\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA DE \u00a0DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP5506-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a098101 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 132) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veintis\u00e9is \u00a0(26) de abril de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Corte la impugnaci\u00f3n presentada por JOS\u00c9 \u00a0ANTONIO CASANOVA RODR\u00cdGUEZ, contra la sentencia de tutela \u00a0proferida el 28 de febrero de 2018 por la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 el amparo de \u00a0sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la Sala \u00a0Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite \u00a0fueron vinculados el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Melgar, \u00a0Colfondos y el abogado Marco Antonio Uribe. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE \u00a0LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0ANTONIO CASANOVA RODR\u00cdGUEZ \u00a0indic\u00f3 \u00a0que el 2 de octubre de 2015 suscribi\u00f3 contrato de prestaci\u00f3n \u00a0de servicios con el abogado Marco \u00a0Antonio Uribe S\u00e1nchez con el fin de obtener el reconocimiento \u00a0y pago de su pensi\u00f3n \u00a0de vejez, acuerdo en el que se\u00f1alaron \u00a0como honorarios \u00abel \u00a020% del retroactivo total al momento de la liquidaci\u00f3n \u00a0definitiva de la pensi\u00f3n de vejez, el cual no ser\u00e1 \u00a0inferior al valor correspondiente a 12 mesadas pensionales\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 \u00a0que, en mayo de 2016, Colfondos le notific\u00f3 el reconocimiento \u00a0de su derecho pensional en cuant\u00eda de $1.187.000 y como \u00a0retroactivo $2.274.000. No \u00a0obstante, su apoderado le present\u00f3 cuenta de cobro por \u00a0concepto \u00a0de honorarios de $14.244.000 \u00a0y, posteriormente, promovi\u00f3 tr\u00e1mite ejecutivo en su \u00a0contra. \u00a0<\/p>\n
Mediante \u00a0auto del \u00a019 de julio de 2016, el \u00a0Juzgado Civil del Circuito de Melgar libr\u00f3 mandamiento de pago \u00a0por el \u00a0valor \u00a0mencionado \u00a0m\u00e1s los \u00a0intereses moratorios. \u00a0El 9 \u00a0de noviembre del mismo a\u00f1o, el despacho declar\u00f3 probada \u00a0la excepci\u00f3n de pago total de la obligaci\u00f3n, decret\u00f3 \u00a0la terminaci\u00f3n del proceso y cancel\u00f3 las medidas \u00a0cautelares. \u00a0<\/p>\n
Contra \u00a0esa decisi\u00f3n el ejecutante present\u00f3 recurso de \u00a0apelaci\u00f3n y el 28 \u00a0de febrero de 2017, la Sala Laboral del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Superior de Ibagu\u00e9 la revoc\u00f3. En su lugar, \u00a0orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0juicio del accionante esta \u00faltima providencia lesiona \u00a0su derecho fundamental al debido proceso, raz\u00f3n por la cual \u00a0pidi\u00f3 dejarla sin efectos jur\u00eddicos. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0EN PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 15 de febrero de 2018, \u00a0la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral admiti\u00f3 la acci\u00f3n de \u00a0tutela y notific\u00f3 la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite a \u00a0las autoridades judiciales mencionadas y a los terceros con inter\u00e9s. \u00a0<\/p>\n
Marco \u00a0Antonio Uribe S\u00e1nchez solicit\u00f3 negar el amparo \u00a0invocado. De un lado, expuso que no se cumple el requisito \u00a0de \u00a0inmediatez y, de otro, no vulner\u00f3 ninguna garant\u00eda al \u00a0actor porque su labor como abogado la cumpli\u00f3 a cabalidad. \u00a0<\/p>\n
Colfondos solicit\u00f3 \u00a0su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n por pasiva. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0primera instancia neg\u00f3 el amparo. Expuso que la acci\u00f3n \u00a0excepcional de tutela se torna improcedente, en raz\u00f3n a que \u00a0incumple el requisito de inmediatez. \u00a0Adem\u00e1s, la \u00a0providencia adoptada en el tr\u00e1mite ejecutivo es razonable, \u00a0justificada y ofreci\u00f3 una interpretaci\u00f3n admisible \u00a0sobre la normativa aplicable. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0accionante impugn\u00f3 el fallo y reiter\u00f3 los argumentos \u00a0expuestos en la demanda. Agreg\u00f3 que su apoderado actu\u00f3 \u00a0de mala fe y abuso de su confianza, raz\u00f3n por la cual la \u00a0determinaci\u00f3n adoptada en el tr\u00e1mite ejecutivo lesiona \u00a0sus derechos. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Esta Sala es \u00a0competente para desatar la segunda instancia, de conformidad con el \u00a0art\u00edculo 1\u00ba del Acuerdo n\u00famero 001 del 15 de marzo \u00a0de 2002 emitido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en \u00a0armon\u00eda con el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el caso bajo estudio, de entrada habr\u00e1 de decirse que se \u00a0comparten las razones expuestas por la primera instancia, toda vez \u00a0que la acci\u00f3n de amparo se interpone m\u00e1s de 11 meses \u00a0despu\u00e9s de la expedici\u00f3n de la providencia censurada, \u00a0lapso excesivo y desproporcionado. \u00a0<\/p>\n
El principio de \u00a0inmediatez, que constituye requisito de procedencia de la acci\u00f3n \u00a0de tutela, exige que quien sienta lesionados o amenazados sus \u00a0derechos fundamentales, la interponga en un t\u00e9rmino razonable. \u00a0De lo contrario, no se explicar\u00eda la necesidad de acudir a \u00a0este mecanismo de protecci\u00f3n urgente. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0segundo t\u00e9rmino, encuentra \u00a0la Corte que el fallo de segunda instancia emitido por \u00a0la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, \u00a0mediante la cual se revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de dar por \u00a0terminado el proceso ejecutivo no \u00a0se ofrece caprichoso o carente de justificaci\u00f3n, toda vez que \u00a0efectu\u00f3 \u00a0un an\u00e1lisis serio y ponderado del asunto puesto a su \u00a0consideraci\u00f3n, lo que descarta la intervenci\u00f3n del juez \u00a0de tutela. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, \u00a0dicha autoridad judicial revis\u00f3 los t\u00e9rminos del \u00a0contrato de prestaci\u00f3n de servicios suscrito por las partes en \u00a0litigio, de cuyo contenido destac\u00f3 que en su cl\u00e1usula \u00a0cuarta se pact\u00f3 lo siguiente: \u00abel \u00a0cliente pagara por concepto de honorarios, el 20% del retroactivo \u00a0total al momento de la liquidaci\u00f3n definitiva de la pensi\u00f3n \u00a0de vejez, el cual no ser\u00e1 inferior al valor correspondiente a \u00a012 mesadas pensionales\u00bb. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las \u00a0cosas, explic\u00f3 que como la suma reconocida por Colfondos \u00a0ascendi\u00f3 a $2.374.000 por concepto de retroactivo pensional \u00a0correspondiente de marzo y abril de 2016 y como mesada pensional \u00a0$1.187.000, entonces el 20% de esta \u00faltima cifra es de \u00a0$474.800, pero teniendo en cuenta que el pago no pod\u00eda ser \u00a0inferior a 12 mesadas pensionales que equivalen a $14.244.000, es \u00a0este el valor correspondiente al pago de los servicios profesionales. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior determin\u00f3 que no le era viable al ejecutado ni al \u00a0juzgado interpretar que lo pactado correspond\u00eda al 20% \u00a0de 12 mesadas pensionales, \u00a0pues las partes fijaron las condiciones propias que regir\u00edan \u00a0su relaci\u00f3n contractual en cuanto a su objeto, vigencia, forma \u00a0de pago. Adem\u00e1s, el art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo \u00a0Civil dispone que todo contrato legalmente celebrado es ley para los \u00a0contratantes. \u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0de no existir acuerdo sobre los honorarios deb\u00edan \u00a0ser estimados por un perito seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo \u00a02054 del C\u00f3digo Civil, lo que no se present\u00f3 en dicho \u00a0asunto. Por lo anterior, estim\u00f3 que deb\u00eda seguirse \u00a0adelante con la ejecuci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Ante tal panorama, \u00a0el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n jurisdiccional \u00a0(art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica), impide al juez de \u00a0tutela inmiscuirse en providencias como la controvertida s\u00f3lo \u00a0porque el impugnante no la comparte o tiene una comprensi\u00f3n \u00a0diversa a la concretada en dicho pronunciamiento, sustentado con \u00a0criterio razonable a partir de los hechos probados y la \u00a0interpretaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n pertinente. \u00a0<\/p>\n
Se confirmar\u00e1, \u00a0por consiguiente, el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00b0 2 de la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. CONFIRMAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fallo del 28 de febrero de 2018 proferido por la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Laboral de la Corte Suprema de Justicia que neg\u00f3 la acci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de tutela interpuesta por JOS\u00c9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ANTONIO CASANOVA RODR\u00cdGUEZ. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0este \u00a0prove\u00eddo conforme al art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de \u00a01991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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