\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP7458-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a098847 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 184) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., siete (7) de junio dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la acci\u00f3n de tutela interpuesta por la PROCURADUR\u00cdA \u00a0181 JUDICIAL II PENAL, \u00a0en \u00a0procura del amparo de los derechos fundamentales de la v\u00edctima \u00a0legalmente reconocida al interior del proceso penal \u00a025290610801201680201-01, presuntamente vulnerados por la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Cundinamarca. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Penal del Circuito de \u00a0Fusagasug\u00e1, as\u00ed como a las partes e intervinientes de \u00a0la referida actuaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se establece de la demanda y sus anexos, la Fiscal\u00eda General \u00a0de la Naci\u00f3n present\u00f3 \u00a0escrito de acusaci\u00f3n contra Jos\u00e9 Siervo Morera Garz\u00f3n \u00a0como \u00a0presunto autor del delito de acceso carnal con incapaz de resistir, \u00a0por hechos ocurridos el 4 de marzo de 2016. \u00a0El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado \u00a0Penal del Circuito de Fusagasug\u00e1. \u00a0<\/p>\n
M\u00e1s \u00a0adelante, el 6 de diciembre de 2017, la Fiscal\u00eda manifest\u00f3 \u00a0que celebr\u00f3 \u00a0un \u00a0preacuerdo con el acusado. En \u00e9ste, Jos\u00e9 Siervo Morera \u00a0Garz\u00f3n acept\u00f3 su responsabilidad en los hechos objeto \u00a0de acusaci\u00f3n a cambio de que se reconociera a su favor la \u00a0circunstancia de marginalidad o pobreza extrema contemplada en el \u00a0art\u00edculo 56 de la Ley 599 de 2000. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0esa misma fecha, el Despacho de conocimiento imparti\u00f3 \u00a0aprobaci\u00f3n al referido acuerdo. Inconforme con la anterior \u00a0determinaci\u00f3n el representante de v\u00edctimas la apel\u00f3 \u00a0y la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca la confirm\u00f3 \u00a0el 22 de mayo de 2018. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0criterio de la PROCURADUR\u00cdA 181 \u00a0JUDICIAL II PENAL, \u00a0dicha providencia resulta violatoria de los derechos fundamentales al \u00a0debido proceso y defensa de la v\u00edctima, dada la insuficiente \u00a0motivaci\u00f3n jur\u00eddica expuesta por la Corporaci\u00f3n \u00a0judicial accionada. Por lo dem\u00e1s, asegur\u00f3 que no se \u00a0tuvieron en cuenta los intereses y derechos de la v\u00edctima. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, solicit\u00f3 \u00a0que se deje sin efectos el auto proferido por la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior de Cundinamarca y, en su lugar, se impruebe el \u00a0preacuerdo celebrado entre la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00a0y Jos\u00e9 Siervo Morera Garz\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 29 de mayo de 2018, la Sala admiti\u00f3 \u00a0la demanda y corri\u00f3 \u00a0el respectivo traslado a las autoridades aludidas. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Fiscal\u00eda 3\u00aa Seccional CAIVAS Fusagasug\u00e1 relat\u00f3 \u00a0el transcurso de la investigaci\u00f3n y defendi\u00f3 la \u00a0legalidad del acuerdo celebrado con el procesado. Agreg\u00f3 que \u00a0durante la negociaci\u00f3n se tuvieron en cuenta los derechos de \u00a0la v\u00edctima. Dio a conocer que el 24 de noviembre de 2017 \u00a0sostuvo una reuni\u00f3n con la madre de la afectada con el \u00a0prop\u00f3sito de informarle los t\u00e9rminos y condiciones del \u00a0preacuerdo, as\u00ed como la posibilidad de oponerse a su \u00a0aprobaci\u00f3n por parte del juez de conocimiento, pese a lo cual \u00a0\u00e9sta manifest\u00f3 que no ten\u00eda ninguna objeci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su parte, la defensa de Jos\u00e9 \u00a0Siervo Morera Garz\u00f3n se opuso a la prosperidad de la presente \u00a0solicitud de protecci\u00f3n constitucional. Resalt\u00f3 que se \u00a0incumple el presupuesto de subsidiariedad, por cuanto la actora no \u00a0apel\u00f3 el fallo de primera instancia. Adicionalmente, afirm\u00f3 \u00a0que el preacuerdo suscrito con su poderdante resulta ajustado a la \u00a0normativa pertinente y jurisprudencia aplicable. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tenor de lo normado en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo \u00a01\u00ba del Decreto 1983 de 2017, la Sala es competente para resolver \u00a0este asunto en primera instancia, por cuanto el procedimiento \u00a0involucra un tribunal superior de distrito judicial. \u00a0<\/p>\n
Sea \u00a0lo primero se\u00f1alar que, conforme con el numeral 1\u00ba del \u00a0art\u00edculo 38 de la Ley 262 de 2000, los procuradores judiciales \u00a0est\u00e1n facultados para interponer acciones de tutela en \u00a0aquellos eventos en que resulte conducentes para asegurar la defensa \u00a0del orden jur\u00eddico, en especial las garant\u00edas y los \u00a0derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0segundo lugar, advierte la Sala que la accionante pudo controvertir \u00a0el fallo de primera instancia a trav\u00e9s del recurso de \u00a0apelaci\u00f3n y, en caso de que no prosperara, del recurso \u00a0extraordinario de casaci\u00f3n, pero no lo hizo. \u00a0Como no agot\u00f3 ese medio de defensa, la solicitud de amparo se \u00a0torna improcedente \u2013numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba \u00a0del Decreto 2591 de 1991-, tal como lo ha reconocido la Corte \u00a0Constitucional \u2013Sentencia T \u2013 1217 de 2003-. \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0manifiesto, entonces, que el descuido puesto de presente permiti\u00f3 \u00a0que la providencia de dicha autoridad judicial cobrara firmeza, \u00a0situaci\u00f3n que no puede modificarse a trav\u00e9s de la v\u00eda \u00a0constitucional, ni siquiera como mecanismo transitorio, pues para \u00a0acceder al amparo bajo esa modalidad es necesario que el interesado \u00a0haya hecho uso adecuado de todos los medios ordinarios dispuestos por \u00a0el legislador (Cfr. Sentencia SU \u2013 111 de 1997). \u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0encuentra la Corte que aun si se pasara por alto lo anterior, la \u00a0protecci\u00f3n constitucional demandada resulta improcedente. Para \u00a0soportar tal afirmaci\u00f3n, resulta pertinente resaltar la \u00a0postura de la Corte en sus m\u00e1s recientes decisiones, en las \u00a0cuales se ha privilegiado la naturaleza consensual y finalidades de \u00a0los preacuerdos, sobre las posibilidades de injerencia del juez o las \u00a0necesidades de justicia de la v\u00edctima. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, en \u00a0CSJ \u00a0SP, 20 Nov 2013, Rad. 41570, se indic\u00f3 \u00a0que la adecuaci\u00f3n t\u00edpica que la Fiscal\u00eda haga de \u00a0los hechos investigados es de su fuero y, por regla general, no puede \u00a0ser censurada ni por el juez ni por las partes. \u00a0<\/p>\n
M\u00e1s \u00a0adelante, en SP13939-2014, \u00a0concluy\u00f3 que en t\u00e9rminos de legalidad o estricta \u00a0tipicidad, el Fiscal puede definir qu\u00e9 conducta imputa o \u00a0imputar una menos gravosa, pero no le est\u00e1 permitido \u00abcrear \u00a0tipos penales\u00bb. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, se\u00f1al\u00f3, que el Juez de Conocimiento est\u00e1 \u00a0obligado a aceptar el acuerdo presentado por la Fiscal\u00eda, \u00a0salvo que este desconozca o quebrante las garant\u00edas \u00a0fundamentales, verifique alg\u00fan vicio en el consentimiento o \u00a0afecte el derecho de defensa. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0t\u00edtulo de ejemplo, se\u00f1al\u00f3 que dichas \u00a0circunstancias se estructurar\u00edan cuando el Fiscal pasa por \u00a0alto aspectos como dos beneficios incompatibles, acceda a una rebaja \u00a0superior a la permitida o no cumpla las exigencias punitivas para \u00a0acceder a alg\u00fan subrogado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0lo que respecta al asunto sometido a consideraci\u00f3n de la Sala, \u00a0precis\u00f3 que por \u00a0tratarse de un preacuerdo no hay lugar al debate probatorio y, por \u00a0ello, no existe la obligaci\u00f3n de demostrar la causal de \u00a0disminuci\u00f3n de pena. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0otras palabras, estableci\u00f3 que no existe ninguna norma de \u00a0car\u00e1cter legal o constitucional que imponga a la Fiscal\u00eda \u00a0la obligaci\u00f3n de probar la causal de atenuaci\u00f3n \u00a0punitiva otorgada como contraprestaci\u00f3n a la aceptaci\u00f3n \u00a0de cargos, en raz\u00f3n a que: \u00a0<\/p>\n
\u00ab[E]sta \u00a0ser\u00eda una exigencia contraria a la l\u00f3gica misma del \u00a0instituto, en tanto, si de verdad apareciese plenamente probada la \u00a0circunstancia que obliga aminorar la sanci\u00f3n, lo pertinente no \u00a0es otorgarla en el preacuerdo como \u00fanico beneficio, sino \u00a0reconocerla al interior del espectro de tipicidad propio de la \u00a0acusaci\u00f3n y el fallo.\u00bb \u00a0(CSJ SP13939-2014). \u00a0<\/p>\n
Dicha \u00a0postura ha sido ratificada \u00a0en \u00a0varios fallos \u00a0de \u00a0tutela, mediante los cuales se concedi\u00f3 \u00a0la \u00a0protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, al \u00a0constatarse la injerencia indebida del juez en las funciones propias \u00a0del fiscal. (CSJ STP, \u00a010 Mar 2016, Rad. 84761, CSJ STP, 9 Feb 2017, Rad. 90162 y CSJ STP, \u00a026 Jul 2017, Rad. 93162). \u00a0<\/p>\n
Igualmente, \u00a0en sede de casaci\u00f3n se ha mantenido el mismo criterio en los \u00a0pronunciamientos CSJ \u00a0SP, 1 Jun 2016, Rad. 46101; SP \u00a024 Feb 2016, Rad. 45736 \u00a0y SP 25 Ene 2017, Rad. 48293. \u00a0<\/p>\n
Precisado \u00a0lo anterior, advierte la Corte que los aludidos precedentes resultan \u00a0aplicables al caso examinado. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n \u00a0jurisdiccional -art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica- impide al juez constitucional inmiscuirse en \u00a0providencias como las controvertidas, las cuales hicieron tr\u00e1nsito \u00a0a cosa juzgada, s\u00f3lo porque el demandante no las comparte o \u00a0tiene una comprensi\u00f3n diversa. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0negar\u00e1, por tanto, el amparo constitucional demandado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NEGAR \u00a0la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00a0la \u00a0PROCURADUR\u00cdA 181 JUDICIAL II PENAL en procura del amparo de \u00a0los derechos fundamentales de la v\u00edctima legalmente reconocida \u00a0al interior del proceso penal 25290610801201680201-01, presuntamente \u00a0vulnerados por la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Cundinamarca. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De \u00a0no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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