\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP808-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 96119 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 17) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta por el apoderado judicial \u00a0de LUC\u00cdA NELLY GARC\u00cdA GIRALDO, contra la sentencia de \u00a0tutela proferida el 14 de noviembre de 2017 por la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, que neg\u00f3 \u00a0el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por \u00a0el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional \u2013 Direcci\u00f3n \u00a0de Fortalecimiento a la Gesti\u00f3n Territorial – Subdirecci\u00f3n \u00a0de Monitoreo y Control, el Municipio de Rionegro y La Secretar\u00eda \u00a0de Educaci\u00f3n Departamental de Antioquia. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se establece de la demanda, acorde con lo establecido en la Directiva \u00a0Ministerial 21 del 30 de noviembre de 2005, LUC\u00cdA NELLY GARC\u00cdA \u00a0GIRALDO, en su condici\u00f3n de docente en propiedad del municipio \u00a0de Rionegro (Antioquia), pretende el pago de las primas extralegales, \u00a0con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones. \u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante, el 7 de julio de 2017 el Ministerio de Educaci\u00f3n \u00a0Nacional emiti\u00f3 el oficio 2017EE111678, a trav\u00e9s del \u00a0cual, comunic\u00f3 las directrices para la aplicaci\u00f3n del \u00a0concepto 2302 de 2017 proferido por la Sala de Servicio y Consulta \u00a0Civil del Consejo de Estado. Dicho comunicado estableci\u00f3 que, \u00a0las corporaciones o autoridades territoriales no cuentan con \u00a0competencia para determinar el r\u00e9gimen salarial y prestacional \u00a0de los servidores de la educaci\u00f3n y, por ello, las primas \u00a0extralegales carecen de amparo constitucional y no pueden ser pagadas \u00a0por el Estado. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0juicio del apoderado judicial de la accionante, tal determinaci\u00f3n \u00a0vulner\u00f3 los derechos fundamentales de su prohijada al debido \u00a0proceso y confianza leg\u00edtima, pues los actos de creaci\u00f3n \u00a0de las primas extralegales se encuentran vigentes y, por ello, su \u00a0pago debe ejecutarse. Sumado a lo anterior, la entidad accionada \u00a0desconoci\u00f3 de manera arbitraria lo decidido en fechas \u00a0anteriores. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tal raz\u00f3n, acudi\u00f3 ante la jurisdicci\u00f3n \u00a0constitucional, con el prop\u00f3sito de que se inaplique el oficio \u00a02017EE111678 y, como tal, se contin\u00fae con el pago \u00a0correspondiente sin suspensi\u00f3n alguna. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 31 de octubre de 2017, el Tribunal admiti\u00f3 la demanda \u00a0de tutela y corri\u00f3 el traslado correspondiente a los sujetos \u00a0pasivos aludidos. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional Direcci\u00f3n de \u00a0Fortalecimiento a la Gesti\u00f3n Territorial Subdirecci\u00f3n \u00a0de Monitoreo y Control se opuso a la prosperidad de la protecci\u00f3n \u00a0constitucional reclamada. Para el efecto, argument\u00f3 que el \u00a0interesado tiene a su disposici\u00f3n otros mecanismos de defensa \u00a0ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo para \u00a0controvertir la determinaci\u00f3n censurada. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, resalt\u00f3 que los conceptos emitidos por el Ministerio en \u00a0un contexto, espacio temporal particular, son de obligatorio \u00a0cumplimiento y, adem\u00e1s, pueden ser modificados de manera \u00a0fundamentada acorde con los nuevos elementos valorativos, en este \u00a0caso el an\u00e1lisis de la Sala de Consulta del Consejo de Estado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el mismo sentido, la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n del \u00a0Municipio de Rionegro pidi\u00f3 que se niegue la presente \u00a0solicitud de amparo. Expuso que el peticionario debe ejercer las \u00a0acciones jurisdiccionales pertinentes, dado que la acci\u00f3n de \u00a0tutela es un mecanismo excepcional y subsidiario. \u00a0<\/p>\n
Tras \u00a0establecer el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, el \u00a0Tribunal Superior de Medell\u00edn neg\u00f3 el amparo. Explic\u00f3 \u00a0que la controversia debe plantearse ante la jurisdicci\u00f3n \u00a0contenciosa administrativa, pese a lo cual el actor no ha hecho uso \u00a0de este mecanismo. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0parte actora impugn\u00f3 el fallo. Reiter\u00f3 los argumentos \u00a0expuestos en la demanda de tutela. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad con el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la \u00a0Sala es competente para desatar la segunda instancia respecto de la \u00a0sentencia adoptada por un tribunal superior del distrito judicial. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0primer lugar, advierte la Sala que si bien la decisi\u00f3n por \u00a0medio de la cual se comunicaron las directrices para la aplicaci\u00f3n \u00a0del concepto 2302 de 2017, proferido por el Consejo de Estado \u00a0respecto del pago de las primas extralegales de los educadores, est\u00e1 \u00a0contenida en un oficio, ello no le quita su car\u00e1cter de acto \u00a0administrativo, pues independientemente de la forma del instrumento o \u00a0mecanismo que use la Administraci\u00f3n (resoluciones, oficios, \u00a0circulares, instrucciones, etc.) para materializar las \u00a0determinaciones que adopta, si \u00e9ste contiene la voluntad de \u00a0crear, modificar o extinguir una situaci\u00f3n jur\u00eddica \u00a0general o particular y concreta, es un acto administrativo \u00a0susceptible de control judicial. (Consejo de Estado, Secci\u00f3n \u00a0Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo. 1\u00ba de \u00a0noviembre de 2012, Rad. 25000-23-27-000-2007-00251-01(17927)). \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, es manifiesto que el oficio \u00a02017EE111678 del 7 de julio de 2017 es \u00a0susceptible de controversia a trav\u00e9s del \u00abmedio \u00a0de control\u00bb \u00a0de nulidad y restablecimiento del derecho (Art. 138 de la Ley 1437 de \u00a02011 \u2013C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo \u00a0Contencioso Administrativo-). Sin \u00a0embargo, el accionante no lo promovi\u00f3 dentro del t\u00e9rmino \u00a0de caducidad de 4 meses (Art. 164-2-D). \u00a0<\/p>\n
El \u00a0vencimiento de dicho plazo no lo habilita a propiciar el debate a \u00a0trav\u00e9s de la acci\u00f3n excepcional de tutela, ni siquiera \u00a0como mecanismo transitorio, pues para acceder al amparo bajo esa \u00a0modalidad es necesario que el interesado haya hecho uso adecuado de \u00a0todos los medios dispuestos por el legislador -Sentencia SU\u2013111 \u00a0de 1997-. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, resulta evidente que el descuido puesto de presente \u00a0permiti\u00f3 que el acto administrativo censurado cobrara firmeza, \u00a0situaci\u00f3n que no puede modificarse a trav\u00e9s de la v\u00eda \u00a0constitucional, dado que constituye una causa de improcedencia acorde \u00a0con el art\u00edculo 6\u20131 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
Principalmente, \u00a0porque \u00a0no est\u00e1 \u00a0acreditada (ni lo advierte la Sala) \u00a0una evidente situaci\u00f3n de perjuicio irremediable que haga \u00a0forzosa la intervenci\u00f3n transitoria del juez constitucional. \u00a0Aunado a lo anterior, las pruebas allegadas al tr\u00e1mite \u00a0acreditaron que \u00a0la demandante se encuentra vinculada en propiedad desde el 16 de \u00a0febrero de 1994, en la Instituci\u00f3n Educativa Baldomero San\u00edn \u00a0Cano, escalaf\u00f3n 14, percibiendo un ingreso fijo que por dem\u00e1s \u00a0le permite cancelar los aportes respectivos de seguridad social y \u00a0garantizarse su m\u00ednimo vital. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0\u00faltimo, advierte la Sala que la acci\u00f3n de tutela no es \u00a0el instrumento apto para lograr que se ordene el pago de sumas de \u00a0dinero, en especial, cuando no existe perjuicio irremediable alguno, \u00a0pues el objetivo intr\u00ednseco de esta acci\u00f3n no es el de \u00a0ser utilizada como mecanismo alternativo para sustituir a los jueces \u00a0ordinarios en la tarea de resolver los conflictos propios de su \u00a0jurisdicci\u00f3n. Ello desconocer\u00eda la existencia de los \u00a0instrumentos procesales ordinarios y especiales para declarar el \u00a0derecho y resolver las controversias que les han sido asignadas \u00a0previamente por la ley (Cfr. CC Sentencia T-304 de 2009). \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0el \u00a0fallo de 14 de noviembre de 2017 proferido por la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior Medell\u00edn, que neg\u00f3 el amparo \u00a0solicitado por \u00a0el apoderado judicial de LUC\u00cdA NELLY GARC\u00cdA GIRALDO. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0este \u00a0prove\u00eddo \u00a0conforme al art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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