\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Eyder Pati\u00f1o \u00a0Cabrera \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP6618-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 98296 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0156 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0resuelve la impugnaci\u00f3n presentada por el apoderado judicial \u00a0de ADECCO \u00a0COLOMBIA S.A., \u00a0frente a \u00a0la \u00a0decisi\u00f3n proferida el 18 de abril de 2018 por la Sala Penal \u00a0del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, mediante la cual le neg\u00f3 \u00a0la acci\u00f3n de tutela interpuesta contra los Juzgados 52 Penal \u00a0Municipal con funciones de control de garant\u00edas y 40 Penal del \u00a0Circuito de conocimiento, ambos de esta ciudad, por la presunta \u00a0vulneraci\u00f3n de su derecho al debido proceso. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0presente tr\u00e1mite fueron vinculados la Fiscal\u00eda 77 Local \u00a0de la capital y la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales \u00a0[en adelante DIAN]. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. Hechos y \u00a0fundamentos de la acci\u00f3n \u00a0<\/p>\n
1.1. \u00a0De la informaci\u00f3n obrante en el expediente, se tiene que la \u00a0firma ADECCO \u00a0COLOMBIA S.A. \u00a0formul\u00f3 denuncia con el fin de que se investigue las presuntas \u00a0conductas punibles realizadas, por cuanto, al parecer, desde la \u00a0cuenta de ahorros de esa empresa se efectuaron transferencias de \u00a0dinero no consentidas con destino a la DIAN, por concepto de pago de \u00a0impuestos, siendo contribuyente otra persona jur\u00eddica con la \u00a0que no tienen ninguna relaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Las diligencias se \u00a0encuentran en etapa de indagaci\u00f3n a cargo de la Fiscal\u00eda \u00a077 Local de Bogot\u00e1. \u00a0<\/p>\n
1.2. \u00a0La empresa accionante solicit\u00f3 el restablecimiento de sus \u00a0derechos, consistente en la devoluci\u00f3n de $484.686.000, suma \u00a0que en su criterio, de manera fraudulenta le fue sustra\u00edda de \u00a0su cuenta de ahorro con destino a la DIAN. \u00a0<\/p>\n
El \u00a011 de agosto de 2017 el Juzgado 52 Penal Municipal con funciones de \u00a0control de garant\u00edas de Bogot\u00e1 neg\u00f3 dichas \u00a0pretensiones. \u00a0<\/p>\n
Contra \u00a0esa determinaci\u00f3n se interpuso recurso de apelaci\u00f3n y \u00a0el 29 de enero de 20181 \u00a0el Juzgado 40 Penal del Circuito de esta ciudad la ratific\u00f3. \u00a0<\/p>\n
1.3. \u00a0Inconforme con lo anterior, ADECCO \u00a0COLOMBIA S.A., \u00a0por conducto de abogado, promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela por \u00a0la vulneraci\u00f3n de su derecho al debido proceso. \u00a0<\/p>\n
LA \u00a0SENTENCIA IMPUGNADA \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el \u00a0amparo al considerar que las razones expuestas por los despachos \u00a0accionados, al momento de negar la solicitud de restablecimiento de \u00a0derechos presentada por la firma accionante, se encuentran \u00a0respaldadas en las previsiones contendidas en los art\u00edculos \u00a0250 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 22 de la Ley 906 de \u00a02004, pues aunque de acuerdo con lodispuesto en dichas normas las \u00a0autoridades judiciales est\u00e1n facultadas para adoptar las \u00a0medidas necesarias para que cesen los efectos creados con la comisi\u00f3n \u00a0de la conducta punible, lo cierto es que no se contaba con los \u00a0elementos probatorios suficientes que permitieran inferir \u00a0razonablemente la materializaci\u00f3n del delito. \u00a0<\/p>\n
Adujo \u00a0que la actora tiene la posibilidad de solicitarle a la DIAN la \u00a0devoluci\u00f3n de los saldos, de conformidad con lo establecido en \u00a0el canon 850 y siguientes del Estatuto Tributario y en caso de estar \u00a0inconforme con las determinaciones que se adopten en virtud de la \u00a0misma, puede acudir a la Jurisdicci\u00f3n Contenciosa \u00a0Administrativa. \u00a0<\/p>\n
LA \u00a0IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
El \u00a0apoderado judicial de \u00a0ADECCO COLOMBIA S.A. \u00a0present\u00f3 memorial con el que reiter\u00f3 los planteamientos \u00a0de la demanda e indic\u00f3 que no es posible presentar ante la \u00a0DIAN solicitud de saldos a favor toda vez que las normas referidas \u00a0por el A \u00a0quo \u00a0se refieren al contribuyente y en este caso la empresa no ostenta tal \u00a0calidad. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. Problema \u00a0jur\u00eddico \u00a0<\/p>\n
Corresponde \u00a0a la Corte determinar si las autoridades judiciales accionadas \u00a0vulneraron el derecho al debido proceso de la parte interesada, \u00a0dentro del proceso penal en el que ostenta la calidad de v\u00edctima. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Si la actuaci\u00f3n penal \u00a0no \u00a0ha finalizado, la tutela se torna improcedente. \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0El amparo fue consagrado como un procedimiento preferente y sumario, \u00a0destinado a la protecci\u00f3n inmediata de los derechos \u00a0fundamentales cuando sean amenazados o vulnerados por la acci\u00f3n \u00a0u omisi\u00f3n de una autoridad p\u00fablica o un particular y \u00a0siempre que no exista otro medio de defensa o se est\u00e9 ante un \u00a0perjuicio irremediable, evento \u00faltimo en el cual procede como \u00a0mecanismo transitorio. \u00a0<\/p>\n
No \u00a0tiene car\u00e1cter alternativo. \u00a0Es inviable cuando el interesado dispone de otros recursos, pues no \u00a0fue concebido para sustituir \u00a0a \u00a0los jueces ordinarios, ni como un elemento supletorio \u00a0de las normas procesales. \u00a0<\/p>\n
Mientras el \u00a0proceso se encuentre en curso, es decir, no se haya agotado la \u00a0actuaci\u00f3n del juez ordinario, el afectado tendr\u00e1 la \u00a0posibilidad de reclamar, al interior del tr\u00e1mite, el respeto \u00a0de las garant\u00edas constitucionales, sin que sea admisible \u00a0acudir para tal fin a la tutela. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, uno de los presupuestos de procedibilidad consiste \u00a0justamente en que se hayan agotado todos los mecanismos ordinarios y \u00a0extraordinarios de defensa judicial2. \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0all\u00ed, ante el juez natural, donde el peticionario puede \u00a0plantear su inconformidad, expresar las razones de su desacuerdo \u00a0frente a las decisiones adoptadas, recurrirlas, hasta llegar a la \u00a0casaci\u00f3n para que sea esta Corporaci\u00f3n, como \u00f3rgano \u00a0de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, la que finalmente \u00a0resuelva el asunto. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0En \u00a0el caso concreto, \u00a0la Sala considera que la tutela, por su car\u00e1cter residual y \u00a0subsidiario, no es el medio \u00a0apropiado para definir si \u00a0las autoridades judiciales accionadas que negaron la solicitud de \u00a0restablecimiento de derechos presentada por la empresa ADECCO \u00a0COLOMBIA S.A. \u00a0conculc\u00f3 los derechos fundamentales de \u00e9sta, m\u00e1xime \u00a0cuando se observa que se trata de determinaciones razonables, al \u00a0interior de las cuales se indic\u00f3 que, por el momento, dado los \u00a0escasos elementos materiales probatorios obrantes en el expediente \u00a0[que imped\u00edan establecer la existencia de la conducta punible \u00a0de hurto inform\u00e1tico], no era procedente acceder a dicha \u00a0pretensi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, es en \u00a0la referida indagaci\u00f3n donde la parte accionante deber\u00e1 \u00a0ejercer todas las prerrogativas que le otorga la Ley 906 de 2004 para \u00a0la defensa de sus intereses, en la medida que el mecanismo \u00a0constitucional ha sido instituido para la defensa de los derechos \u00a0constitucionales fundamentales, pero no es una tercera instancia \u00a0adicional o paralela a la de los jueces competentes. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, al existir un escenario natural de discusi\u00f3n, la \u00a0tutela demandada se torna improcedente, en los t\u00e9rminos \u00a0previstos por el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del \u00a0Decreto 2591 de 1991. Respecto \u00a0a este particular aspecto, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado \u00a0en sentencia CC T \u2013 418-2003, dijo: \u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0De \u00a0acuerdo, tambi\u00e9n, con la amplia jurisprudencia de la Corte, la \u00a0acci\u00f3n de tutela es improcedente cuando el proceso no ha \u00a0concluido y se pide la protecci\u00f3n del juez constitucional para \u00a0atacar providencias judiciales en tr\u00e1mite en las que se alegue \u00a0una v\u00eda de hecho, por la sencilla raz\u00f3n de que no \u00a0obstante la posible irregularidad que se hubiere presentado en el \u00a0tr\u00e1mite del proceso correspondiente, al no estar culminada la \u00a0actuaci\u00f3n, existen normas en el procedimiento para que el \u00a0afectado alegue oportunamente estas deficiencias, bien sea, pidiendo \u00a0nulidades, interponiendo recursos, interviniendo en el proceso, todo \u00a0con el fin de defender sus derechos. Es decir, la improcedencia de la \u00a0acci\u00f3n de tutela, en estos casos, radica en la existencia de \u00a0otro medio de defensa judicial, dentro del propio proceso. De all\u00ed \u00a0que la Corte ha se\u00f1alado que no toda irregularidad en el \u00a0tr\u00e1mite de un proceso constituye una v\u00eda de hecho \u00a0amparable a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n. En la sentencia \u00a0T-296 de 2000 se dijo: \u00a0<\/p>\n
Para analizar \u00a0cada uno de estos puntos, se tomar\u00e1 como par\u00e1metro la \u00a0jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la v\u00eda de \u00a0hecho. Esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que cuando en la \u00a0acci\u00f3n de tutela se alega tal situaci\u00f3n en relaci\u00f3n \u00a0con las distintas etapas de un proceso, o en la propia sentencia, la \u00a0intervenci\u00f3n del juez de tutela, por ser estrictamente \u00a0excepcional, debe estar encaminada a determinar si a pesar de existir \u00a0errores o faltas en los procesos, \u00e9stos pueden ser corregidos \u00a0en el propio proceso, a trav\u00e9s de los distintos mecanismos que \u00a0prev\u00e9 la ley. \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0decir, si para su correcci\u00f3n se pueden proponer recursos, \u00a0pedir nulidades, etc. En otras palabras, no toda irregularidad en el \u00a0tr\u00e1mite de un proceso, o en la sentencia misma, constituye una \u00a0v\u00eda de hecho amparable a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de \u00a0tutela. Este rigor para conceder la acci\u00f3n de tutela cuando se \u00a0alegan v\u00edas de hecho, obedece al debido entendimiento del \u00a0art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, en cuanto al car\u00e1cter \u00a0excepcional de la acci\u00f3n de tutela, su procedencia \u00fanicamente \u00a0cuando no exista para el afectado otro medio de defensa judicial y \u00a0por el respeto por la cosa juzgada por parte del juez \u00a0constitucional.\u201d (sentencia T-296 de 2000, MP, Alfredo Beltr\u00e1n \u00a0Sierra. \u00a0<\/p>\n
Asumir \u00a0una postura como la pretendida, implicar\u00eda desconocer y \u00a0pretermitir los procedimientos y decisiones que en ejercicio de su \u00a0competencia emiten los funcionarios judiciales y los \u00f3rganos \u00a0de investigaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de los procesos \u00a0adelantados conforme, en el caso concreto, a la Ley 906 \u00a0de 2004 \u00a0y abordar, en abierta contraposici\u00f3n a la finalidad y alcance \u00a0de la tutela, el estudio de la naturaleza de \u00a0 decisiones proferidas en una actuaci\u00f3n todav\u00eda en curso \u00a0y que eventualmente puede ser de conocimiento de esta Corporaci\u00f3n, \u00a0en sede de casaci\u00f3n, \u00a0pues el mecanismo constitucional ha sido instituido para la defensa \u00a0de los derechos constitucionales fundamentales, pero, se reitera, no \u00a0es una tercera instancia, adicional, o paralela a la de los jueces u \u00a0organismos competentes. \u00a0<\/p>\n
Por las anteriores \u00a0consideraciones se ratificar\u00e1 el fallo. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Decisi\u00f3n \u00a0Penal de Tutelas, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica \u00a0y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
Primero. \u00a0Confirmar la \u00a0sentencia impugnada. \u00a0<\/p>\n
Segundo. \u00a0Disponer \u00a0el env\u00edo de las diligencias a la Corte Constitucional, para la \u00a0eventual revisi\u00f3n de los fallos proferidos. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
Eyder \u00a0Pati\u00f1o Cabrera \u00a0<\/p>\n
Luis \u00a0Guillermo Salazar Otero \u00a0<\/p>\n
Nubia \u00a0Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 74 a 82 \u2013 cuaderno n.\u00b0 1. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ver Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Constitucional. Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y T-332 del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a04 de mayo de 2006. CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STP Rad. No. 31.781, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a032.327, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a036.728, 38.650, 40.408,41.642, 41.805, 49, 752, 50.399, 50.765, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a053.544, 54.762, 57.583, 59.354, 60.917, 61.515, 62.691, 63.252, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a064.107, 65.086, 66.996, 67.145, 68.727, 69.938 y 70.488. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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