \u00a0Cabrera \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP8789-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 99238 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0219 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0resuelve la acci\u00f3n de tutela promovida por Mauricio \u00a0de Jes\u00fas G\u00f3mez G\u00f3mez \u00a0contra \u00a0la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, por la presunta \u00a0vulneraci\u00f3n de sus derechos a la libertad y al debido proceso. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0presente tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes \u00a0dentro del proceso No. 050016000206200828257 adelantado contra el \u00a0actor. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Fundamentos de la acci\u00f3n \u00a0<\/p>\n
1.1. \u00a0Mauricio de Jes\u00fas G\u00f3mez G\u00f3mez fue \u00a0absuelto el 25 de abril de 2013, por el Juzgado Segundo Adjunto de \u00a0Descongesti\u00f3n del Juzgado Primero Penal del Circuito \u00a0Especializado de Antioquia de los delitos de secuestro extorsivo \u00a0agravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de \u00a0fuego o municiones1. \u00a0<\/p>\n
1.2. \u00a0El representante de la Fiscal\u00eda interpuso recurso de apelaci\u00f3n \u00a0que fue desatado el 18 de noviembre de 2016, por la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior de Antioquia, en el que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n \u00a0y en su lugar conden\u00f3 al actor a la perna 486 meses y 1 d\u00eda \u00a0de prisi\u00f3n y multa de 17.499,99 salarios m\u00ednimos \u00a0legales mensuales vigentes y a la accesoria de inhabilitaci\u00f3n \u00a0para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el \u00a0t\u00e9rmino de 20 a\u00f1os, al encontrarlo penalmente \u00a0responsable de la conducta punible citada2. \u00a0<\/p>\n
1.3 \u00a0G\u00f3mez \u00a0G\u00f3mez acude \u00a0a la acci\u00f3n de tutela en busca de la protecci\u00f3n de sus \u00a0derecho fundamentales a la libertad y al debido proceso, por lo que \u00a0solicita que se revoque la sentencia emitida por la autoridad \u00a0demandada, pues adujo que se observa un \u00abDEFECTO \u00a0PROCEDIMENTAL ABSOLUTO\u00bb, en \u00a0raz\u00f3n a que el juzgador de segunda instancia actu\u00f3 al \u00a0margen de lo establecido en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal. \u00a0<\/p>\n
2. Las \u00a0respuestas \u00a0<\/p>\n
2.1 \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Magistrado Ponente luego de transcribir la parte resolutiva de la \u00a0decisi\u00f3n atacada inform\u00f3 que contra la misma proced\u00eda \u00a0el recurso extraordinario de casaci\u00f3n pero el mismo no fue \u00a0interpuesto por el actor, por lo que advirti\u00f3 que no ha \u00a0incurrido en vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno. \u00a0<\/p>\n
2.2 \u00a0Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Juez refiri\u00f3 que el accionante trata de instrumentalizar la \u00a0acci\u00f3n como medio para construir una tercera instancia, \u00a0supliendo las figuras propias para la revisi\u00f3n de las \u00a0decisiones judiciales, tratando de revivir t\u00e9rminos procesales \u00a0extintos. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Problema \u00a0jur\u00eddico \u00a0<\/p>\n
Corresponde \u00a0a la Sala determinar si el Tribunal accionado vulner\u00f3 \u00a0los derechos a \u00a0la dignidad humana, a la honra, al debido proceso, a la libertad y al \u00a0debido proceso, invocados \u00a0por el actor, al haberlo encontrado penalmente responsable del delito \u00a0de secuestro extorsivo agravado. \u00a0<\/p>\n
Para \u00a0resolver, previamente se verificar\u00e1 si se satisface los \u00a0principios de subsidiariedad e inmediatez que rigen el ejercicio de \u00a0la acci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Improcedencia de la tutela por ruptura de los principios de \u00a0subsidiariedad e inmediatez \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0La \u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en el art\u00edculo 86, \u00a0estableci\u00f3 la tutela como un mecanismo extraordinario, \u00a0preferente, subsidiario y residual que tiene por objeto la protecci\u00f3n \u00a0de manera efectiva e inmediata de los derechos constitucionales \u00a0fundamentales, ante su vulneraci\u00f3n o amenaza, proveniente de \u00a0la acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades \u00a0p\u00fablicas o de los particulares, en \u00a0los casos que la ley regula, siempre que el interesado no cuente con \u00a0otros medios de defensa judicial. \u00a0<\/p>\n
De su naturaleza \u00a0se infiere que cuando el ordenamiento jur\u00eddico establece otro \u00a0mecanismo judicial efectivo de protecci\u00f3n, el interesado debe \u00a0acreditar que acudi\u00f3 en forma oportuna a aqu\u00e9l para \u00a0ventilar ante el juez ordinario la posible violaci\u00f3n de sus \u00a0derechos constitucionales fundamentales. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo tanto, se constituye en presupuesto de procedibilidad, el \u00a0agotamiento de todos los medios ordinarios y extraordinarios de \u00a0defensa judicial3. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, la Corte Constitucional en sentencia CC C-054-2010, \u00a0dijo: \u00a0<\/p>\n
La \u00a0jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en se\u00f1alar \u00a0que, en virtud del principio de subsidiariedad de la tutela, los \u00a0conflictos jur\u00eddicos relacionados con los derechos \u00a0fundamentales deben ser en principio resueltos por las v\u00edas \u00a0ordinarias -jurisdiccionales y administrativas- y s\u00f3lo ante la \u00a0ausencia de dichas v\u00edas o cuando las mismas no resultan \u00a0id\u00f3neas para evitar la ocurrencia de un perjuicio \u00a0irremediable, resulta admisible acudir a la acci\u00f3n de amparo \u00a0constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
En efecto, el \u00a0car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n de tutela impone al \u00a0interesado la obligaci\u00f3n de desplegar todo su actuar dirigido \u00a0a poner en marcha los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro \u00a0del ordenamiento jur\u00eddico para la protecci\u00f3n de sus \u00a0derechos fundamentales. Tal imperativo constitucional pone de relieve \u00a0que para acudir a la acci\u00f3n de tutela el peticionario debe \u00a0haber actuado con diligencia en los procesos y procedimientos \u00a0ordinarios, pero tambi\u00e9n que la falta injustificada de \u00a0agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia del \u00a0mecanismo de amparo establecido en el art\u00edculo 86 superior. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sobre este \u00a0particular, ha precisado la jurisprudencia que si existiendo el medio \u00a0judicial de defensa, el interesado deja de acudir a \u00e9l y, \u00a0adem\u00e1s, pudiendo evitarlo, permite que \u00e9ste caduque, no \u00a0podr\u00e1 posteriormente acudir a la acci\u00f3n de tutela en \u00a0procura de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental. En \u00a0estas circunstancias, la acci\u00f3n de amparo constitucional no \u00a0podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de \u00a0protecci\u00f3n, pues tal modalidad procesal se encuentra \u00a0subordinada al ejercicio de un medio judicial ordinario en cuyo \u00a0tr\u00e1mite se resuelva definitivamente acerca de la vulneraci\u00f3n \u00a0iusfundamental y a la diligencia del actor para hacer uso oportuno \u00a0del mismo\u201d. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0El accionante \u00a0se encuentra inconforme con la decisi\u00f3n proferida en segunda \u00a0instancia dentro del proceso penal adelantado en su contra por los \u00a0punibles de secuestro \u00a0extorsivo agravado \u00a0y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego o \u00a0municiones. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, se observa que aquel \u00a0debi\u00f3 exponer sus reparos a trav\u00e9s del recurso \u00a0extraordinario de casaci\u00f3n, del cual no hizo uso. Por \u00a0tanto, desech\u00f3 la herramienta jur\u00eddica a su alcance y \u00a0perdi\u00f3 la oportunidad procesal id\u00f3nea para discutir lo \u00a0pretendido. \u00a0<\/p>\n
Entonces, \u00a0como quiera que la tutela no tiene por objeto suplantar los \u00a0mecanismos de defensa judicial ordinarios de \u00a0los interesados y s\u00f3lo puede ser pedida una vez agotados todos \u00a0ellos, es claro que no est\u00e1 cumplido el principio de \u00a0subsidiaridad que la rige y, por ende, es improcedente. \u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0De \u00a0igual forma, a pesar de que no existe un t\u00e9rmino de caducidad \u00a0establecido para interponer la acci\u00f3n de tutela, lo cierto es \u00a0que debe ser utilizada oportuna, razonable, prudencial y \u00a0adecuadamente, en el sentido de que una vez amenazado o vulnerado el \u00a0derecho, el ofendido lo exponga y manifieste al juez constitucional \u00a0en forma inmediata o r\u00e1pidamente. \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0a lo anterior, se observa que desde que la Sala Penal del Tribunal \u00a0Superior de Antioquia profiri\u00f3 el fallo – 18 de noviembre de \u00a02016-, hasta cuando se presenta la demanda \u2013junio de 2018-, \u00a0transcurri\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o y siete meses, lo cual \u00a0es contrario al principio de inmediatez. \u00a0<\/p>\n
Por las anteriores \u00a0consideraciones se negar\u00e1 el amparo. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00ba 1 de la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
Primero. \u00a0Negar la \u00a0tutela instaurada por Mauricio \u00a0de Jes\u00fas G\u00f3mez G\u00f3mez. \u00a0<\/p>\n
Segundo. \u00a0Ordenar \u00a0que, si la decisi\u00f3n no es impugnada ante la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil de esta Corporaci\u00f3n, se remita el expediente a la Corte \u00a0Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
Eyder \u00a0Pati\u00f1o Cabrera \u00a0<\/p>\n
Luis \u00a0Guillermo Salazar Otero \u00a0<\/p>\n
Nubia \u00a0Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 159 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuaderno de la Corte. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0135 a 156 Ibidem. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ver Corte Constitucional. Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-332 del 4 de mayo de 2006. CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STP Rad. No. 31.781, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a032.327, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a036.728, 38.650, 40.408,41.642, 41.805, 49.752, 50.399, 50.765, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a053.544, 54.762, 57.583, 59.354, 60.917, 61.515, 62.691, 63.252, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a064.107, 65.086, 66.996, 67.145, 68.727, 69.938 y 70.488. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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