\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP814-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 96327 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 17) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta por JES\u00daS ANTONIO \u00a0AMAYA L\u00d3PEZ contra la sentencia de tutela proferida el 24 de \u00a0noviembre de 2017 por la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de Manizales, que neg\u00f3 el \u00a0amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, \u00a0presuntamente vulnerados por la Polic\u00eda Nacional, la \u00a0Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Transporte de Manizales y la \u00a0Inspecci\u00f3n Primera de Tr\u00e1nsito y Transporte de la misma \u00a0ciudad. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fue vinculado el agente de la Polic\u00eda Nacional \u00a0Jaime Cardona Tirado. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se establece de la actuaci\u00f3n, el 16 de junio de 2017 el agente \u00a0de la Polic\u00eda Nacional Jaime Cardona Tirado le impuso a JES\u00daS \u00a0ANTONIO AMAYA L\u00d3PEZ el comparendo 718969, por haber \u00a0trasgredido la prohibici\u00f3n contenida en el literal f) del \u00a0art\u00edculo 131 del C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito \u00a0\u00abConducir \u00a0bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias \u00a0psicoactivas\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Denunci\u00f3 \u00a0el peticionario que el mencionado agente de tr\u00e1nsito omiti\u00f3 \u00a0informarle las consecuencias de impedir la pr\u00e1ctica de la \u00a0prueba de alcoholemia, vulnerando con ello su derecho de defensa, as\u00ed \u00a0como el par\u00e1grafo del art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 1696 \u00a0de 2013 y la Resoluci\u00f3n 1844 de 2015 expedida por el Instituto \u00a0Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Como prueba de ello, \u00a0alleg\u00f3 el v\u00eddeo grabado durante la imposici\u00f3n de \u00a0la infracci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Inform\u00f3 \u00a0que, con fundamento en la sanci\u00f3n impuesta, el 21 de junio de \u00a02017 la Inspecci\u00f3n Primera de Tr\u00e1nsito de Manizales \u00a0instal\u00f3 la audiencia p\u00fablica de cargos y descargos. \u00a0Sobre el particular, se\u00f1al\u00f3 que el titular del \u00a0mencionado despacho no le indic\u00f3 que pod\u00eda acudir en \u00a0compa\u00f1\u00eda de un profesional del derecho, omisi\u00f3n \u00a0a partir de la cual se configura la violaci\u00f3n de su derecho a \u00a0la defensa t\u00e9cnica. \u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3 \u00a0que, culminado el tr\u00e1mite, por Resoluci\u00f3n 150 del 18 de \u00a0julio de 2017, la autoridad de tr\u00e1nsito le cancel\u00f3 la \u00a0licencia de conducci\u00f3n, le impuso una multa equivalente a 1440 \u00a0salarios m\u00ednimos diarios legales vigentes e inmoviliz\u00f3 \u00a0su veh\u00edculo por el t\u00e9rmino de 16 d\u00edas. \u00a0<\/p>\n
Inconforme \u00a0con la anterior determinaci\u00f3n el peticionario la apel\u00f3 \u00a0y la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Transporte de Manizales \u00a0la confirm\u00f3 con Resoluci\u00f3n 211 del 20 de octubre de \u00a02017. En este punto insisti\u00f3 en que, al no haber contado con \u00a0la representaci\u00f3n de un abogado, tuvo que sustentar el recurso \u00a0interpuesto, pese a que no tiene formaci\u00f3n jur\u00eddica. \u00a0<\/p>\n
Sumado \u00a0a ello, acus\u00f3 al funcionario de segunda instancia de \u00a0desconocer las irregularidades de que adolece el tr\u00e1mite \u00a0administrativo desde el momento en que se le impuso el comparendo. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior acude ante la jurisdicci\u00f3n constitucional para \u00a0solicitar la protecci\u00f3n transitoria de sus derechos \u00a0fundamentales y, consecuente con ello, que se deje sin efectos la \u00a0actuaci\u00f3n administrativa rese\u00f1ada, anulando la novedad \u00a0en el Sistema de Registro de Infractores de Tr\u00e1nsito. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 15 de noviembre de 2017, el Tribunal admiti\u00f3 la \u00a0demanda de tutela y corri\u00f3 el traslado correspondiente a los \u00a0sujetos pasivos aludidos. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Jefatura Seccional de Tr\u00e1nsito y Transporte de Manizales \u00a0relat\u00f3 el tr\u00e1mite cumplido por el Subintendente Jaime \u00a0Alexander Cardona Tirado. Resalt\u00f3 que, seg\u00fan se \u00a0advierte del v\u00eddeo aportado como prueba, el actor interrog\u00f3 \u00a0al mencionado agente respecto de las consecuencias de impedir la toma \u00a0de la muestra, a lo que \u00e9ste respondi\u00f3 que se \u00a0presumir\u00eda que se encuentra en grado tres de embriaguez y, por \u00a0ello, se proceder\u00eda a iniciar la actuaci\u00f3n \u00a0administrativa e inmovilizar el veh\u00edculo. \u00a0<\/p>\n
Advirti\u00f3 \u00a0que en el caso examinado se incumple el presupuesto de \u00a0subsidiariedad, dado que el peticionario no ha hecho uso de las \u00a0acciones contencioso administrativas de que dispone para controvertir \u00a0la sanci\u00f3n impuesta. Por ende, pidi\u00f3 que se niegue la \u00a0solicitud de protecci\u00f3n constitucional. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su parte, la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Transporte de \u00a0Manizales relat\u00f3 el transcurso de la actuaci\u00f3n y \u00a0defendi\u00f3 su legalidad y la de las decisiones controvertidas. \u00a0Resalt\u00f3 que la existencia de un mecanismo ordinario de defensa \u00a0imposibilita la procedibilidad de la tutela pretendida. \u00a0<\/p>\n
Tras \u00a0establecer el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, el \u00a0Tribunal Superior de Manizales neg\u00f3 el amparo. Expuso que el \u00a0accionante no ha agotado todos los recursos de que dispone para \u00a0controvertir la legalidad de la determinaci\u00f3n administrativa \u00a0controvertida. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, resalt\u00f3 que no se acredit\u00f3 la existencia de un \u00a0perjuicio irremediable que viabilice la protecci\u00f3n transitoria \u00a0solicitada. \u00a0<\/p>\n
JES\u00daS \u00a0ANTONIO AMAYA L\u00d3PEZ impugn\u00f3 el fallo. Insisti\u00f3 \u00a0en los planteamientos de la demanda interpuesta, especialmente en las \u00a0consecuencias de la decisi\u00f3n administrativa adversa, esto es, \u00a0la anotaci\u00f3n negativa en el Sistema de Registro de Infractores \u00a0de Tr\u00e1nsito, la multa superior a los $35\u2019000.000 y la \u00a0cancelaci\u00f3n de su licencia de tr\u00e1nsito. En su criterio, \u00a0\u00e9stas constituyen un perjuicio irremediable. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad con el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la \u00a0Sala es competente para desatar la segunda instancia respecto de la \u00a0sentencia adoptada por un tribunal superior del distrito judicial. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0demandante cuestiona el tr\u00e1mite de imposici\u00f3n del \u00a0comparendo 718968 del 18 de junio de 2017, as\u00ed como las \u00a0resoluciones 150 del 18 de julio y 211 del 20 de octubre de 2017, por \u00a0medio de las cuales se cancel\u00f3 su licencia de conducci\u00f3n, \u00a0se le impuso una multa de 1440 salarios m\u00ednimos diarios \u00a0legales vigentes y se inmoviliz\u00f3 el autom\u00f3vil \u00a0involucrado por el t\u00e9rmino de 16 d\u00edas. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0su juicio, no fue debidamente informado de las consecuencias de \u00a0negarse a la pr\u00e1ctica de la prueba de alcoholemia. Asegur\u00f3, \u00a0adem\u00e1s, que la autoridad de tr\u00e1nsito no le garantiz\u00f3 \u00a0el derecho a la defensa t\u00e9cnica, dado que omiti\u00f3 \u00a0informarle que pod\u00eda acudir al proceso a trav\u00e9s de \u00a0abogado. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, advierte la Sala que JES\u00daS ANTONIO AMAYA L\u00d3PEZ \u00a0puede refutar el contenido de las mencionadas resoluciones a trav\u00e9s \u00a0del \u00abmedio \u00a0de control\u00bb \u00a0de nulidad y restablecimiento del derecho (Art. 138 de la Ley 1437 de \u00a02011 \u2013C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo \u00a0Contencioso Administrativo-), cuya caducidad es de 4 meses (Art. \u00a0164-2-C). Incluso, dentro de dicho tr\u00e1mite el funcionario \u00a0judicial puede decretar desde el auto admisorio la medida provisional \u00a0de suspensi\u00f3n de los efectos del acto administrativo criticado \u00a0(Art. 230-3), mecanismo que resulta id\u00f3neo y expedito para la \u00a0defensa inmediata de sus derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, ante la existencia de otro medio de defensa, la solicitud \u00a0de amparo se torna improcedente \u2013numeral 1\u00ba del art\u00edculo \u00a06\u00ba del Decreto 2591 de 1991-, tal como lo ha reconocido la Corte \u00a0Constitucional \u2013Sentencia T \u2013 1217 de 2003-. \u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, afirma el peticionario que en caso examinado las sanciones \u00a0impuestas configuran en s\u00ed mismas un perjuicio irremediable y, \u00a0por ello, la solicitud de protecci\u00f3n constitucional resulta \u00a0procedente como mecanismo transitorio. \u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, pese al entendimiento del actor, tal afirmaci\u00f3n no \u00a0resulta de recibo para esta Sala, dado que seg\u00fan el art\u00edculo \u00a088 de la Ley 1437 de 2011, los actos administrativos se presumen \u00a0legales mientas no hayan sido anulados por la autoridad judicial \u00a0competente. As\u00ed las cosas, se insiste en que s\u00f3lo la \u00a0jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo podr\u00e1 \u00a0pronunciarse sobre la validez de la actuaci\u00f3n cuestionada. \u00a0<\/p>\n
Sumado \u00a0a lo anterior, resulta desacertado pretender imprimirle el car\u00e1cter \u00a0de perjuicio irremediable a las sanciones impuestas al accionante por \u00a0parte de la autoridad de tr\u00e1nsito de Manizales. \u00c9stas \u00a0constituyen una correctivo legal. En otras palabras, las \u00a0consecuencias jur\u00eddicas de trasgredir deliberadamente una \u00a0determinada disposici\u00f3n normativa. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0el \u00a0fallo de 24 de noviembre de 2017 proferido por la Sala de Decisi\u00f3n \u00a0Penal del Tribunal Superior de Manizales, que neg\u00f3 el amparo \u00a0solicitado por \u00a0JES\u00daS \u00a0ANTONIO AMAYA L\u00d3PEZ. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0este \u00a0prove\u00eddo \u00a0conforme al art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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