\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS GUILLERMO \u00a0SALAZAR OTERO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP14528-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a0100971 \u00a0<\/p>\n
Acta 366 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. \u00a0C., veintitr\u00e9s (23) de octubre de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0resuelve la acci\u00f3n de tutela presentada por Jhonys \u00a0Manuel Blanco Fuentes en \u00a0contra de la Sala Penal del Tribunal Superior, el Juzgado 1\u00ba \u00a0Penal del Circuito de Descongesti\u00f3n y el Centro de Servicios \u00a0Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, todos de C\u00facuta, por \u00a0la presunta vulneraci\u00f3n de \u00a0sus derechos al debido proceso y a la defensa. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0presente tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes \u00a0dentro del proceso penal seguido en adversidad del accionante \u00a0[radicado 54001310400420120022200]. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Hechos \u00a0y fundamentos de la acci\u00f3n \u00a0<\/p>\n
1.1. \u00a0De acuerdo con la informaci\u00f3n obrante en el expediente, se \u00a0extrae que el 3 de septiembre de 20121 \u00a0el Juzgado 1\u00ba Penal del Circuito de Descongesti\u00f3n de \u00a0C\u00facuta conden\u00f3 a Jhonys \u00a0Manuel Blanco Fuentes y \u00a0otros, \u00a0a \u00a040 a\u00f1os de prisi\u00f3n por la comisi\u00f3n del delito de \u00a0desplazamiento forzado. Asimismo, les neg\u00f3 la suspensi\u00f3n \u00a0condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n \u00a0domiciliaria. \u00a0<\/p>\n
1.2. \u00a0Contra esa determinaci\u00f3n el accionante interpuso recurso de \u00a0apelaci\u00f3n, el cual fue declarado desierto mediante auto del 12 \u00a0de junio de 20132 \u00a0por la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad. \u00a0<\/p>\n
1.3. \u00a0Inconforme \u00a0con lo anterior, el accionante \u00a0present\u00f3 \u00a0tutela en contra de los referidos despachos judiciales por la \u00a0vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00a0a la defensa. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Las respuestas \u00a0<\/p>\n
2.1. Juzgado \u00a04\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de C\u00facuta \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Juez resumi\u00f3 las principales actuaciones e indic\u00f3 que \u00a0en la actualidad vigila la pena acumulada de 60 a\u00f1os de \u00a0prisi\u00f3n en contra del interesado, en virtud de las condenas \u00a0emitidas en su contra por los delitos de homicidio, homicidio en \u00a0persona protegida, desplazamiento forzado, desaparici\u00f3n \u00a0forzada y reclutamiento il\u00edcito. \u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00a0de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 38 del C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Penal de 2004, no est\u00e1 dentro de sus \u00a0funciones la de revisar los fallos emitidos por los Jueces de la \u00a0Rep\u00fablica. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Ponente \u00a0remiti\u00f3 copia del auto del 12 de junio de 2013 a trav\u00e9s \u00a0del cual se declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n \u00a0interpuesto por el actor en contra de la sentencia condenatoria \u00a0emitida en su contra por la comisi\u00f3n del delito de \u00a0desplazamiento forzado. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Corresponde a la Sala determinar si los despachos judiciales \u00a0accionados vulneraron los derechos al \u00a0debido proceso y a la defensa del \u00a0interesado, dentro del proceso penal adelantado en su contra por el \u00a0delito de desplazamiento forzado. \u00a0<\/p>\n
Para \u00a0resolver, previamente se verificar\u00e1 si se satisfacen los \u00a0principios de subsidiariedad e inmediatez que rigen el ejercicio de \u00a0la acci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en el art\u00edculo 86, \u00a0estableci\u00f3 la tutela como un mecanismo extraordinario, \u00a0preferente, subsidiario y residual que tiene por objeto la protecci\u00f3n \u00a0de manera efectiva e inmediata de los derechos constitucionales \u00a0fundamentales, ante su vulneraci\u00f3n o amenaza, proveniente de \u00a0la acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades \u00a0p\u00fablicas o de los particulares, en \u00a0los casos que la ley regula, siempre que el interesado no cuente con \u00a0otros medios de defensa judicial. \u00a0<\/p>\n
De su naturaleza \u00a0se infiere que cuando el ordenamiento jur\u00eddico establece otro \u00a0mecanismo judicial efectivo de protecci\u00f3n, el interesado debe \u00a0acreditar que acudi\u00f3 en forma oportuna a aqu\u00e9l para \u00a0ventilar ante el juez ordinario la posible violaci\u00f3n de sus \u00a0derechos constitucionales fundamentales. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo tanto, se constituye en presupuesto de procedibilidad, el \u00a0agotamiento de todos los medios ordinarios y extraordinarios de \u00a0defensa judicial3. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, la Corte Constitucional en sentencia CC \u00a0T-1054-2010, dijo: \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0La \u00a0jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en se\u00f1alar \u00a0que, en virtud del principio de subsidiariedad de la tutela, los \u00a0conflictos jur\u00eddicos relacionados con los derechos \u00a0fundamentales deben ser en principio resueltos por las v\u00edas \u00a0ordinarias -jurisdiccionales y administrativas- y s\u00f3lo ante la \u00a0ausencia de dichas v\u00edas o cuando las mismas no resultan \u00a0id\u00f3neas para evitar la ocurrencia de un perjuicio \u00a0irremediable, resulta admisible acudir a la acci\u00f3n de amparo \u00a0constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
En efecto, el \u00a0car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n de tutela impone al \u00a0interesado la obligaci\u00f3n de desplegar todo su actuar dirigido \u00a0a poner en marcha los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro \u00a0del ordenamiento jur\u00eddico para la protecci\u00f3n de sus \u00a0derechos fundamentales. Tal imperativo constitucional pone de relieve \u00a0que para acudir a la acci\u00f3n de tutela el peticionario debe \u00a0haber actuado con diligencia en los procesos y procedimientos \u00a0ordinarios, pero tambi\u00e9n que la falta injustificada de \u00a0agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia del \u00a0mecanismo de amparo establecido en el art\u00edculo 86 superior. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sobre este \u00a0particular, ha precisado la jurisprudencia que si existiendo el medio \u00a0judicial de defensa, el interesado deja de acudir a \u00e9l y, \u00a0adem\u00e1s, pudiendo evitarlo, permite que \u00e9ste caduque, no \u00a0podr\u00e1 posteriormente acudir a la acci\u00f3n de tutela en \u00a0procura de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental. En \u00a0estas circunstancias, la acci\u00f3n de amparo constitucional no \u00a0podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de \u00a0protecci\u00f3n, pues tal modalidad procesal se encuentra \u00a0subordinada al ejercicio de un medio judicial ordinario en cuyo \u00a0tr\u00e1mite se resuelva definitivamente acerca de la vulneraci\u00f3n \u00a0iusfundamental y a la diligencia del actor para hacer uso oportuno \u00a0del mismo. \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0El actor se \u00a0encuentra inconforme con la sentencia mediante la cual result\u00f3 \u00a0condenado a 40 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el delito de \u00a0desplazamiento forzado. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, se observa que aqu\u00e9l debi\u00f3 exponer sus \u00a0reparos a \u00a0trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, del cual si bien hizo \u00a0uso, el mismo fue declarado desierto por falta de sustentaci\u00f3n. \u00a0Por lo tanto, desech\u00f3 la herramienta jur\u00eddica su \u00a0alcance y perdi\u00f3 la oportunidad procesal id\u00f3nea para \u00a0discutir lo pretendido. \u00a0<\/p>\n
Entonces, \u00a0como quiera que la tutela no tiene por objeto suplantar los \u00a0mecanismos de defensa judicial ordinarios del interesado y s\u00f3lo \u00a0puede ser pedida una vez agotados todos ellos, es claro que no est\u00e1 \u00a0cumplido el principio de subsidiariedad \u00a0que la rige y, por ende, es improcedente. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0De igual forma, a pesar de que no existe un t\u00e9rmino de \u00a0caducidad establecido para ejercerla, lo cierto es que ella debe ser \u00a0utilizada oportuna, razonable, prudencial y adecuadamente, en el \u00a0sentido que, una vez amenazado o vulnerado el derecho, el ofendido lo \u00a0exponga y manifieste al juez constitucional en forma inmediata o \u00a0r\u00e1pidamente. \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0a lo anterior, se advierte \u00a0que desde la fecha en que la Sala Penal del Tribunal Superior de \u00a0C\u00facuta declar\u00f3 desierto el recurso, hasta cuando se \u00a0presenta la demanda, trascurri\u00f3 m\u00e1s de cinco (5) a\u00f1os, \u00a0lo cual es contrario al principio de inmediatez. \u00a0<\/p>\n
Por las anteriores \u00a0consideraciones se negar\u00e1 el amparo. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00ba 1 de la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
Primero. \u00a0Negar la \u00a0tutela instaurada por Jhonys \u00a0Manuel Blanco Fuentes. \u00a0<\/p>\n
Segundo. \u00a0Ordenar \u00a0que, si la decisi\u00f3n no es impugnada ante la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil de esta Corporaci\u00f3n, se remita el expediente a la Corte \u00a0Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
Luis \u00a0Guillermo Salazar Otero \u00a0<\/p>\n
Jos\u00e9 \u00a0Luis Barcel\u00f3 Camacho \u00a0<\/p>\n
Nubia \u00a0Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 146 a 169 \u2013 cuaderno n.\u00b0 1. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 170 a 175 \u2013 ib\u00eddem. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ver Corte Constitucional. Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-332 del 4 de mayo de 2006. CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STP Rad. No. 31.781, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a032.327, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a036.728, 38.650, 40.408,41.642, 41.805, 49.752, 50.399, 50.765, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a053.544, 54.762, 57.583, 59.354, 60.917, 61.515, 62.691, 63.252, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a064.107, 65.086, 66.996, 67.145, 68.727, 69.938 y 70.488. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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