\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP2511-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 97189 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 60) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0pronuncia la Sala respecto de la impugnaci\u00f3n presentada por \u00a0JHON JAIRO CALDER\u00d3N P\u00c9REZ contra la sentencia de tutela \u00a0proferida el 30 de enero de 2018 por la Sala de Decisi\u00f3n Penal \u00a0del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, que \u00a0neg\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente \u00a0vulnerados por la Direcci\u00f3n y el \u00c1rea Jur\u00eddica \u00a0del Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagu\u00e9 \u2013COIBA \u00a0La Picale\u00f1a y el Juzgado 6\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas \u00a0y Medidas de Seguridad de la misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se establece de la actuaci\u00f3n, JHON JAIRO CALDER\u00d3N P\u00c9REZ \u00a0se \u00a0encuentra recluido en el Complejo \u00a0Carcelario y Penitenciario de Ibagu\u00e9 \u2013COIBA Picale\u00f1a \u00a0desde \u00a0el 21 de abril de 2017, descontando la pena de 444 meses de prisi\u00f3n \u00a0que se le impuso como autor de los delitos de hurto calificado \u00a0agravado, homicidio y tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n, porte o \u00a0tenencia de armas de fuego de defensa personal. \u00a0<\/p>\n
Inform\u00f3 \u00a0que el Juzgado 6\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad de Ibagu\u00e9 le concedi\u00f3 el beneficio \u00a0administrativo de hasta 72 horas de permiso que demand\u00f3. Sin \u00a0embargo, asegur\u00f3 que no ha podido disfrutar del mismo por el \u00a0tiempo y gasto econ\u00f3mico que implica trasladarse desde Ibagu\u00e9 \u00a0hasta Floridablanca (Santander), donde se encuentra su n\u00facleo \u00a0familiar. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tal motivo, solicit\u00f3 tanto al Despacho ejecutor como al \u00a0Director de la C\u00e1rcel Picale\u00f1a, que dispusieran su \u00a0traslado a un centro carcelario cercano a dicha ciudad, pero obtuvo \u00a0respuesta desfavorable. Seg\u00fan se le indic\u00f3, ello solo \u00a0es posible despu\u00e9s del primera a\u00f1o de reclusi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0estimar vulnerados sus derechos fundamentales acudi\u00f3 \u00a0ante la jurisdicci\u00f3n constitucional y requiri\u00f3 que se \u00a0ordene a las autoridades accionadas que garanticen su traslado a un \u00a0centro de reclusi\u00f3n ubicado en el departamento de Santander. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 18 de enero de 2018 la corporaci\u00f3n judicial de \u00a0primera instancia avoc\u00f3 el conocimiento de la demanda de \u00a0tutela y corri\u00f3 el traslado correspondiente a los sujetos \u00a0pasivos previamente aludidos. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Juzgado 6\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0de Ibagu\u00e9 relat\u00f3 el trascurso de la actuaci\u00f3n y \u00a0defendi\u00f3 su legalidad. Indic\u00f3 que acorde con el \u00a0art\u00edculo 63 y siguientes de la Ley 65 de 1993, corresponde a \u00a0los establecimientos penitenciarios disponer la ubicaci\u00f3n y \u00a0traslado de los internos entre los diferentes centros carcelarios del \u00a0pa\u00eds. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Direcci\u00f3n del Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagu\u00e9 \u00a0resalt\u00f3 que el 14 de noviembre de 2017, en respuesta a la \u00a0petici\u00f3n elevada por el accionante, le inform\u00f3 que los \u00a0centros penitenciarios a los cuales quiere ser traslado presentan \u00a0altos \u00edndices de hacinamiento, lo que reducir\u00eda el \u00a0\u00e9xito de su proceso de resocializaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Le \u00a0indic\u00f3, adem\u00e1s, que el numeral 3\u00ba del art\u00edculo \u00a09\u00ba de la Resoluci\u00f3n 001203 del 16 de abril de 2012, \u00a0suscrita por la Direcci\u00f3n General del INPEC, prev\u00e9 que \u00a0los traslados son improcedentes cuanto el interno no ha cumplido un \u00a0a\u00f1o de permanencia en el centro de reclusi\u00f3n donde se \u00a0encuentra. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra parte, dio a conocer que la Direcci\u00f3n General del INPEC \u00a0estableci\u00f3 los lineamientos para poner en pr\u00e1ctica el \u00a0programa de visitas virtuales, encaminado a garantizar a las personas \u00a0que se encuentran recluidas en un lugar distinto a aquel en que se \u00a0reside su familia, que puedan mantener comunicaci\u00f3n y contacto \u00a0con \u00e9sta. Sobre el particular, indic\u00f3 que no hay \u00a0solicitudes de la parte actora dirigidas a hacer uso de ese \u00a0mecanismo. Por tales motivos, demand\u00f3 que se declare la \u00a0improcedencia del amparo reclamado. \u00a0<\/p>\n
Tras \u00a0establecer la ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos \u00a0fundamentales alegados por el accionante, el Tribunal Superior de \u00a0Ibagu\u00e9 neg\u00f3 la solicitud de tutela. \u00a0<\/p>\n
El \u00a01\u00ba de febrero de 2018 JHON \u00a0JAIRO CALDER\u00d3N P\u00c9REZ \u00a0manifest\u00f3 su intenci\u00f3n de impugnar el fallo, al plasmar \u00a0\u00abAPELO\u00bb \u00a0junto a su firma durante la diligencia de notificaci\u00f3n \u00a0personal cumplida en su lugar de reclusi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0al art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente \u00a0para desatar la segunda instancia respecto de la decisi\u00f3n \u00a0adoptada por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0trav\u00e9s del ejercicio de la presente acci\u00f3n de tutela \u00a0JHON JAIRO CALDER\u00d3N P\u00c9REZ pretende controvertir la \u00a0decisi\u00f3n del 14 de noviembre de 2017, por medio de la cual la \u00a0Direcci\u00f3n del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de \u00a0Ibagu\u00e9 despach\u00f3 desfavorablemente su solicitud de \u00a0traslado a un centro carcelario ubicado en el departamento de \u00a0Santander, por ser este el lugar de residencia de su n\u00facleo \u00a0familiar. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, advierte la Corte que dicha determinaci\u00f3n constituye \u00a0un acto administrativo susceptible \u00a0de controversia a trav\u00e9s del \u00abmedio \u00a0de control\u00bb de \u00a0nulidad y restablecimiento del derecho (Art. 138 de la Ley 1437 de \u00a02011 \u2013C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo \u00a0Contencioso Administrativo-), cuya caducidad es de 4 meses (Art. \u00a0164-2-C). Incluso, dentro de dicho tr\u00e1mite el funcionario \u00a0judicial puede decretar como medida provisional, desde el auto \u00a0admisorio, la suspensi\u00f3n de los efectos del acto \u00a0administrativo criticado (Art. 230-3). \u00a0<\/p>\n
La \u00a0existencia de un medio de defensa judicial mediante el cual pueden \u00a0exponerse las inconformidades que se han puesto de presente, torna \u00a0improcedente esta solicitud de tutela (numeral 1\u00ba del art\u00edculo \u00a06\u00ba del Decreto 2591 de 1991). \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0margen de lo anterior, la decisi\u00f3n cuestionada \u00a0no se advierte caprichosa o arbitraria, en tanto se \u00a0ajust\u00f3 a las previsiones de los art\u00edculos 75 de la Ley \u00a065 de 1993, modificado por el art\u00edculo 65 de la Ley 1709 de \u00a02014, y 9-3 de la Resoluci\u00f3n 001203 del 16 de abril de 2012. \u00a0En efecto, la Coordinaci\u00f3n Jur\u00eddica del establecimiento \u00a0carcelario le inform\u00f3 al accionante que su requerimiento \u00a0resultaba improcedente, en raz\u00f3n a que no cumple con el tiempo \u00a0m\u00ednimo de reclusi\u00f3n de un a\u00f1o. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. CONFIRMAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencia del 30 de enero de 2018, mediante la cual la Sala Penal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la solicitud de protecci\u00f3n constitucional presentada por JHON \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0JAIRO CALDER\u00d3N P\u00c9REZ. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. NOTIFICAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los interesados en la forma prevista en el art\u00edculo 30 del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. REMITIR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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