\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP2502-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a097100 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta 60) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la acci\u00f3n de tutela interpuesta por \u00a0ALEJANDRO VALENCIA, contra \u00a0la Fiscal\u00eda 4\u00aa Especializada de Cali, el Juzgado 2\u00ba \u00a0Penal del Circuito Especializado y la Sala Penal del Tribunal \u00a0Superior de la misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculados los abogados Mar\u00eda Magdalena \u00a0Buitrago Villar y Jorge Enrique Chamorro Molineros, as\u00ed como \u00a0las partes e intervinientes reconocidos al interior del proceso penal \u00a0seguido contra el actor. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se establece de la actuaci\u00f3n y de las pruebas recaudadas \u00a0durante el presente tr\u00e1mite, el 30 de octubre de 2013 el \u00a0Juzgado 2\u00ba Penal del Circuito Especializado de Cali conden\u00f3 \u00a0a ALEJANDRO VALENCIA, Willian Jairo P\u00e9rez, Mary Cecilia Mora \u00a0P\u00e9rez, Mar\u00eda Donsory Garc\u00eda Ocampo y Norma \u00a0Flores Garc\u00eda a la pena de siete a\u00f1os de prisi\u00f3n, \u00a0tras encontrarlos penalmente responsables del delito de lavado de \u00a0activos, por hechos ocurridos en vigencia de la Ley 600 de 2000. \u00a0<\/p>\n
Inconformes \u00a0con la anterior determinaci\u00f3n la defensa de Willian Jairo \u00a0P\u00e9rez, Mary Cecilia Mora P\u00e9rez, Mar\u00eda Donsory \u00a0Garc\u00eda Ocampo y Norma Flores Garc\u00eda la apel\u00f3 y \u00a0la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali la \u00a0confirm\u00f3 el 16 de septiembre de 2016. Contra el fallo de \u00a0segunda instancia se promovi\u00f3 el recurso extraordinario de \u00a0casaci\u00f3n, el cual est\u00e1 pendiente de resoluci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0juicio del accionante, la actuaci\u00f3n seguida en su contra \u00a0vulner\u00f3 sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa \u00a0t\u00e9cnica, en raz\u00f3n a que no estuvo debidamente \u00a0representado durante la investigaci\u00f3n previa. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0concreto, cuestion\u00f3 el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n \u00a0de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n proferida el 18 de junio \u00a0de 2009, en raz\u00f3n a que, como para ese momento no fue posible \u00a0ubicar a la abogada Mar\u00eda Magdalena Buitrago Villar, la \u00a0Fiscal\u00eda 4\u00aa Especializada de Cali opt\u00f3, sin \u00a0informarle, por nombrar como su defensor de oficio a Jorge Enrique \u00a0Chamorro Molineros, con quien surti\u00f3 dicho tr\u00e1mite. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tales motivos solicit\u00f3 que se decrete la nulidad de todo lo \u00a0actuado a partir de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n y, \u00a0consecuente con ello, se disponga su libertad inmediata. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto \u00a0del 14 de febrero de 2018, la Sala admiti\u00f3 la presente \u00a0solicitud de protecci\u00f3n constitucional y corri\u00f3 el \u00a0traslado respectivo a las entidades accionadas. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0abogado Jorge Enrique Chamorro Molineros refiri\u00f3 que no cuenta \u00a0con informaci\u00f3n respecto de los hechos rese\u00f1ados en la \u00a0demanda de tutela, debido a que ocurrieron hace m\u00e1s de nueve \u00a0a\u00f1os y su archivo personal fue robado. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Cali se opuso a la prosperidad \u00a0del amparo pretendido. Para el efecto, destac\u00f3 que en el caso \u00a0examinado se incumplen los presupuestos de inmediatez y \u00a0subsidiariedad, dado que han transcurrido casi 10 a\u00f1os desde \u00a0que se emiti\u00f3 la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n \u00a0censurada y el demandante no hizo uso de los recursos de apelaci\u00f3n \u00a0y casaci\u00f3n contra el fallo de primera instancia. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad con el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de \u00a02015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 del \u00a030 de noviembre de 2017, la Sala es competente para tramitar y \u00a0decidir la acci\u00f3n de tutela, por cuanto el procedimiento \u00a0involucra un Tribunal Superior de distrito judicial. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0advierte, en primer lugar, que la censura propuesta contra la \u00a0resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n resulta inoportuna, dado que se \u00a0produce m\u00e1s de ocho a\u00f1os despu\u00e9s de su \u00a0expedici\u00f3n (18 \u00a0de junio de 2009), por parte de la Fiscal\u00eda 4\u00aa \u00a0Especializada de Cali. \u00a0El lapso es excesivo y desproporcionado. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0principio de inmediatez, que constituye requisito de procedencia de \u00a0la acci\u00f3n de tutela, exige que quien sienta lesionados o \u00a0amenazados sus derechos fundamentales, la interponga en un t\u00e9rmino \u00a0razonable. De lo contrario, no se explicar\u00eda la necesidad de \u00a0acudir a este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n. (Sentencia \u00a0SU \u2013 961 de 1999, reiterada entre otras, en la sentencia T \u2013 \u00a0309 de 2013). \u00a0<\/p>\n
A\u00fan \u00a0si se pasara por alto el incumplimiento de tal presupuesto, encuentra \u00a0la Sala que el demandante pudo controvertir tal determinaci\u00f3n \u00a0a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n (Art. 393 de la Ley \u00a0600 de 2000), pero no lo hizo. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, la solicitud de amparo se torna improcedente \u2013numeral \u00a01\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991-, tal \u00a0como lo ha reconocido la Corte Constitucional \u2013Sentencia T \u2013 \u00a01217 de 2003-, dado que la acci\u00f3n de tutela no puede darse en \u00a0forma paralela a los medios de defensa judiciales dispuestos por el \u00a0legislador, ni tampoco se instituy\u00f3 como \u00faltimo recurso \u00a0al cual se pueda acudir cuando no se ejercitan de manera adecuada. \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0manifiesto entonces, que la omisi\u00f3n del actor permiti\u00f3 \u00a0que la determinaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda cobrara firmeza, \u00a0situaci\u00f3n que no puede modificarse a trav\u00e9s de la v\u00eda \u00a0constitucional, ni siquiera como mecanismo transitorio, pues para \u00a0acceder al amparo bajo esa modalidad es necesario que el interesado \u00a0haya hecho uso adecuado de todos los medios ordinarios dispuestos por \u00a0el legislador (Cfr. SU \u2013 111 de 1997). \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0margen de lo se\u00f1alado, es del caso anotar que las sentencias \u00a0del Juzgado 2\u00ba Penal del Circuito Especializado de Cali y de la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad no se encuentran \u00a0ejecutoriadas, en raz\u00f3n al recurso extraordinario de casaci\u00f3n \u00a0propuesto por la defensa de los coprocesados de ALEJANDRO VALENCIA \u00a0(Rad. 49608). Por tanto, ser\u00e1 en ese escenario donde se \u00a0examinar\u00e1n dicha providencias y no a trav\u00e9s de la \u00a0injerencia indebida del juez constitucional en un proceso a\u00fan \u00a0en curso. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, la Corte negar\u00e1 la protecci\u00f3n demandada. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NEGAR \u00a0la acci\u00f3n de tutela instaurada por ALEJANDRO VALENCIA, contra \u00a0la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, la \u00a0Fiscal\u00eda 4\u00aa Especializada y el Juzgado Segundo Penal del \u00a0Circuito Especializado, todos con sede en Cali. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 30 \u00a0del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De \u00a0no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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