\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Eyder Pati\u00f1o \u00a0Cabrera \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP3783-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a097421 \u00a0<\/p>\n
Acta 93 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. \u00a0C., quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0resuelve la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00a0Evaristo \u00a0Rodr\u00edguez G\u00f3mez contra \u00a0la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga y el Juzgado 7\u00ba \u00a0Penal Municipal de esa ciudad, por la presunta vulneraci\u00f3n de \u00a0sus derechos al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la \u00a0defensa, a la contradicci\u00f3n, al debido proceso, a la igualdad, \u00a0y el principio de presunci\u00f3n de inocencia. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0presente tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes \u00a0dentro del proceso adelantado contra el actor. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Fundamentos de la acci\u00f3n \u00a0<\/p>\n
1.1. \u00a0El \u00a021 de septiembre del 2017, el Juzgado 7\u00ba Penal Municipal de \u00a0Bucaramanga, conden\u00f3 a \u00a0Evaristo \u00a0Rodr\u00edguez G\u00f3mez \u00a0a \u00a013 meses de prisi\u00f3n por el delito de lesiones personales \u00a0dolosas. \u00a0<\/p>\n
1.2. \u00a0Contra \u00a0esa decisi\u00f3n la defensa del mencionado interpuso recurso de \u00a0apelaci\u00f3n que correspondi\u00f3 desatar a la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior de esa ciudad, quien en sentencia del 12 de \u00a0diciembre de esa an20171, \u00a0la ratific\u00f3. \u00a0<\/p>\n
Esa decisi\u00f3n \u00a0fue recurrida en casaci\u00f3n, recurso que est\u00e1 surtiendo \u00a0el respectivo tr\u00e1mite en la Sala de Casaci\u00f3n Penal de \u00a0esta Corporaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
1.3 \u00a0Rodr\u00edguez \u00a0G\u00f3mez \u00a0promueve acci\u00f3n de tutela en contra de las autoridades \u00a0mencionadas por la vulneraci\u00f3n de sus derechos \u00a0al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la defensa, a la \u00a0contradicci\u00f3n, al debido proceso, a la igualdad y al principio \u00a0de presunci\u00f3n de inocencia, al poner de presente una serie de \u00a0irregularidades en el proceso que se le adelanta en su contra, entre \u00a0ellas, que no fue escuchado en el juicio, a pesar de haber renunciado \u00a0a la garant\u00eda a guardar silencio. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Las \u00a0respuestas \u00a0<\/p>\n
2.1 \u00a0Juzgado 7\u00ba Penal Municipal con funci\u00f3n de conocimiento de \u00a0Bucaramanga \u00a0<\/p>\n
La Juez comunic\u00f3 \u00a0que el 21 de septiembre de 2017, emiti\u00f3 sentencia contra el \u00a0accionante, la cual fue apelada por la defensa, por tanto, remiti\u00f3 \u00a0el asunto a la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad. Aport\u00f3 \u00a0copia del fallo. \u00a0<\/p>\n
2.2 \u00a0Fiscal\u00eda \u00a08\u00ba Local de Bucaramanga \u00a0<\/p>\n
El titular realiz\u00f3 \u00a0un breve recuento de las etapas procesales adelantas dentro del \u00a0proceso adelantado contra el accionante. \u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0La Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Ponente adujo \u00a0que mediante sentencia del 12 de diciembre de 2017 confirm\u00f3 la \u00a0sentencia mediante la cual conden\u00f3 al actor a 13 meses de \u00a0prisi\u00f3n por el delito de lesiones personales dolosas. \u00a0<\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00a0dicho fallo fue objeto de recurso extraordinario de casaci\u00f3n y \u00a0que, en la actualidad, est\u00e1 surti\u00e9ndose el traslado \u00a0para presentar la demanda correspondiente. \u00a0<\/p>\n
2.4 \u00a0Hugo \u00a0Alberto \u00c1lvarez Rueda \u2013 \u00a0Defensor- \u00a0<\/p>\n
El \u00a0profesional del derecho solicit\u00f3 que se conceda el amparo \u00a0incoado por el demandante, \u00a0al poner de presente el quebranto de sus garant\u00edas \u00a0fundamentales. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Problema \u00a0jur\u00eddico \u00a0<\/p>\n
Corresponde \u00a0a la Corte determinar si las autoridades judiciales accionadas \u00a0vulneraron los derechos al acceso a la administraci\u00f3n de \u00a0justicia, a la defensa, a la contradicci\u00f3n, al debido proceso, \u00a0a la igualdad, y el principio de presunci\u00f3n de inocencia del \u00a0interesado, dentro del proceso que se adelanta en su contra por el \u00a0delito de lesiones personales dolosas. \u00a0<\/p>\n
Previamente \u00a0se verificar\u00e1 si se satisface el principio de subsidiariedad \u00a0que rige el ejercicio de la acci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Si \u00a0la actuaci\u00f3n penal \u00a0no \u00a0ha finalizado, la tutela se torna improcedente. \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0El amparo fue consagrado como un procedimiento preferente y sumario, \u00a0destinado a la protecci\u00f3n inmediata de los derechos \u00a0fundamentales cuando sean amenazados o vulnerados por la acci\u00f3n \u00a0u omisi\u00f3n de una autoridad p\u00fablica o un particular y \u00a0siempre que no exista otro mecanismo de defensa o se est\u00e9 ante \u00a0un perjuicio irremediable, evento \u00faltimo en el cual procede \u00a0como mecanismo transitorio. \u00a0<\/p>\n
No \u00a0tiene car\u00e1cter alternativo. \u00a0Es inviable cuando el interesado dispone de otro medio de defensa \u00a0judicial, pues no fue concebido para sustituir \u00a0a \u00a0los jueces ordinarios, ni como mecanismo supletorio \u00a0de los procedimientos se\u00f1alados en las normas procesales. \u00a0<\/p>\n
Mientras el \u00a0proceso se encuentre en curso, es decir, no se haya agotado la \u00a0actuaci\u00f3n del juez ordinario, el afectado tendr\u00e1 la \u00a0posibilidad de reclamar, al interior del tr\u00e1mite, el respeto \u00a0de las garant\u00edas constitucionales, sin que sea admisible \u00a0acudir para tal fin a la tutela. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, uno de los presupuestos de procedibilidad consiste \u00a0justamente en que se hayan agotado todos los mecanismos ordinarios y \u00a0extraordinarios de defensa judicial2. \u00a0<\/p>\n
Es all\u00ed, \u00a0ante el juez natural, donde el peticionario puede plantear su \u00a0inconformidad, expresar las razones de su desacuerdo frente a las \u00a0decisiones adoptadas, recurrirlas, hasta llegar a la casaci\u00f3n \u00a0para que sea esta Corporaci\u00f3n, como \u00f3rgano de cierre de \u00a0la jurisdicci\u00f3n ordinaria, la que finalmente resuelva el \u00a0asunto. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0En el presente caso est\u00e1 demostrado que el proceso penal a\u00fan \u00a0no ha concluido, pues en la actualidad se encuentra surtiendo el \u00a0correspondiente traslado para sustentar la demanda de casaci\u00f3n \u00a0interpuesta contra la sentencia de segunda instancia proferida por la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, mediante la cual se \u00a0ratific\u00f3 la condena impuesta en contra del actor por el delito \u00a0de lesiones personales dolosas. \u00a0<\/p>\n
Esto significa que \u00a0el peticionario todav\u00eda tiene a su alcance este mecanismo \u00a0extraordinario de defensa judicial, id\u00f3neo para preservar o \u00a0recuperar los derechos supuestamente amenazados o quebrantados. Ese \u00a0supuesto torna inviable la posibilidad de acudir a la solicitud de \u00a0amparo como un mecanismo alternativo o coet\u00e1neo al recurso de \u00a0casaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
La existencia de \u00a0otro medio de defensa apto para garantizar la protecci\u00f3n de \u00a0que se trata, hace improcedente la tutela solicitada. \u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0De \u00a0otra parte, no es posible conceder el amparo como mecanismo \u00a0transitorio para contrarrestar alg\u00fan perjuicio irremediable, \u00a0ya que \u00e9ste se configura cuando el peligro que se cierne sobre \u00a0el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y \u00a0de manera grave su subsistencia, requiriendo por lo tanto, de medidas \u00a0impostergables que lo neutralicen. Sobre las caracter\u00edsticas \u00a0del perjuicio irremediable la Corte Constitucional, en sentencia \u00a0T-1316\/01, dijo: \u00a0<\/p>\n
En primer \u00a0lugar, el perjuicio debe ser inminente o pr\u00f3ximo a suceder. \u00a0Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos \u00a0f\u00e1cticos que as\u00ed lo demuestren, tomando en cuenta, \u00a0adem\u00e1s, la causa del da\u00f1o. En segundo lugar, el \u00a0perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre \u00a0un bien altamente significativo para la persona (moral o material), \u00a0pero que sea susceptible de determinaci\u00f3n jur\u00eddica. En \u00a0tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el da\u00f1o, \u00a0entendidas \u00e9stas desde una doble perspectiva: como una \u00a0respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como \u00a0respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por \u00faltimo, \u00a0las medidas de protecci\u00f3n deben ser impostergables, esto es, \u00a0que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar \u00a0la consumaci\u00f3n de un da\u00f1o antijur\u00eddico \u00a0irreparable. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, no todo perjuicio puede ser considerado como \u00a0irremediable, sino solo aquel que por sus caracter\u00edsticas de \u00a0inminencia y gravedad, requiera de medidas de protecci\u00f3n \u00a0urgentes e impostergables. \u00a0Con todo, esta previsi\u00f3n del art\u00edculo 86 de la Carta \u00a0debe ser analizada en forma sistem\u00e1tica, pues no puede \u00a0olvidarse que existen ciertas personas que por sus condiciones \u00a0particulares, f\u00edsicas, mentales o econ\u00f3micas, requieren \u00a0especial protecci\u00f3n del Estado, como ocurre, por ejemplo, en \u00a0el caso de los ni\u00f1os, las mujeres embarazadas, los \u00a0menesterosos o las personas de las tercera edad. \u00a0(Subrayas fuera de texto). \u00a0<\/p>\n
En \u00a0tales condiciones, se advierte que la \u00a0tutela de forma transitoria no est\u00e1 llamada a prosperar, ya \u00a0que el accionante no demostr\u00f3 los supuestos de hecho \u00a0necesarios con base en los cuales pueda inferirse razonablemente la \u00a0existencia de un perjuicio irremediable, m\u00e1ximo cuando, se \u00a0insiste, existen los mecanismos de defensa aptos para exigir el \u00a0respeto de sus derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00ba 1 de la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
Primero. \u00a0Negar la \u00a0tutela instaurada por Evaristo \u00a0Rodr\u00edguez G\u00f3mez. \u00a0<\/p>\n
Segundo. \u00a0Ordenar \u00a0que, si la decisi\u00f3n no es impugnada ante la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil de esta Corporaci\u00f3n, se remita el expediente a la Corte \u00a0Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
Eyder \u00a0Pati\u00f1o Cabrera \u00a0<\/p>\n
Fernando \u00a0Le\u00f3n Bola\u00f1os Palacios \u00a0<\/p>\n
Luis \u00a0Guillermo Salazar Otero \u00a0<\/p>\n
Nubia \u00a0Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 22 a 35 \u2013 cuaderno n.\u00b0 1. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ver Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Constitucional. Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y T-332 del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a04 de mayo de 2006. CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STP Rad. No. 31.781, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a032.327, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a036.728, 38.650, 40.408,41.642, 41.805, 49, 752, 50.399, 50.765, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a053.544, 54.762, 57.583, 59.354, 60.917, 61.515, 62.691, 63.252, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a064.107, 65.086, 66.996, 67.145, 68.727, 69.938 y 70.488. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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