\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 \u00a0CAMACHO \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
STP2487-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 96758 \u00a0<\/p>\n
Acta n.\u00b0 60 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s \u00a0(22) de febrero de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
V I S T O S \u00a0<\/p>\n
La Sala resuelve la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta por el accionante JORGE \u00a0ANDR\u00c9S BARBOSA CASTA\u00d1O, \u00a0contra la sentencia del 15 de diciembre de 2017 con la cual la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, neg\u00f3 \u00a0la solicitud de amparo que invoca para los derechos fundamentales que \u00a0considera vulnerados por el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de \u00a0Penas y Medidas de Seguridad de Cali. \u00a0<\/p>\n
I. \u00a0ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCI\u00d2N \u00a0<\/p>\n
El acontecer f\u00e1ctico y \u00a0procesal que rodea la interposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n \u00a0constitucional, se contrae a los siguientes aspectos: \u00a0<\/p>\n
Al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n \u00a0de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, le correspondi\u00f3 \u00a0vigilar la ejecuci\u00f3n de la condena impuesta a JORGE ANDR\u00c9S \u00a0BARBOSA CASTA\u00d1O por el Juzgado Primero Penal del Circuito de \u00a0Cali, tras ser declarado responsable de los delitos fabricaci\u00f3n, \u00a0tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego y violencia \u00a0intrafamiliar. \u00a0<\/p>\n
Mediante auto interlocutorio de \u00a0fecha 29 de junio de 2017, el despacho ejecutor neg\u00f3 la \u00a0concesi\u00f3n de la prisi\u00f3n domiciliaria deprecada a favor \u00a0del sentenciado, tras precisar que en este caso adem\u00e1s de no \u00a0cumplirse con el factor objetivo que exige la norma, opera la \u00a0exclusi\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 38G del C\u00f3digo \u00a0Penal, toda vez que el peticionario pertenece al grupo familiar de la \u00a0v\u00edctima. \u00a0<\/p>\n
Ante nueva solicitud en el \u00a0mismo sentido, el juzgado se volvi\u00f3 a pronunciar en forma \u00a0adversa a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 28 de agosto de 2017, \u00a0haciendo alusi\u00f3n a la exclusi\u00f3n del art\u00edculo \u00a038G. \u00a0<\/p>\n
Decisiones notificadas a las \u00a0partes, sin que se interpusiera recurso alguno en su contra. \u00a0<\/p>\n
Posteriormente el sentenciado y \u00a0el representante del Ministerio P\u00fablico elevaron sendas \u00a0peticiones con id\u00e9nticos fines, frente a lo cual se pronunci\u00f3 \u00a0el juzgado mediante auto de sustanciaci\u00f3n del 24 de noviembre \u00a0de \u00a02017, en \u00a0el \u00a0sentido \u00a0de \u00a0abstenerse de volver a resolver sobre \u00a0el tema ya abordado en dos ocasiones anteriores a trav\u00e9s de \u00a0providencias que fueron notificadas en debida forma. \u00a0<\/p>\n
En tales condiciones el \u00a0ciudadano JORGE ANDR\u00c9S BARBOSA CASTA\u00d1O acudi\u00f3 al \u00a0mecanismo excepcional de la tutela para que se conceda la protecci\u00f3n \u00a0del derecho fundamental al debido proceso que afirm\u00f3 vulnerado \u00a0por el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad de Cali, al negarle la prisi\u00f3n domiciliaria. \u00a0<\/p>\n
En consecuencia, peticion\u00f3 \u00a0que se ordene al juzgado accionado otorgar el beneficio impetrado. \u00a0<\/p>\n
II. TR\u00c1MITE DE \u00a0PRIMERA INSTANCIA \u00a0<\/p>\n
Mediante auto del 8 de \u00a0noviembre de 2017 el Tribunal Superior de Cali admiti\u00f3 la \u00a0demanda, disponiendo, adem\u00e1s de la notificaci\u00f3n del \u00a0juzgado accionado, la convocatoria al contradictorio del Centro de \u00a0Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de \u00a0Penas y Medidas de Seguridad de Cali. \u00a0<\/p>\n
El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n \u00a0de Penas y Medidas de Seguridad de Cali acudi\u00f3 al tr\u00e1mite, \u00a0exponiendo la actuaci\u00f3n surtida dentro de la fase de ejecuci\u00f3n \u00a0del proceso que se le sigui\u00f3 a JORGE ANDR\u00c9S BARBOSA \u00a0CASTA\u00d1O. \u00a0<\/p>\n
Similar respuesta ofreci\u00f3 \u00a0el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n \u00a0de Penas y Medidas de Seguridad de Cali. \u00a0<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N \u00a0RECURRIDA \u00a0<\/p>\n
El Tribunal Superior de Cali \u00a0declar\u00f3 improcedente el amparo invocado, advirtiendo para ello \u00a0que en este caso no se cumple con el presupuesto de subsidiariedad \u00a0se\u00f1alado por la jurisprudencia constitucional al determinar \u00a0los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra \u00a0providencia judicial, toda vez que el actor omiti\u00f3 hacer uso \u00a0de los recursos de ley para atacar la decisi\u00f3n que le neg\u00f3 \u00a0la prisi\u00f3n domiciliaria. \u00a0<\/p>\n
IV. \u00a0LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
El accionante impugna la \u00a0sentencia de tutela proferida por el Tribunal a \u00a0quo sin hacer \u00a0manifiesta la raz\u00f3n de su disenso. \u00a0<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES DE LA \u00a0CORTE \u00a0<\/p>\n
De conformidad con la \u00a0preceptiva del art\u00edculo \u00a032 del Decreto 2591 de 1991, es \u00a0competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta, en tanto lo es en relaci\u00f3n con la sentencia de \u00a0tutela adoptada por la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal \u00a0Superior de Cali. \u00a0<\/p>\n
Como es bien sabido, la acci\u00f3n \u00a0de tutela tiene por objeto proteger de manera efectiva e inmediata \u00a0los derechos fundamentales, cuando resulten vulnerados o amenazados \u00a0por acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades, y de los \u00a0particulares en los casos que la ley regula, siempre que el afectado \u00a0no disponga de otros medios de defensa judicial. \u00a0<\/p>\n
El art\u00edculo \u00a086 \u00a0de \u00a0la \u00a0 Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica consagr\u00f3 la acci\u00f3n \u00a0de tutela como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y \u00a0residual para la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales \u00a0fundamentales ante el menoscabo o la amenaza derivados de acci\u00f3n \u00a0u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades \u00a0p\u00fablicas \u00a0o \u00a0a \u00a0 los particulares en las situaciones espec\u00edficamente precisadas \u00a0en la ley. \u00a0<\/p>\n
De esta \u00a0especial naturaleza de la acci\u00f3n de tutela se infiere adem\u00e1s, \u00a0que cuando el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 otro \u00a0mecanismo judicial efectivo de protecci\u00f3n, el peticionario \u00a0debe acreditar que acudi\u00f3 en forma oportuna al recurso del que \u00a0dispon\u00eda para ventilar ante el juez ordinario la posible \u00a0violaci\u00f3n de sus derechos constitucionales fundamentales, pues \u00a0si se abandona voluntariamente o por descuido, no puede hacer uso de \u00a0la tutela para revivir las oportunidades de protecci\u00f3n de las \u00a0cuales prescindi\u00f3, que es lo primeramente colegido con \u00a0evidencia en el asunto que se somete a consideraci\u00f3n de la \u00a0Sala. \u00a0<\/p>\n
En efecto, del examen de las \u00a0diligencias allegadas a la actuaci\u00f3n constitucional se extrae \u00a0que el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad de Cali, mediante prove\u00eddos interlocutorios del 19 \u00a0de junio y 28 de agosto de 2017 resolvi\u00f3 no acceder a la \u00a0solicitud de prisi\u00f3n domiciliaria elevada a favor de JORGE \u00a0ANDR\u00c9S BARBOSA CASTA\u00d1O, por presentarse en este caso la \u00a0exclusi\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 38G del C\u00f3digo \u00a0Penal. Decisiones que alcanzaron ejecutoria sin que en su contra \u00a0fueran interpuestos los recursos ordinarios que prev\u00e9 el \u00a0legislador. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed entonces, ninguna \u00a0duda emerge en cuanto que el accionante desech\u00f3 agotar los \u00a0recursos respecto de la decisi\u00f3n a partir de la cual considera \u00a0quebrantadas sus garant\u00edas constitucionales, siendo que, dado \u00a0el car\u00e1cter residual de la acci\u00f3n, no surge viable para \u00a0revivir las oportunidades que el respectivo procedimiento le brind\u00f3 \u00a0para solicitar su protecci\u00f3n al interior de la actuaci\u00f3n, \u00a0luego es claro que tal circunstancia determina por s\u00ed sola la \u00a0falta de prosperidad de la acci\u00f3n aqu\u00ed interpuesta, en \u00a0la medida que la actuaci\u00f3n a partir de la cual se irroga la \u00a0presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, no puede \u00a0atribuirse a la autoridad judicial accionada cuando precisamente el \u00a0supuesto afectado desde\u00f1\u00f3 los medios de defensa \u00a0judicial que el legislador le ofrece. \u00a0<\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, se tiene \u00a0que al formular nuevamente petici\u00f3n con id\u00e9nticos \u00a0fines, se obtuvo como respuesta del juzgado accionado que deb\u00eda \u00a0estarse a lo ya resuelto en providencias anteriores, decisi\u00f3n \u00a0contenida en un auto de sustanciaci\u00f3n lo que de contera hace \u00a0improcedente su impugnaci\u00f3n, sin que al respecto se vislumbre \u00a0trasgresi\u00f3n para las garant\u00edas constitucionales que \u00a0integran el debido proceso del accionante y en cambio ninguna duda \u00a0emerge que al no contener la \u00faltima solicitud nuevos elementos \u00a0que introdujeran variaci\u00f3n a la situaci\u00f3n del \u00a0sentenciado con relaci\u00f3n al beneficio reclamado, no le quedaba \u00a0opci\u00f3n diferente al juzgado que abstenerse de retomar el \u00a0estudio de la tem\u00e1tica planteada, en aplicaci\u00f3n de los \u00a0principios de econom\u00eda procesal y eficiencia. \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan lo expuesto, en \u00a0ese asunto no se cumple con los requisitos de procedibilidad de la \u00a0acci\u00f3n que se formula frente a una providencia judicial, de \u00a0manera que la petici\u00f3n de amparo es improcedente en la forma \u00a0acertada como resolvi\u00f3 el Tribunal de Superior de Cali. \u00a0<\/p>\n
De acuerdo con las anteriores \u00a0consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal, Sala Segunda de Decisi\u00f3n de Tutelas, administrando \u00a0justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
R E S U E L V E \u00a0<\/p>\n
1.- CONFIRMAR \u00a0el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
2.- \u00a0Notif\u00edquese de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo \u00a030 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
3.- \u00a0En \u00a0firme \u00a0esta determinaci\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a \u00a0la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LUIS \u00a0BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO ALBERTO \u00a0CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA \u00a0GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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