\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
Magistrada \u00a0Ponente \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
STP247-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0N.\u00b0 96210 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a05 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D. C., diecis\u00e9is (16) de enero de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0pronuncia la Sala sobre la demanda de tutela formulada por OMAIRO \u00a0ARDILA BOTELLO, \u00a0contra la SALA PENAL \u00a0DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOT\u00c1, los \u00a0JUZGADOS VEINTIS\u00c9IS \u00a0DE EJECUCI\u00d3N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, \u00a0PRIMERO y \u00a0CUARTO PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS, \u00a0todos de \u00a0esta ciudad, ante la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos \u00a0fundamentales. \u00a0Al tr\u00e1mite fueron vinculados, las FISCAL\u00cdAS \u00a04\u00aa Y 19\u00aa ESPECIALIZADAS UNAIM, la \u00a0PROCURADUR\u00cdA y \u00a0los dem\u00e1s intervinientes en los procesos con radicaci\u00f3n \u00a02005 \u2013 \u00a000089 y 2005 \u00a0\u2013 00034, que \u00a0cursaron contra el demandante. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0Y FUNDAMENTOS \u00a0<\/p>\n
OMAIRO \u00a0ARDILA BOTELLO acude a la v\u00eda de tutela porque considera que \u00a0el Juzgado Veintis\u00e9is de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas \u00a0de Seguridad de Bogot\u00e1 vulner\u00f3 sus derechos \u00a0fundamentales. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese sentido, expone que \u00aboper\u00f3\u00bb \u00a0en su favor \u00abel \u00a0non bis in \u00eddem\u00bb \u00a0dentro del proceso 2005 \u2013 00089, asunto en el que fue condenado \u00a0por el delito de tr\u00e1fico de estupefacientes, a pesar de que \u00a0ese tr\u00e1mite \u00abno \u00a0se hizo con el lleno de las formalidades propias del juicio\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala, \u00a0que previamente hab\u00eda sido procesado y condenado dentro del \u00a0asunto con radicaci\u00f3n 2005-000340, por los delitos de \u00a0concierto para delinquir agravado, tr\u00e1fico de migrantes y \u00a0falsedad en documento p\u00fablico, a la pena de 9 a\u00f1os y 6 \u00a0meses de prisi\u00f3n, pero no se tuvo en cuenta, en el segundo \u00a0proceso, que los hechos objeto de juzgamiento eran los mismos. \u00a0<\/p>\n
Agrega, \u00a0que cumpli\u00f3 la pena impuesta dentro del proceso 2005-000340 y, \u00a0a pesar de las irregularidades que cometi\u00f3 la Fiscal\u00eda \u00a0dentro del asunto 2005 \u2013 00089 y que el juez de conocimiento \u00a0detect\u00f3, de todas maneras fue condenado. \u00a0<\/p>\n
Luego \u00a0de hacer alusi\u00f3n in \u00a0extenso a las \u00a0presuntas falencias en los procesos que cursaron en su contra, expone \u00a0que solicit\u00f3 al juzgado ejecutor, quien en la actualidad \u00a0vigila tales sanciones, la \u00abextinci\u00f3n \u00a0de la acci\u00f3n penal\u00bb \u00a0por trasgresi\u00f3n del principio del non \u00a0bis in \u00eddem, \u00a0pero mediante auto del 30 de noviembre de 2017, ese funcionario la \u00a0neg\u00f3, manteniendo la grave afectaci\u00f3n de sus derechos \u00a0fundamentales. \u00a0<\/p>\n
Pide, \u00a0en consecuencia, que se ordene al juez accionado la extinci\u00f3n \u00a0de la acci\u00f3n penal, por haber operado una causal de \u00a0\u00abimposibilidad \u00a0de continuar la acci\u00f3n penal\u00bb \u00a0y por ende, que se ordene su \u00ablibertad \u00a0inmediata\u00bb. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0Y RESPUESTA \u00a0<\/p>\n
DE \u00a0LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El Juzgado Veintis\u00e9is de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas \u00a0de Seguridad de Bogot\u00e1 hizo un recuento de las actuaciones a \u00a0su cargo. \u00a0<\/p>\n
Precis\u00f3, \u00a0en ese sentido, que desde el 22 de septiembre de 2009 est\u00e1 \u00a0vigilando la condena que le fue impuesta a ARDILA BOTELLO por el \u00a0Juzgado 4\u00ba Penal del Circuito Especializado de Descongesti\u00f3n \u00a0de Bogot\u00e1, que lo declar\u00f3 responsable del delito de \u00a0tr\u00e1fico de estupefacientes1. \u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3, \u00a0que el 30 de noviembre de 2017 se pronunci\u00f3 sobre las \u00a0peticiones de libertad y aplicaci\u00f3n del principio del non \u00a0bis in \u00eddem \u00a0que elev\u00f3 el demandante, neg\u00e1ndolas, tras se\u00f1alar \u00a0que carec\u00eda de competencia para emitir pronunciamiento frente \u00a0a ellas, toda vez que el cauce id\u00f3neo era el de la acci\u00f3n \u00a0de revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Pidi\u00f3, \u00a0por esas razones y como no lesion\u00f3 las garant\u00edas del \u00a0libelista, que se niegue el amparo invocado. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 \u00a0indic\u00f3 que, mediante sentencia del 30 de agosto de 2006, \u00a0conden\u00f3 a OMAIRO ARDILA BOTELLO a la pena de 9 a\u00f1os y 6 \u00a0meses de prisi\u00f3n por la comisi\u00f3n de los delitos de \u00a0concierto para delinquir con fines de narcotr\u00e1fico, tr\u00e1fico \u00a0de migrantes y falsedad en documento p\u00fablico y que esa \u00a0decisi\u00f3n fue confirmada, el 8 de julio de 2008 por la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. \u00a0<\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 \u00a0que no lesion\u00f3 de ning\u00fan modo los derechos del actor y \u00a0por ende, solicit\u00f3 que se declare improcedente la demanda. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 \u00a0hizo un recuento de la actuaci\u00f3n a su cargo, mediante la cual \u00a0conden\u00f3 a ARDILA BOTELLO a la pena de 16 a\u00f1os de \u00a0prisi\u00f3n, como responsable del delito de tr\u00e1fico de \u00a0estupefacientes y, al igual que los dem\u00e1s involucrados, pidi\u00f3 \u00a0que se niegue el amparo al no haber vulnerado las garant\u00edas \u00a0del actor. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Finalmente, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 \u00a0que el 28 de julio de 2010 confirm\u00f3 la sentencia emitida por \u00a0el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1. \u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Los dem\u00e1s involucrados guardaron silencio dentro del t\u00e9rmino \u00a0de traslado conferido por la Sala. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0De conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 \u00a0del Decreto 1069 de 20152, \u00a0la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia es \u00a0competente para resolver la demanda de tutela propuesta por OMAIRO \u00a0ARDILA BOTELLO, pues se dirige, entre otras autoridades, contra la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Cabe recordar, para la soluci\u00f3n del caso, los requisitos de \u00a0procedencia de la acci\u00f3n de amparo contra providencias \u00a0judiciales3. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese sentido, se ha expuesto pac\u00edficamente que la acci\u00f3n \u00a0de tutela es una v\u00eda de protecci\u00f3n excepcional\u00edsima \u00a0cuando se dirige en contra de providencias judiciales y su \u00a0prosperidad va necesariamente ligada al cumplimiento de estrictos \u00a0requisitos de procedibilidad, que esta Corporaci\u00f3n, en \u00a0posici\u00f3n compartida por la Corte Constitucional4 \u00a0ha venido acogiendo y que implican una carga para el actor, no s\u00f3lo \u00a0en su planteamiento, sino tambi\u00e9n en su demostraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Tales \u00a0requisitos generales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00a0contra providencias judiciales contemplan, \u00a0que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia \u00a0constitucional. \u00a0Adem\u00e1s, que se hayan agotado todos los medios \u00a0\u2013 \u00a0ordinarios y extraordinarios \u2013 \u00a0de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se \u00a0trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable. \u00a0<\/p>\n
Igualmente, \u00a0exige la jurisprudencia que se cumpla el requisito de la inmediatez, \u00a0el cual impone que la tutela se haya instaurado en un t\u00e9rmino \u00a0razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la \u00a0vulneraci\u00f3n; as\u00ed mismo, cuando se trate de una \u00a0irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un \u00a0efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que \u00a0afecta los derechos fundamentales de la parte actora. \u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0que el accionante \u00abidentifique \u00a0de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n \u00a0como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n \u00a0en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible\u00bb5. \u00a0<\/p>\n
Y \u00a0finalmente, que no se trate de sentencias de tutela. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0otra parte, los requisitos de car\u00e1cter espec\u00edfico han \u00a0sido reiterados en pac\u00edfica jurisprudencia a partir de la \u00a0sentencia C-590\/05. \u00a0 Estos son: (i) \u00a0defecto org\u00e1nico6; \u00a0(ii) \u00a0defecto procedimental absoluto7; \u00a0(iii) \u00a0defecto f\u00e1ctico8; \u00a0(iv) \u00a0defecto material o sustantivo9; \u00a0(v) \u00a0error inducido10; \u00a0(vi) \u00a0decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n11; \u00a0(vii) \u00a0desconocimiento del precedente12; \u00a0y (viii) \u00a0violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Desde \u00a0la decisi\u00f3n CC C-590\/05 ampliamente referida, la procedencia \u00a0de la tutela contra una providencia emitida por un juez de la \u00a0Rep\u00fablica se habilita, \u00fanicamente, cuando superado el \u00a0filtro de verificaci\u00f3n de los requisitos generales, se \u00a0configure, al menos uno de los defectos espec\u00edficos antes \u00a0mencionados. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Verificaci\u00f3n del cumplimiento de las condiciones generales de \u00a0procedencia de la tutela contra providencias judiciales. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0indica, en primer t\u00e9rmino, que el caso tiene relevancia \u00a0constitucional, pues se discute la presunta vulneraci\u00f3n de los \u00a0derechos a la libertad \u00a0(art. 13) \u00a0y al debido proceso \u00a0(art. 29), \u00a0en su faceta de la prohibici\u00f3n de doble juzgamiento (non \u00a0bis in \u00eddem), \u00a0postulado que seg\u00fan OMAIRO ARDILA BOTELLO le fue vulnerado por \u00a0los accionados. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0decisi\u00f3n sobre la cual funda su disenso el libelista, fue \u00a0dictada por el Juzgado 26 de Ejecuci\u00f3n de Penas de Bogot\u00e1 \u00a0el 30 de noviembre de 2017 y para debatirla acudi\u00f3 a la v\u00eda \u00a0constitucional con prontitud, lo que permite verificar la condici\u00f3n \u00a0de inmediatez en \u00a0el ejercicio de la tutela. \u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0identific\u00f3 con suficiencia los hechos y derechos vulnerados. \u00a0 Tampoco se discute por este cauce una sentencia de tutela. \u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, el \u00faltimo requisito, relacionado con la \u00a0subsidiariedad \u00a0de la tutela no se cumple. \u00a0En \u00a0efecto, OMAIRO ARDILA BOTELLO critica \u00a0en esta sede el contenido de la providencia mediante la cual el juez \u00a0que vigila la sanci\u00f3n que le fue impuesta le neg\u00f3 la \u00a0libertad por presunta afectaci\u00f3n del principio constitucional \u00a0del non bis in \u00eddem, \u00a0pero formul\u00f3 los recursos correspondientes contra esa \u00a0decisi\u00f3n13. \u00a0 Por ende, al interior del cauce ordinario tiene garantizados los \u00a0medios de defensa aptos para preservar o resarcir los derechos que, \u00a0en su criterio, fueron vulnerados por cuenta de la emisi\u00f3n de \u00a0esa determinaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Pero \u00a0adem\u00e1s, sin que la Sala emita juicios sobre ese tr\u00e1mite \u00a0que se encuentra en curso, es de destacar que el principio de \u00a0subsidiariedad tambi\u00e9n se torna aplicable, porque para \u00a0discutir la potencial afectaci\u00f3n de la garant\u00eda del non \u00a0bis in \u00eddem, \u00a0debe acudir el libelista a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, por \u00a0v\u00eda de la causal 2\u00aa del art\u00edculo 220 de la Ley 600 \u00a0de 2000 y no a la tutela, que \u00a0exige para su procedencia, el agotamiento de todos los medios \u2013 \u00a0ordinarios y extraordinarios \u2013 \u00a0de defensa judicial, siendo \u00a0ese es uno de los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n \u00a0de tutela (en \u00a0ese sentido, cfr. CC T-590\/05, CC T-332\/06, CJS STP, 10 jul. 2007, \u00a0rad. 31781 y CJS STP, 14 ago. 2007, rad. 32327, entre muchas otras). \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0ende, en esta sede no es posible estudiar de fondo lo debatido, ya \u00a0que el juez de tutela se inmiscuir\u00eda indebidamente en un \u00a0asunto de competencia de los jueces naturales y sobre el cual el \u00a0demandante tiene a su disposici\u00f3n, medios de defensa aptos \u00a0para garantizar la protecci\u00f3n que se reclama en la residual \u00a0y \u00a0subsidiaria \u00a0v\u00eda \u00a0de tutela. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, al carecer la demanda del requisito de subsidiariedad, \u00a0no se encuentra llamado a prosperar el amparo invocado, lo que impone \u00a0negar la demanda de tutela. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, LA \u00a0CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u2013 EN \u00a0SALA DE DECISI\u00d3N DE ACCIONES DE TUTELA NO. 3, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
NEGAR \u00a0el \u00a0amparo constitucional invocado. \u00a0<\/p>\n
NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, \u00a0una vez en firme. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La decisi\u00f3n condenatoria fue confirmada por la Sala Penal del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 28 de julio de 2010 y contra \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ella no se instaur\u00f3 ning\u00fan recurso. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Decreto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00fanico reglamentario del sector justicia y del derecho. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00abEn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el marco de la doctrina de la procedencia de la acci\u00f3n de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tutela contra providencias judiciales, comprende tanto las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencias como los autos que son proferidos por las autoridades \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0judiciales.\u00bb \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(T-343\/12). \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fallos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0C-590\/05 y T-332\/06. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem. \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cque se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0presenta cuando el funcionario judicial que profiri\u00f3 la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ello\u201d. \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201ccuando el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0juez actu\u00f3 completamente al margen del procedimiento \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0establecido\u201d. \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201ccuando el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del supuesto legal en el que se sustenta la decisi\u00f3n\u201d. \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cse decide con \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decisi\u00f3n\u201d. \u00a0<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201ccuando el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0juez o tribunal fue v\u00edctima de un enga\u00f1o por parte de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0terceros y ese enga\u00f1o lo condujo a la toma de una decisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que afecta derechos fundamentales\u201d. \u00a0<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cque implica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de sus decisiones en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el entendido que precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0legitimidad de su \u00f3rbita funcional\u201d. \u00a0<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201ccuando la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0alcance\u201d. \u00a0<\/p>\n