\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Eyder Pati\u00f1o \u00a0Cabrera \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP7504-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 98705 \u00a0<\/p>\n
Acta 184 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., siete (7) de junio de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0resuelve la acci\u00f3n \u00a0de tutela presentada por Haider \u00a0Fernando Ortega Noguera contra \u00a0la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio y los Juzgados \u00a01\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de \u00a0Acac\u00edas y 2\u00ba Penal del Circuito Especializado de \u00a0Cundinamarca, por la presunta vulneraci\u00f3n de \u00a0sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la dignidad humana y \u00a0a la igualdad. \u00a0<\/p>\n
Al presente \u00a0tr\u00e1mite fue vinculado el Centro de Servicios Judiciales de los \u00a0Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de \u00a0Acac\u00edas. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Hechos \u00a0y fundamentos de la acci\u00f3n \u00a0<\/p>\n
1.1. \u00a0De acuerdo con la informaci\u00f3n obrante en el expediente, se \u00a0pudo establecer que el 24 de abril de 2014 el Juzgado 2\u00ba Penal \u00a0del Circuito Especializado de Cundinamarca conden\u00f3 a Haider \u00a0Fernando Ortega Noguera a \u00a08 a\u00f1os y 2 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00a0concierto para delinquir agravado en concurso con extorsi\u00f3n en \u00a0modalidad de tentativa. Asimismo, le neg\u00f3 la prisi\u00f3n \u00a0domiciliaria y la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n \u00a0de la pena. \u00a0<\/p>\n
1.2. \u00a0El sentenciado ha solicitado en m\u00faltiples oportunidades la \u00a0concesi\u00f3n de la libertad condicional, pretensi\u00f3n que ha \u00a0sido negada en sede de primera y segunda instancia1, \u00a0tanto por el Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas como por \u00a0juzgado que emiti\u00f3 la sentencia, con fundamento en lo previsto \u00a0en el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006. \u00a0<\/p>\n
1.3. De igual \u00a0modo, el actor ha pedido el permiso de salida de 15 d\u00edas y de \u00a0hasta 72 horas, los cuales han sido denegados por el juez que vigila \u00a0la condena y la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio. \u00a0<\/p>\n
1.4. \u00a0Inconforme \u00a0con lo anterior, Ortega \u00a0Noguera, \u00a0present\u00f3 \u00a0tutela en contra de las referidas autoridades judiciales, por la \u00a0vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, a \u00a0la libertad, a la dignidad humana y a la igualdad. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Las respuestas \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0de Acac\u00edas \u00a0<\/p>\n
El Juez resumi\u00f3 \u00a0las principales actuaciones e indic\u00f3 que neg\u00f3 la \u00a0libertad condicional y los permisos de 15 d\u00edas y de hasta 72 \u00a0horas reclamados por el actor, por la prohibici\u00f3n contemplada \u00a0en el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Magistrado Ponente inform\u00f3 \u00a0que mediante auto del 7 de diciembre de 2017 confirm\u00f3 la \u00a0determinaci\u00f3n adoptada por el Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n \u00a0de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas, toda vez que el \u00a0accionante no cumpl\u00eda con los requisitos requeridos para \u00a0concederle el permiso administrativo de hasta 72 horas. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. El asunto \u00a0planteado \u00a0<\/p>\n
Corresponde \u00a0a la Sala determinar si los despachos judiciales accionados \u00a0vulneraron los derechos al \u00a0debido proceso, a la libertad, a la dignidad humana y a la igualdad \u00a0del interesado, por \u00a0negarle la libertad condicional y los permisos de 15 d\u00edas y de \u00a0hasta 72 horas. \u00a0<\/p>\n
Para \u00a0tal fin, se verificar\u00e1 las causales de procedibilidad. \u00a0<\/p>\n
2. La \u00a0procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales \u00a0<\/p>\n
En \u00a0repetidas ocasiones la jurisprudencia ha reiterado que el amparo \u00a0constitucional contra providencias judiciales es no s\u00f3lo \u00a0excepcional, sino excepcional\u00edsimo. \u00a0Ello para no afectar la seguridad jur\u00eddica y como amplio \u00a0respeto por la autonom\u00eda judicial garantizada en la Carta \u00a0Pol\u00edtica. \u00a0<\/p>\n
Al respecto, la \u00a0Corte Constitucional en sentencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CC T \u2013 780 de 2006, \u00a0dijo: \u00a0<\/p>\n
La \u00a0eventual procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias \u00a0judiciales y otras providencias que pongan fin al proceso tiene \u00a0connotaci\u00f3n de excepcional\u00edsima, \u00a0lo \u00a0cual significa que procede siempre \u00a0y cuando se cumplan unos determinados requisitos muy estrictos que la \u00a0jurisprudencia se ha encargado de especificar. \u00a0[Negrillas \u00a0y subrayas fuera del original]. \u00a0<\/p>\n
Para \u00a0que ello tenga lugar se deben cumplir una serie de requisitos de \u00a0procedibilidad, unos de car\u00e1cter general, que habilitan su \u00a0interposici\u00f3n, y otros de car\u00e1cter espec\u00edfico, \u00a0que apuntan a la procedencia misma del amparo2. \u00a0De manera que quien acude a \u00e9l tiene la carga no s\u00f3lo \u00a0respecto de su planteamiento, sino de su demostraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Dentro de los \u00a0primeros se encuentran: \u00a0<\/p>\n
a) Que el asunto \u00a0discutido resulte de relevancia constitucional. \u00a0<\/p>\n
b) Que se hayan \u00a0agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa \u00a0judicial. \u00a0<\/p>\n
c) \u00a0Que se est\u00e9 ante un perjuicio iusfundamental \u00a0irremediable. \u00a0<\/p>\n
d) Que se cumpla \u00a0con el requisito de inmediatez, esto es, que se interponga dentro de \u00a0un t\u00e9rmino razonable y justo. \u00a0<\/p>\n
e) Que se trate de \u00a0una irregularidad procesal, y la misma tenga un efecto decisivo o \u00a0determinante en la decisi\u00f3n que se impugna y que afecte los \u00a0derechos fundamentales de la parte actora. \u00a0<\/p>\n
f) Que se \u00a0identifiquen de manera razonable los hechos que generaron la \u00a0transgresi\u00f3n y los derechos vulnerados, y, adem\u00e1s, que \u00a0esa violaci\u00f3n haya sido alegada dentro del proceso, siempre \u00a0que hubiese sido posible. \u00a0<\/p>\n
g) Que no se trate \u00a0de sentencias de tutela. \u00a0<\/p>\n
Los segundos, por \u00a0su parte, apuntan a que se demuestre que la providencia adolece de \u00a0alg\u00fan defecto org\u00e1nico, procedimental absoluto, \u00a0f\u00e1ctico, material o sustantivo, un error inducido, o carece \u00a0por completo de motivaci\u00f3n, desconoce el precedente o viola \u00a0directamente la Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
3. Caso \u00a0concreto \u00a0<\/p>\n
3.1. \u00a0En el presente asunto, se \u00a0observa que contrario a lo sostenido por la parte accionante, las \u00a0providencias emitidas por las autoridades accionadas, son razonables \u00a0y ajustadas a los par\u00e1metros legales y constitucionales. \u00a0<\/p>\n
Por medio de la \u00a0Ley 1121 de 2006, el legislador adopt\u00f3 normas para la \u00a0prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n, investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n \u00a0de la financiaci\u00f3n del terrorismo y otros delitos. En el \u00a0art\u00edculo 26 dispuso: \u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0Exclusi\u00f3n \u00a0de beneficios y subrogados. Cuando \u00a0se trate de delitos de terrorismo, financiaci\u00f3n de terrorismo, \u00a0secuestro extorsivo, extorsi\u00f3n y conexos, no proceder\u00e1n \u00a0las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesi\u00f3n, ni \u00a0se conceder\u00e1n subrogados penales o mecanismos sustitutivos de \u00a0la pena privativa de la libertad de condena de ejecuci\u00f3n \u00a0condicional o suspensi\u00f3n condicional de ejecuci\u00f3n de la \u00a0pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisi\u00f3n \u00a0domiciliaria como sustitutiva de la prisi\u00f3n, ni \u00a0habr\u00e1 lugar a ning\u00fan otro beneficio o subrogado legal, \u00a0judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboraci\u00f3n \u00a0consagrados en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, siempre que \u00a0\u00e9sta sea eficaz\u201d \u00a0[Subrayas \u00a0fuera de texto]. \u00a0<\/p>\n
El referido \u00a0art\u00edculo fue declarado exequible por la Corte Constitucional, \u00a0mediante la sentencia C-073 de 2010, en la cual se dijo: \u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0As\u00ed las cosas, \u00a0con base en los precedentes jurisprudenciales se tiene que en materia \u00a0de concesi\u00f3n de beneficios penales, (i) el legislador cuenta \u00a0con amplio margen de configuraci\u00f3n normativa, en tanto que \u00a0manifestaci\u00f3n de su competencia para fijar la pol\u00edtica \u00a0criminal del Estado; (ii) con todo, la concesi\u00f3n o negaci\u00f3n \u00a0de beneficios penales no puede desconocer el derecho a la igualdad; \u00a0(iii) se ajustan, prima \u00a0facie, a la \u00a0Constituci\u00f3n medidas legislativas mediante las cuales se \u00a0restringe la concesi\u00f3n de beneficios penales en casos de \u00a0delitos considerados particularmente graves para la sociedad; (iv) el \u00a0Estado colombiano ha asumido compromisos internacionales en materia \u00a0de combate contra el terrorismo, raz\u00f3n de m\u00e1s para que \u00a0el legislador limite la concesi\u00f3n de beneficios penales en la \u00a0materia. \u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0<\/p>\n
Como se puede \u00a0apreciar, se trata de un texto normativo encaminado a prevenir, \u00a0investigar y sancionar los delitos de terrorismo, secuestro y \u00a0extorsi\u00f3n, en sus diversas modalidades, mediante la adopci\u00f3n \u00a0de un conjunto de medidas, de diversa naturaleza (preventivas, \u00a0represivas, econ\u00f3micas, etc.) encaminadas todas ellas a \u00a0combatir estos delitos que causan un elevado impacto social. \u00a0<\/p>\n
En ese orden de \u00a0ideas, la disposici\u00f3n legal acusada, mediante la cual se \u00a0excluye la concesi\u00f3n de beneficios y subrogados penales para \u00a0los autores y part\u00edcipes de tan gran graves conductas, no \u00a0resulta ser un cuerpo extra\u00f1o en el texto de la Ley 1121 de \u00a02006. Todo lo contrario. \u00a0<\/p>\n
Su \u00a0contenido se ajusta perfectamente a los fines perseguidos por el \u00a0legislador, en la medida en que pretende disuadir a todos aquellos \u00a0que deseen perpetrar tales cr\u00edmenes. \u00a0<\/p>\n
En el presente \u00a0asunto, el Juzgado 1\u00ba \u00a0de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas, \u00a0despacho encargado de vigilar la pena de prisi\u00f3n impuesta a \u00a0Haider \u00a0Fernando Ortega Noguera por \u00a0el delito de extorsi\u00f3n, \u00a0le neg\u00f3 la \u00a0libertad condicional y los permisos de 15 d\u00edas y de hasta 72 \u00a0horas, \u00a0ya que los hechos por los cuales fue condenado se ejecutaron con \u00a0posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1121 de 2006 \u2013a\u00f1os \u00a02010 \u00a0al 2012-, \u00a0normatividad que proh\u00edbe la concesi\u00f3n de beneficios o \u00a0subrogados legales, judiciales y administrativos. \u00a0<\/p>\n
Dichas \u00a0determinaciones \u00a0fueron \u00a0confirmadas \u00a0por el \u00a0Juzgado 2\u00ba Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca y la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, \u00a0respectivamente, b\u00e1sicamente \u00a0con los mismos argumentos. \u00a0<\/p>\n
N\u00f3tese \u00a0que los demandados al momento de estudiar las \u00a0pretensiones del actor, se\u00f1alaron que la Ley 1709 no derog\u00f3 \u00a0la 1121 de 2006, por lo que no les quedaba otra opci\u00f3n que \u00a0aplicarla y proceder a negar el referido subrogado y los aludidos \u00a0permisos. \u00a0<\/p>\n
En efecto, para la \u00a0Sala no se configura ning\u00fan defecto material o sustantivo en \u00a0los autos que se discuten ya que, de conformidad con lo establecido \u00a0en dicho precepto cuando se trate de delitos como el extorsi\u00f3n, \u00a0no \u00a0procede ning\u00fan beneficio de reconocimiento jurisdiccional ni \u00a0administrativo, \u00a0salvo los eventos de colaboraci\u00f3n efectiva. \u00a0<\/p>\n
Es as\u00ed \u00a0como, las decisiones reprochadas se fundamentaron en una norma \u00a0jur\u00eddica expedida en el \u00e1mbito leg\u00edtimo de \u00a0libertad de configuraci\u00f3n del legislador, y mal se podr\u00eda \u00a0afirmar que las autoridades demandadas actuaron arbitrariamente o que \u00a0decidieron el asunto planteado haciendo abstracci\u00f3n del \u00a0ordenamiento jur\u00eddico, pues lo que se advierte es una \u00a0interpretaci\u00f3n del todo plausible, ajustada a la Carta \u00a0Pol\u00edtica en los t\u00e9rminos se\u00f1alados por la Corte \u00a0Constitucional. \u00a0<\/p>\n
Por lo tanto, la \u00a0carga de cumplir con la totalidad de la pena impuesta deriva de la \u00a0responsabilidad penal del accionante por la \u00a0conducta punible de extorsi\u00f3n y \u00a0no de la supuesta arbitrariedad de las autoridades accionadas. \u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0esta Corporaci\u00f3n, por v\u00eda de tutela, ha admitido \u00a0pac\u00edfica y reiteradamente que la criticada exclusi\u00f3n de \u00a0beneficios no contraviene el ordenamiento jur\u00eddico3 \u00a0. \u00a0<\/p>\n
Finalmente, en \u00a0relaci\u00f3n con el presunto desconocimiento del derecho a la \u00a0igualdad, lo aportado al expediente constitucional no acredita que el \u00a0actor haya sido discriminado por los despachos judiciales accionados, \u00a0en relaci\u00f3n con otras personas. Cabe precisar al respecto que \u00a0cada asunto de competencia del juez natural debe ser valorado de \u00a0manera individual, amparado en los principios de autonom\u00eda e \u00a0independencia judicial, consagrados en el art\u00edculo 228 de la \u00a0Carta Pol\u00edtica, en tanto sus efectos son exclusivamente inter \u00a0partes. \u00a0<\/p>\n
Por las anteriores \u00a0consideraciones se negar\u00e1 el amparo. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
Primero. \u00a0Negar la \u00a0tutela instaurada por Haider \u00a0Fernando Ortega Noguera. \u00a0<\/p>\n
Segundo. \u00a0Ordenar \u00a0que, si la decisi\u00f3n no es impugnada ante la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil de esta Corporaci\u00f3n, se remita el expediente a la Corte \u00a0Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
Eyder \u00a0Pati\u00f1o Cabrera \u00a0<\/p>\n
Luis \u00a0Guillermo Salazar Otero \u00a0<\/p>\n
Nubia \u00a0Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cuyos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00faltimos prove\u00eddos datan del 9 de marzo y 1\u00ba de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0junio de 2018, respectivamente. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fallo C-590 de 08 de junio de 2005 y T-332 de 2006. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fallos de tutela 44.329, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a049.078, 53.653, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a055.081, 55.711, 57.316, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a058.556, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a059.279, 59.500, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a059.538, , 58.590, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 59.782, 60.084, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a060.564, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a060.807, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a060.983, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a061.571, 64.594 y 65.494. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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