\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Eyder Pati\u00f1o \u00a0Cabrera \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP7283-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 98512 \u00a0<\/p>\n
Acta 176 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. \u00a0C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
Resolver \u00a0la impugnaci\u00f3n presentada por Edgar \u00a0Emilio \u00c1vila Doria, \u00a0frente \u00a0a la sentencia proferida el 17 de abril de 2018, por la Sala Penal \u00a0del Tribunal Superior de Medell\u00edn, en la que neg\u00f3 el \u00a0amparo al derecho de petici\u00f3n contra las Fiscal\u00eda Sexta \u00a0y S\u00e9ptima delegadas ante dicho cuerpo colegiado. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
Hechos y \u00a0fundamentos de la acci\u00f3n \u00a0<\/p>\n
Fueron \u00a0relatados por el A \u00a0quo \u00a0de la siguiente manera: \u00a0<\/p>\n
Argument\u00f3 \u00a0el accionante que el pasado 24 de enero por interpuesta persona, \u00a0radic\u00f3 derecho de petici\u00f3n ante el Fiscal Sexto \u00a0Delegado ante el Tribunal Superior de Medell\u00edn, a trav\u00e9s \u00a0del cual elev\u00f3 23 solicitudes probatorias relacionadas con la \u00a0recepci\u00f3n de algunos testigos y se le informe la situaci\u00f3n \u00a0en la que se encuentra la denuncia identificada con el SPOA \u00a005001160002482015-10967, en donde act\u00faa en condici\u00f3n de \u00a0v\u00edctima en contra de los fiscales Fabio Hernando Rebell\u00f3n(sic) \u00a0Bedoya y Luis Fernando Zapata Mart\u00ednez, adem\u00e1s se \u00a0disponga el acceso efectivo a las diligencias a su apoderado Rosember \u00a0Villada Garc\u00eda. \u00a0<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 \u00a0que el 16 de febrero recibi\u00f3 respuesta a sus solicitudes a \u00a0trav\u00e9s del oficio FGN rad. No. 20180370051052-2018 01-24 en \u00a0donde la asistente de la Fiscal\u00eda S\u00e9ptima Delegada le \u00a0indic\u00f3 que antes de resolver la pr\u00e1ctica de pruebas \u00a0solicitadas era necesario estudiar la pertinencia y admisibilidad de \u00a0todas y cada una de ellas, y frente a la informaci\u00f3n detallada \u00a0de la investigaci\u00f3n solo se le refiri\u00f3 que se \u00a0“encontraba en indagaci\u00f3n, es decir, recolectando \u00a0elementos materiales probatorios y evidencias f\u00edsicas”. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo tanto y ante la inactividad investigativa del ente acusador, ya \u00a0que se trata de una denuncia que data del a\u00f1o 2015 y que a la \u00a0fecha no ha obtenido una respuesta de fondo a sus peticiones, adem\u00e1s \u00a0no hay claridad sobre cu\u00e1l de las dos fiscal\u00edas es la \u00a0que tiene el caso y su verdadero estado, depreca la protecci\u00f3n \u00a0constitucional para que se le otorgue una respuesta clara y concreta \u00a0a cada una de sus solicitudes1. \u00a0<\/p>\n
LA SENTENCIA \u00a0IMPUGNADA \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Penal \u00a0del Tribunal Superior de Medell\u00edn neg\u00f3 la acci\u00f3n \u00a0de tutela porque consider\u00f3 que el actor recibi\u00f3 \u00a0respuesta a las peticiones elevadas ante las fiscal\u00edas \u00a0accionadas, considerando adem\u00e1s la existencia de otro \u00a0mecanismo de defensa judicial. \u00a0<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
El recurrente \u00a0insisti\u00f3 en los argumentos expuestos en el escrito tutelar. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. Problema \u00a0jur\u00eddico \u00a0<\/p>\n
Corresponde \u00a0a la\u00a0Corte\u00a0determinar si las Fiscal\u00edas 6\u00aa y 7\u00aa \u00a0Delegadas ante el Tribunal Superior de Medell\u00edn, vulneraron\u00a0el \u00a0derecho de petici\u00f3n del interesado, por cuanto, al parecer, no \u00a0ha emitido una respuesta de fondo al requerimiento presentado el 24 \u00a0de enero y 16 de febrero de 2018. \u00a0<\/p>\n
Previamente \u00a0se verificar\u00e1 si se satisface el principio de subsidiariedad \u00a0que rige el ejercicio de la acci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Si \u00a0la actuaci\u00f3n penal \u00a0no \u00a0ha finalizado, la tutela se torna improcedente. \u00a0<\/p>\n
2.1. El amparo fue \u00a0consagrado como un procedimiento preferente y sumario, destinado a la \u00a0protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales cuando sean \u00a0amenazados o vulnerados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de una \u00a0autoridad p\u00fablica o un particular y siempre que no exista otro \u00a0mecanismo de defensa o se est\u00e9 ante un perjuicio irremediable, \u00a0evento \u00faltimo en el cual procede como mecanismo transitorio. \u00a0<\/p>\n
No \u00a0tiene car\u00e1cter alternativo. \u00a0Es inviable cuando el interesado dispone de otro medio de defensa \u00a0judicial, pues no fue concebido para sustituir \u00a0a \u00a0los jueces ordinarios, ni como mecanismo supletorio \u00a0de los procedimientos se\u00f1alados en las normas procesales. \u00a0<\/p>\n
Mientras el \u00a0proceso se encuentre en curso, es decir, no se haya agotado la \u00a0actuaci\u00f3n del juez ordinario, el afectado tendr\u00e1 la \u00a0posibilidad de reclamar, al interior del tr\u00e1mite, el respeto \u00a0de las garant\u00edas constitucionales, sin que sea admisible \u00a0acudir para tal fin a la tutela. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, uno de los presupuestos de procedibilidad consiste \u00a0justamente en que se hayan agotado todos los mecanismos ordinarios y \u00a0extraordinarios de defensa judicial2. \u00a0<\/p>\n
Es all\u00ed, \u00a0ante el juez natural, donde el peticionario puede plantear su \u00a0inconformidad, expresar las razones de su desacuerdo frente a las \u00a0decisiones adoptadas, recurrirlas. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0En el presente caso est\u00e1 demostrado que la investigaci\u00f3n \u00a0que adelantan las Fiscal\u00edas accionadas, con ocasi\u00f3n de \u00a0las denuncias presentadas por Edgar \u00a0Emilio \u00c1vila Doria \u00a0a\u00fan no ha concluido, pues en la actualidad se encuentran en \u00a0tr\u00e1mite. \u00a0<\/p>\n
En consecuencia, \u00a0no le est\u00e1 permitido al juez constitucional intervenir en el \u00a0mismo, debido a que en su interior existen los medios de defensa \u00a0aptos para garantizar la protecci\u00f3n de sus derechos. \u00a0<\/p>\n
Esto significa que \u00a0el actor todav\u00eda tiene a su alcance dichos mecanismos de \u00a0defensa judicial, id\u00f3neos para preservar o recuperar las \u00a0garant\u00edas supuestamente amenazados o quebrantados. Ese \u00a0supuesto torna inviable la posibilidad de acudir a la solicitud de \u00a0amparo como un mecanismo alternativo o coet\u00e1neo. \u00a0<\/p>\n
2.3 \u00a0De \u00a0otra parte, no es posible conceder el amparo como mecanismo \u00a0transitorio para contrarrestar alg\u00fan perjuicio irremediable, \u00a0ya que \u00e9ste se configura cuando el peligro que se cierne sobre \u00a0el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y \u00a0de manera grave su subsistencia, requiriendo por lo tanto, de medidas \u00a0impostergables que lo neutralicen. Sobre las caracter\u00edsticas \u00a0del perjuicio irremediable la Corte Constitucional, en sentencia \u00a0T-1316\/01, dijo: \u00a0<\/p>\n
En primer \u00a0lugar, el perjuicio debe ser inminente o pr\u00f3ximo a suceder. \u00a0Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos \u00a0f\u00e1cticos que as\u00ed lo demuestren, tomando en cuenta, \u00a0adem\u00e1s, la causa del da\u00f1o. En segundo lugar, el \u00a0perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre \u00a0un bien altamente significativo para la persona (moral o material), \u00a0pero que sea susceptible de determinaci\u00f3n jur\u00eddica. En \u00a0tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el da\u00f1o, \u00a0entendidas \u00e9stas desde una doble perspectiva: como una \u00a0respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como \u00a0respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por \u00faltimo, \u00a0las medidas de protecci\u00f3n deben ser impostergables, esto es, \u00a0que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar \u00a0la consumaci\u00f3n de un da\u00f1o antijur\u00eddico \u00a0irreparable. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, no todo perjuicio puede ser considerado como \u00a0irremediable, sino solo aquel que por sus caracter\u00edsticas de \u00a0inminencia y gravedad, requiera de medidas de protecci\u00f3n \u00a0urgentes e impostergables. \u00a0Con todo, esta previsi\u00f3n del art\u00edculo 86 de la Carta \u00a0debe ser analizada en forma sistem\u00e1tica, pues no puede \u00a0olvidarse que existen ciertas personas que por sus condiciones \u00a0particulares, f\u00edsicas, mentales o econ\u00f3micas, requieren \u00a0especial protecci\u00f3n del Estado, como ocurre, por ejemplo, en \u00a0el caso de los ni\u00f1os, las mujeres embarazadas, los \u00a0menesterosos o las personas de las tercera edad. \u00a0(Subrayas fuera de texto). \u00a0<\/p>\n
En \u00a0tales condiciones, se advierte que la \u00a0tutela de forma transitoria no est\u00e1 llamada a prosperar, ya \u00a0que el accionante no demostr\u00f3 los supuestos de hecho \u00a0necesarios con base en los cuales pueda inferirse razonablemente la \u00a0existencia de un perjuicio irremediable, m\u00e1xime cuando, se \u00a0insiste, existen los mecanismos de defensa aptos para exigir el \u00a0respeto de sus derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 1 de la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
Primero. \u00a0Confirmar la \u00a0sentencia impugnada. \u00a0<\/p>\n
Segundo. \u00a0Disponer \u00a0el env\u00edo de las diligencias a la Corte Constitucional, para la \u00a0eventual revisi\u00f3n de los fallos proferidos. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
Eyder \u00a0Pati\u00f1o Cabrera \u00a0<\/p>\n
Luis \u00a0Guillermo Salazar Otero \u00a0<\/p>\n
Nubia Yolanda \u00a0Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a027 y 28, cuaderno del Tribunal. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ver Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Constitucional. Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y T-332 del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a04 de mayo de 2006. CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STP Rad. No. 31.781, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a032.327, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a036.728, 38.650, 40.408,41.642, 41.805, 49, 752, 50.399, 50.765, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a053.544, 54.762, 57.583, 59.354, 60.917, 61.515, 62.691, 63.252, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a064.107, 65.086, 66.996, 67.145, 68.727, 69.938 y 70.488. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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