\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS n\u00ba 1 \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0LE\u00d3N BOLA\u00d1OS PALACIOS \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP3743-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 97339 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a093. \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
I. \u00a0VISTOS \u00a0<\/p>\n
1.1. \u00a0Decide la Sala la impugnaci\u00f3n presentada por el apoderado \u00a0especial de los ciudadanos MARCELA \u00a0GARC\u00cdA LONDO\u00d1O, \u00a0JULIANA \u00a0URIBE GARC\u00cdA, \u00a0CAMILA \u00a0URIBE GARC\u00cdA, \u00a0MAR\u00cdA \u00a0TERESA PRESIGA DE RESTREPO, \u00a0LUZ \u00a0CELENY RESTREPO PRESIGA, \u00a0BLANCA \u00a0EMILVIA RESTREPO PRESIGA, \u00a0CIELO \u00a0DE JES\u00daS RESTREPO PRESIGA, \u00a0NO\u00c9 \u00a0RICAURTE RESTREPO PRESIGA \u00a0y NELSON \u00a0DAR\u00cdO RESTREPO PRESIGA, \u00a0frente al fallo proferido el 31 de enero de los cursantes por la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, \u00a0que \u00a0neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela interpuesta para la protecci\u00f3n \u00a0del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado \u00a0por el Juzgado \u00a0Promiscuo del Circuito y \u00a0la Fiscal\u00eda \u00a0Local, \u00a0ambas autoridades del municipio de Concordia \u00a0(Antioquia), tr\u00e1mite que se hizo extensivo a la Fiscal\u00eda \u00a034 Seccional de \u00a0la aludida urbe y a los ciudadanos Luis \u00a0Guillermo Valencia \u00c1lzate, \u00a0Carlos \u00a0Humberto Pati\u00f1o Rueda \u00a0y H\u00e9rcules \u00a0de Jes\u00fas Ram\u00edrez Ram\u00edrez. \u00a0<\/p>\n
II. \u00a0ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0Los sucesos que motivaron la solicitud de amparo constitucional y las \u00a0pretensiones de la parte demandante, fueron rese\u00f1ados por el a \u00a0quo de la forma como sigue: \u00a0<\/p>\n
Expone \u00a0el accionante que en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Concordia, \u00a0Antioquia se tramit\u00f3 un proceso penal por la conducta punible \u00a0de homicidio culposo agravado por hechos en los que resultaron ser \u00a0v\u00edctimas sus poderdantes. \u00a0<\/p>\n
Cont\u00f3 \u00a0que el d\u00eda 20 de octubre de 2017, se continu\u00f3 con la \u00a0audiencia de juicio oral que hab\u00eda iniciado el 05 de diciembre \u00a0de 2016, sesi\u00f3n en la que se decret\u00f3 la preclusi\u00f3n \u00a0de la investigaci\u00f3n de conformidad con el art\u00edculo 42 \u00a0de la Ley 600 de 2000, decisi\u00f3n contenida mediante auto No. \u00a0288 de 2017. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0su sentir, la vulneraci\u00f3n al derecho esencial al debido \u00a0proceso de las v\u00edctimas radica en la aplicaci\u00f3n, sin \u00a0presupuestos para ello, por parte del juzgado accionado, del art\u00edculo \u00a042 de la ley 600 de 2000. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese sentido, sostuvo que en el proceso no obra manifestaci\u00f3n \u00a0de las v\u00edctimas sobre reparaci\u00f3n integral, en tanto tal \u00a0aseveraci\u00f3n provino de su apoderado, obviando de esta forma la \u00a0Judicatura un presupuesto esencial de la norma aplicada. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0otro lado, de la prueba documental que obra en el proceso penal, se \u00a0colige que la preclusi\u00f3n se decret\u00f3 sin que las \u00a0v\u00edctimas hayan sido real y materialmente indemnizadas. \u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0se conculc\u00f3 el debido proceso en tanto el juzgado accionado \u00a0pas\u00f3 por alto que en el presente caso s\u00ed concurren las \u00a0circunstancias de agravaci\u00f3n contenidas en el art\u00edculo \u00a0110 del C\u00f3digo Penal, as\u00ed se imput\u00f3 y se acus\u00f3, \u00a0aunque el juez de conocimiento sustent\u00f3 su decisi\u00f3n de \u00a0preclusi\u00f3n en el hecho que en los alegatos de conclusi\u00f3n \u00a0la Fiscal\u00eda solo pidi\u00f3 condena por el delito de \u00a0homicidio culposo sin las agravantes del art\u00edculo 110. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0rengl\u00f3n seguido, asegur\u00f3 que en el expediente no reposa \u00a0certificaci\u00f3n expedida por la Fiscal\u00eda donde se haga \u00a0constar que durante los \u00faltimos 5 a\u00f1os el procesado no \u00a0ha sido beneficiado con el fen\u00f3meno de la indemnizaci\u00f3n \u00a0integral de acuerdo con lo dispuesto al respecto en el art\u00edculo \u00a042 de la Ley 600 de 2000. \u00a0<\/p>\n
Concluy\u00f3 \u00a0afirmando que: \u201c\u2026el decreto de la preclusi\u00f3n de \u00a0la investigaci\u00f3n por v\u00eda de indemnizaci\u00f3n \u00a0integral, fue abiertamente contrario a derecho, pues la misma no \u00a0cumple con los presupuestos de la norma\u2026\u201d \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
Pretende \u00a0el accionante que se tutele el derecho fundamental de las v\u00edctimas \u00a0al debido proceso y, en consecuencia, se decrete la nulidad del auto \u00a0No. 288 de 2017 para que se ordene continuar con el proceso. \u00a0<\/p>\n
III. \u00a0DEL FALLO RECURRIDO \u00a0<\/p>\n
3.1. \u00a0La Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, mediante la \u00a0providencia referenciada, neg\u00f3 el amparo invocado, por cuanto \u00a0los accionantes no satisficieron el presupuesto de la subsidiariedad, \u00a0habida cuenta que dejaron de interponer recurso de apelaci\u00f3n \u00a0contra la determinaci\u00f3n que supuestamente lesion\u00f3 sus \u00a0intereses, siendo esa herramienta el instrumento adecuado para alegar \u00a0la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
3.2. \u00a0As\u00ed mismo, indic\u00f3 que la providencia objetada fue \u00a0cimentada sobre criterios m\u00ednimos de razonabilidad compatibles \u00a0con la interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica y coherente, frente a \u00a0las normas sustantivas que regulaban el debate jur\u00eddico \u00a0sometido a su consideraci\u00f3n, sin que ello constituyera ninguna \u00a0arbitrariedad. \u00a0<\/p>\n
IV. \u00a0DE LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Bajo \u00a0la consigna de que el juez de tutela de primer grado no realiz\u00f3 \u00a0una eficiente valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas al \u00a0expediente, por cuanto el a-quo no atendi\u00f3 los criterios \u00a0jurisprudenciales que, frente al particular, ha proferido esta \u00a0Corporaci\u00f3n, el apoderado especial de los tutelantes reiter\u00f3 \u00a0los argumentos expuestos en el libelo constitucional, con la \u00a0finalidad de lograr la protecci\u00f3n del derecho fundamental que \u00a0estima vulnerado. \u00a0<\/p>\n
V. \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0De conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 32 del \u00a0Decreto 2591 de 1991, es competente la Sala para pronunciarse sobre \u00a0la impugnaci\u00f3n interpuesta, en tanto lo es en relaci\u00f3n \u00a0con la sentencia de tutela adoptada en primera instancia por la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior de Antioquia, cuyo superior funcional lo \u00a0es esta Colegiatura. \u00a0<\/p>\n
6. \u00a0La \u00a0jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa en \u00a0se\u00f1alar que, en virtud del principio de subsidiariedad de esta \u00a0acci\u00f3n constitucional, los conflictos jur\u00eddicos \u00a0relacionados con los derechos fundamentales deben ser, en principio, \u00a0definidos por las v\u00edas ordinarias y extraordinarias – \u00a0administrativas o jurisdiccionales – y s\u00f3lo ante la ausencia \u00a0de dichos senderos o cuando las mismas no son id\u00f3neas para \u00a0evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible \u00a0acudir a dicho instituto. \u00a0<\/p>\n
7. \u00a0Sobre el particular, ha precisado la jurisprudencia que si existiendo \u00a0el medio judicial de defensa, el interesado deja de acudir a \u00e9l \u00a0y, adem\u00e1s, pudiendo evitarlo, permite que \u00e9ste caduque, \u00a0no podr\u00e1 posteriormente acudir a la acci\u00f3n de tutela en \u00a0procura de lograr la guarda de un derecho fundamental (CC \u00a0T-480-2011). \u00a0<\/p>\n
8. \u00a0En el asunto bajo estudio, el problema jur\u00eddico se contrae en \u00a0determinar si el Juzgado Promiscuo del Circuito de Concordia, al \u00a0acceder, mediante auto del 20 de octubre de 2017, a la solicitud de \u00a0preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n deprecada por la \u00a0Fiscal\u00eda Seccional de la aludida municipalidad, en favor del \u00a0ciudadano H\u00e9rcules de Jes\u00fas Ram\u00edrez Ram\u00edrez, \u00a0lesion\u00f3 la garant\u00eda fundamental al debido proceso de \u00a0los demandantes, en atenci\u00f3n a que, presuntamente, no se \u00a0configuran las exigencias establecidas en el art\u00edculo 42 de la \u00a0Ley 600 de 2000 para su otorgamiento, especialmente las relativas a \u00a0la indemnizaci\u00f3n de las v\u00edctimas. \u00a0<\/p>\n
9. \u00a0En ese orden de ideas, sostiene la Corporaci\u00f3n que no es \u00a0posible conceder el amparo solicitado por los se\u00f1ores MARCELA \u00a0GARC\u00cdA LONDO\u00d1O, JULIANA URIBE GARC\u00cdA, CAMILA \u00a0URIBE GARC\u00cdA, MAR\u00cdA TERESA PRESIGA DE RESTREPO, LUZ \u00a0CELENY RESTREPO PRESIGA, BLANCA EMILVIA RESTREPO PRESIGA, CIELO DE \u00a0JES\u00daS RESTREPO PRESIGA, NO\u00c9 RICAURTE RESTREPO PRESIGA y \u00a0NELSON DAR\u00cdO RESTREPO PRESIGA, puesto que no se cumple la \u00a0condici\u00f3n \u00a0de procedibilidad \u00a0de la petici\u00f3n de tutela: emplear el mecanismo de apelaci\u00f3n, \u00a0para la salvaguarda de sus intereses, contra la referida decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
10. \u00a0En efecto, sin justificaci\u00f3n alguna, los accionantes dejaron \u00a0de activar el aludido medio de defensa que ten\u00edan a su \u00a0alcance, en aras de refutar la determinaci\u00f3n atacada, y \u00a0obtener, por esa v\u00eda, el estudio de fondo de su caso. Por \u00a0intermedio de dicho instrumento, que se ofrece adecuado, se pudo \u00a0propiciar un pronunciamiento al interior del cauce natural del \u00a0diligenciamiento, sin que sea procedente que se proponga por este \u00a0sendero para lograr lo deseado (CC \u00a0T-480-2011). \u00a0<\/p>\n
11. \u00a0As\u00ed las cosas, los tutelantes no \u00a0pueden valerse ahora de su propia omisi\u00f3n, negligencia o \u00a0pasividad para acudir de manera directa a esta herramienta, \u00a0desconociendo las v\u00edas legales id\u00f3neas para ello, m\u00e1s \u00a0cuando feneci\u00f3 el t\u00e9rmino para la interposici\u00f3n \u00a0del se\u00f1alado recurso, pues, la providencia cuestionada, seg\u00fan \u00a0el informe rendido por el fallador accionado, ha cobrado firmeza. \u00a0<\/p>\n
12. \u00a0En consecuencia, se confirmar\u00e1 la sentencia recurrida, m\u00e1xime \u00a0cuando no est\u00e1 acreditado la existencia de un perjuicio \u00a0irremediable, conforme a sus caracter\u00edsticas de urgencia, \u00a0gravedad, inminencia y necesidad (CC T-225-1993, reiterados en CC T \u00a0SU 617-2013 y CC T \u2013 030-2015), que permita la intromisi\u00f3n \u00a0del juez constitucional. \u00a0<\/p>\n
VI. \u00a0DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
13. \u00a0En m\u00e9rito de lo expuesto, la SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, \u00a0administrando justicia en nombre de la rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0CONFIRMAR \u00a0el \u00a0fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: \u00a0Ejecutoriada \u00a0esta decisi\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte \u00a0Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
TERCERO: \u00a0Notif\u00edquese \u00a0de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese \u00a0y c\u00famplase \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0LE\u00d3N BOLA\u00d1OS PALACIOS \u00a0<\/p>\n
EYDER \u00a0PATI\u00d1O CABRERA \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0GUILLERMO SALAZAR OTERO \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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