\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP317-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 96097 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 010) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por el apoderado \u00a0especial de EDWAR COBOS T\u00c9LLEZ, en procura del amparo de sus \u00a0derechos fundamentales presuntamente vulnerados por \u00a0el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, el Instituto Colombiano \u00a0para el Fomento de la Educaci\u00f3n Superior \u2013 ICFES -, la \u00a0Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Unidad \u00a0de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculadas la Corporaci\u00f3n Universitaria \u00a0de Colombia IDEAS y las Direcciones Generales del Instituto Nacional \u00a0Penitenciario y Carcelario \u2013 INPEC – y del Complejo \u00a0Metropolitano de Bogot\u00e1 \u2013 COMEB \u2013 La Picota. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se establece de la demanda, el postulado EDWAR COBOS T\u00c9LLEZ \u00a0estuvo privado de la libertad del 16 de agosto de 2006 al 7 de \u00a0octubre de 2015. \u00a0<\/p>\n
El \u00a028 de mayo de 2011 el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u00a0\u2013INPEC- y la Corporaci\u00f3n Universitaria de Colombia \u00a0suscribieron el convenio interinstitucional 074, cuyo objeto es \u00a0facilitar el desarrollo del Programa de Educaci\u00f3n Superior \u00a0Presencial ofertado por la Facultad de Derecho de esa instituci\u00f3n \u00a0a la poblaci\u00f3n carcelaria. \u00a0<\/p>\n
Indic\u00f3 \u00a0el peticionario que, tras inscribirse y obtener un cr\u00e9dito por \u00a0parte del ICETEX, inici\u00f3 su formaci\u00f3n acad\u00e9mica \u00a0en el mes de noviembre de 2011. Igualmente, se\u00f1al\u00f3 que \u00a0una vez en libertad continu\u00f3 con sus estudios en las \u00a0instalaciones de la Corporaci\u00f3n Universitaria de Colombia \u00a0\u2013IDEAS-. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo dem\u00e1s, afirm\u00f3 que cumpli\u00f3 con todos los \u00a0requisitos para acceder al t\u00edtulo de abogado, en tanto aprob\u00f3 \u00a0las pruebas Saber Pro 2015-3, curs\u00f3 los 176 cr\u00e9ditos \u00a0exigidos, super\u00f3 los 6 preparatorios que le fueron aplicados y \u00a0present\u00f3 y sustent\u00f3 el trabajo final. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, el 18 de marzo de 2016, mediante acta de grado 34 de esa \u00a0misma fecha, obtuvo el aludido t\u00edtulo profesional. \u00a0<\/p>\n
Pese \u00a0a lo anterior, el 13 de enero de 2017 le fue notificada la Resoluci\u00f3n \u00a07162 del 28 de diciembre de 2016, a trav\u00e9s de la cual la \u00a0Unidad de Registro Nacional de Abogados le neg\u00f3 la inscripci\u00f3n \u00a0como abogado y la expedici\u00f3n de la respectiva tarjeta \u00a0profesional. \u00a0<\/p>\n
Inconforme \u00a0con la anterior determinaci\u00f3n el accionante la apel\u00f3 y \u00a0la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la \u00a0confirm\u00f3 con Resoluci\u00f3n PCSJSR17-22 del 15 de marzo de \u00a02017, notificada a EDWAR COBOS T\u00c9LLEZ el 4 de abril siguiente. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0juicio del demandante esas decisiones carecen de justificaci\u00f3n, \u00a0en raz\u00f3n a que, para el momento de la graduaci\u00f3n, se \u00a0encontraba vigente la acreditaci\u00f3n concedida por el Ministerio \u00a0de Educaci\u00f3n Naci\u00f3n al Programa de Derecho de la \u00a0Corporaci\u00f3n Universitaria de Colombia \u2013 IDEAS-. A la \u00a0par, afirm\u00f3 que otros internos en igualdad de condiciones s\u00ed \u00a0fueron registrados y se les expidi\u00f3 la tarjeta profesional que \u00a0reclama. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tal motivo, ahora acude ante la jurisdicci\u00f3n constitucional a \u00a0fin de obtener la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a \u00a0la educaci\u00f3n, libre escogencia y ejercicio de la profesi\u00f3n, \u00a0igualdad, resocializaci\u00f3n o reinserci\u00f3n en condiciones \u00a0dignas y m\u00ednimo vital. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, solicit\u00f3 que se dejen sin efectos las decisiones \u00a0administrativas adversas a sus intereses y se ordene al Consejo \u00a0Superior de la Judicatura \u2013 Unidad de Registro de Abogados y \u00a0Auxiliares de la Justicia que, en el t\u00e9rmino de 48 horas, \u00a0expidan a su favor la tarjeta profesional de abogado a la que tiene \u00a0derecho. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 11 de enero de 2018, la Sala admiti\u00f3 la demanda de \u00a0tutela y corri\u00f3 el traslado correspondiente a los sujetos \u00a0pasivos aludidos. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0ICFES solicit\u00f3 que se le desvincule del presente tr\u00e1mite, \u00a0dado que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad con el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del \u00a0Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017, que modific\u00f3 el \u00a0art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, la Sala es \u00a0competente para tramitar y decidir la acci\u00f3n de tutela, por \u00a0cuanto el procedimiento involucra al Consejo Superior de la \u00a0Judicatura. \u00a0<\/p>\n
Advierte \u00a0la Sala que las \u00a0determinaci\u00f3n del 15 de marzo de 2017, a trav\u00e9s de la \u00a0cual el Consejo Superior de la Judicatura confirm\u00f3 la negativa \u00a0de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la \u00a0Justicia respecto de la inscripci\u00f3n de abogado y expedici\u00f3n \u00a0de la tarjeta profesional a EDWAR COBOS T\u00c9LLEZ, es \u00a0un acto administrativo que pudo ser controvertido a trav\u00e9s del \u00a0\u00abmedio \u00a0de control\u00bb de \u00a0nulidad y restablecimiento del derecho (Art. 138 de la Ley 1437 de \u00a02011 \u2013 C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo \u00a0Contencioso Administrativo \u2013), \u00a0cuya caducidad, que es de 4 meses (Art. 164-2-C), ya oper\u00f3. \u00a0<\/p>\n
Como \u00a0no se agot\u00f3 ese medio de defensa oportunamente, la solicitud \u00a0de amparo se torna improcedente al tenor del numeral 1\u00ba del \u00a0art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991-, tal como lo ha \u00a0reconocido la Corte Constitucional (Sentencia T\u2013 1217 de 2003). \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0manifiesto, entonces, que el descuido puesto de presente permiti\u00f3 \u00a0que el acto administrativo reprochado cobrara firmeza, situaci\u00f3n \u00a0que no puede modificarse a trav\u00e9s de la v\u00eda \u00a0constitucional, ni siquiera como mecanismo transitorio, pues para \u00a0acceder al amparo bajo esa modalidad es necesario que el interesado \u00a0haya hecho uso adecuado de todos los medios ordinarios dispuestos por \u00a0el legislador (Sentencia SU\u2013111 de 1997). \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el presente caso, el demandante desech\u00f3 la oportunidad y el \u00a0recurso legal previsto a su favor, y no puede pretender suplirlo por \u00a0v\u00eda de amparo, dado que este instrumento residual y \u00a0subsidiario no fue instituido con tal finalidad, o lo que es igual, \u00a0no procede para subsanar su propia incuria. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0margen de lo anterior, las \u00a0determinaciones de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y \u00a0Auxiliares de la Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura no \u00a0se advierten caprichosas o arbitrarias. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, estas autoridades determinaron que, por Resoluci\u00f3n 816 \u00a0del 30 de enero de 2012, el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional \u00a0neg\u00f3 a la Corporaci\u00f3n Universitaria de Colombia \u2013IDEAS \u00a0la solicitud de modificaci\u00f3n del Programa de Derecho con el \u00a0prop\u00f3sito de ofertarlo en la C\u00e1rcel La Picota de \u00a0Bogot\u00e1, a partir de lo cual establecieron que el centro \u00a0penitenciario no ten\u00eda registro calificado y, por ende, el \u00a0plan de estudios cursado nunca fue reconocido legalmente por parte \u00a0del Estado. \u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0en lo que respecta a la violaci\u00f3n del art\u00edculo 13 de la \u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, encuentra la Corte que el \u00a0accionante no acredit\u00f3 encontrarse en igualdad de condiciones \u00a0respecto de otras personas que obtuvieron el t\u00edtulo de abogado \u00a0en la Corporaci\u00f3n Universitaria de Colombia \u2013IDEAS. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0negar\u00e1, por tanto, la solicitud de protecci\u00f3n \u00a0constitucional. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NEGAR \u00a0la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00a0EDWAR COBOS T\u00c9LLEZ contra \u00a0el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, el Instituto Colombiano \u00a0para el Fomento de la Educaci\u00f3n Superior \u2013 ICFES -, la \u00a0Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Unidad \u00a0de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De \u00a0no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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