\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP7796-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a098961 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 191) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., catorce (14) de junio de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Corte la impugnaci\u00f3n presentada por JORGE ENRIQUE LONDO\u00d1O \u00a0RIANI, contra la sentencia proferida el 25 de abril de 2018 por la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que \u00a0neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela interpuesta contra la Sala \u00a0Laboral del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial \u00a0de Bogot\u00e1 y el Juzgado 10 Laboral del Circuito de la misma \u00a0ciudad. Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes del \u00a0proceso ordinario laboral descrito a continuaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se extrae de la actuaci\u00f3n, Rosal\u00eda Angulo Castillo \u00a0adelant\u00f3 un \u00a0proceso ordinario laboral contra JORGE \u00a0ENRIQUE LONDO\u00d1O RIANI y la Cooperativa de Trabajo Asociado de \u00a0Servicios Hoteleros -Servicoctel- T.A., \u00a0con el fin de que se establecieran los extremos y condiciones del \u00a0contrato de trabajo suscrito con el accionante. A la par, obtener el \u00a0reconocimiento y pago de algunas acreencias laborales, entre ellas, \u00a0la sanci\u00f3n moratoria por pago tard\u00edo de los aportes al \u00a0sistema de seguridad social. \u00a0<\/p>\n
El \u00a015 de marzo de 2017 el Juzgado 10 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 \u00a0accedi\u00f3 a las \u00a0pretensiones y declar\u00f3 la existencia de un verdadero contrato \u00a0laboral entre el accionante y la se\u00f1ora Rosal\u00eda Angulo \u00a0Castillo. Apelada esa \u00a0determinaci\u00f3n por la parte actora, el 27 de noviembre de 2017, \u00a0la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 la confirm\u00f3 \u00a0en su integridad. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tal motivo, el demandante acudi\u00f3 ante la jurisdicci\u00f3n \u00a0constitucional al considerar quebrantados sus derechos fundamentales \u00a0al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. \u00a0Estim\u00f3 que las autoridades judiciales efectuaron una indebida \u00a0valoraci\u00f3n de las pruebas, pues desconocieron que la \u00a0demandante en el proceso ordinario reconoci\u00f3 que su jornada \u00a0laboral era de 4 d\u00edas a la semana y, por ello, se configur\u00f3 \u00a0un defecto sustantivo y f\u00e1ctico. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, solicit\u00f3 que se dejen sin efectos las decisiones \u00a0de primera y segunda instancia y, en su lugar, se emita una nueva \u00a0determinaci\u00f3n ajustada a los lineamientos constitucionales. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0EN \u00a0PRIMERA \u00a0INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0auto del \u00a017 \u00a0de abril de 2018 \u00a0la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte admiti\u00f3 la demanda \u00a0y dispuso notificar la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite a los \u00a0sujetos pasivos de la acci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Juzgado 10 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la \u00a0legalidad de su determinaci\u00f3n y se opuso a la prosperidad de \u00a0la demanda de tutela. Los dem\u00e1s vinculados y accionados \u00a0guardaron silencio. \u00a0<\/p>\n
La Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Laboral neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, \u00a0tras considerar que las providencias reprochadas son razonables, \u00a0justificadas y ofrecen una interpretaci\u00f3n admisible sobre la \u00a0normativa aplicable. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0demandante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, reiter\u00f3 las \u00a0razones de inconformidad expuestas en la demanda. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0al art\u00edculo \u00a01\u00ba del Acuerdo n\u00famero 001 del 15 de marzo de 2002 emitido \u00a0por la Sala Plena de la Corte, \u00a0en armon\u00eda con el canon 32 del Decreto 2591 de 1991, \u00a0la Sala es competente para pronunciarse respecto de la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta en contra de la decisi\u00f3n adoptada por la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Laboral. \u00a0<\/p>\n
Indica \u00a0la Corte que los \u00a0razonamientos planteados en la decisi\u00f3n cuestionada se ofrecen \u00a0ajustados a derecho, pues se encuentran fundamentados en las \u00a0disposiciones legales y la jurisprudencia sobre la materia. El \u00a0contraste de ese marco jur\u00eddico con el caso concreto permite a \u00a0la Sala alcanzar la misma conclusi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, tras efectuar un an\u00e1lisis de las pruebas allegadas al \u00a0tr\u00e1mite ordinario laboral, el Tribunal confirm\u00f3 la \u00a0determinaci\u00f3n de primera instancia. Bajo los mismos argumentos \u00a0acogidos por el a \u00a0quo, \u00a0destac\u00f3 que desde el 13 de enero de 1997 hasta el 24 de \u00a0octubre de 2011, la se\u00f1ora Rosal\u00eda Angulo Castillo \u00a0prest\u00f3 sus servicios personales a favor del accionante en el \u00a0cargo de empleada dom\u00e9stica, devengando un salario m\u00ednimo \u00a0mensual legal vigente para cada a\u00f1o. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, refiri\u00f3 que la Cooperativa demandada obr\u00f3 como \u00a0intermediaria de los servicios prestados por la all\u00ed \u00a0demandante en favor de LONDO\u00d1O RIANI, desde el 1\u00ba de \u00a0septiembre de 2007 hasta el 24 de octubre de 2011, sin mediar \u00a0soluci\u00f3n de continuidad en la prestaci\u00f3n de los \u00a0servicios personales de Angulo Castillo. \u00a0<\/p>\n
Indic\u00f3 \u00a0que durante el interrogatorio de parte, el accionante acept\u00f3 \u00a0que la demandante se ocupaba del servicio dom\u00e9stico por d\u00edas, \u00a0sin indicar el n\u00famero. A la par, que le insinu\u00f3 a \u00e9sta \u00a0que se vinculara a la Cooperativa con la cual el actor celebr\u00f3 \u00a0un contrato de intermediaci\u00f3n laboral y bajo dicha modalidad, \u00a0continuara prest\u00e1ndole sus servicios. Ello, en contraposici\u00f3n \u00a0a lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 17 del Decreto 4588 de \u00a02006, pues tal normativa proh\u00edbe a las cooperativas actuar \u00a0como empresas de servicios temporales. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, los servicios personales que ejecut\u00f3 la demandante \u00a0quedaron amparados bajo la presunci\u00f3n de que trata el art\u00edculo \u00a024 del C.S.T., es decir, que toda relaci\u00f3n de trabajo personal \u00a0est\u00e1 regida por un contrato laboral. M\u00e1xime cuando en \u00a0el caso particular, tal situaci\u00f3n no fue desvirtuada por los \u00a0demandados. \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0tal razonamiento, concluy\u00f3 que fue acertada la decisi\u00f3n \u00a0de primera instancia al imponer a los demandados la indemnizaci\u00f3n \u00a0moratoria establecida en el art\u00edculo 65 del C.S.T. Lo \u00a0anterior, por cuanto existi\u00f3 mala fe en la conducta del \u00a0accionante al pretender simular el contrato de trabajo bajo la figura \u00a0del convenio cooperativo, a partir del 1\u00ba de septiembre de 2007. \u00a0Recalc\u00f3 que la intenci\u00f3n de LONDO\u00d1O RIANI fue \u00a0distraer el reconocimiento y pago de los derechos laborales que \u00a0emergen del contrato a favor de la demandante. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, la Sala advierte que las decisiones censuradas se aprecian \u00a0razonables y debidamente motivadas, por lo que no actualizan ninguno \u00a0de los defectos que hace procedente la acci\u00f3n de tutela contra \u00a0decisiones judiciales. \u00a0<\/p>\n
Ante \u00a0tal panorama, el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n \u00a0jurisdiccional (art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica) \u00a0impide al juez de tutela inmiscuirse en providencias como la \u00a0controvertida s\u00f3lo porque el impugnante no la comparte o tiene \u00a0una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en dicho \u00a0pronunciamiento, sustentado con criterio razonable a partir de los \u00a0hechos probados y la interpretaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n \u00a0pertinente. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, se confirmar\u00e1, la decisi\u00f3n de primera \u00a0instancia. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0la \u00a0sentencia de 25 de abril de 2018, mediante la cual la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 \u00a0la acci\u00f3n de tutela interpuesta por JORGE ENRIQUE LONDO\u00d1O \u00a0RIANI. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0est\u00e1 \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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