\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP5077-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a097987 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 124) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por el apoderado \u00a0especial de CAMILO ANDR\u00c9S OVIEDO FL\u00d3REZ \u00a0en procura \u00a0del amparo de sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados \u00a0por la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado 29 \u00a0Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento de la misma \u00a0ciudad. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado 22 de Ejecuci\u00f3n de \u00a0Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, as\u00ed como las \u00a0partes e intervinientes del proceso penal que ser\u00e1 descrito a \u00a0continuaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE \u00a0LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
El \u00a02 de agosto de 2016, el Juzgado 29 Penal Municipal de Bogot\u00e1 \u00a0con Funci\u00f3n de Conocimiento conden\u00f3 a CAMILO ANDR\u00c9S \u00a0OVIEDO FL\u00d3REZ a 72 meses de prisi\u00f3n, tras encontrarlo \u00a0penalmente responsable del delito de violencia intrafamiliar. \u00a0<\/p>\n
Inconforme \u00a0con la anterior determinaci\u00f3n, la defensa la apel\u00f3 y la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad la confirm\u00f3 el \u00a017 de enero de 2017. \u00a0<\/p>\n
Denunci\u00f3 \u00a0el accionante que \u00a0el Juzgado accionado incurri\u00f3 en un defecto procedimental, \u00a0toda vez que permiti\u00f3 incorporar al juicio oral una \u00a0estipulaci\u00f3n probatoria no mencionada en la audiencia \u00a0preparatoria, esto es, el reconocimiento m\u00e9dico legal \u00a0 practicado a la v\u00edctima por el perito forense N\u00e9stor \u00a0Augusto Tarazona, en el cual se dictamin\u00f3 una incapacidad \u00a0m\u00e9dica legal definitiva de 15 d\u00edas. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0su juicio, tal situaci\u00f3n desconoci\u00f3 sus \u00a0garant\u00edas al \u00a0debido proceso, defensa \u00a0y la no autoincriminaci\u00f3n, as\u00ed como la posibilidad de \u00a0controvertir dicha prueba, la cual, considera, soport\u00f3 la \u00a0declaratoria de su responsabilidad penal. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0la par, critic\u00f3 la actuaci\u00f3n adelantada por su \u00a0defensor, \u00a0pues si bien interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo \u00a0condenatorio solamente cuestion\u00f3 la negativa de la prisi\u00f3n \u00a0domiciliaria. Adem\u00e1s, su inadecuada asesor\u00eda no le \u00a0permiti\u00f3 hacer uso del recurso extraordinario dentro del \u00a0t\u00e9rmino correspondiente. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tal motivo, acudi\u00f3 ante el juez de tutela para reclamar el \u00a0amparo constitucional y, consecuente con ello, que se decrete \u00a0la nulidad de todo lo actuado. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 9 de abril de 2018, la Sala admiti\u00f3 \u00a0la demanda y corri\u00f3 \u00a0el respectivo traslado a los sujetos pasivos aludidos. \u00a0<\/p>\n
El Juzgado 22 de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 \u00a0solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por falta \u00a0de legitimidad, toda vez que se reprocha la actuaci\u00f3n \u00a0adelantada por las autoridades de conocimiento. \u00a0<\/p>\n
Los dem\u00e1s \u00a0accionados y vinculados guardaron silencio en el t\u00e9rmino de \u00a0traslado. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0al art\u00edculo 1\u00ba, numeral 2\u00ba, del Decreto 1382 de \u00a02000, \u00a0la Corte es competente para pronunciarse en primera instancia por \u00a0cuanto el procedimiento involucra un tribunal superior de distrito \u00a0judicial. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0advierte, en primer lugar, que la censura resulta inoportuna, dado \u00a0que se produce m\u00e1s de 1 a\u00f1o despu\u00e9s de la \u00a0expedici\u00f3n de los fallos objeto de controversia. Lapso que se \u00a0considera excesivo y desproporcionado. \u00a0<\/p>\n
El principio de \u00a0inmediatez, que constituye requisito de procedencia de la acci\u00f3n \u00a0de tutela, exige que quien sienta lesionados o amenazados sus \u00a0derechos fundamentales, la interponga en un t\u00e9rmino razonable. \u00a0De lo contrario, no se explicar\u00eda la necesidad de acudir a \u00a0este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n. (Sentencia SU \u2013 \u00a0961 de 1999, reiterada entre otras, en la sentencia T \u2013 309 de \u00a02013). \u00a0<\/p>\n
A\u00fan \u00a0si se pasara por alto el incumplimiento de tal presupuesto, el \u00a0demandante pudo controvertir de forma directa o a trav\u00e9s de su \u00a0defensor, la sentencia emitida por el \u00a0Juzgado 29 Penal Municipal de Bogot\u00e1 con Funci\u00f3n de \u00a0Conocimiento \u00a0mediante el recurso de apelaci\u00f3n, aduciendo argumentos \u00a0similares a los expuestos en la demanda de tutela, relacionados con \u00a0la estipulaci\u00f3n que considera irregular o la vulneraci\u00f3n \u00a0a sus garant\u00edas de no autoincriminaci\u00f3n y defensa, pero \u00a0no lo hizo. Inclusive, \u00a0en caso de obtener resultados adversos en la impugnaci\u00f3n, \u00a0habr\u00eda tenido a su alcance el recurso extraordinario de \u00a0casaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0manifiesto, entonces, que el descuido puesto de presente permiti\u00f3 \u00a0que la \u00a0sentencia cuestionada cobrara firmeza, situaci\u00f3n que no puede \u00a0modificarse a trav\u00e9s de la v\u00eda constitucional, ni \u00a0siquiera como mecanismo transitorio, pues para acceder al amparo bajo \u00a0esa modalidad es necesario que el interesado haya hecho uso adecuado \u00a0de todos los medios ordinarios dispuestos por el legislador (Cfr. \u00a0Sentencia SU \u2013 111 de 1997). \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0todo, no se observa que \u00a0durante la actuaci\u00f3n penal se haya quebrantado el derecho al \u00a0debido proceso, pues la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado \u00a0que en la audiencia preparatoria las partes s\u00f3lo deben \u00a0manifestar si tienen inter\u00e9s en hacer estipulaciones \u00a0probatorias (numeral 4\u00ba del art\u00edculo 356 de la Ley 906 de \u00a02004), mientras que la revelaci\u00f3n de su contenido y la \u00a0decisi\u00f3n sobre su incorporaci\u00f3n ocurre en el juicio \u00a0oral (Cfr. CSJ AP, \u00a018 Sep. 2014, Rad. 42720 y CSJ \u00a0AP, 11 Sep. 2013, Rad. 41505, CSJ \u00a0SP., 14 de Oct. 2007, Rad. 28212, \u00a0entre otras). \u00a0<\/p>\n
Igualmente, \u00a0de los documentos allegados al tr\u00e1mite, se advierte que el \u00a0acuerdo celebrado entre las partes \u00a0se centr\u00f3 sobre hechos y \u00a0no sobre la incorporaci\u00f3n al debate oral y p\u00fablico de \u00a0un determinado medio de convicci\u00f3n, elemento material \u00a0probatorio, evidencia f\u00edsica o informe, como lo establece el \u00a0par\u00e1grafo del art\u00edculo 356 de la Ley 906 de 2004. \u00a0<\/p>\n
Ello \u00a0por cuanto en la audiencia \u00a0de juicio oral la Fiscal\u00eda y la defensa acordaron dar por \u00a0demostrado que la se\u00f1ora Jessica Mar\u00eda Buitrago Poveda, \u00a0el 18 de julio de 2012, le fue dictaminada una incapacidad m\u00e9dico \u00a0legal de 15 d\u00edas sin secuelas, pero \u00a0nunca, como lo aduce el demandante para demostrar su pretensi\u00f3n, \u00a0que a trav\u00e9s de dicha estipulaci\u00f3n se incorpor\u00f3 \u00a0irregularmente el dictamen m\u00e9dico legal practicado a la \u00a0v\u00edctima. \u00a0<\/p>\n
Tampoco \u00a0se evidencia c\u00f3mo \u00a0tal hecho \u00a0infringi\u00f3 la presunci\u00f3n de inocencia, el derecho de \u00a0defensa o el in dubio pro reo a que tangencialmente refiere el \u00a0demandante, pues lo \u00a0pactado corresponde a una circunstancia espec\u00edfica, no \u00a0extensiva a las aristas constitutivas del delito por el cual CAMILO \u00a0ANDR\u00c9S OVIEDO FL\u00d3REZ fue convocado a juicio, ni a los \u00a0presupuestos previstos en \u00a0el art\u00edculo 381 de la Ley 906 de 2004 para proferir condena. \u00a0De contera, una estipulaci\u00f3n de este tipo no implicaba lesi\u00f3n \u00a0a las garant\u00edas del actor. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden de ideas, la \u00a0comprensi\u00f3n del suceso f\u00e1ctico concertado y el valor \u00a0persuasivo otorgado por el fallador no es ajeno al ejercicio del \u00a0derecho de contradicci\u00f3n, pues el accionante ten\u00eda \u00a0diferentes mecanismos para sacar adelante su estrategia defensiva, \u00a0entre ellos, los respectivos alegatos y el uso de los recursos \u00a0previstos en la Ley. \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0manifiesto, \u00a0entonces, que el se\u00f1or OVIEDO \u00a0FL\u00d3REZ desech\u00f3 \u00a0la oportunidad y los medios de impugnaci\u00f3n previstos en su \u00a0favor y no puede pretender reemplazarlos por v\u00eda del amparo \u00a0constitucional. \u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0respecto de la supuesta violaci\u00f3n al derecho de defensa \u00a0t\u00e9cnica alegada por el demandante, no encuentra la Corte que \u00a0durante la actuaci\u00f3n penal se haya quebrantado esa garant\u00eda \u00a0fundamental, pues no existen medios de conocimiento que fundamenten \u00a0que quien lo represent\u00f3 carec\u00eda de idoneidad o actu\u00f3 \u00a0negligentemente. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el contrario, el abogado p\u00fablico \u00a0que le fue designado acudi\u00f3 a todas las audiencias, \u00a0contrainterrog\u00f3 los testigos de cargo y estructur\u00f3 \u00a0una estrategia defensiva encaminada a demostrar la atipicidad de la \u00a0conducta de violencia intrafamiliar por falta de cohabitaci\u00f3n \u00a0o unidad familiar. \u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0durante \u00a0el traslado \u00a0del 477 de la Ley 906 de 2004, \u00a0solicit\u00f3 partir de la pena m\u00ednima \u00a0y otorgar la \u00a0prisi\u00f3n domiciliaria \u00a0y, \u00a0ante \u00a0su negativa, interpuso el recurso de apelaci\u00f3n \u00fanicamente \u00a0sobre este punto, pues no advirti\u00f3 elementos \u00a0para desvirtuar la \u00a0conclusi\u00f3n de responsabilidad penal expuesta por el fallador. \u00a0<\/p>\n
Entonces, es \u00a0manifiesto que la actuaci\u00f3n del profesional del derecho no \u00a0puede calificarse como violatoria del derecho a la defensa con \u00a0sustento exclusivo en la inconformidad del actor con los resultados \u00a0obtenidos y, en ese orden, no es factible atribuirle a \u00e9ste, \u00a0ni a las autoridades involucradas en el proceso ordinario, ninguna \u00a0actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n violatoria de aquel derecho, pues \u00a0resulta claro que en todo momento le fue respetado. \u00a0<\/p>\n
Se negar\u00e1, \u00a0por tanto, el amparo constitucional demandado. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00b0 2 de la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NEGAR \u00a0la acci\u00f3n de tutela instaurada por el apoderado especial de \u00a0CAMILO \u00a0ANDR\u00c9S OVIEDO FL\u00d3REZ \u00a0contra \u00a0la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado 29 \u00a0Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento de la misma \u00a0ciudad. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De \u00a0no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
COMISION DE \u00a0SERVICIOS \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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