\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00ba 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP4181-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a097623 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 99) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Corte la impugnaci\u00f3n presentada por ORLANDO \u00a0CASAS PINEDA, \u00a0contra la sentencia proferida el 21 de febrero de 2018 por la Sala de \u00a0Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior de Tunja, que neg\u00f3 \u00a0la acci\u00f3n de tutela interpuesta contra \u00a0el Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad de la ciudad mencionada. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se establece de la actuaci\u00f3n, el \u00a07 de noviembre de 2017 ORLANDO \u00a0CASAS PINEDA \u00a0solicit\u00f3 ante el Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas \u00a0y Medidas de Seguridad de Tunja la concesi\u00f3n de la libertad \u00a0condicionada seg\u00fan lo previsto en la Ley 1820 de 2016, \u00a0pero \u00a0no se ha emitido la respectiva decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tal motivo, acudi\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n constitucional en \u00a0busca del amparo de sus \u00a0derechos fundamentales al debido proceso y libertad. En consecuencia, \u00a0solicit\u00f3 que se ordene al despacho accionado que resuelva su \u00a0requerimiento. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0EN PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 9 de febrero de 2018, la \u00a0Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior de Tunja admiti\u00f3 \u00a0la demanda y corri\u00f3 el traslado respectivo. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas de la mencionada ciudad \u00a0se \u00a0opuso a la prosperidad de la solicitud. En sustento, se\u00f1al\u00f3 \u00a0que mediante auto 00225 del 6 de marzo de 2017 le fueron negados a \u00a0ORLANDO \u00a0CASAS PINEDA los beneficios previstos en la Ley 1820 de 2016 por \u00a0cuanto no acreditaba el cumplimiento de los requisitos exigidos, en \u00a0especial la pertenencia o colaboraci\u00f3n con el grupo armado \u00a0FARC\u2013EP y, por ende, la configuraci\u00f3n de las causales \u00a0previstas en los numerales 1, 3 y 4 del art\u00edculo 6\u00ba del \u00a0Decreto 277 del 2017 y el art\u00edculo 17 de la ley mencionada. \u00a0<\/p>\n
Contra \u00a0dicha decisi\u00f3n se interpusieron los recursos de reposici\u00f3n \u00a0y apelaci\u00f3n los cuales fueron despachados desfavorablemente. \u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3 \u00a0que el 7 de noviembre de 2017, el \u00a0demandante nuevamente solicit\u00f3 la libertad condicionada, \u00a0motivo por el cual mediante auto del 12 de febrero 2018 se \u00a0abstuvo de resolver de fondo la petici\u00f3n, pues el mismo asunto \u00a0hab\u00eda sido debatido previamente, sin que los argumentos \u00a0expuestos introdujeran modificaci\u00f3n alguna. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Tribunal neg\u00f3 \u00a0la acci\u00f3n de tutela. Encontr\u00f3 que la solicitud radicada \u00a0ante la autoridad judicial accionada fue atendida durante el tr\u00e1mite \u00a0de amparo, raz\u00f3n por la que ceso cualquier circunstancia que \u00a0eventualmente pudiera amenazar los derechos del actor. \u00a0<\/p>\n
ORLANDO \u00a0CASAS PINEDA impugn\u00f3 \u00a0el fallo. En esta oportunidad se\u00f1al\u00f3 que la autoridad \u00a0accionada deb\u00eda pronunciarse de fondo en relaci\u00f3n con \u00a0su nueva solicitud, pues si bien ten\u00eda la misma pretensi\u00f3n \u00a0que fue resuelta con anterioridad referente a la procedencia de la \u00a0libertad condicionada, tambi\u00e9n lo es que en esta oportunidad \u00a0expuso argumentos diferentes que, en su criterio, ameritan estudio, \u00a0como por ejemplo planteamientos jur\u00eddicos derivados de la Ley \u00a01820 de 2016 y sus decretos reglamentarios y un documento extra \u00a0juicio (no se\u00f1al\u00f3 su contenido). \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0con \u00a0el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, \u00a0la Sala es competente para pronunciarse respecto de la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta en contra de la decisi\u00f3n adoptada por un tribunal \u00a0superior de distrito judicial. \u00a0<\/p>\n
Durante \u00a0el tr\u00e1mite se estableci\u00f3 que, mediante auto \u00a0del 12 de febrero de 2018, el Juzgado 1\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de \u00a0Penas y Medidas de Seguridad de Tunja resolvi\u00f3 la solicitud \u00a0presentada por el actor el 7 de noviembre anterior. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, dispuso \u00a0que deb\u00eda estarse a lo resuelto en las decisiones emitidas en \u00a0primera y segunda instancia el 6 de marzo y el 3 de agosto de 2017, \u00a0respectivamente, mediante las cuales le fueron negados los beneficios \u00a0previstos en el Ley 1820 de 2016, en la medida en que las condiciones \u00a0f\u00e1cticas y jur\u00eddicas no cambiaron, pues los elementos \u00a0nuevos se\u00f1alados por el demandante no resultaban determinantes \u00a0para estudiar una vez m\u00e1s el asunto. Adem\u00e1s, porque la \u00a0negativa de la libertad condicionada obedeci\u00f3 al \u00a0incumplimiento de un requisito insubsanable. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, advierte la Sala que aunque \u00a0el \u00a0acceso a la administraci\u00f3n de justicia constituye un derecho \u00a0fundamental que implica la resoluci\u00f3n de fondo, pronta y \u00a0oportuna de los asuntos puestos a consideraci\u00f3n de los \u00f3rganos \u00a0jurisdiccionales, tal premisa \u00a0no implica el deber de las autoridades de ejecuci\u00f3n de penas y \u00a0medidas de seguridad de pronunciarse sustancialmente respecto de \u00a0asuntos previamente definidos en providencias ejecutoriadas. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0bajo tal entendimiento, esta Corporaci\u00f3n \u00a0ha se\u00f1alado que es deber de los jueces de ejecuci\u00f3n de \u00a0penas y medidas de seguridad ce\u00f1irse a lo resuelto en \u00a0cuestiones previamente examinadas, pues no es viable debatir \u00a0reiteradamente asuntos jur\u00eddicamente consolidados, en \u00a0particular cuando sobre las tem\u00e1ticas decididas se insiste sin \u00a0introducir variante alguna, pues ello implicar\u00eda no solamente \u00a0una limitaci\u00f3n injustificada de la seguridad jur\u00eddica \u00a0sino un desgaste inoficioso de la administraci\u00f3n de justicia. \u00a0(CSJ SPT, 15 de julio de 2008, Rad. 37.488, reiterado en STP \u00a014864-2014). \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0manifiesto entonces, que con la decisi\u00f3n del \u00a012 de febrero de 2018, mediante la cual el Juzgado accionado resolvi\u00f3 \u00a0estarse a lo resuelto en los interlocutorios del 6 de marzo y 3 de \u00a0agosto de 2017, no fueron vulneradas las garant\u00edas \u00a0fundamentales alegadas por el actor, pues como se indic\u00f3 en \u00a0precedencia los jueces de ejecuci\u00f3n no est\u00e1n facultados \u00a0para retomar el examen de cuestiones ya resueltas de fondo \u00a0previamente. As\u00ed las cosas, la \u00a0decisi\u00f3n censurada no actualiza ninguno de los defectos que \u00a0hace procedente la acci\u00f3n de tutela contra decisiones \u00a0judiciales. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n jurisdiccional \u00a0-art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica- \u00a0impide al juez constitucional inmiscuirse en providencias como las \u00a0controvertidas, s\u00f3lo porque el demandante no las comparte o \u00a0tiene una comprensi\u00f3n diversa. Ante \u00a0la ausencia de vulneraci\u00f3n o amenaza de garant\u00edas \u00a0fundamentales del actor, no procede la protecci\u00f3n \u00a0constitucional que reclama. \u00a0<\/p>\n
En consecuencia, \u00a0se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00b0 2 de la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. CONFIRMAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencia del 21 de febrero 2018, mediante la cual la Sala Penal del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Tribunal Superior de Tunja neg\u00f3 el amparo solicitado por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ORLANDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CASAS PINEDA. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0a \u00a0los interesados en la forma prevista en el art\u00edculo 30 del \u00a0Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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