\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00ba 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP14041-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0101173 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 366) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veintitr\u00e9s (23) de octubre de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por ERWIN EDUARDO \u00a0DUARTE ROJAS \u00a0en \u00a0procura del amparo de sus derechos fundamentales, presuntamente \u00a0vulnerados por el \u00a0Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey (Casanare) y la Sala \u00a0\u00danica del Tribunal Superior de Yopal. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculados el Ministerio de Defensa, la Oficina \u00a0del Alto Comisionado para la Paz, la Fiscal\u00eda 134 \u00a0Especializada en Derechos Humanos y la Secretar\u00eda Ejecutiva de \u00a0la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
De \u00a0la demanda se establece que contra ERWIN EDUARDO DUARTE ROJAS, ex \u00a0comandante del Grupo Especial Cobra 2 del Batall\u00f3n de \u00a0Infanter\u00eda 44 Ram\u00f3n \u00a0Nonato P\u00e9rez, \u00a0se adelantan las actuaciones identificadas con los radicados \u00a020174-050 y 2017-071, como presunto autor del delito de homicidio en \u00a0persona protegida, por hechos ocurridos el 13 de febrero y 7 de julio \u00a0de 2007, en jurisdicci\u00f3n del municipio de Tauramena \u00a0(Casanare). El tr\u00e1mite se cumple bajo los par\u00e1metros de \u00a0la Ley 600 de 2000. \u00a0<\/p>\n
Inform\u00f3 \u00a0que acept\u00f3 cargos ante la Fiscal\u00eda 134 Especializada en \u00a0Derechos Humanos, cuyo titular, por autos del 6 de octubre y 6 de \u00a0diciembre de 2016, le impuso medida de aseguramiento de detenci\u00f3n \u00a0preventiva en el Batall\u00f3n de A.S.P.C. 30 Gu\u00e1simales \u00a0de la ciudad de C\u00facuta. \u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3 \u00a0que el 16 de julio de 2018, su defensora radic\u00f3 ante el \u00a0Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey solicitud de revocatoria \u00a0o suspensi\u00f3n de la medida de aseguramiento por aplicaci\u00f3n \u00a0inmediata de los beneficios contemplados en la Ley 1820 de 2016 y el \u00a0Decreto Ley 706 de 2017, \u00abPor \u00a0el cual se aplica un tratamiento especial a los miembros de la Fuerza \u00a0P\u00fablica en desarrollo de los principios de prevalencia e \u00a0inescindibilidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n \u00a0y se dictan otras disposiciones\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, mediante auto del 8 de agosto de 2018, el referido Despacho \u00a0judicial se pronunci\u00f3 de manera adversa a su pretensi\u00f3n, \u00a0tras verificar el incumplimiento de los requisitos previstos en los \u00a0art\u00edculos 52 y 53 de la Ley 1820 de 2016. \u00a0<\/p>\n
Inconforme \u00a0con la anterior determinaci\u00f3n su apoderada la apel\u00f3 y \u00a0la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Yopal la confirm\u00f3 \u00a0el 26 de septiembre de 2018, con fundamento en el auto CSJ AP, 21 Jun \u00a02017, Rad. 49470, a trav\u00e9s del cual la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal precis\u00f3 que la revocatoria \u00a0de la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva resulta \u00a0inaplicable frente a los agentes del Estado, en raz\u00f3n al \u00a0principio de simetr\u00eda que gobierna la Jurisdicci\u00f3n \u00a0Especial para la Paz, dado que dicha figura no existe respecto de los \u00a0miembros de las FARC-EP, quienes s\u00f3lo pueden solicitar la \u00a0libertad condicionada. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0criterio del accionante, las anteriores determinaciones desconocieron \u00a0que, por sentencia C-070 del 4 de julio de 2018, la Corte \u00a0Constitucional declar\u00f3 la exequibilidad del Decreto Ley 706 de \u00a02017 y, por ende, le son aplicables los beneficios all\u00ed \u00a0contemplados para los miembros de la Fuerza P\u00fablica. \u00a0<\/p>\n
Tras \u00a0estimar vulnerados sus derechos fundamentales acudi\u00f3 ante el \u00a0juez constitucional para demandar que se ordene al Juzgado Promiscuo \u00a0del Circuito de Monterey que le conceda la suspensi\u00f3n o \u00a0revocatoria de la medida de aseguramiento por virtud de la cual se \u00a0encuentra privado de la libertad. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0EN PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 17 de octubre de 2018, la \u00a0Sala admiti\u00f3 la demanda y \u00a0corri\u00f3 \u00a0el respectivo traslado los sujetos pasivos de la acci\u00f3n. Todos \u00a0ellos guardaron silencio durante el t\u00e9rmino conferido. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tenor de lo normado en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo \u00a01\u00ba del Decreto 1983 de 2017, la Sala es competente para resolver \u00a0este asunto en primera instancia, por cuanto el procedimiento \u00a0involucra un tribunal superior de distrito judicial. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0la sentencia C \u2013 590 de 2005, fueron sistematizados los \u00a0requisitos generales y las causales espec\u00edficas para la \u00a0excepcional procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra \u00a0providencias judiciales. Seg\u00fan indic\u00f3 la Corte \u00a0Constitucional, y ha reiterado en muchos fallos posteriores, si se \u00a0verifica el cumplimiento de todos los primeros y la estructuraci\u00f3n \u00a0de al menos una de las segundas, debe concederse el amparo. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala considera cumplidos los requisitos generales de procedibilidad. \u00a0Evidentemente, la decisi\u00f3n que se examina no es una sentencia \u00a0de tutela. No puede ponerse en duda la relevancia constitucional del \u00a0asunto, pues lo que subyace en el fondo de la controversia es la \u00a0presunta vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental del \u00a0debido proceso, expresamente consagrado en el art\u00edculo 29 \u00a0superior. \u00a0<\/p>\n
Igualmente, \u00a0est\u00e1n satisfechos los presupuestos de inmediatez y \u00a0subsidiariedad, en tanto ha transcurrido un t\u00e9rmino razonable \u00a0y no existe otro mecanismo de defensa para controvertir las \u00a0determinaciones reprochadas. \u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, en el caso examinado la Sala advierte que tanto el Juzgado \u00a0Promiscuo del Circuito de Monterrey como la Sala \u00danica del \u00a0Tribunal Superior de Yopal incurrieron en el error denominado defecto \u00a0org\u00e1nico, que surge cuando el funcionario judicial que emite \u00a0la decisi\u00f3n carece, de manera absoluta, de competencia para \u00a0ello. \u00a0<\/p>\n
Obs\u00e9rvese \u00a0que en desarrollo de los principios de prevalencia e inescindibilidad \u00a0del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y No \u00a0Repetici\u00f3n \u2013SIVJRNR-, el Gobierno Nacional expidi\u00f3 \u00a0el Decreto Ley 706 de 2017, con el prop\u00f3sito de regular un \u00a0tratamiento especial para los miembros de la Fuerza P\u00fablica \u00a0respecto de quienes se haya dictado una medida de aseguramiento \u00a0privativa de la libertad por conductas punibles cometidas por causa, \u00a0con ocasi\u00f3n o en relaci\u00f3n directa o indirecta con el \u00a0conflicto armado interno. \u00a0<\/p>\n
Para \u00a0tal fin, el art\u00edculo 7\u00ba contempla la revocatoria o \u00a0sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento como una alternativa \u00a0para los miembros de la Fuerza P\u00fablica que se acojan a la \u00a0Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz: \u00a0<\/p>\n
\u00abEn \u00a0virtud del car\u00e1cter prevalente e inescindible del componente \u00a0de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n \u00a0y No Repetici\u00f3n, para hacer efectivo el tratamiento sim\u00e9trico \u00a0en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, \u00a0equilibrado, y simultaneo, la autoridad judicial correspondiente, \u00a0trat\u00e1ndose de investigaciones adelantadas por el procedimiento \u00a0previsto en la Ley 906 de 2004, a solicitud de la Fiscal\u00eda \u00a0General de la Naci\u00f3n y siempre \u00a0que se den los requisitos legales, \u00a0revocar\u00e1 la medida de aseguramiento impuesta, o la sustituir\u00e1 \u00a0por una no restrictiva de la libertad, en las investigaciones o \u00a0procesos adelantados contra ellos por conductas punibles cometidas \u00a0por causa, con ocasi\u00f3n o en relaci\u00f3n directa o \u00a0indirecta con el conflicto armado interno. Trat\u00e1ndose \u00a0de investigaciones adelantadas por el procedimiento previsto en la \u00a0Ley 600 de 2000, ser\u00e1 el fiscal que adelante la investigaci\u00f3n, \u00a0quien adopte la correspondiente medida.\u00bb \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, es palmario que la solicitud revocatoria o sustituci\u00f3n \u00a0de la medida de aseguramiento impuesta a ERWIN EDUARDO DUARTE, debi\u00f3 \u00a0ser examinada por la Fiscal\u00eda 134 Especializad de Derechos \u00a0Humanos y no, como ocurri\u00f3, por las autoridades judiciales \u00a0accionadas. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tanto, la Sala amparar\u00e1 el derecho fundamental al debido \u00a0proceso y, en consecuencia, dejar\u00e1 sin efectos lo actuado por \u00a0el Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey y la Sala \u00danica \u00a0del Tribunal Superior de Yopal para que, en su lugar, el asunto se \u00a0dirima por parte del funcionario competente, conforme con la \u00a0normativa pertinente. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, se ordenar\u00e1 al Juzgado Promiscuo del Circuito de \u00a0Monterrey que, en el t\u00e9rmino improrrogable de cinco (5) d\u00edas, \u00a0remita la actuaci\u00f3n a la Fiscal\u00eda 134 Especializa de \u00a0Derechos Humanos. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0AMPARAR \u00a0el derecho al debido proceso de ERWIN EDUARDO DUARTES ROJAS y, en \u00a0consecuencia, DEJAR \u00a0sin efectos lo actuado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de \u00a0Monterrey y la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Yopal. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ORDENAR \u00a0al \u00a0Juzgado \u00a0Promiscuo del Circuito de Monterrey que, en el t\u00e9rmino \u00a0improrrogable de cinco (5) d\u00edas, remita la actuaci\u00f3n a \u00a0la Fiscal\u00eda 134 Especializa de Derechos Humanos. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De \u00a0no ser impugnada esta decisi\u00f3n, REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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