\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP5502-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 98046 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 132) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la \u00a0impugnaci\u00f3n presentada por ORLANDO QUILINDO S\u00c1NCHEZ, \u00a0contra la sentencia de tutela proferida el 21 de marzo de 2018 por la \u00a0Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior de Cali, que neg\u00f3 \u00a0el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por \u00a0la Fiscal\u00eda 35 Seccional de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite \u00a0fue vinculada la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de \u00a0Cali. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se establece de la demanda, el 10 de agosto de 2016 tuvo lugar un \u00a0accidente de tr\u00e1nsito en el cual falleci\u00f3 V\u00edctor \u00a0Marino Quilindo Astaiza, quien fue arrollado por la motocicleta \u00a0conducida por Kevin Duv\u00e1n Bola\u00f1os Ramos. Sin embargo, \u00a0el 30 de agosto de 2017 la Fiscal\u00eda 35 Seccional de Cali \u00a0dispuso el archivo de las diligencias, sin efectuar un an\u00e1lisis \u00a0de la conducta del motociclista, quien al parecer super\u00f3 la \u00a0velocidad permitida en esa zona. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tal raz\u00f3n, el 4 de diciembre de 2017 ORLANDO QUILINDO S\u00c1NCHEZ, \u00a0hijo de la v\u00edctima, promovi\u00f3 una petici\u00f3n con el \u00a0prop\u00f3sito de que se desarchiven las diligencias y, en \u00a0consecuencia, se reinicie la indagaci\u00f3n por el delito de \u00a0homicidio culposo. No obstante, denunci\u00f3 que no obtuvo \u00a0respuesta. \u00a0<\/p>\n
Tras \u00a0estimar vulnerado su derecho fundamental de petici\u00f3n y acceso \u00a0a la administraci\u00f3n de justicia, acudi\u00f3 ante la \u00a0jurisdicci\u00f3n constitucional para demandar que se ordene a la \u00a0autoridad accionada responder su requerimiento y se contin\u00fae \u00a0con la investigaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 9 de marzo de 2018, el Tribunal admiti\u00f3 la tutela y \u00a0corri\u00f3 el traslado correspondiente a la autoridad accionada y \u00a0sujetos vinculados. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Fiscal\u00eda \u00a035 Seccional de Cali relat\u00f3 el transcurso de la actuaci\u00f3n. \u00a0En lo esencial, indic\u00f3 que desconoc\u00eda el derecho de \u00a0petici\u00f3n presentado por el accionante, pues su asistente no se \u00a0lo puso de presente para el respectivo tr\u00e1mite y, por ello, \u00a0s\u00f3lo hasta el 12 de marzo de la presente anualidad, al \u00a0descorrer el traslado de la presente acci\u00f3n, lo conoci\u00f3. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0tal virtud, mediante oficio 203001-02-954F35 de la misma fecha emiti\u00f3 \u00a0respuesta de fondo al peticionario, la cual le fue debidamente \u00a0comunicada, comunicaci\u00f3n en la que le indic\u00f3 que no es \u00a0posible reabrir la indagaci\u00f3n, toda vez que a la fecha no \u00a0existen nuevas evidencias que as\u00ed lo permitan. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corporaci\u00f3n judicial de instancia neg\u00f3 el amparo \u00a0solicitado. Encontr\u00f3 que la vulneraci\u00f3n de derechos \u00a0fundamentales invocada por el peticionario ces\u00f3 durante el \u00a0presente tr\u00e1mite y, por ello, declar\u00f3 la carencia \u00a0actual de objeto por hecho superado. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0accionante apel\u00f3 el fallo. Insisti\u00f3 en su solicitud de \u00a0reapertura de la investigaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0con el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es \u00a0competente para desatar la alzada, por cuanto la decisi\u00f3n \u00a0sobre la que recae fue proferida por un tribunal superior de distrito \u00a0judicial. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el presente asunto, est\u00e1 demostrado que mediante oficio \u00a0203001-02-954F35 \u00a0del \u00a012 de marzo de 2018 la Fiscal\u00eda 35 Seccional de Cali emiti\u00f3 \u00a0respuesta de fondo, clara y congruente al accionante, la cual fue \u00a0remitida mediante correo certificado a la direcci\u00f3n aportada \u00a0por el demandante. \u00a0<\/p>\n
Le \u00a0explic\u00f3 que el hecho generador de la muerte de su padre \u00a0obedeci\u00f3 a su culpa exclusiva y, por ello, efectu\u00f3 el \u00a0archivo de la investigaci\u00f3n. As\u00ed mismo, le indic\u00f3 \u00a0que en el caso bajo estudio no existen nuevas evidencias que permitan \u00a0reanudar la indagaci\u00f3n, tal como lo establece el art\u00edculo \u00a079 del C.P.P. \u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, le aclar\u00f3 que con el prop\u00f3sito de disipar las \u00a0dudas, remitir\u00e1 copia \u00edntegra de la carpeta a la \u00a0Secci\u00f3n de F\u00edsica Forense del Instituto Nacional de \u00a0Medicina Legal de Bogot\u00e1, a efectos de que realice la \u00a0reconstrucci\u00f3n anal\u00edtica del accidente de tr\u00e1nsito \u00a0y efect\u00fae la prueba de velocidad. As\u00ed las cosas, una \u00a0vez se allegue tal dictamen tomar\u00e1 la decisi\u00f3n de \u00a0reabrir o no la investigaci\u00f3n, la cual le ser\u00e1 \u00a0debidamente notificada. \u00a0<\/p>\n
Tal \u00a0respuesta se ofrece constitucionalmente admisible, por cuanto es de \u00a0fondo, clara, precisa y congruente con lo solicitado. A la par, est\u00e1 \u00a0acreditado que fue remitida y efectivamente entregada al demandante \u00a0por correo certificado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0eventos como el presente, la competencia del juez de tutela se agota \u00a0al verificar la satisfacci\u00f3n de los derechos fundamentales que \u00a0se estimaron violentados. Si ello es as\u00ed, resulta claro que \u00a0durante el tr\u00e1mite de amparo la autoridad involucrada hizo que \u00a0cesara la posible violaci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales \u00a0que podr\u00eda haber tenido lugar anteriormente. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0todo caso, advierte la Sala que la jurisprudencia constitucional ha \u00a0reiterado que el derecho de petici\u00f3n no implica que el agente \u00a0que recibe la petici\u00f3n se vea obligado a definir \u00a0favorablemente las pretensiones del solicitante, raz\u00f3n por la \u00a0cual no se debe entender vulnerado este derecho cuando la autoridad \u00a0responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea \u00a0negativa (Cfr. CC Sentencia T-146 de 2012). \u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, en cuanto a la solicitud de reapertura del caso, el demandante \u00a0tiene a \u00a0su alcance un mecanismo ordinario, expedito y eficaz para satisfacer \u00a0su pretensi\u00f3n. En efecto, la \u00a0Corte Constitucional estableci\u00f3 que frente al archivo de las \u00a0diligencias por parte de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, \u00a0las presuntas v\u00edctimas cuentan con dos posibilidades: \u00a0solicitar la reapertura de la investigaci\u00f3n con fundamento en \u00a0nuevos elementos probatorios o acudir ante los jueces con funci\u00f3n \u00a0de control de garant\u00edas para controvertir tal determinaci\u00f3n \u00a0(Cfr. Sentencia C – 1154 de 2005). \u00a0<\/p>\n
La \u00a0existencia de medios \u00a0judiciales \u00a0como \u00a0los descritos torna \u00a0improcedente la \u00a0solicitud de tutela, al tenor de lo previsto en el numeral 1\u00ba \u00a0del art\u00edculo 6\u00ba del \u00a0Decreto 2591 de 1991, m\u00e1xime cuando la \u00a0parte actora no \u00a0acredit\u00f3, \u00a0ni \u00a0lo advierte la Sala, encontrarse \u00a0frente a una evidente situaci\u00f3n de perjuicio irremediable que \u00a0haga \u00a0forzosa la intervenci\u00f3n transitoria del Juez \u00a0Constitucional, \u00a0pues como se dijo, los efectos nocivos de la decisi\u00f3n pueden \u00a0ser conjurados mediante los procedimientos pertinentes (Cfr. CC, T \u2013 \u00a0578 \/ 2010). \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0la \u00a0sentencia de tutela proferida el 21 de marzo de 2018 por la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior de Cali, que neg\u00f3 el amparo \u00a0promovido por ORLANDO \u00a0QUILINDO S\u00c1NCHEZ. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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